RESOLUCIÓN 1661 DE 2002 

(Abril 25)

“Por medio de la cual se dispone a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, registradores distritales, municipales y auxiliares para llevar a cabo la notificación personal de la resolución que impone sanción por el incumplimiento en el desempeño de las funciones como jurado de votación”.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 266 de la Constitución Política establece que el Registrador Nacional del Estado Civil “...ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones...”.

2. Que el artículo 26 del Decreto 2241 de 1986 establece que son funciones del Registrador Nacional del Estado Civil: 1. Dirigir el funcionamiento de todas las dependencias de la Registraduría Nacional y 2. Organizar y vigilar el proceso electoral, entre otras.

3. Que el Decreto 2241 de 1986 señala las funciones que tienen los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil y los registradores distritales, municipales y auxiliares, en virtud de lo cual los artículos 33, 41 y 48 de esta disposición.

4. El artículo 107 del Decreto 2241 de 1986, consagra que: “La resolución del Registrador del Estado Civil que imponga la multa se notificará mediante fijación en lugar público de la registraduría, durante cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de su fijación”.

5. Que por medio del artículo 64 del Decreto 1010 de junio 6 de 2000, se determinó en cuanto a la notificación de los actos administrativos, que corresponderá a las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil que las adopten.

6. Que el artículo 29 de la Carta Política consagra que:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

7. Que la notificación o conocimiento que se le debe dar a los interesados de los actos que expida la administración y que generen efectos jurídicos constituyen el derecho de defensa, protegido por el artículo 29 de la Carta. A partir de lo cual las decisiones que pongan término a una actuación administrativa —que no sean de carácter general— se notificarán personalmente al interesado, dentro de los cinco días siguientes al envió de la citación. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco días siguientes al envío de ésta, se acudirá al sistema de notificación por medio de edicto fijado en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez días hábiles, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.

8. Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-096 de 2001, con ponencia del doctor Álvaro Tafur Galvis, consideró, que siempre que la administración profiriera una sanción plena contra los administrados debía notificarla personalmente, por las implicaciones que la decisión acarrea al sancionado, y que además, esta forma de notificación se adecua al principio general del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en el cual se establece que debe existir un derecho de audiencia y de defensa en todas las actuaciones judiciales y administrativas que adelante el Estado.

La Sentencia C-096 de 2001, se pronunció en cuanto a la notificación personal en los siguientes términos:

“3. Un acto de la administración es público cuando ha sido conocido por quien tiene derecho a oponerse a él y restringir el derecho de defensa, sin justificación, resulta violatorio del artículo 29 de la Constitución Política.

El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una formalidad que puede ser suplida de cualquier manera, sino un presupuesto de eficacia de la función pública administrativa —C.P., art. 209— y una condición para la existencia de la democracia participativa —C.P., Preámbulo, arts. 1º y 2º—.

De ahí que el Código Contencioso Administrativo regule, en forma prolija, el deber y la forma de publicación de las decisiones de la administración, deteniéndose en la notificación personal —art. 44—, en el contenido de ésta —art. 47—, en las consecuencias de su omisión, o irregularidad, —art. 48— y en sus efectos —art. 51—. Porque los actos de la administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario final —CCA, art. 45—, o en razón de que el administrado demostró su conocimiento —art. 48 ibidem—.

Ahora bien, para la Corte no se puede considerar que se cumplió con el principio de publicidad, que el artículo 209 superior exige, por la simple introducción al correo de la copia del acto administrativo que el administrado debe conocer, sino que, para darle cabal cumplimiento a la disposición constitucional, debe entenderse que se ha dado publicidad a un acto administrativo de contenido particular, cuando el afectado recibe, efectivamente, la comunicación que lo contiene...”.

9. Que el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo, preceptúa que en las actuaciones administrativas se debe buscar la efectividad en los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley; en este mismo sentido el artículo 3º de esta disposición consagra dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas la posibilidad de la contradicción y publicidad, en virtud de los cuales, las autoridades administrativas darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones, con lo cual los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir las decisiones por los medio legales.

10. Que para garantizar el derecho de defensa la ley ordena la notificación personal a los interesados cuando la decisión afecte en forma directa e inmediata, situación que se observa en las sanciones impuestas por los registradores de conformidad con el artículo 107 del Decreto 2241 de 1986, en forma personal, de acuerdo al principio constitucional del debido proceso y en cumplimiento con lo preceptuado por la Corte Constitucional sobre el particular. En forma complementaria a la notificación personal, se seguirá dando cumplimiento a la notificación señalada en el artículo 107 del Decreto 2241 de 1986.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

ART. 1º—Disponer la notificación personal de la resolución que sanciona a los ciudadanos designados como jurados de votación, que incumplan sin justa causa el desempeño de sus funciones en las elecciones regionales y nacionales, a través de los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, a los registradores distritales, departamentales, municipales y auxiliares.

ART. 2º—Comunicar el contenido de la presente resolución a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, a los registradores distritales, departamentales, municipales y auxiliares.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., a 25 de abril de 2002.

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