Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RESOLUCIÓN 1518 DE 2012 

(Agosto 31)

“Por la cual se suspenden los trámites de sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonia declarada por el artículo 1º literal g) de la Ley 2ª de 1959 para actividades mineras con base en el principio de precaución”.

(Nota: Se levanta la suspensión de la presente Resolución por la Resolución 1277 de 2014 artículo 11 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo que respecta a la recepción de solicitudes de sustracción de la reserva forestal de la Amazonía)

(Nota: Se levanta la suspensión de la presente Resolución por la Resolución 1925 de 2013 artículo 11 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo que respecta a la recepción de solicitudes de sustracción de la reserva forestal de la Amazonía para los departamentos de Caquetá, Guaviare y Huila)

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 1º numeral 6º de la Ley 99 de 1993, el artículo 210 del Decreto-Ley 2811 de 1974, el numeral 14 del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de 1991 señaló entre los deberes ambientales del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. Además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, exigir la reparación de los daños causados y colaborar con otras naciones en la protección de ecosistemas fronterizos;

Que la Ley 99 de 1993 consagró entre los principios generales que debe seguir la política ambiental colombiana, que la biodiversidad del país por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible;

Que igualmente la Ley 99 de 1993 adoptó los principios de Río de Janeiro de manera vinculante para el país, entre los que se encuentra el principio de precaución, desarrollado de la siguiente manera: “La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”;

Que el artículo 5º, numeral 40 de la Ley 99 de 1993 señaló como función del ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fijar con carácter prioritario, las políticas ambientales para la Amazonia colombiana de acuerdo con el interés nacional de preservar este ecosistema;

Que Colombia aprobó el Convenio sobre diversidad biológica mediante Ley 165 de 1994, en el que se establecen estrategias de conservación in situ para los países parte, entre las que sobresalen las siguientes: el establecimiento de un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; la elaboración de directrices para la selección, establecimiento y la ordenación de áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; la protección de ecosistemas, hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; la recuperación de especies amenazadas y, el respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas que tienen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica;

Que la selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo, con una extensión de 6 millones de km² repartidos entre ocho países, destacándose por ser una de las eco regiones con mayor biodiversidad en el mundo. Por ello, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela conformaron la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que reconoce la naturaleza transfronteriza de la Amazonía, reafirma la soberanía de los países amazónicos e incentiva, institucionaliza y orienta el proceso de cooperación regional, entre otros asuntos;

Que mediante la Ley 2ª de 1959 se establecieron para el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre con carácter de “zonas forestales protectoras” y “bosques de interés general”, siete grandes reservas forestales nacionales que debían someterse a un plan de ordenación forestal según lo dispone el artículo 4º de la misma ley;

Que entre esas reservas que se encuentra la Reserva Forestal de la Amazonía, comprendida dentro de los siguientes límites generales: “Partiendo de Santa Rosa de Sucumbíos, en la frontera con el Ecuador, rumbo Noreste, hasta el cerro más alto de los Picos de la Fragua; de allí siguiendo una línea, 20 kilómetros al Oeste de la Cordillera Oriental hasta el Alto de Las Oseras; de allí en línea recta, por su distancia más corta, al río Ariari, y por este hasta su confluencia con el río Guayabero o el Guaviare, por el cual se sigue aguas abajo hasta su desembocadura en el Orinoco; luego se sigue la frontera con Venezuela y el Brasil, hasta encontrar el río Amazonas, siguiendo la frontera Sur del país, hasta el punto de partida” (art. 1º lit. g), L. 2ª/59);

Que la zona de Reserva Forestal de la Amazonia es la más extensa del país con una superficie de 37.844.524 ha, con jurisdicción en 9 departamentos y 88 municipios. El aislamiento geográfico de la reserva, ha propiciado la presencia de una importante extensión bajo cobertura boscosa aún sin intervenir sobre 33.880.493 ha, que constituyen cerca del 90% de la reserva forestal donde se alberga una de las más importantes muestras de la biodiversidad del país;

Que cerca del 74% de la reserva se encuentra sobre el bosque basal amazónico comprendiendo 27.911.600 ha, formación boscosa que corresponde a la selva húmeda tropical que se encuentra entre los 400 y los 1.100 msnm la cual se caracteriza por una composición florística muy heterogénea, diversidad de hábitat y numerosas especies de palmas y especies típicas de la selva higrofítica con un alto potencial para la investigación a nivel local, nacional y mundial. Paradójicamente esta enorme riqueza se localiza sobre suelos muy pobres donde la actividad antrópica como las quemas, las actividades extractivas de alto impacto ambiental y social como la minería, sumadas al cambio climático, aceleran su empobrecimiento y la pérdida de servicios ecosistémicos (Atlas Temático) Zonas de Reservas Forestal de Colombia - Ley 2ª de 1959. 2005, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;

Que según el Programa de flora amazónica del Instituto Sinchi se ha identificado para la región amazónica nacional 1.159 especies útiles, pertenecientes a 150 familias botánicas. Además, se ha reportado la existencia de 674 especies de aves, 158 especies de anfibios, 195 de reptiles, 212 de mamíferos y 753 de peces. Según el balance anual sobre el estado de los ecosistemas y el ambiente de la Amazonia colombiana (Sinchi, 2007), en ella existen 60 ecosistemas diferentes;

Que conforme a los artículos 206 y 207 del Decreto-Ley 2811 de 1974 —Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente— (CNRNR), se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales. La reserva forestal solo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan garantizando en todo caso la recuperación y supervivencia de los mismos;

Que la Ley 1450 de 2011, aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, señaló que las áreas de reserva forestal establecidas por la Ley 2ª de 1959 y las demás áreas de reserva forestal nacionales, únicamente podrán ser objeto de realinderación, sustracción, zonificación, ordenamiento, recategorización, incorporación, integración y definición del régimen de usos, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales y con la colaboración del ministerio respectivo según el área de interés de que se trate;

Que la Ley 99 de 1993 ya había señalado como función del entonces Ministerio del Medio Ambiente reservar, alinderar, sustraer y reglamentar el uso y funcionamiento de las reservas forestales nacionales, función que se reitera en el numeral 14 del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, por el cual se modifican los objetivos y la estructura del actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

Que el artículo 210 del CNRNR, establece que “Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva (…)”;

Que la Ley 685 de 2001 —Código de Minas—, señaló en su artículo 34 las zonas excluibles de la minería, manifestando que no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente los excluyan, como son las áreas del sistema de parques nacionales, los parques naturales regionales y las zonas de reserva forestal. No obstante, el mismo artículo dispuso que previa sustracción fundamentada de la autoridad ambiental, se podrá autorizar que en las reservas forestales puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o solo por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de exclusión;

Que la Ley 1382 de 2010 en su artículo 3º modificó el mencionado artículo 34 del Código de Minas, señalando entre las zonas excluibles de la minería nuevamente las “zonas de reserva forestal protectora y demás zonas de reserva forestal”, y reiterando que (…) “las áreas de reserva forestal creadas por la Ley 2ª de 1959 y las áreas de reserva forestales regionales, podrán ser sustraídas por la autoridad ambiental competente. La autoridad minera al otorgar el título minero deberá informar al concesionario que se encuentra en área de reserva forestal y por ende no podrá iniciar las actividades mineras hasta tanto la autoridad ambiental haya sustraído el área. Para este efecto, el concesionario minero deberá presentar los estudios que demuestren la adecuada coexistencia de las actividades mineras con los objetivos del área forestal.

Efectuada la sustracción, la autoridad minera en concordancia con las determinaciones ambientales establecidas, fijará las condiciones para que las actividades de exploración y explotación propuestas se desarrollen en forma restringida o solo por determinados métodos y sistemas, de tal forma que no afecten los objetivos del área de reserva forestal no sustraída” (…);

Que el parágrafo 2º del artículo 3º de la Ley 1382 de 2010 señaló que el Ministerio de Ambiente, debe redelimitar en un término de cinco años a partir de su vigencia, las zonas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959, para identificar las zonas protectoras;

Que en ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra realizando la zonificación y ordenamiento ambiental de las reservas forestales de Ley 2ª de 1959, mediante los estudios que identificarán las áreas que deben mantenerse bajo estricta protección y las que podrían ser aprovechadas bajo parámetros de sostenibilidad para la producción forestal o de servicios ecosistémicos, de manera que no se afecten los fines para los cuales se establecieron dichas reservas, en especial la conservación de los suelos, aguas y la vida silvestre;

Que el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 sobre zonas excluibles de la minería fue demandado y la Corte Constitucional mediante Sentencia C-339 de 2002 declaró su constitucionalidad condicionada. En esta sentencia la Corte precisó “que además de las zonas de exclusión previstas en esta ley, pueden existir otras, ya declaradas con anterioridad o que se declaren en el futuro por la autoridad ambiental”. Añade la Corte que una legislación minera enmarcada en la protección del ambiente y la conservación de la biodiversidad no puede desconocer “la gran cantidad de ecosistemas del país, y el amparo legal por normas vigentes(1) o que eventualmente podría producir el legislador hacia el futuro”;

Que la Sentencia C-339 de 2002 falló sobre el alcance de adelantar trabajos mineros en zonas sustraídas de reservas forestales, estableciendo que el principio de precaución adoptado en la Declaración de Río de Janeiro e incorporado de forma vinculante al país en los principios de la Ley 99 de 1993, entendido como “in dubio pro ambiente”, se debe aplicar como condición de constitucionalidad, en la interpretación de los incisos 3º y 4º artículo 34 del Código de Minas, de manera que este debe ser observado al estudiar y evaluar los métodos y sistemas de extracción propuestos para realizar actividades mineras en zonas sustraídas de reservas forestales;

Que en palabras de la misma Corte, “en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias”;

Que la Ley 1382 de 2010 que modificó las zonas excluibles de la minería, también fue demandada y declarada inexequible en su totalidad por falta de consulta previa a los grupos étnicos, mediante Sentencia C-366 de 2011 que declaró una inconstitucionalidad diferida a dos años;

Que la razón por la cual la Corte Constitucional en la Sentencia C-366 de 2011 difirió el fallo de inconstitucionalidad fue justamente la consideración expresa de que se iban a desproteger bienes constitucionales de primer orden como las zonas de especial protección ambiental. La Corte consideró que sin esas disposiciones no se garantizan los derechos constitucionales relacionados con el ambiente, ya que las disposiciones de protección del ambiente, especialmente en zonas sensibles como reservas forestales y humedales, obran como condiciones necesarias para hacer compatible la actividad minera con el goce de un ambiente sano;

Que adicionalmente la Corte consideró “que con el retiro inmediato de la ley desaparecerían normas que buscan garantizar la preservación de ciertas zonas del impacto ambiental y de las consecuencias perjudiciales que trae la exploración y explotación minera”. Por ello, difirió los efectos de la sentencia a dos años, de manera que a la vez que se protege el derecho a la consulta de las comunidades étnicas, “se salvaguardan los recursos naturales y las zonas de especial protección ambiental, indispensables para la supervivencia de la humanidad y de su entorno”;

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-443 de 2009, señaló que no se ha avanzado en la definición de un marco normativo, ni en el diseño e implementación de políticas públicas para la protección de ecosistemas de especial importancia ambiental, por lo que consideró necesario exhortar al Ministerio de Ambiente, a las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales competentes, para que cumplan con los distintos deberes ambientales a su cargo, avancen en la declaración y delimitación de las zonas excluidas de la minería y adopten medidas eficaces para la protección del medio ambiente y de las áreas de especial importancia ecológica;

Que mediante la Resolución 18 0102 del 30 de enero de 2012, el Ministerio de Minas y Energía determinó unos minerales de interés estratégico para el país, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011;

Que el Servicio Geológico Colombiano elaboró un estudio actualizado a febrero de 2012, denominado “Áreas con potencial mineral para definir áreas de reserva estratégica del Estado”, en el que indicó que el país posee un importante potencial para el hallazgo de oro, metales del grupo de los platinoides (PGE), cobre, hierro, coltan y minerales asociados, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio, uranio y carbón metalúrgico y térmico en áreas entre las cuales se encuentran las pertenecientes a la Reserva Forestal de la Amazonia, la cual hace parte importante del ecosistema amazónico colombiano;

Que posteriormente, mediante la Resolución 0045 del 2012 de la Agencia Nacional de Minería, se delimitó y declaró de manera general con el carácter de áreas estratégicas mineras, para los minerales de que trata la Resolución 18 0102 del 2012, una extensión equivalente a 22.262.646,8185 ha, dentro de las cuales se encuentra las áreas pertenecientes a la Reserva Forestal de la Amazonia;

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-293 de 2002 declaró constitucional el principio de precaución contenido en la Ley 99 de 1993 y estableció que la autoridad ambiental es competente para aplicarlo, mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse “un peligro de daño, que este sea grave e irreversible, que exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta, que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente”;

Que en la misma Sentencia la Corte señala que no se violan los artículos constitucionales relacionados con trabajo, propiedad, derechos adquiridos, “si, como consecuencia de una decisión de una autoridad ambiental que, acudiendo al principio de precaución, con los límites que la propia norma legal consagra, procede a la suspensión de la obra o actividad que desarrolla el particular, mediante el acto administrativo motivado, si de tal actividad se deriva daño o peligro para los recursos naturales o la salud humana, así no exista la certeza científica absoluta. Una teórica discusión jurídica en materia ambiental, sobre cuáles derechos prevalecen, la resuelve la propia Constitución, al reconocer la primacía del interés general, bajo las condiciones del artículo 1º” (negrilla fuera de texto);

Que posteriormente en la Sentencia T-299 de 2008 la Corte Constitucional realizó un resumen completo de la jurisprudencia constitucional acerca de la relevancia, alcance y aplicación en nuestro ordenamiento jurídico del mencionado principio concluyendo que:

“(i) El Estado colombiano manifestó su interés por aplicar el principio de precaución al suscribir la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo; (i) el principio hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993; (iii) esta decisión del legislativo no se opone a la constitución; por el contrario, es consistente con el principio de libre autodeterminación de los pueblos, y con los deberes del Estado relativos a la protección del medio ambiente; (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos internacionales, relativos al control de sustancias químicas en los que se incluye el principio de precaución como una obligación que debe ser cumplida de conformidad con el principio de buena fe del derecho internacional; (v)… el principio de precaución se encuentra constitucionalizado pues se desprende de la internacionalización de las relaciones ecológicas (C.P., art. 266) y de los deberes de protección y prevención contenidos en los artículos 78, 79 y 80 de la Carta”.

En el mismo sentido la Corte delimitó la aplicación del principio de precaución a los siguientes elementos(2): “(1) que exista el peligro de la ocurrencia de un daño; (2) que este sea irreversible; (3) que exista un principio de certeza sobre el peligro, así no exista una prueba absoluta del mismo; (4) que la decisión que la autoridad adopte se encamine a impedir la degradación del medio ambiente; y (5) que el acto sea motivado”.

Es decir, el acto administrativo por el cual la autoridad ambiental adopta decisiones, sin la certeza científica absoluta, en uso del principio de precaución, debe ser excepcional y motivado”;

Que para la región del Amazonas según el informe “Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonia - GEO Amazonia” (elaborado por el PNUMA y la OTCA en adelante GEO Amazonia) hay una seria preocupación por los efectos que ocasiona la minería en temas como la contaminación de agua por mercurio, por los cambios que se generan en los nichos ecológicos de la fauna local, por la bioacumulación de mercurio en las cadenas tróficas. En efecto, las concentraciones de mercurio en muchas especies de peces carnívoros se encuentran por encima de los límites establecidos por la OMS (Hacon y Azevedo 2006). La actividad aurífera en el Amazonas, es una fuente importante de vertido de mercurio a la naturaleza, pues aporta 150 TM/año. Ello implica que se arrojan cerca de 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado de río (Gómez 1995b; Sweeting y Clark 2000; GWP-Samtac 2000; Mann 2001; Franco y Valdés 2005; Ibish y Mérida 2004; Fobomade 2005);

Que así mismo, el GEO Amazonia resalta que las actividades mineras demandan grandes cantidades de agua para su operación, como es el caso de la explotación aurífera con dragas, que procesan miles de litros por segundo mezclados con los sedimentos de las áreas deforestadas o de los lechos de los ríos donde se encuentra el oro. Adicionalmente, esta actividad ocasiona el incremento de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua y altera el funcionamiento de los hábitat naturales para las especies acuáticas (Goulding, Barthemy Ferreira 2003a; Barthem, Charvet-Almeida, Montag y Lanna 2004);

Que la minería puede generar alto impacto en la transformación de habitat en el bioma amazónico, así como cambios en el uso de suelo y remoción de la cobertura vegetal. La vegetación de este bioma equivale a la selva lluviosa tropical, los bosques tropicales húmedos, muy húmedos y pluviosos de pisos bajos, montanos bajos y pre-montanos (Ideam, 2007) que se caracterizan por ubicarse en suelos muy pobres, en términos químicos, y muy susceptibles al deterioro, desde el punto de vista físico. La capa orgánica está formada por un delgado manto de hojarasca y residuos vegetales en distinto grado de descomposición. Aún así, es la fuente más importante de nutrientes y el único abrigo de protección del suelo contra los agentes erosivos (Fundación Alisos, 2011);

De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (1996), se considera que la pérdida de los bosques en la región amazónica causa la disminución de la evapotranspiración. Este fenómeno reduce las lluvias de la cuenca en cerca del 20% lo que causa disminución de la humedad, alta temperatura superficial y estaciones con fuertes sequías. Con la pérdida de cobertura vegetal también se incrementa la reflectividad de la radicación solar, que podría alterar los patrones de lluvias tropicales (Myers, 1984);

Que, en el mismo sentido y de conformidad con el GEO Amazonia, la desaparición de la cobertura vegetal natural, de aproximadamente el 17% de la cobertura original en la región amazónica, es la principal causa que afecta la disponibilidad del agua. Igualmente, en el informe se prevé que si la pérdida del bosque amazónico supera el 30%, se reducirá la liberación de vapor de agua con la consiguiente consecuencia en la disminución de la precipitación. Los efectos de la deforestación también afectan la capacidad de absorción de carbono del bosque y contribuyen a la liberalización de carbono con los procesos de quema, afectando la calidad del aire y cambios climáticos a escala local y regional, lo que altera los ciclos hidrológicos e incluso acelera los procesos de desertificación;

Que de acuerdo con la “Guía de buenas prácticas para la minería y la biodiversidad”, del Consejo Internacional de Minería, 2006, las actividades mineras pueden generar impactos sobre la biodiversidad, y por lo tanto, sobre los servicios ecosistémicos de soporte, provisión, regulación y culturales, puesto que potencialmente genera impactos en la biodiversidad terrestre y acuática, sobre la biodiversidad relacionados con la calidad del aire e Interfaces sociales con la biodiversidad;

Que de conformidad con el estudio realizado por la Organización Alisos y Fundación Gaia Amazonas, la importancia de esta región como un mega corredor biológico radica en su conectividad y buena conservación. Por lo tanto, en la medida en que no se logren conocer a profundidad y con certeza los impactos de la minería en este bioma, no es posible determinar tampoco los impactos sobre otras regiones que dependen de los ecosistemas amazónicos (García, 2012);

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, ya que la constitucionalización del concepto de desarrollo sostenible obliga a pensar en los derechos de las generaciones futuras, la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales y de áreas de especial importancia ecológica como la Amazonia colombiana, la cual presta servicios ecosistémicos relacionados con la regulación del clima regional e incluso mundial, con la regulación del ciclo hidrológico, la captura de gases efecto invernadero por ser uno de los principales sumideros de carbono del mundo, el mantenimiento y la conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos que protege por ser una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo. Sin embargo, la prestación de dichos servicios se encuentra en peligro frente a la posibilidad de realizar actividades mineras sin que previamente se hayan llevado a cabo la ordenación y la zonificación de dicha reserva, puesto que la realización de este tipo de actividades puede conllevar a daños irreversibles en aquellas zonas que debieron mantener una especial protección;

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, la actividad minera representa un peligro de ocurrencia de un daño de carácter irreversible sobre esta importante región y sobre los servicios ecosistémicos que esta presta, y por tanto, al existir un principio de certeza sobre dicho peligro, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible considera necesario adoptar medidas encaminadas a impedir la degradación ambiental de la Reserva Forestal de la Amazonia, con base en el principio de precaución conforme a la parte motiva de la presente resolución;

Que así las cosas, con fundamento en el principio de precaución se suspenden la recepción y trámite de solicitudes de sustracción en la Reserva Forestal de la Amazonia, establecida mediante la Ley 2ª de 1959, para actividades mineras hasta que se lleve a cabo su zonificación y ordenamiento;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Suspender temporalmente la recepción y trámite de solicitudes de sustracción en la Reserva Forestal de la Amazonia, establecida mediante la Ley 2ª de 1959, para actividades mineras con base en el principio de precaución, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ART. 2º—La suspensión temporal se levantará una vez se lleve a cabo la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonia, establecida mediante la Ley 2ª de 1959.

ART. 3º—Los procesos de sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonia, iniciados antes de la expedición de la presente resolución, continuarán su trámite en el ministerio hasta su decisión.

Las áreas sustraídas continuarán sujetas a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos correspondientes.

ART. 4º—Comuníquese el presente acto administrativo a las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la zona de Reserva Forestal de la Amazonia, a las gobernaciones respectivas, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Minas y Energía para su conocimiento y fines pertinentes.

ART. 5º—Por la secretaría general de este ministerio realizar los actos propios de las ordenaciones contenidas en los artículos precedentes.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 31 de agosto de 2012.

(1) Entre otros, la Ley 2ª de 1959 sobre economía forestal de la nación y conservación de los recursos naturales renovables; el Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales), el Decreto 1681 de 1978 que reglamenta el tema de los recursos hidrológicos del Código de Recursos Naturales, la Ley 99 de 1993 y la Ley 165 de 1994 (Convenio sobre la Diversidad Biológica).

(2) Sentencia C-293 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

(Nota: Se levanta la suspensión de la presente Resolución por la Resolución 1925 de 2013 artículo 11 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo que respecta a la recepción de solicitudes de sustracción de la reserva forestal de la Amazonía para los departamentos de Caquetá, Guaviare y Huila)

(Nota: Se levanta la suspensión de la presente Resolución por la Resolución 1277 de 2014 artículo 11 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo que respecta a la recepción de solicitudes de sustracción de la reserva forestal de la Amazonía)