Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

RESOLUCIÓN 145 DE 2015 

(Mayo 28)

“Por la cual se fijan los lineamientos generales para la cofinanciación de la asistencia técnica directa rural 2015.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 607 de 2000 y el Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 64 que “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”;

Que el artículo 65 de la Constitución Política señala que “la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias; pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario con el propósito de incrementar la productividad”;

Que teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 288 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;

Que con relación a los principios antes mencionados, la Corte Constitucional ha señalado que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, coordinación que debe darse, tanto entre los municipios, como entre estas y la Nación. El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y los municipios, de modo que ellas intervengan en el “diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues solo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial”(1);

Que la Ley 607 de 2000, “por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria (Umata), y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”, tiene como fin, según su artículo 1º, garantizar la asistencia técnica directa rural agropecuaria, medioambiental, asuntos de aguas y pesquera;

Que así mismo, dicha ley establece que con la asistencia técnica directa se busca crear las condiciones necesarias para aumentar la competitividad y la rentabilidad de la producción, en un contexto de desarrollo regional y en el marco de la internacionalización de la economía, a la par que se garantiza el acceso equitativo a los servicios estatales y a los beneficios de la ciencia y la tecnología a todos los productores rurales, asistencia técnica que está dirigida a pequeños y medianos productores;

Que la ley antes mencionada dispone en sus artículos 2º y 4º, literales c) y h), que la prestación de la asistencia técnica directa está a cargo de los municipios en coordinación con los departamentos y los entes nacionales, en particular el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, actividad que podrá ser financiada con los recursos que para el efecto se destinen por parte de los municipios, departamentos y el Gobierno Nacional;

Que de igual manera el Decreto 3199 de 2002, “por el cual se reglamenta la prestación del servicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural previsto en la Ley 607 de 2000”, establece en su artículo 7º que el “Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural es el instrumento de planeación que permite ordenar las actividades y los recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del servicio de asistencia técnica directa rural y asegurar la ampliación progresiva de su cobertura, calidad y pertinencia”;

Que el Decreto 2980 de 2004, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 607 de 2000, en lo relativo a la asociación de municipios para la prestación del servicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural, mediante la creación de centros provinciales de gestión agroempresarial y se dictan otras disposiciones”, precisa en el artículo 1º que “los municipios podrán asociarse para el cumplimiento de la prestación del servicio obligatorio de asistencia técnica directa rural, fortaleciendo los encadenamientos productivos con enfoque agroempresarial mediante la creación de centros provinciales de gestión agroempresarial en adelante CPGA”;

Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto 1985 de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias”, el ministerio tiene como uno de sus objetivos promover el desarrollo rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos agropecuarios, a través de acciones integrales que mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales, permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleo y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones;

Que así mismo, el Decreto 1985 de 2013 establece en el artículo 3º, numerales 2º y 3º, dentro de las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las de formular políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural, fortaleciendo los procesos de participación ciudadana y planificación del territorio, bajo los lineamientos de la política macroeconómica; y formular acciones para propiciar la articulación interinstitucional de las entidades del orden nacional y territorial que conlleven a la implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo rural y agropecuario con enfoque territorial;

Que de conformidad con los artículos 16; 17 numerales 1º y 5º; 18 numerales 1º y 5º; y 20 numerales 1º, 3º, 9º y 12 del Decreto 1985 de 2013, el viceministerio de asuntos agropecuarios, y las direcciones de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria, cadenas agrícolas y forestales, y cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas, tienen dentro de sus funciones aspectos relacionados con la asistencia técnica;

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural considera de gran importancia para el desarrollo del sector apoyar a los municipios para que cumplan con su obligación legal de prestar el servicio de asistencia técnica, en cumplimiento de la misión del ministerio, enfocada en la formulación, coordinación y evaluación de las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios, forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. El objeto de la presente resolución es fijar los lineamientos generales para la cofinanciación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la Asistencia Técnica Directa Rural en la vigencia 2015, la cual deberá estar dirigida a los pequeños y medianos productores rurales, en las condiciones y términos previstos en la Ley 607 de 2000, sus decretos reglamentarios, y las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

ART. 2º—Fuente de cofinanciación. La cofinanciación de que trata la presente resolución se asignará con cargo a los recursos del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ficha BPIN 2014011000257 - Fortalecimiento e Implementación Programa de Asistencia Técnica Agropecuaria Nacional, correspondiente a la vigencia 2015.

PAR.—Las áreas competentes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural comprometerán los recursos señalados en la ficha mencionada en el presente artículo, surtiendo todos los procedimientos presupuestales y contractuales establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ART. 3º—Porcentajes máximos de la cofinanciación a otorgar. El monto máximo de cofinanciación será de hasta el ochenta por ciento (80%) del valor total de los planes generales de asistencia técnica presentados al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por el municipio o asociación de municipios, directamente o a través de los departamentos, en el marco de la asistencia técnica directa rural 2015. Los departamentos también podrán cofinanciar la asistencia técnica directa rural en el marco de la Ley 607 de 2000.

PAR. 1º—Los municipios o asociación de municipios deberán disponer de una contrapartida mínima del 20% del costo de ejecución de los planes generales de asistencia técnica. En caso de que el porcentaje a cofinanciar por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sea menor al ochenta por ciento (80%), las entidades territoriales deberán tener como contrapartida el saldo faltante para que los municipios o asociaciones de municipios cumplan con lo establecido en la Ley 607 de 2000, sus decretos reglamentarios, y las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

PAR. 2º—En los casos en los que los pequeños productores rurales se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, tales como residir en regiones de bajos niveles de desarrollo rural o tener un bajo nivel organizativo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá, previa verificación de la viabilidad técnica y financiera de las propuestas de los municipios o asociación de municipios, aumentar el porcentaje de cofinanciación, una vez se identifique por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las condiciones antes señaladas. Todo lo anterior se ceñirá a los términos que se indiquen en el documento técnico previsto en el artículo 4º de la presente resolución.

ART. 4º—Condiciones y requisitos específicos para la cofinanciación. Las condiciones y los requisitos específicos para la cofinanciación, que deberán cumplir los municipios o asociaciones de municipios, serán establecidos en el “Documento técnico para el acceso a la cofinanciación de la asistencia técnica directa rural”, que elaborará la dirección de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria, con la participación de las demás áreas relacionadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y aprobará el viceministro de asuntos agropecuarios. Dicho documento deberá ser publicado en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PAR. 1º—La cofinanciación para cada caso en particular requerirá de la suscripción del respectivo convenio en el marco de la Ley 607 de 2000, sus decretos reglamentarios, y las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, y con sujeción a las normas y procedimientos presupuestales y contractuales aplicables.

PAR. 2º—Los municipios o asociación de municipios, directamente o a través de los departamentos de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, interesados en acceder a la cofinanciación definida en la presente resolución, deberán cumplir los términos y condiciones generales y específicos de cofinanciación y cada uno de los requisitos exigidos para la misma.

ART. 5º—Responsabilidad de la asistencia técnica directa rural. Sin perjuicio del cumplimiento de los lineamientos generales y específicos para la cofinanciación, la asistencia técnica directa rural estará a cargo y será responsabilidad de los municipios, de conformidad con la normatividad que la regula, a la cual deberán sujetarse.

ART. 6º—Seguimiento y control. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hará el seguimiento y control de la cofinanciación de la asistencia técnica directa rural a través de la dirección de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria, en los aspectos técnicos, y de la subdirección financiera en los aspectos financieros. Los departamentos ejercerán las funciones de seguimiento y evaluación previstas en la Ley 607 de 2000, sus decretos reglamentarios, y las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

ART. 7º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2015.

(1) Sentencia C-105 de 2001. M. P. Jaime Araújo Rentería.