RESOLUCIÓN 17 DE 2000 

(Marzo 4)

El Procurador General de la Nación (E),

en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, en especial de la establecida en el artículo 277 de la Constitución Política y las previstas en los numerales 7º, 8º y 38 y en el parágrafo único del artículo 7º del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000,

(Nota: Modificada por la Resolución 456 de 2008 de la Procuraduría General de la Nación)

CONSIDERANDO:

Que es ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República e el numeral 4º del artículo primero de la Ley 573 de 2000 se expidió el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 por el cual se modificó la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación y del instituto de estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General, se dictaron normas para su funcionamiento; se modificó el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regularon las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos;

Que el Procurador General de Nación puede ejerce por sí las funciones señaladas en el artículo 277 de la Constitución política, o delegarlas en cualquier servidor público o dependencia de la entidad de conformidad con el inciso primero del parágrafo único del artículo 7º del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000;

Que el Procurador General de Nación puede expedir los actos administrativos que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley, de conformidad con la facultad prevista en el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000;

Que de conformidad con el numeral 8º del artículo 7º del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, es función del Procurador General de Nación distribuir las funciones y competencias atribuidas en la Constitución o la ley a la Procuraduría General de Nación, entre las distintas dependencias y servidores de la entidad, atendiendo criterios de especialidad, jerarquía y las calidades de las personas investigadas, cada vez que por las necesidades del servicio se requiera;

Que, igualmente conforme al numeral 38 del artículo 7º del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, el Procurador General de Nación está facultado para organizar las dependencias de la entidad para su adecuado funcionamiento y denominarlas, de acuerdo con las necesidades del servicio;

Que de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 7º del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, las procuradurías delegadas, territoriales y judiciales, ejercen las funciones y competencias que les sean asignadas, distribuidas y delegadas por el Procurador General de Nación, pudiendo asumirlas en cualquier momento o delegarlas en otros funcionarios o dependencias de la entidad o comisiones especiales disciplinarias cuando lo considere necesario;

Que con el fin de desarrollar el objeto social de la Procuraduría General de Nación se hace necesario denominar algunas dependencias de la entidad, delegar funciones y competencias del Procurador General de Nación, y distribuir y asignar competencias de la Procuraduría General de Nación,

RESUELVE:

TÍTULO I

Denominaciones de las procuradurías delegadas

ART. 1º—(Modificado).* Las competencias y funciones previstas en los artículos 23 al 36 del Decreto 262 de 2000, se delegan, distribuyen y asignan en las procuradurías delegadas que a continuación se denominan:

— Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública

— Procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia

— Procuraduría delegada para asuntos civiles

— Procuraduría delegada para asuntos laborales

— Procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos

— Procuraduría delegada para la moralidad pública

— Procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa

— Procuraduría segunda delegada para la vigilancia administrativa

— Procuraduría primera delegada para la contratación estatal

— Procuraduría segunda delegada para la contratación estatal

— Procuraduría delegada para la economía y la Hacienda Pública

— Procuraduría delegada para la Policía Nacional

— Procuraduría delegada para las Fuerzas Militares

— Procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos

— Procuraduría delegada para la vigilancia judicial y la policía judicial

— Procuraduría delegada para el Ministerio Público en asunto penales

— Procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría segunda delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría tercera delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría cuarta delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría quinta delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría sexta delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría primera delegada para la casación penal

— Procuraduría segunda delegada para la casación penal

— Procuraduría tercera delegada para la casación penal

— Procuraduría cuarta delegada para la casación penal

— Procuraduría primera delegada para la investigación y juzgamiento penal

— Procuraduría segunda delegada para la investigación y juzgamiento penal

(Nota: Modificado por la Resolución 283 de 2007 artículo 1º de la Procuraduría General de la Nación)

(Nota: Adicionado por la Resolución 175 de 2010 artículo 1º de la Procuraduría General de la Nación)

*(Nota: Modificado por la Resolución 437 de 2013 artículo 1º de la Procuraduría General de la Nación)

TÍTULO II

Delegación de funciones y competencias

ART. 2º—(Modificado).* Delegación de las funciones y competencias preventivas y de control de gestión. Deléganse las competencias preventivas y de control de gestión establecidas en el artículo 24 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública

— Procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia

— Procuraduría delegada para asuntos civiles

— Procuraduría delegada para asuntos laborales

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos

— Procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales.

— Procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales.

*(Nota: Modificado por la Resolución 437 de 2013 artículo 2º de la Procuraduría General de la Nación)

ART. 3º—(Modificado).* Delegación de funciones preventivas y de control de gestión en las procuradurías delegadas que ejercen funciones de intervención ante las autoridades judiciales. La función preventiva y de control de gestión establecida en el numeral 15 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000 la ejercen, en el ámbito de competencia previsto en esta resolución para cada una de estas dependencias, las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría primera delegada para la casación penal

— Procuraduría segunda delegada para la casación penal

— Procuraduría tercera delegada para la casación penal

— Procuraduría cuarta delegada para la casación penal

— Procuraduría primera delegada para la investigación y juzgamiento penal

— Procuraduría segunda delegada para la investigación y juzgamiento penal

— Procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría segunda delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría tercera delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría cuarta delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría quinta delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría sexta delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría delegada para asuntos civiles

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios

— Procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia

— Procuraduría delegada para asuntos laborales

(Nota: Adicionado por la Resolución 175 de 2010 artículo 2º de la Procuraduría General de la Nación)

*(Nota: Modificado por la Resolución 437 de 2013 artículo 3º de la Procuraduría General de la Nación)

ART. 4º—Delegación de las funciones y competencias disciplinarias. Deléganse las competencias disciplinarias establecidas en el artículo 25 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para la moralidad pública

— Procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa

— Procuraduría segunda delegada para la vigilancia administrativa

— Procuraduría primera delegada para la contratación estatal

— Procuraduría segunda delegada para la contratación estatal

— Procuraduría delegada para la economía y la hacienda pública

— Procuraduría delegada para la Policía Nacional

— Procuraduría delegada para las Fuerzas Militares

— Procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos

— Procuraduría delegada para la vigilancia judicial y la policía judicial

ART. 5º—Delegación de las funciones y competencias de protección y defensa de los derechos humanos. Deléganse las competencias de protección y defensa de los derechos humanos establecidas en el artículo 26 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública

— Procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia

— Procuraduría delegada para asuntos civiles

— Procuraduría delegada para asuntos laborales

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos

ART. 6º—Delegación de las funciones y competencias de intervención ante las autoridades administrativas. Deléganse las funciones y competencias de intervención ante las autoridades administrativas establecidas en el artículo 27 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública

— Procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia

— Procuraduría delegada para asuntos civiles

— Procuraduría delegada para asuntos laborales

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios

— Procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos

— Procuraduría delegada para la moralidad pública

ART. 7º—Delegación de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos penales. Deléganse las funciones y competencias de intervención judicial en procesos penales establecidas en los artículos 28 y 29 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría primera delegada para la casación penal

— Procuraduría segunda delegada para la casación penal

— Procuraduría tercera delegada para la casación penal

— Procuraduría cuarta delegada para la casación penal

— Procuraduría primera delegada para la investigación y juzgamiento penal

— Procuraduría segunda delegada para la investigación y juzgamiento penal

ART. 8º—Delegación de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos contencioso administrativos. Deléganse las funciones y competencias de intervención judicial en procesos contencioso administrativos establecidas en los artículos 28 y 30 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría segunda delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría tercera delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría cuarta delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría quinta delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría sexta delegada ante el Consejo de Estado

— Procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado

(Nota: Adicionado por la Resolución 175 de 2010 artículo 3º de la Procuraduría General de la Nación)

ART. 9º—Delegación de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos civiles. Deléganse las funciones y competencias de intervención judicial en procesos civiles establecidas en los artículos 28 y 31 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para asuntos civiles

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos

ART. 9A.—(Nota: Adicionado por la Resolución 437de 2013 artículo 4º de la Procuraduría General de la Nación)

ART. 10.—Delegación de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos agrarios. Deléganse las funciones y competencias de intervención judicial en procesos agrarios establecidas en los artículos 28 y 31 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios

ART. 11.—Delegación de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos de familia. Deléganse las funciones y competencias de intervención judicial en procesos de familia establecidas en los artículos 28 y 32 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos

ART. 12.—Delegación de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos laborales. Deléganse las funciones y competencias de intervención judicial en procesos laborales establecidas en los artículos 28 y 33 del Decreto 262 de 2000 en la procuraduría delegada para asuntos laborales.

ART. 13.—Delegación de la función de intervención en el trámite especial de tutela. Delégase la función de intervención en el trámite especial de tutela establecida en el parágrafo único del artículo 28 del Decreto 262 de 2000 en los procuradores delegados que ejercen funciones de intervención ante las autoridades judiciales.

ART. 14.—Delegación de la función y competencia de intervención ante el Consejo Superior de la Judicatura. Delégase la función y competencia para intervenir en los procesos disciplinarios que adelante el Consejo Superior de la Judicatura contra servidores públicos de la rama judicial establecida en el artículo 34 del Decreto 262 de 2000 en la procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales.

ART. 15.—Delegación de la función y competencia disciplinaria ante el Congreso de la República. Delégase la función y competencia para intervenir len los procesos disciplinarios que adelante el Congreso de la República en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría primera delegada para la investigación y el juzgamiento penal

— Procuraduría segunda delegada para la investigación y el juzgamiento penal

ART. 16.—(Modificado).* Delegación de la función de coordinación de la intervención de las autoridades judiciales. Delégase la función de coordinación establecida en el artículo 36 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales

— Procuraduría delegada para el menor y la familia

— Procuraduría delegada para asuntos civiles

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios

— Procuraduría delegada para asuntos laborales

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos

— Procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado

(Nota: Véase Resolución 359 de 2002 de la Procuraduría General de la Nación)

(Nota: Adicionado por la Resolución 175 de 2010 artículo 4º de la Procuraduría General de la Nación)

*(Nota: Modificado por la Resolución 437 de 2013 artículo 5º de la Procuraduría General de la Nación)

TÍTULO III

Distribución de funciones y competencias entre las distintas procuradurías delegadas

ART. 17.—Criterios para la distribución de las funciones y competencias entre las distintas procuradurías delegadas. Las funciones y competencias delegadas por el Procurador General de la Nación en las distintas procuradurías delegadas se distribuyen entre ellas, atendiendo los siguientes criterios de especialidad, jerarquía y calidades de las personas investigadas.

ART. 18.—(Modificado).* Distribución de las funciones y competencias preventivas y de control de gestión. Las funciones y competencias preventivas y de control de gestión se distribuyen internamente así:

La procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, salvo que estén atribuidas a otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación.

La procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 3º, 5º, 6º y 7º del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, en los asuntos en los cuales se vean involucrados intereses de los menores, adolescentes, incapaces y la institución familiar.

La procuraduría delegada para asuntos civiles ejerce las funciones y competencias preventivas relacionadas con los asuntos civiles establecidas en los numerales 1º, 5º, 8º y 15 del artículo 24 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter civil.

La procuraduría delegada para asuntos laborales ejerce las funciones preventivas establecidas en los numerales 1º, 5º, 7º y 15 del artículo 24 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter laboral.

La procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios ejerce las funciones preventivas establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º y 12 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, relacionadas con los asuntos ambientales y agrarios.

La procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º, 9º y 12 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, cuando se vean involucrados los derechos de las minorías étnicas y cuando se trate de la defensa de los derechos humanos de cualquier ciudadano.

La procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1º, 2º, 6º, 9º, y 12 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, cuando se trate de asuntos relacionados con la descentralización y las entidades territoriales.

La procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1º, 7º y 14 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, cuando se trate de asuntos relacionados con la intervención en los procesos penales.

(Nota: Modificado el inciso 1° del presente artículo por la Resolución 213 de 2010 artículo 5° de la Procuraduría General de la Nación)

(Nota: Modificado el inciso 4° del presente artículo por la Resolución 257 de 2012 artículo 1° de la Procuraduría General de la Nación)

*(Nota: Modificado por la Resolución 437 de 2013 artículo 6º de la Procuraduría General de la Nación)

ART. 19.—Distribución de las funciones y competencias disciplinarias. Deléganse las funciones y competencias disciplinarias establecidas en el artículo 25 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

Cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios, comprendiendo todos los requisitos y procedimientos presupuestales, hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan, la procuraduría delegada para la moralidad pública asume las funciones y competencias disciplinarias establecidas en los literales a), b) c), k), l) y m) del numeral 1º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000; y en el literal i) exclusivamente en lo que se refiere al director nacional y los directores seccionales de la administración de justicia, del numeral 1º del artículo 25 del mismo decreto, así como las funciones y competencias establecidas en los numerales 4º, 5º, 6º, 7º, 10 y 11 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000.

Salvo que estén asignadas a otra dependencia de la Procuraduría General de la Nación, las procuradurías primera y segunda delegadas para la vigilancia administrativa asumen las funciones y competencias disciplinarias establecidas en los literales a), b), c), k) y l) del numeral 1º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000; y en el literal i) exclusivamente en lo que se refiere al director nacional y los directores seccionales de la administración de justicia, del numeral 1º del artículo 25 del mismo decreto, así como las funciones y competencias establecidas en los numerales 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, del artículo 25 del Decreto 262 de 2000.

Cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios, comprendiendo todos los requisitos y procedimientos presupuestales, hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan, las procuradurías primera y segunda delegadas para la contratación estatal asumen las funciones y competencias disciplinarias establecidas en los literales a), b), c), k), l) y m) del numeral 1º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000; y en el literal i) en lo que se refiere al director nacional y los directores seccionales de la administración de justicia, del numeral 1º del artículo 25 del mismo decreto, así como las funciones y competencias establecidas en los numerales 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000.

Cuando se trate de conductas relacionadas con la hacienda pública, planes de desarrollo y todas las demás formas de intervención del Estado en la economía, lo cual comprende las siguientes materias:

1. Preparación, presentación, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo económico y social.

2. Preparación, presentación, discusión, aprobación, sanción, liquidación, ejecución, modificación, y control del presupuesto.

3. Manejo del tesoro público e inversiones y de los recursos parafiscales.

4. Administración y utilización de los recursos provenientes de monopolios, regalías y transferencias de la Nación a las entidades territoriales, de rentas de destinación específica y de los fondos cuenta.

5. Crédito público y capacidad de pago.

6. Contabilidad pública.

7. Intervención en la economía nacional y

8. Régimen tributario.

La procuraduría delegada para la economía y la hacienda pública asume las funciones y competencias disciplinarias establecidas en los literales a), b), c), k) y l) del numeral 1º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000; y en el literal i) exclusivamente en lo que se refiere al director nacional y los directores seccionales de la administración de justicia, del numeral 1º del artículo 25 del mismo decreto, así como las funciones y competencias establecidas en los numerales 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000.

La procuraduría delegada para la Policía Nacional asume las funciones y competencias disciplinarias establecidas en el literal d) del numeral 1º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en lo que se refiere a los oficiales superiores de la Policía Nacional, salvo lo asignado expresamente a la procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos; además asume las funciones y competencias previstas en los numerales 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 cuando se trate de asuntos relacionados con la Policía Nacional.

La procuraduría delegada para las fuerzas militares asume las funciones y competencias disciplinarias establecidas en el literal d) del numeral 1º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en lo que se refiere a los oficiales superiores de las fuerzas militares, salvo lo asignado expresamente a la procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos; además asume las funciones y competencias previstas en los numerales 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 cuando se trate de asuntos relacionados con las fuerzas militares.

La procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos asume las funciones y competencias disciplinarias establecidas en los numerales 2º, 3º, 5º, 6º y 7º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000.

Cuando se trate de asuntos relacionados con la policía judicial y los funcionarios de la rama judicial y de la justicia penal militar, la procuraduría delegada para la vigilancia judicial y la policía judicial asume las funciones y competencias disciplinarias establecidas en el literal a) cuando se trate de servidores públicos que cumplan funciones de policía judicial, en los literales e), f) g), h) y j) del numeral 1º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000; y en el literal i) exclusivamente en lo referente a los jueces de conocimiento de la justicia penal militar y auditores superiores y principales de guerra, del numeral 1º del artículo 25 del mismo decreto, y en los numerales 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000.

PAR.—Distribución especial de competencias por razón de la materia. Cuando en una misma actuación disciplinaria, en primera o segunda instancia, deban investigarse y fallarse conductas sometidas a la competencia de los procuradores delegados para la vigilancia administrativa, contratación estatal, economía y la hacienda pública y la moralidad pública, se procederá de la siguiente manera mientras subsista la conexidad entre las diferentes conductas:

1. Cuando se trate de competencia de estas delegadas, conocerá la delegada para la economía y la hacienda pública.

Cuando se trate de competencia de las procuradurías delegadas para la vigilancia administrativa, la moralidad pública y la contratación estatal, conocerá esta última.

ART. 20.—Distribución de las funciones y competencias de protección y defensa de los derechos humanos. Las funciones y competencias de protección y defensa de los derechos humanos que se delegan en esta resolución se distribuyen entre las siguientes procuradurías delegadas, así:

La procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 6º y 10 del artículo 26 del Decreto 262 de 2000 cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico.

La procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º, 7º y 10 del artículo 26 del Decreto 262 de 2000 en los asuntos en los cuales se vean involucrados intereses de los menores, adolescentes, incapaces y la institución familiar.

La procuraduría delegada para asuntos civiles ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 6º y 10 del artículo 26 del Decreto 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter civil.

La procuraduría delegada para asuntos laborales ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 6º y 10 del artículo 26 del Decreto 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter laboral.

La procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 6º y 10 del artículo 26 del Decreto 262 de 2000, cuando se trate de asuntos ambientales y agrarios.

La procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 del artículo 26 del Decreto 262 de 2000 cuando se trate de la defensa de los derechos humanos de cualquier ciudadano.

ART. 21.—Distribución de las funciones de intervención ante las autoridades administrativas. La intervención ante las autoridades administrativas está distribuida entre las procuradurías delegadas a las cuales se les delegó esta función, atendiendo criterios de materia y especialidad, así:

La procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública cuando esta función no esté atribuida a otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación.

La procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia en los asuntos en los cuales se vean involucrados intereses de los menores adolescentes, incapaces y la institución familiar.

La procuraduría delegada para asuntos civiles cuando se trate de asuntos de carácter civil.

La procuraduría delegada para asuntos laborales cuando se trate de asuntos de carácter laboral.

La procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios cuando se trate de asuntos ambientales y agrarios.

La procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales cuando se trate de asuntos relacionados con la descentralización y las entidades territoriales.

La procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos cuando se trate de la defensa de los derechos humanos de cualquier ciudadano.

ART. 22.—Distribución de las funciones de intervención judicial en procesos penales. Las funciones y competencias de intervención judicial en procesos penales se distribuyen entre las distintas procuradurías delegadas así:

Las procuradurías primera, segunda, tercera y cuarta delegadas para la casación penal ejercen las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º y 3º del artículo 29 del Decreto 262 de 2000.

Las procuradurías primera y segunda delegadas para la investigación y el juzgamiento penal ejercen las funciones y competencias establecidas en los numerales 2º, 4º, 5º, 6º del artículo 29 del Decreto 262 de 2000, así como las establecidas en numeral 7º de la misma norma, excepto cuando se trate del juzgamiento que promueva el Senado contra el Presidente de la República.

ART. 23.—Distribución de las competencias de intervención judicial en procesos contencioso administrativos. Las funciones y competencias de intervención en procesos contencioso administrativos establecidas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 del artículo 30 del Decreto 262 de 2000 se distribuyen en las siguientes procuradurías delegadas:

La procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado ejerce las funciones ante la sección primera.

Las procuradurías segunda y tercera delegadas ente el Consejo de Estado ejercen las funciones ante la sección segunda.

Las procuradurías cuarta y quinta delegadas ante el Consejo de Estado ejercen las funciones ante la sección tercera.

La procuraduría sexta delegada ante el Consejo de Estado ejerce las funciones ante la sección cuarta.

La procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado ejerce las funciones ante la sección quinta.

(Nota: Adicionado y modificado por la Resolución 175 de 2010 artículo 5º de la Procuraduría General de la Nación)

(Nota: Adicionado y modificado por la Resolución 194 de 2011 artículo 1º de la Procuraduría General de la Nación)

ART. 24.—Distribución de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos civiles. Las funciones y competencias de intervención judicial en procesos civiles establecidas en los artículos 28 y 31 del Decreto 262 de 2000 se distribuyen entre las siguientes procuradurías delegadas, atendiendo criterios de especialidad, jerarquía y calidades de las personas investigadas.

La procuraduría delegada para asuntos civiles ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 31 del Decreto 262 de 2000 cuando se trate de asuntos de carácter civil.

La procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º y 3º del artículo 31 del Decreto 262 de 2000 cuando se trate de asuntos en los que se vean involucrados derechos de los grupos étnicos.

ART. 24A.—(Nota: Adicionado por la Resolución 437de 2013 artículo 7º de la Procuraduría General de la Nación)

ART. 25.—Distribución de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos agrarios. Las competencias y funciones de intervención judicial en procesos agrarios establecidas en el artículo 28 y en los numerales 1º y 3º del artículo 31 del Decreto 262 de 2000 se ejercen por la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios.

ART. 26.—Distribución de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos de familia. Las funciones y competencias de intervención judicial en procesos de familia establecidas en los artículos 28 y 32 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

La procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º y 2º del artículo 32 del Decreto 262 de 2000.

La procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos ejerce las funciones establecidas en los numerales 1º y 2º del artículo 32 del Decreto 262 de 2000, cuando se vean involucrados los derechos de los menores, adolescentes e incapaces de los grupos étnicos.

ART. 27.—Distribución de las funciones y competencias de intervención judicial en procesos laborales. Las funciones y competencias de intervención judicial en procesos laborales establecidas en los numerales 1º y 2º del artículo 33 del Decreto 262 de 2000 las ejerce la procuraduría delegada para asuntos laborales.

ART. 28.—Distribución de la competencia disciplinaria ante el Congreso de la República. La competencia para intervenir en los procesos disciplinarios que adelante el Congreso de la República la ejercen las procuradurías delegadas para la investigación y el juzgamiento penal.

ART. 29.—(Modificado).* Distribución de la función de coordinación de la intervención de las autoridades judiciales. La función de coordinación establecida en el artículo 36 del Decreto 262 de 2000 se distribuye dependiendo de la especialidad de los procuradores judiciales que coordinan, en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales

— Procuraduría delegada para el menor y la familia

— Procuraduría delegada para asuntos civiles

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios

— Procuraduría delegada para asuntos laborales

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos

— Procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado

*(Nota: Modificado por la Resolución 437 de 2013 artículo 8º de la Procuraduría General de la Nación)

TÍTULO IV

Delegación y distribución de competencias y funciones entre las distintas procuradurías judiciales

ART. 30.—(Modificado).* Denominación y delegación de funciones en las procuradurías judiciales. Las competencias y funciones previstas en los artículos 37 al 48 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 se delegan, distribuyen y asignan en las siguientes procuradurías judiciales:

— Procuradurías judiciales penales I y II

— Procuradurías judiciales laborales I

— Procuradurías judiciales de familia I y II

— Procuradurías judiciales civiles I y II

— Procuradurías judiciales agrarias I y II

— Procuradurías judiciales para asuntos administrativos II

*(Nota: Modificado por la Resolución 437 de 2013 artículo 9º de la Procuraduría General de la Nación)

ART. 31.—(Modificado).* Criterios para la distribución de las competencias y funciones entre las distintas procuradurías judiciales. Las funciones establecidas en los artículos 37 al 48 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 se ejercen por las diferentes procuradurías judiciales penales I y II, procuradurías judiciales laborales I, procuradurías judiciales de familia I y II, procuradurías judiciales civiles I y II, procuradurías judiciales agrarias II y procuradurías judiciales para asuntos administrativos II atendiendo criterios de especialidad, jerarquía y calidades de las personas investigadas.

*(Nota: Modificado por la Resolución 437 de 2013 artículo 10 de la Procuraduría General de la Nación)

TÍTULO V

Disposiciones finales

ART. 32.—Vigencia. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 4 de marzo de 2000.

(Nota: Modificada por la Resolución 456 de 2008 de la Procuraduría General de la Nación)

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