Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIÓN 1626 DE 2010 

(Julio 23)

“Por la cual se reorganiza la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio y se dictan otras disposiciones”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO QUE:

Mediante Resolución 0-1042 de mayo 17 de 1996, el Fiscal General de la Nación creó la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, para que se ocupara de la investigación de las conductas tipificadas como punibles por el artículo 31 de la Ley 190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa”. Dicho acto administrativo, fue modificado y adicionado por la Resolución 0-2430 de octubre 25 de 1996.

De otra parte, con la Resolución 0-0490 de febrero 26 de 1997, el Fiscal General de la Nación, reorganizó la Comisión Nacional de Bienes como Unidad Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, acción reglada por la Ley 333 de 1996, y la adscribió a la Dirección Nacional de Fiscalías. Este acto, fue modificado a su vez, por la Resolución 0-1964 de octubre 2 de 1997.

Posteriormente, por Resolución 0-0681 de marzo 20 de 1998, el Fiscal General de la Nación determinó la integración de las Unidades Nacionales de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, disponiendo la conformación de una sola Unidad. En su artículo 4º, literal a) dispuso la conformación así: “Diez (10) fiscales delegados ante los jueces regionales, y veinte (20) fiscales delegados ante los jueces penales del circuito. (...)”.

Con la Resolución 0-1897 de abril 4 de 2008, el Fiscal General de la Nación conformó la segunda instancia de investigaciones de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio.

La Ley 504 de 1999, se dispuso la creación de la justicia especializada que reemplazó a la justicia regional, creada a su vez por el Decreto 2700 de 1991. Es así como en su artículo 3º la aludida norma dispuso:

ART. 3º—El inciso 2º del artículo 67 del Decreto 2700 de 1991, quedará, así:

“ART. 67.—Quienes ejercen funciones de instrucción. La Fiscalía General de la Nación actuará a través del Fiscal General de la Nación, los fiscales que este delegue para casos especiales y los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito, los jueces penales de circuito especializados, penales de circuito, promiscuos de circuito, penales municipales, los jueces promiscuos municipales y los jueces de menores”.

Por Ley 600 de 2000, adoptó la justicia especializada como parte de la jurisdicción para la investigación y juzgamiento de las conductas relacionadas con el lavado de activos y para la iniciación de la acción real de extinción de derecho de dominio.

Igualmente el artículo 8º transitorio de la Ley 600 de 2000, consagra la competencia de los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializados, para la investigación, calificación y acusación, si a ello hubiere lugar, de los delitos cuyo juzgamiento esté atribuido en primera instancia a los jueces penales de circuito especializados.

En vigencia de la Ley 906 de 2004, los jueces penales del circuito especializados, tienen por competencia, entre otras, de la investigación de la conducta de lavado de activos, en los términos del artículo 35.

De la misma manera, en términos del artículo 11 de la Ley 793 de 2002, corresponde a la Fiscalía General de la Nación, a través de los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializados, adelantar la actuación de extinción del derecho de dominio, de que trata dicha norma y la Ley 906 de 2004.

En razón de que la ley ha establecido en cabeza de los jueces penales del circuito especializados y correspondientemente de los fiscales delegados ante aquellos, la investigación y juzgamiento de la conducta punible de lavado de activos y la acción de extinción del derecho de dominio, se debe modificar la forma en que se encuentra conformada la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio, en el sentido de que los fiscales delegados que pertenezcan a ella, serán los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializados.

De otra parte, los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito que actualmente hacen parte de la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio, serán adscritos a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, para que colaboren con el fortalecimiento de la investigación de conductas punibles que se suscitan en el Distrito Capital.

En consideración de lo anterior,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el artículo 2º de la Resolución 681 de marzo 20 de 1998, el cual quedará así:

ART. 2º—La Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio se encargará de la investigación de las conductas punibles tipificadas por los artículos 323, 325, 325A y 326 del Código Penal, Ley 599 de 2000, y el conocimiento de la acción de extinción del derecho de dominio reglada por la Ley 793 de 2002, y por el Código de Procedimiento Penal.

ART. 2º—Modificar parcialmente elartículo 4º de la Resolución 681 de marzo 20 de 1998, el cual quedará así:

ART. 4º—La Unidad Nacional de Fiscalías contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio estará integrada por la siguiente planta de personal:

a) Veintiséis (26) fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializados. El Fiscal General de la Nación destacará de entre los fiscales que conforman esta unidad, a quien deba cumplir con las funciones de coordinación de la misma.

ART. 3º—Modificar la planta de personal de la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio en el sentido de adscribir los cargos de fiscales delegados ante los jueces penales del circuito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ART. 4º—Por secretaría general comunicar la presente resolución a la Dirección Nacional de Fiscalías y a la Dirección Seccional Administrativa y Financiera y de Fiscalías de Bogotá, así como a los demás interesados.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga aquellos actos que le sean contrarios.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 23 de julio de 2010.