Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RESOLUCIÓN 1496 DE 2018

(Agosto 3)

“Por la cual se crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) y se toman otras determinaciones”.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 6º del Decreto-Ley 3570 de 2011 y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de 1992 estableció los derechos de acceso en asuntos ambientales también conocidos como los tres pilares de la Democracia Ambiental de la siguiente manera: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”;

Que Colombia es un país comprometido con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y específicamente del Objetivo número 16, el cual busca “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. Asimismo, el Objetivo 16.7 exige que se garantice “la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas; y el Objetivo número 17.17 propone “(…) alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en la esfera pública, publica-privada y de la sociedad civil (…)”;

Que en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto refrendada por Colombia y los presidentes y jefes de estados de la región en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se manifestó que para enfrentar los desafíos propuestos en los ODS “es indispensable contar con una gestión pública eficaz, responsable, receptiva, incluyente y participativa, que permita garantizar la construcción de sociedades más prósperas, equitativas y justas. Esto implica una mayor interacción entre Estado y sociedad, basado en la confianza, a través de gobiernos transparentes que rindan cuentas, que promuevan espacios de participación ciudadana efectiva y que colaboren, de manera regular y significativa, para avanzar hacia las metas de equidad, de superación de la desigualdad y alcanzar la justicia social, con la promesa permanente de un Estado al servicio del bien común y de la ciudadanía”;

Que el 4 de marzo de 2018, los gobiernos en América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia, adoptaron por consenso en Costa Rica, el primer tratado vinculante en la región para proteger los derechos de las personas y colectivos de acceso a la información pública, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. El acuerdo también consagra la protección de los defensores del ambiente;

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”;

Que la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se dictan otras disposiciones”, incorpora al ordenamiento jurídico nacional el Principio 10 mediante su artículo 1º, numeral 1º que establece que “La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo” y en su numeral 12 determinó que “el manejo ambiental del país (…) será descentralizado, democrático y participativo”;

Que la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en el artículo 78 establece que “todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”;

Que la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” reguló el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información;

Que el artículo 110 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, sobre las obligaciones del Estado, dispone que este deberá garantizar las bases fundamentales de la democracia a través de la “(…) institucionalización de mecanismos, instancias, y estrategias de participación; no solo mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente, sino a través de la difusión adecuada de información, el apoyo al control social sobre la gestión pública, la formación y la promoción de la investigación e innovación sobre la participación, entre otros.” En el mismo sentido, en el artículo 111 sobre el diálogo social establece que “El diálogo social es un mecanismo democrático para la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de promover la interacción, comunicación, consulta y seguimiento de políticas públicas a nivel nacional y territorial”;

Que el Decreto 1682 de 2017, “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se determinan las funciones de sus dependencias”, crea el Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio del cual dependen la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental (SINA) y la Subdirección de Educación y Participación la cual entre otras tiene la función de “implementar y promover mecanismos de participación y acceso a la información ambiental, de conformidad con la ley”;

Que la Resolución 2247 del 22 de octubre de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la cual “se crea la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto” considera “que la implementación del Modelo de Gobierno Abierto en el Sector Ambiente busca proveer un conjunto de herramientas y metodologías que permitan garantizar el acceso a la información ambiental, a los trámites y servicios de manera abierta y accesible. De la misma manera, permitir aprovechar la información, conocimiento y experiencia de la sociedad para conseguir el beneficio común a través de acciones de cooperación en el diseño de servicios y el desarrollo conjunto de soluciones a retos ambientales” y estableció entre sus funciones “socializar y promover la adopción de herramientas, instrumentos y metodologías para la implementación del modelo de gobierno abierto en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del sector”;

Que con base en el marco jurídico expuesto, la garantía de los derechos de acceso a la información pública, a la participación y a la justicia es una misión del Estado y del Sector Ambiental y cuya implementación debe ejecutarse bajo el principio de coordinación de la función administrativa. Asimismo, la garantía de la protección del ambiente es una tarea indispensable y fundamental en todos los niveles del Estado y de los sectores sociales en la búsqueda del desarrollo sostenible y de la protección de otros derechos humanos, tales como los fundamentales y los económicos, sociales, culturales y los colectivos;

Que en virtud de lo anterior, resulta necesario conformar una Mesa Intersectorial de coordinación y orientación que permita, entre otros objetivos, el fortalecimiento de la democracia ambiental en Colombia y la acción integrada del Estado y de todos los sectores respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales en el país;

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Créase la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA), la cual es una instancia participativa de diálogo en materia ambiental, que busca aportar insumos al diseño y seguimiento de políticas, planes, programas, estrategias y proyectos para la garantía y promoción en todos los niveles y sectores del Sistema Nacional Ambiental (SINA) de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales en Colombia.

ART. 2º—Miembros. La Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) estará integrada por:

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el Subdirector de Educación y Participación o su delegado, quien la presidirá.

2. Un (1) representante de las Corporaciones Autónomas Regionales, elegido por ellos mismos.

3. Un (1) representante de los institutos de investigación, elegido por ellos mismos.

4. Un (1) representante de los gobernadores, elegido por ellos mismos.

5. Un (1) representante de los alcaldes, elegido por ellos mismos.

6. Un (1) representante de las comunidades afrodescendientes, elegido por ellos mismos.

7. Un (1) representante de los pueblos indígenas, elegido por ellos mismos.

8. Un (1) representante del pueblo raizal, elegido por ellos mismos.

9. Un (1) representante del pueblo Rom, elegido por ellos mismos.

10. Dos (2) representantes de las universidades, elegidos por ellos mismos.

11. Dos (2) representantes de las organizaciones de la sociedad civil, elegidos por ellos mismos.

12. Un (1) representante del sector agricultura, elegido por ellos mismos.

13. Un (1) representante del sector hidrocarburos, elegido por ellos mismos.

14. Un (1) representante del sector minas, elegido por ellos mismos.

15. Un (1) representante del sector energía, elegido por ellos mismos.

16. Un (1) representante del sector infraestructura, elegido por ellos mismos.

PAR. 1º—A las reuniones de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) podrán ser convocados representantes de otras entidades del nivel nacional, regional y local, así como de organizaciones públicas, privadas y comunitarias, cuando así se considere. Igualmente, se podrá establecer la participación de invitados permanentes.

PAR. 2º—Los representantes de los miembros de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) establecidos en los numerales 2 a 16 serán renovados anualmente y podrán ser reelegidos por una sola vez.

ART. 3º—Funciones de los miembros. Los miembros de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) tendrán las siguientes funciones:

1. Definir y coordinar las acciones de articulación institucional entre las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), las comunidades y la sociedad civil y el sector privado para que a través de la Secretaría Técnica diseñen estrategias, acciones y medidas dirigidas a la garantía y protección de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales en Colombia.

2. Sugerir aL SECTOR AMBIENTAL POLÍTICAS, planes, programas y estrategias de implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales en Colombia.

3. Proponer normativas que coadyuven al logro del objetivo de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) y sugerirlas al Gobierno Nacional para su revisión y expedición.

4. Apoyar la gestión de programas, proyectos, recursos y medidas del Sector Ambiental que permitan el desarrollo de acciones o actividades dirigidas al fortalecimiento de la democracia ambiental en Colombia.

5. Apoyar el proceso de ratificación e implementación nacional del Acuerdo de Escazú.

6. Incentivar la investigación científica, la educación y la cooperación nacional e internacional sobre los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en la toma de decisiones en asuntos ambientales en Colombia.

7. Crear e implementar el plan de trabajo anual de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA).

8. Establecer su propio reglamento interno.

9. Las demás funciones que sean asignadas por el reglamento interno.

ART. 4º—Secretaría técnica. La Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) contará con una Secretaría Técnica presidida por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible representado por un (1) delegado de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y un (1) delegado de la Oficina de Asuntos Internacionales. También estará un (1) delegado de la sociedad civil, uno (1) de la academia y uno (1) del sector privado. Los miembros que conforman la Secretaría Técnica desarrollarán las funciones establecidas en el artículo quinto de la presente resolución.

ART. 5º—Funciones de la secretaría técnica. La secretaría técnica de la MIDA tendrá las siguientes funciones:

1. Citar a todos los miembros a fin de que definan su propio reglamento.

2. Convocar a las sesiones ordinarias mínimo cada cuatro (4) meses.

3. Elaborar, difundir y archivar las actas de cada sesión.

4. Convocar a las entidades, organizaciones o expertos que considere pertinentes de acuerdo a la temática de cada sesión.

5. Hacer evaluaciones de desempeño del plan de trabajo fijado por los miembros de la mesa.

6. Las demás que le sean asignadas por el reglamento interno para su funcionamiento.

ART. 6º—Reglamento interno. La secretaría técnica citará a todos los miembros a fin de que definan su propio reglamento. Este reglamento fijará entre otros aspectos, procedimientos para deliberar y decidir; los espacios y mecanismos de articulación con las instancias del Sistema Nacional Ambiental como el Consejo Nacional Ambiental y el Consejo Técnico Asesor; el funcionamiento de la Secretaría Técnica y el procedimiento para aceptar a nuevos miembros.

ART. 7º—Sesiones. La Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) se reunirá mínimo una vez cada cuatro (4) meses; y de manera extraordinaria, bajo solicitud de cualquiera de sus miembros previa aprobación de la secretaría técnica para discutir, revisar y analizar temas de su plan de trabajo o los relacionados con la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en el país.

PAR. 1º—Todos los documentos de las sesiones de trabajo y los que resulten del cumplimiento del objetivo de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) serán públicos y estarán disponibles en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el micrositio diseñado para tales fines.

PAR. 2º—La Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) elaborará y difundirá anualmente un informe nacional del avance de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales en el país.

ART. 8º—Grupos de trabajo. Para el desarrollo de temas específicos de cada uno de los tres derechos de acceso a la información, a la participación y a justicia en asuntos ambientales, la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) podrá conformar grupos de trabajo temáticos o regionales.

PAR.—El procedimiento para la conformación de los grupos de trabajo estará dado por el Reglamento Interno de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA).

ART. 9º—Invitación de expertos. La MIDA podrá invitar expertos según la materia a tratar, para producir conceptos y recomendaciones sobre los asuntos que le sean consultados, que servirán como insumo para la toma de decisiones, pero no tendrán carácter vinculante.

ART. 10.Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 3 de agosto de 2018.