Centro Nacional de Memoria Histórica

RESOLUCIÓN 146 DE 2014 

(Agosto 25)

“Por la cual se conforma el grupo de trabajo de respuesta a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado interno”.

El Director del Centro Nacional de Memoria Histórica,

en uso de sus facultades legales, estatutarias y especialmente las consagradas en el artículo 9º del Decreto 4803 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 143 de la Ley 1448 de 2011 establece el Deber de Memoria del Estado como aquel que se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto;

Que el artículo 146 de la Ley 1448 de 2011 creó el Centro Nacional de Memoria Histórica, como un establecimiento público del orden nacional;

Que los numerales 2º, 3º, 7º y 9º del artículo 5º del Decreto 4803 de 2011 señala entre otras funciones del Centro Nacional de Memoria Histórica las siguientes:

2. Diseñar, crear y administrar el Programa de derechos humanos y memoria histórica de que trata el artículo 144 de la Ley 1448 de 2011.

3. Apoyar, en el marco de sus competencias, los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral y garantía de los derechos humanos y de la aplicación del derecho internacional humanitario que les asisten a las víctimas.

7. Proveer insumos, en el marco de sus competencias, a las entidades encargadas de adelantar procesos de reparación que impulsa el Estado y de formulación de las políticas públicas en la materia.

9. Desarrollar investigaciones, eventos, seminarios, foros y demás formas de estudio y análisis que contribuyan a la construcción de la verdad, la reparación y la convivencia ciudadana;

Que de otra parte los artículos 141 de la Ley 1448 de 2011 y 170 del Decreto 4800 del 2011 definen la reparación simbólica como toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas”;

Que el artículo 184 del Decreto 4800 del 2011 establece que el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas coordinará la realización de actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y repudie las conductas que involucren graves y manifiestas violaciones de los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, y pedir perdón público a las víctimas.

El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas definirán los parámetros para establecer las aceptaciones públicas de los hechos y solicitudes de perdón público;

Que a su vez el parágrafo 2º del precitado artículo señala que los actos a los que se refiere este artículo se basarán en las solicitudes de las víctimas, en el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, las actuaciones y fallos judiciales, así como iniciativas no oficiales de construcción de la verdad y la memoria histórica;

Que de otra parte el numeral 1º del artículo 9º Decreto 4803 de 2011 le asignó a la Dirección General del Centro, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos, y ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones del Centro Nacional de Memoria Histórica;

Que a su turno el numeral 14 del precitado artículo del Decreto 4803 de 2011 señala como otra función del director general la de crear, organizar y conformar comités, comisiones y grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados para el adecuado funcionamiento de la entidad;

Que el Centro Nacional de Memoria Histórica, en atención a su actividad misional viene siendo abocado a cumplir distintos requerimientos administrativos, judiciales y sentencias en el marco de la justicia transicional, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la jurisdicción constitucional, de lo contencioso administrativo y jurisdicción ordinaria, y participación en procesos de reparación colectiva, bajo la coordinación de la UARIV, mediante las cuales se le ha ordenado adelantar acciones tendientes a implementar medidas de reparación simbólica a las víctimas, tales como actos de dignificación, reconocimiento de los hechos victimizantes, ejercicios de reconstrucción histórica, elaboración de perfiles biográficos, valoración del daño colectivo, acompañamiento técnico a lugares de memoria, publicaciones de verdades judiciales, y procesos pedagógicos de sensibilización sobre el conflicto armado, sus características, consecuencias y el programa de derechos humanos;

Que en la actualidad la responsabilidad de las respuestas y trámite a las aludidas órdenes o requerimientos judiciales viene siendo coordinado por la oficina jurídica con el apoyo interdisciplinario de distintos profesionales de las direcciones técnicas misionales;

Que de otra parte la entidad viene desarrollando acciones orientadas a la implementación de medidas de satisfacción dentro de los planes de reparación colectiva, el acompañamiento a las fases de alistamiento y diagnóstico del daño de los planes de reparación colectiva a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el apoyo a las organizaciones y comunidades que optan por la reparación colectiva por la ruta de demanda y no de oferta en los términos establecidos por la ley.

Ahora bien, dado que las órdenes judiciales emitidas por las autoridades de justicia transicional y de tierras tienen un alcance eminentemente técnico y misional, las mismas no vinculan al Centro Nacional de Memoria Histórica como sujeto procesal ni como demandante ni como demandado, por lo cual tales gestiones no se enmarcan dentro de la representación judicial.

Dado que de conformidad con el numeral 7º del artículo 10 del Decreto 4803 de 2011 le asiste a la oficina asesora jurídica la función de representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que esta deba promover mediante poder o delegación, y supervisar el trámite de los mismos, lo cual implica la facultad para ejercer los actos procesales tendientes a salvaguardar y defender los intereses litigiosos de la entidad, independientemente de la calidad de sujeto procesal que se ostente en cada actuación judicial, funciones de fondo diferentes a las que emanan de los requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas, en concordancia con los principios de la función administrativa descritos en el artículo 209 de la Constitución Política, la entidad ha estimado necesario conformar un grupo de trabajo de respuesta a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas.

A dicho grupo se le asignarán competencias para el trámite, atención y respuesta de los requerimientos administrativos, judiciales y sentencias provenientes de las jurisdicciones especiales de justicia transicional y tierras, jurisdicción constitucional, de lo contencioso administrativo y jurisdicción ordinaria y de cualquier otra autoridad investida de facultades jurisdiccionales, así como de las acciones relacionadas con procesos de reparación colectiva, en las cuales la entidad no detente la calidad de demandante o demandado, coadyuvante, ni tercero interviniente y en general todo rol de sujeto procesal.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Ordenar la conformación del grupo de trabajo de respuesta judicial y reparación colectiva, adscrito a la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ART. 2º—Conformación. El grupo de trabajo de respuesta judicial y reparación colectiva estará integrado por:

— Dos profesionales especializados de la dirección para la construcción de la memoria histórica.

— Un profesional especializado de la dirección del Museo de la Memoria.

— Un profesional especializado de la dirección técnica de acuerdos de la verdad.

— Un profesional especializado de la dirección de archivo de los derechos humanos.

PAR. 1º—La coordinación técnica del grupo estará a cargo de uno de los profesionales especializados de la dirección para la construcción de la memoria histórica que hace parte de este grupo, el cual será designado por el director general y cuya función será indelegable.

PAR. 2º—El grupo de trabajo de respuesta judicial y reparación colectiva podrá contar con el apoyo de otros servidores y contratistas de las direcciones técnicas, de acuerdo al contenido y alcance del correspondiente requerimiento judicial.

ART. 3º—Funciones. El grupo de trabajo de respuesta judicial y reparación colectiva cumplirá las siguientes funciones:

1. Analizar la competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica frente a los requerimientos y órdenes judiciales y administrativas radicadas en la entidad, así como determinar los responsables, el alcance y el contenido de las gestiones necesarias para dar pleno cumplimiento a los mismos, dentro del término señalado por la autoridad correspondiente.

2. Tramitar y responder oportunamente los requerimientos administrativos, judiciales y sentencias provenientes de las jurisdicciones especiales de justicia transicional y tierras, jurisdicción constitucional, de lo contencioso administrativo y jurisdicción ordinaria y de cualquier otra autoridad investida de facultades jurisdiccionales, así como de las acciones relacionadas con procesos de reparación colectiva, bajo la coordinación de la UARIV, en las cuales la entidad no detente la calidad de demandante o demandado, coadyuvante, ni tercero interviniente y en general todo rol de sujeto procesal.

3. Representar a la entidad en los distintos comités, escenarios y demás actuaciones donde la entidad deba hacer presencia en cumplimiento de órdenes judiciales y administrativas que guarde relación con su actividad misional, así como en los procesos de reparación colectiva, bajo la coordinación de la UARIV.

4. Recomendar al director general las acciones, planes, estrategias, políticas o directrices necesarias para garantizar la adecuada y oportuna atención de los requerimientos judiciales y administrativos.

5. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos y órdenes judiciales y administrativos, en los términos y condiciones señalados por la autoridad, así como lo establecido por el grupo de trabajo para su cumplimiento.

6. Producir documentos técnicos sobre el alcance y contenido de iniciativas legislativas que guarden relación con la actividad misional del centro, sin perjuicio de las competencias asignadas a la oficina jurídica en materia de la revisión y asesoría a las direcciones de la entidad.

7. Conformar y llevar el archivo de los asuntos a su cargo, en concordancia con las tablas de retención de la entidad y la política de archivos de derechos humanos.

8. Diseñar e implementar una estrategia de acercamiento y relacionamiento del centro con los distintos órganos de la rama judicial con el propósito de dar a conocer la labor misional de la entidad y sus lineamientos estratégicos para incidir en exhortos y órdenes que fortalezcan la labor misional del centro y que sean más acordes tanto con las funciones del centro como con el espíritu del deber de memoria del Estado consignado en el artículo 146 de la Ley 1448 de 2011.

9. Rendir los informes de gestión en los términos, condiciones y alcance establecidos por la dirección general.

10. Las demás que se deriven de su naturaleza y que sean necesarias para el cabal cumplimiento de sus funciones.

PAR. I.—El Grupo de Trabajo de respuesta a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado interno, se hace igualmente responsable de efectuar ante los ordenadores del gasto respectivos, los trámites administrativos y presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento a tales órdenes.

Como consecuencia de lo anterior, las direcciones técnicas del Centro Nacional de Memoria Histórica dependiendo del contenido y alcance de cada requerimiento, brindarán todo el apoyo administrativo, técnico, financiero, administrativo y de personal al grupo de trabajo creado en virtud de esta resolución.

PAR. II.—El ejercicio de las funciones establecidas para el grupo de trabajo de respuesta judicial y reparación colectiva por parte de los servidores que lo conforman es compatible con las funciones propias de sus cargos, de acuerdo al manual de funciones adoptado por la entidad.

ART. 4º—Conformar un comité asesor del grupo de respuesta judicial y reparación colectiva, integrado por:

— El servidor público designado como coordinador del grupo de trabajo de respuesta judicial y reparación colectiva.

— Jefe oficina asesora jurídica o su delegado.

— Un (1) Asesor de la dirección general.

— Director técnico para la construcción de la memoria histórica.

PAR.—La secretaría técnica del comité asesor será ejercida por el servidor público designado como coordinador del grupo de trabajo de respuesta judicial y reparación colectiva, quien podrá formular solicitudes de conceptos, lineamientos y políticas al comité.

ART. 5º—Funciones del comité asesor. El comité asesor del grupo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

— Recomendar lineamientos, políticas y estrategias técnicas, misionales y jurídicas de incidencia en instancias judiciales y administrativas que permitan la optimización, mejora y oportunidad en el cumplimiento de las órdenes y requerimientos a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica y formular documentos técnicos, sobre los temas anteriormente mencionados.

— Emitir conceptos sobre asuntos técnicos, misionales o jurídicos necesarios para el cumplimiento adecuado y oportuno de requerimientos y órdenes judiciales o administrativas, por solicitud de uno de sus miembros, o de oficio ante cualquier asunto de su competencia.

— Las demás que se deriven de su naturaleza y que sean necesarias para el cabal cumplimiento de su labor de asesoría al grupo de trabajo de respuesta judicial y reparación colectiva.

ART. 6º—Comuníquese el contenido de la presente resolución por conducto de la dirección administrativa, a las direcciones técnicas misionales del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como a la oficina jurídica para lo de su competencia.

ART. 7º—La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2014.