Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

RESOLUCIÓN 167 DE 2012 

(Mayo 23)

“Por la cual se establecen las condiciones y requisitos que deben cumplir las entidades gremiales del sector agropecuario, las organizaciones populares de vivienda, las organizaciones no gubernamentales y demás personas jurídicas para ser habilitadas como entidades oferentes de los proyectos de vivienda de interés social rural”.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

de conformidad con lo establecido en el Decreto 900 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 900 de 2012, por medio del cual se modifican parcialmente los decretos 2675 de 2005 y 1160 de 2010 y se dictan otras disposiciones en relación con el subsidio familiar de vivienda de interés social rural, dispuso en su artículo 4º que la entidades oferentes son las que organizan la demanda de hogares a la postulación del subsidio de vivienda de interés social rural, formulan el proyecto de vivienda rural y lo presentan a la entidad otorgante.

Que para los efectos, el citado artículo dispone que podrán ser oferentes las entidades territoriales o sus dependencias que dentro de su estructura desarrollen la política de vivienda de interés social, los resguardos indígenas legalmente constituidos, los consejos comunitarios de comunidades negras legalmente reconocidos, las entidades gremiales del sector agropecuario, las organizaciones populares de vivienda, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que tengan dentro de su objeto social la promoción y desarrollo de vivienda de interés social y las demás personas jurídicas que igualmente tengan dentro de su objeto social la promoción y desarrollo de vivienda de interés social, que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que le corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fijar los requisitos y condiciones que habiliten como entidades oferentes a los gremios del sector agropecuario, a las organizaciones populares de vivienda (OPV), a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a las demás personas jurídicas interesadas en organizar la demanda de hogares a la postulación del subsidio de vivienda de interés social rural, formular el proyecto de vivienda rural y presentarlos al Banco Agrario S.A., de conformidad con las convocatorias públicas que para el efecto se ordenen.

Que en mérito de lo dispuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Los gremios del sector agropecuario, a las organizaciones populares de vivienda (OPV), a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a las demás personas jurídicas interesadas en ser entidades oferentes de conformidad con el artículo 4º del Decreto 900 de 2012, deberán cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:

1. Entidades gremiales del sector agropecuario:

Podrán habilitarse para actuar como entidades oferentes de proyectos de VIS rural, las entidades gremiales del sector agropecuario que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Personería jurídica vigente para actuar como gremio del sector agropecuario.

b) Existencia y representación legal.

c) Estatutos en los que se contemplen la promoción y desarrollo social de vivienda de interés social o de trabajo comunitario, orientado a satisfacer sus necesidades básicas socioeconómicas; que haya sido constituida hace más de dos (2) años y que su duración sea superior a cinco (5) años o por término indefinido.

d) No figurar en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, dentro de los treinta (30) días a la fecha de apertura de la convocatoria.

e) Informe financiero de los balances comparativos con sus estados de resultados de los años fiscales y corte al último trimestre, junto con el estado de cambios en el patrimonio, en la posición financiera, flujo de efectivo; demostrar liquidez, apalancamiento y solvencia económica, frente a los compromisos que se infieren de su objeto social.

f) Representante legal autorizado, mediante acta de junta o su similar, para comprometer el aporte de contrapartida de la entidad oferente, según sea el caso, indicando la fuente de los aportes, respecto de lo cual debe poderse evidenciar que los recursos están disponibles en los estados financieros de la entidad.

g) Que el revisor fiscal o quien haga sus veces, no registra sanciones disciplinarias, penales o fiscales vigentes.

h) No estar reportado en la Cifin y/o a la central de riesgos.

i) No figurar en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación.

2. Organizaciones populares de vivienda (OPV):

Para los efectos que trata la presente resolución, las organizaciones populares de vivienda son aquellas que han sido constituidas y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo sistema financiero sea de economía solidaria y tengan por objeto el desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o participación comunitaria

Podrán habilitarse para actuar como entidades oferentes de proyectos de VIS rural, las organizaciones populares de vivienda que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Estar registrada ante la autoridad competente para desarrollar los planes y programas previstos en su objeto social, el cual deberá contemplar la promoción y desarrollo social de vivienda de interés social o de trabajo social comunitario orientado a satisfacer sus necesidades básicas socioeconómicas.

b) Personería jurídica; existencia y representación legal vigente.

c) Estados financieros, los cuales deberán estar suscritos por el representante legal y contador público, debidamente aprobados por el máximo órgano de la entidad, deberán demostrar liquidez, apalancamiento y solvencia económica, frente a los compromisos que se infieren de su objeto social.

d) Presupuesto de gastos e inversiones del último año, con la constancia de aprobación del órgano social correspondiente en la oportunidad legalmente debida.

e) Relación de ingresos y egresos trimestral.

f) Representante legal autorizado, mediante acta de la junta o su similar, para comprometer el aporte de contrapartida de la entidad oferente, según sea el caso, indicando la fuente de los aportes, respecto de lo cual debe poderse evidenciar que los recursos están disponibles en los estados financieros de la entidad.

g) Acreditar el registro de los nombramientos ante las autoridades competentes.

h) No registrar de sanciones disciplinarias, fiscales o penales vigentes impuestas por la autoridad competente.

3. Organizaciones no gubernamentales (ONG):

Para los efectos que trata la presente resolución, las organizaciones no gubernamentales son aquellas constituidas como organizaciones de promoción y desarrollo económico y social sin fines de lucro, con patrimonio provenientes de recursos nacionales o internacionales y personalidad jurídica propia.

Podrán habilitarse para actuar como entidades oferentes de proyectos de VIS rural, las organizaciones no gubernamentales que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Existencia y representación legal vigente, personería jurídica, y una estructura organizacional permanente, conformada desde hace más de dos (2) años y que su duración sea superior a cinco (5) años o por término indefinido.

b) Objeto social para la promoción y desarrollo social de vivienda e interés social o de trabajo social comunitario orientado a satisfacer sus necesidades básicas socioeconómicas.

c) Representante legal autorizado para comprometer el aporte de contrapartida de la entidad oferente, mediante acta de la junta o su similar, según sea el caso, indicando la fuente de los aportes, respecto de lo cual se debe evidenciar que los recursos están disponibles en los estados financieros de la organización.

d) Presentar los estados financieros, los cuales deberán estar suscritos por el representante legal y contador público, debidamente aprobados por el máximo órgano de la entidad, deberán demostrar liquidez, apalancamiento y solvencia económica, frente a los compromisos que se infieren de su objeto social.

e) Presupuesto de gastos e inversiones del último año, con la constancia de aprobación del órgano social correspondiente en la oportunidad legalmente debida.

f) Relación de ingresos y egresos trimestral.

g) No registrar de sanciones disciplinarias, fiscales o penales vigentes impuestas por la autoridad competente.

4. Personas jurídicas - fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro.

Podrán habilitarse para actuar como entidades oferentes de proyectos de VIS rural, las personas jurídicas como fundaciones o corporaciones sin ánimo, que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Existencia y representación legal con vigencia no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de la apertura de la convocatoria, en el cual se ostente que el objeto social desarrolla la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés social; que tiene por lo menos de dos (2) años de constituida y que su duración es o será de cinco (5) años o por término indefinido.

b) Experiencia mínima de dos (2) año en trabajo social con las comunidades.

c) No figurar en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, dentro de los treinta (30) días a la fecha de apertura de la convocatoria.

d) Informe financiero de los balances comparativos con sus estados de resultados de los años fiscales y corte al último trimestre, junto con el estado de cambios en el patrimonio, en la posición financiera, flujo de efectivo; demostrar liquidez, apalancamiento y solvencia económica, frente a los compromisos que se infieren de su objeto social.

e) Que el contralor y/o revisor fiscal no registre antecedentes disciplinarios, penales y/o fiscales.

f) Presentar la autorización por escrito para consultar a la Cifin y/o a la central de riesgos.

g) Representante legal autorizado para comprometer el aporte d contrapartida de la entidad oferente, mediante acta de la junta directiva o asamblea general de accionistas, según sea el caso, indicando la fuente de los aportes, respecto de lo cual debe poderse evidenciar que los recursos están disponibles en los estados financieros de la entidad.

h) Acreditar régimen tributario al que pertenece.

i) No figurar en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación.

PAR.—Las entidades habilitadas para actuar como entidades oferentes, podrán conformar uniones temporales o consorcios, de conformidad con el marco legal que las regula. No obstante, deberán cumplir con todos los requisitos indicados en los numerales anteriores, según corresponda, y adicionalmente presentar copia auténtica de la promesa de constitución de la unión temporal o consorcio, en la cual conste, entre otras, la designación de la persona que para todos los efectos los representará, régimen de responsabilidad y las demás condiciones.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C. a 23 de mayo de 2012.