RESOLUCIÓN 1608 DE 1999 

(Septiembre 30)

“Por medio de la cual se crea y conforma la unidad nacional de fiscalías antinarcóticos y de interdicción marítima”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Fiscalía General de la Nación tiene a su cargo la investigación de los delitos la identificación de los autores la calificación y acusación cuando hubiere lugar ante los juzgados y tribunales competentes;

Que le corresponde al Fiscal General de la Nación dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria contra los presuntos infractores de la ley penal directamente o a través de sus delegados;

Que la instrucción se realiza en forma permanente por fiscales delegados o unidades de fiscalía, con competencia en todo el territorio nacional;

Que ante la complejidad, organización e intensidad con que se vienen presentando las diversas manifestaciones delictivas derivadas del narcotráfico es necesario conformar una unidad nacional de fiscalías que se encargue de dirigir, controlar y realizar las investigaciones calificar y acusar si a ello hubiere lugar ante los jueces competentes;

Que le corresponde al Fiscal General de la Nación crear, suprimir, fusionar y modificar en su número y localización las unidades nacionales de fiscalías;

Que las unidades nacionales de fiscalías están adscritas al despacho del Fiscal General de la Nación o a la dirección nacional de fiscalías de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal;

Que en cumplimiento de las funciones jurisdiccionales le son aplicables a la Fiscalía los principios de la administración pública de que trata la Constitución Política los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia la ley estatutaria de la administración de justicia y las demás normas con fuerza de ley;

Que los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos de América suscribieron el 20 de febrero de 1997 un acuerdo para crear los mecanismos de cooperación internacional tendientes a suprimir el tráfico ilícito por mas determinando que los funcionarios de las fuerzas del orden son los encargados de efectuar esas operaciones;

Que para efectos de dicho acuerdo los funcionarios de las fuerzas del orden para el gobierno de la República de Colombia son los miembros uniformados de la Armada Nacional y para el gobierno de los Estados Unidos de América son los uniformados del servicio de guardacostas;

Que así mismo, para los casos en que se encuentre evidencia del tráfico ilícito en naves sobre las cuales se pueden aplicar la ley penal colombiana se requiere que la Fiscalía General de la Nación apoye dichas actividades con servidores públicos altamente capacitados quienes actuarán con sujeción a los tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia, como también con sujeción a la Constitución Política y demás normas vigentes;

Que el éxito de la investigación depende de la preservación, aseguramiento y análisis de los medios probatorios, lo cual sólo puede alcanzarse con la intervención inmediata de servidores especializados y con capacidad para actuar de manera ágil, decidida e imparcial;

Que el mecanismo más expedido para frenar la proliferación de los comportamientos que afectan la salubridad pública y el orden económico y social es el éxito de las investigaciones el cual depende de los medios probatorios por cuya razón, además de los fiscales delegados es indispensable contar con el apoyo de un grupo interdisciplinario de investigadores especializados provenientes de los diferentes organismos que cumplen permanentemente funciones de policía judicial para que apoyen de manera ágil, decidida e imparcial la labor investigativa en asuntos de su competencia;

Que se hace necesario organizar la unidad nacional de fiscalías antinarcóticos y de interdicción marítima determinar su sede de operación y el despacho judicial ante el cual se surtirá el trámite de segunda instancia de las investigaciones correspondientes a la mencionada unidad;

Que por lo antes expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—Crear la unidad nacional de fiscalías antinarcóticos y de interdicción marítima que contará con una subunidad de interdicción en asuntos marítimos en altamar, adscrita a la dirección nacional de fiscalías con sede en la ciudad de Santafé de Bogotá.

(Nota: Adicionado por la Resolución 88 de 2002 artículo 1º de la Fiscalía General de la Nación).

ART. 2º—La unidad nacional de fiscalías antinarcóticos y de interdicción marítima se encargará y conocerá de las investigaciones por los delitos de narcotráfico y conexos contemplados en el artículo 5º de la Ley 504 de 1999, numerales 8º, 9º, 10, 11, 12 y 14, por asignación expresa de la dirección nacional de fiscalías.

ART. 3º—La unidad nacional de fiscalía antinarcóticos y de interdicción marítima estará conformada por la siguiente planta de cargos.

1. Veinte (20) cargos del fiscal delegado ante jueces penales de circuito especializados.

2. Un (1) cargo de profesional universitario judicial II.

3. Cuatro (4) cargos de secretario judicial II.

4. Veinte (20) cargos de secretario judicial I.

5. Veinte (20) cargos de técnico judicial II.

6. Cinco (5) cargos de auxiliar administrativo III.

7. Cinco (5) cargos de conductor II.

ART. 4º—La unidad nacional de fiscalías antinarcóticos y de interdicción marítima, contará con el apoyo técnico y operativo que requiere en el cumplimiento de sus labores y tendrá la respectiva colaboración de las autoridades con funciones de policía judicial y de los servidores públicos de las distintas entidades del Estado cuyo concurso sea necesario para lograr el perfeccionamiento de las investigaciones, especialmente del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

ART. 5º—La competencia para instruir y calificar estos delitos corresponde a los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializados y la segunda instancia de las investigaciones a cargo de la unidad nacional de fiscalías antinarcóticos y de interdicción marítima, se cumplirá a través de la unidad de fiscalía delegada ante el tribunal competente, de conformidad con la Ley 504 de 1999.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 30 de septiembre de 1999.

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