RESOLUCIÓN 1687 DE 2007 

(Mayo 11)

“Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para conceder permisos sindicales”.

(Nota: Derogada por la Resolución 2209 de 2011 artículo 6° de la Fiscalía General de la Nación)

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, artículos 2º y 3º del Decreto 2813 de 2000 y artículo 11, numeral 17 de la Ley 938 de 2004, y

CONSIDERANDO QUE:

Se hace necesario establecer los parámetros sustantivos y procedimentales bajo los cuales la Fiscalía General de la Nación, concederá los permisos sindicales, de conformidad con la normatividad vigente para facilitar la atención oportuna a las solicitudes que sobre el particular eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos;

La Organización Internacional del Trabajo en su reglamentación 143 numeral 10.1 prevé que los representantes de los trabajadores en la empresa podrían disfrutar, sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa y podrían fijarse límites razonables al tiempo libre que se conceda a los representantes de los trabajadores;

La Constitución Política en su artículo 39, reconoció en virtud del derecho de asociación sindical a los representantes sindicales, las garantías para el cumplimiento de sus funciones, entre otras, los denominados permisos sindicales, tanto para los empleados del sector privado como del sector público;

También la Carta Política en su artículo 123, establece que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y los reglamentos, previsión desarrollada en la Sentencia T-502 de septiembre 17 de 1998, proferida por la honorable Corte Constitucional;

El artículo 416A del Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, señaló que las organizaciones sindicales tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales, para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical;

El Decreto 2813 de 2000 en su artículo 1º, establece que los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que todas las entidades públicas de las ramas del Estado, sus órganos autónomos y sus organismos de control, la organización electoral, las universidades públicas, las entidades descentralizadas y demás dependencias del orden nacional, departamental, distrital y municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados para el cumplimiento de su gestión;

El artículo 2º ibídem señala: “Las organizaciones sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva”;

Por su parte, el artículo 3º del Decreto aludido determina: “Corresponde al nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante acto administrativo a que se refiere el presente decreto previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en las que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución.

Constituye una obligación de las entidades públicas, en el marco de la Constitución Política, atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos” (resaltado nuestro).

En Sentencia del 17 de febrero de 1994, Radicado 3840, Magistrado Ponente Carlos Arturo Orjuela Góngora, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre el particular se expresó:

“El otorgamiento de permisos sindicales, - especialmente los transitorios o temporales, no quebrantan el principio constitucional según el cual no habrá en Colombia empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. El directivo sindical tiene que cumplir, normal y habitualmente, las funciones propias del empleo oficial que desempeña; los permisos sindicales no lo liberarán de esa obligación, aunque en ocasiones sólo deba atender su tarea de manera parcial, para poder ejercitar en forma cabal su calidad de líder o directivo sindical. Lo uno no es incompatible con lo otro (...) (resaltado fuera del texto).

Otra cosa es que se pretendiera implantar esos permisos con el carácter de permanentes; (...) Empero, como ya se ha dicho, nada obsta para que los permisos temporales puedan concederse, aún dentro del ámbito de la legislación anterior a la nueva Carta Política. (...) Naturalmente, esos permisos temporales o transitorios deben ajustarse al estricto cumplimiento de funciones o actividades sindicales, porque de lo contrario, se afectaría injustificadamente el servicio público. Por ello, es lo deseable que en el propio acto administrativo que lo concede se hagan constar específicamente aquellas, a fin de evitar abusos y distorsiones que nada tengan que ver con la protección y amparo del derecho de la asociación sindical” (resaltado fuera del texto).

Que la Corte Constitucional en Sentencia T-502 de septiembre 17 de 1998, al referirse a los permisos sindicales de los servidores públicos, señaló: “son las garantías con que cuentan los servidores públicos que integran asociaciones sindicales? En principio son las mismas que se reconocen a los representantes de organizaciones sindicales conformadas por trabajadores privados: fuero, permisos, facultad de negociación, etc. Sin embargo, no puede perderse de vista, que en razón a las labores que está llamado a desempeñar el servidor público y su relación con los organismos del Estado, el vínculo existente entre estos no puede, en términos generales, equipararse con el que existe entre un empleador particular y sus trabajadores, hecho que, en sí mismo, hace que determinadas garantías que se reconocen a estos, en ejercicio de su derecho de asociación sindical puedan limitarse mas no anularse”.

“Ha de concluirse entonces, que una de las garantías que tienen las organizaciones sindicales constituidas por servidores públicos, y en especial sus representantes, tal como lo reconoce el instrumento internacional en comento, son los denominados permisos sindicales, que, como se había señalado en otro acápite de esta sentencia, pueden negarse o limitarse sólo cuando se afecte el funcionamiento de la entidad a la que pertenece el directivo sindical. Esta especial circunstancia debe ser objeto de motivación, a fin de que se conozcan las razones que llevan al nominador a considerar que la concesión de un permiso sindical determinado y no en abstracto atenta contra el servicio que presta el ente correspondiente, al no existir forma alguna de suplir la ausencia del correspondiente servidor público” (resaltado fuera del texto).

Sobre la inconveniencia del otorgamiento de permisos sindicales permanentes, en la misma providencia se manifestó:

“El otorgamiento de permisos sindicales, —especialmente los transitorios o temporales—, no quebranta el principio constitucional según el cual no habrá en Colombia empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. El directivo sindical tiene que cumplir, normal y habitualmente, las funciones propias del empleo oficial que desempeña; los permisos sindicales no lo liberan de esa obligación, aunque en ocasiones sólo deba atender su tarea de manera parcial, para poder ejercitar en forma cabal su calidad de líder o directivo sindical. Lo uno no es incompatible con lo otro.

(…).

Otra cosa es que se pretendiera implantar esos permisos con el carácter de permanentes; especialmente, mientras no exista norma clara y expresa al respecto (...).

Naturalmente, esos permisos temporales o transitorios deben ajustarse al estricto cumplimiento de funciones o actividades sindicales, porque de lo contrario, se afectaría injustificadamente el servicio público. Por ello, es lo deseable que en el propio acto administrativo que los conceda se hagan constar específicamente aquellas, a fin de evitar abusos y distorsiones que nada tengan que ver con la protección y amparo del derecho de asociación sindical.

Por otra parte, la Sala quiere decir que no se ajustan a la filosofía de esta figura —en el sector público— las prórrogas indefinidas o continuas que, sin soporte alguno, convierten esta clase de permisos en permanentes” (resaltado no es del original).

Igualmente, la oficina jurídica del Ministerio de la Protección Social mediante concepto 6185 de 21 de septiembre de 2006, sobre las condiciones para conceder permisos sindicales señaló:

“... Considera este despacho que las entidades estatales deben establecer los parámetros bajo los cuales se concederán los permisos sindicales a los servidores públicos, de conformidad con la normatividad vigente, correspondiéndole a los nominadores o funcionarios delegados para el efecto, expedir el acto administrativo de reconocimiento de los permisos sindicales, previa solicitud de los sindicatos, teniendo en cuenta tanto la atención oportuna de las peticiones que en este sentido estos eleven, como la prestación eficaz del servicio público.

Así mismo, se considera que tanto en la solicitud como en el acto que se expida reconociendo dichos permisos se deberá precisar, entre otros aspectos, el número de horas que comprenda el correspondiente permiso sindical, el nombre de los beneficiarios y dependencias donde laboran, su finalidad, duración periódica, por cuanto no pueden ser permanentes, y su distribución, recordando que para la realización de las asambleas sindicales en horas laborales se requiere, igualmente, del acto administrativo que conceda el permiso respectivo”;

Así las cosas, teniendo en cuenta que el servicio público esencial de la administración de justicia no puede ser interrumpido, toda vez que el mismo debe enmarcarse dentro del principio relacionado con la primacía del interés general, es obligación de los directivos sindicales cumplir normal y habitualmente las funciones propias del empleo oficial que desempeñan y solicitar la concesión de los permisos sindicales para los fines propios de su actividad sindical, enmarcados dentro de los parámetros legales y reglamentarios;

En atención a lo anterior, se considera necesario reglamentar al interior de la Fiscalía General de la Nación el procedimiento para la concesión de los permisos sindicales, con el fin de establecer reglas claras y justas tanto a la entidad como para los beneficiarios de los mismos;

En mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,

RESUELVE:

ART. 1º—Establecer el procedimiento para la solicitud y concesión de los permisos sindicales remunerados de que trata el artículo 2º del Decreto 2813 de 2000, para lo cual deberá adelantarse el siguiente procedimiento.

I. Las directivas de la organización sindical solicitarán el permiso sindical por escrito ante la secretaría general de la entidad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de inicio del mismo, y con el visto bueno del respectivo jefe inmediato:

II. La solicitud deberá contener:

— Actividad a desarrollar

— Nombres completos de los representantes beneficiarios del permiso

— Finalidad del permiso

— Número de horas que corresponda al permiso sindical y su distribución

— Dependencia donde labora

III. El jefe inmediato de los servidores para quien se solicita el permiso debe haber manifestado su aprobación, con el fin de garantizar que dicho permiso no afectará la eficiente y adecuada prestación del servicio.

IV. La solicitud debe contar con el soporte de la actividad que va a realizar, cuando este sea para asistir a congresos, asambleas, juntas nacionales, seminarios, foros o cursos sindicales.

PAR. 1º—El servidor que asista a los eventos señalados en el numeral IV del presente artículo, deberá presentar certificación de asistencia al jefe inmediato, con el fin de que el mismo realice control sobre el cumplimiento del objeto del permiso concedido.

PAR. 2º—Los jefes inmediatos asumirán la responsabilidad de certificar que la concesión del permiso sindical no afectará la prestación del servicio y garantizarán que quienes asistan a los eventos organizados por las organizaciones sindicales se encuentren autorizados.

(Nota: Derogada por la Resolución 2209 de 2011 artículo 6° de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 2º—El permiso sindical se concederá mediante acto administrativo que será expedido por la secretaría general, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos, para lo cual se indicará de manera precisa las fechas por las cuales se otorga.

(Nota: Derogada por la Resolución 2209 de 2011 artículo 6° de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 3º—Los permisos sindicales pueden ser negados por razones del servicio siempre y cuando los motivos sean justificados mediante actos administrativos.

(Nota: Derogada por la Resolución 2209 de 2011 artículo 6° de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 4º—El acto administrativo por medio del cual se resuelva sobre la concesión de un permiso sindical será comunicado a la respectiva organización sindical, al beneficiario del mismo a través de la dirección seccional administrativa y financiera respectiva y a la oficina de personal.

(Nota: Derogada por la Resolución 2209 de 2011 artículo 6° de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 5º—La secretaría general llevará un estricto control de los permisos sindicales concedidos a los servidores de la entidad, a fin de evitar que se vea afectada la prestación del servicio, conforme con lo dicho en la parte motiva del presente acto administrativo.

(Nota: Derogada por la Resolución 2209 de 2011 artículo 6° de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 6º—La solicitud de concesión de permisos sindicales deberá ser presentada por quien legal o estatutariamente tenga dicha facultad dentro de la organización sindical y en los términos y condiciones señalados en la presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 11 de mayo de 2007.

(Nota: Derogada por la Resolución 2209 de 2011 artículo 6° de la Fiscalía General de la Nación)

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