Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 1586 DE 2013

(Junio 20)

“Por la cual se reglamenta la convocatoria y la realización de las consultas que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular, y se dictan otras disposiciones”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las que le confieren los artículos 107, 109 y 265 de la Constitución Política, el Código Electoral y el inciso 4º del artículo 6º de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 107 de la Constitución Política, señala:

“(...).

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

Los directivos de los partidos y movimientos políticos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas;

(…)”.

Que el artículo 108 de la Constitución Política, señala:

“(…)

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos;

(…)”.

Que el artículo 109 de la Constitución Política, señala:

“El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personería jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.

(...).

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con personería jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

Es prohibido a los partidos y movimientos políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.

PAR.—

(...).

Las consultas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo recibirán financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, manteniendo para ello el valor en pesos constantes vigente en el momento de aprobación de este acto legislativo.

(…)”;

Que de conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral es competente para regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos. En desarrollo de esa cláusula general de competencia, la citada disposición jurídica, prevé como atribuciones especiales, entre otras, velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, así como colaborar para la realización de consultas de los partidos y movimientos políticos;

Que la Ley 1475 de 2011 por la cual se adoptaron las reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictaron otras disposiciones, dispuso:

“ART. 5º—Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en ellas sólo puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren en el registro de afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las consultas internas se regularán por las disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales o departamentales según sea el caso.

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral”.

“ART. 6º—Normas aplicables a las consultas. En las consultas populares se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen. La organización electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio.

En el caso de las consultas populares interpartidistas, el límite de gastos, el número de vallas, avisos en prensa y cuñas, se fijarán para cada partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos en condiciones de igualdad, los cuales harán la distribución entre sus precandidatos.

La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones ordinarias. En todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ellas” (resaltado y negrilla fuera de texto).

“ART. 7º—Obligatoriedad de los resultados. El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas.

Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan. Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado. (...)”.

“ART. 28.—Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta —exceptuando su resultado— deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas.

Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo.

(…)”.

“ART. 29.—Candidatos de coalición. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición.

En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato.

En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos”.

“ART. 34.—Definición de campaña electoral. Para efectos de la financiación y de la rendición pública de cuentas, entiéndase por campaña electoral el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo.

La propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la campaña y cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a consideración de los ciudadanos o una determinada forma de participación en la votación de que se trate.

La recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña podrá ser adelantada por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación. Los candidatos, por su parte, solo podrán hacerlo a partir de su inscripción”.

“ART. 35.—Propaganda electoral. Entiéndase por propaganda electoral toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana.

La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público, únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de la respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva votación.

En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

TÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 1º—Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de consultas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y grupos significativos de ciudadanos, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones ordinarias. En todo caso, las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo.

ART. 2º—Para la realización de las consultas populares de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y grupos significativos de ciudadanos se utilizará el censo electoral vigente en la respectiva circunscripción.

ART. 3º—Para la realización de las consultas internas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se utilizará el Registro de afiliados vigente inscrito por los respectivos representantes legales ante el Consejo Nacional Electoral.

Los ciudadanos sólo podrán votar en la respectiva consulta interna del partido o movimiento político con personería jurídica en el que se encuentren inscritos como afiliados.

ART. 4º—La Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con las necesidades de cada consulta y las personas aptas para votar en las mismas, suministrará las tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica.

En cumplimiento de lo anterior, podrá fusionar puestos y mesas de votación.

Cuando en una circunscripción electoral se fusionen puestos y/o mesas de votación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo informará adecuada y oportunamente al Consejo Nacional Electoral, a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y a los grupos significativos de ciudadanos que vayan a realizar la consulta, así como a la ciudadanía en general, para que puedan conocer su ubicación.

ART. 5º—(Modificado).* En las consultas internas, la Registraduría Nacional del Estado Civil suministrará en cada mesa un registro de votantes (formulario E-11) por cada partido o movimiento político con personería jurídica que participe en la consulta. Con base en estos documentos, consolidará el total de votantes de cada partido. Esta información será suministrada de manera inmediata al Consejo Nacional Electoral.

*(Nota: Modificado por la Resolución 2948 de 2013 artículo 1° del Consejo Nacional Electoral)

TÍTULO II

Actuaciones preparatorias

ART. 6º—Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos deberán comunicar por escrito al Consejo Nacional Electoral, por lo menos tres (3) meses antes de la fecha establecida, la decisión de realizar consulta.

En el caso de las consultas para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular, los precandidatos deberán ser inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la forma en que esta lo señale, treinta (30) días calendario antes de la fecha de la realización de la respectiva consulta.

Para el caso de las consultas que se realicen para la toma de decisiones internas, las preguntas a realizar deberán ser presentadas ante el Consejo Nacional Electoral para su aprobación, a más tardar, cuarenta y cinco (45) días calendario antes de la fecha de la realización de la respectiva votación. El Consejo Nacional Electoral dentro de los diez días calendario siguientes a su presentación se pronunciará sobre el particular. En caso de ser aprobadas, se remitirán de forma inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil para los fines pertinentes. En caso contrario, se devolverán al partido o movimiento político con personería jurídica o grupo significativo de ciudadanos interesados, para que las subsane, en el término de 5 días calendario; de no hacerlo, se entenderá que desiste de la realización de la respectiva consulta.

ART. 7º—(Modificado).* Los grupos significativos de ciudadanos, mediante un comité promotor integrado por tres (3) ciudadanos debidamente registrado ante la autoridad electoral correspondiente, deberán comunicar por escrito al Consejo Nacional Electoral, por lo menos tres (3) meses antes de la fecha establecida, la decisión de realizar consulta popular para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular.

El comité promotor deberá registrarse previo a la comunicación por escrito al Consejo Nacional Electoral, de su intención de realizar la respectiva consulta popular.

Efectuado el registro, el comité promotor podrá iniciar la recolección de firmas que se requieran para la inscripción de los candidatos que participarán en la consulta.

Acreditadas las firmas ante la Registraduría General del Estado Civil, los candidatos deberán estar inscritos y/o registrados en la misma entidad, en la forma en que esta lo señale, treinta (30) días calendario antes de la fecha de la realización de la respectiva consulta popular.

PAR.—Para inscribir precandidatos a la Presidencia de la República, el número de firmas será equivalente al tres por ciento (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República. Para los demás cargos de elección popular, el número de firmas será equivalente al menos al veinte por ciento (20%) del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas.

Adicionalmente, al momento del registro deberá otorgarse una póliza que garantice la seriedad de la consulta, por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral.

La garantía a que se refiere el inciso anterior se hará efectiva en caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, en proporción a los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acreditadas las firmas correspondientes y otorgada la póliza de garantía de seriedad de la consulta, se extenderán sus efectos al momento de la inscripción de los candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, sin que para tal efecto se requiera la recolección de nuevas firmas o el otorgamiento de una garantía nueva.

*(Nota: Modificado por la Resolución 2948 de 2013 artículo 2° del Consejo Nacional Electoral)

ART. 8º—Para efectos del registro del comité promotor, se deberá diligenciar el formulario suministrado por la autoridad competente y que corresponda con la corporación o cargo a la que se aspire, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre, identificación, domicilio y firma de los integrantes del comité promotor.

2. Denominación del nombre del grupo significativo de ciudadanos.

3. Nombre, identificación y domicilio de los candidatos que participarán en la respectiva consulta.

4. Fotos de los integrantes del comité, como las de los candidatos a inscribir.

La autoridad competente una vez recibida la solicitud de registro deberá revisar que contenga la información solicitada, le asignará un número ascendente que corresponderá al registro y anotará la fecha en que surtió el trámite.

Al interesado se le entregará el original del formulario como constancia del registro y la autoridad electoral competente conservará una copia del mismo, como prueba del registro, para su archivo.

ART. 9º—En el caso de las consultas que se realicen para seleccionar los candidatos que integrarán las listas en que se elijan cinco (5) o más curules para corporaciones de elección popular, exceptuando su resultado, deberá incluirse como mínimo el 30% de uno de los géneros.

ART. 10.—Para Senado de la República, Cámara de Representantes y Parlamento Andino el registro del comité promotor se realizará ante los delegados del Registrador Nacional en cada uno de los departamentos; la Cámara de Bogotá ante los registradores distritales y la Cámara en el exterior ante los consulados de Colombia en el exterior o la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para Presidencia de la República el registro del comité promotor se realizará ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para gobernaciones y asambleas departamentales el registro del comité promotor se realizará ante los Delegados del Registrador Nacional de la respectiva circunscripción electoral.

Para alcaldías distritales o municipales, concejos y juntas administradoras locales el registro del comité promotor se realizará ante los registradores especiales o municipales de la respectiva circunscripción electoral.

ART. 11.—El formulario de recolección de apoyos deberá contener los nombres de los integrantes del comité inscriptor, su documento de identificación; el nombre o denominación del grupo significativo de ciudadanos, así como el nombre del o los candidatos, el cargo o corporación para el o los que postulen.

En la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil deberán encontrarse los formularios con los nombres de que trata el inciso anterior, para la recolección de apoyos, los cuales podrán ser reproducidos las veces que sea necesario por parte de los interesados.

TÍTULO III

Financiación, contabilidad e informes de ingresos y gastos

ART. 12.—Las consultas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que se realicen para la toma de decisiones y/o la escogencia de sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular, serán financiadas parcialmente mediante el sistema de reposición por votos obtenidos. Así mismo, podrán acudir a otras fuentes de financiación permitidas por la Constitución y la ley.

PAR.—(Modificado).* El Consejo Nacional Electoral reajustará anualmente el valor de reposición por voto válido obtenido en las consultas. La reposición se hará exclusivamente sobre los gastos realizados una vez se consolide la suma correspondiente en el procedimiento de rendición de cuentas.

* (Nota: Modificado por la Resolución 2167 de 2013 artículo 1° del Consejo Nacional Electoral)

ART. 13.—Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos podrán solicitar en forma justificada al Consejo Nacional Electoral hasta un ochenta por ciento (80%) de anticipo de la financiación Estatal de las consultas, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1165 de 2011 del Consejo Nacional Electoral o aquellas que la aclaren, modifiquen o adicionen.

(Nota: Corregido por la Resolución 2167 de 2013 artículo 2° del Consejo Nacional Electoral)

ART. 14.—Las consultas que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular, no podrán sobrepasar las sumas máximas de gastos autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Tampoco podrán superar los límites a la financiación privada que establece la ley.

ART. 15.—Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y grupos significativos de ciudadanos que hagan uso de las consultas que se regulan mediante la presente resolución, deberán registrar los libros de contabilidad y presentar los informes de ingresos y gastos, de conformidad con la ley y la reglamentación expedida por el Consejo Nacional Electoral.

ART. 16.—Para los efectos de las disposiciones contenidas en el presente título, en las consultas internas, se aplicarán las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1475 de 2011. Adicionalmente, también se aplicarán las disposiciones que regulan la financiación de los partidos y movimientos políticos.

ART. 17.—En materia de financiación de los precandidatos a la Presidencia de la República se aplicarán las normas especiales sobre la materia.

TÍTULO IV

Propaganda

ART. 18.—La propaganda electoral para las consultas podrá realizarse de conformidad con el artículo 35 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

Cuando se trate de consultas para escoger candidatos a la Presidencia de la República, la propaganda electoral podrá realizarse dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la realización de la consulta y con observancia de las disposiciones especiales contenidas en la Ley 996 de 2005.

Solo se permitirá propaganda electoral cuando el partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos haya comunicado por escrito al Consejo Nacional Electoral su decisión de realizar consultas en la fecha previamente establecida.

TÍTULO V

Jurados de votación y testigos electorales

ART. 19.—La designación de jurados de votación para las consultas de selección de candidatos o toma de decisiones de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos se regirá por las disposiciones establecidas para las elecciones ordinarias en los artículos 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 del Código Electoral, en el artículo 5º de la Ley 163 de 1994, en la Ley 1227 de 2008 y en el Decreto 1794 de 2007 y las demás disposiciones que las aclaren, modifiquen o adicionen.

ART. 20.—(Modificado).* Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán expedir credenciales de testigos electorales, con la firma de sus directivas para aquellas consultas internas que se realicen en fechas que no coincidan con elecciones ordinarias.

Los testigos tendrán los derechos que reconoce, para las elecciones ordinarias el artículo 122 del Código Electoral.

*(Nota: Modificado por la Resolución 509 de 2015 artículo 1° del Consejo Nacional Electoral)

TÍTULO VI

Escrutinios

ART. 21.—(Modificado).* Los escrutinios se realizarán con base en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen para las elecciones ordinarias.

*(Nota: Modificado por la Resolución 509 de 2015 artículo 2° del Consejo Nacional Electoral)

ART. 22.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias y en especial la Resolución 237 de 2009, modificada por las resoluciones 663 de 2009 y 2120 de 2012, así como la Resolución 211 de 2010, expedidas por el Consejo Nacional Electoral.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 20 de junio de 2013.