RESOLUCIÓN 1708 DE 2000 

(Julio 18)

“Por medio de la cual se revoca la Resolución 0684 de 2000”.

El Presidente de la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. Ecosalud S.A.,

en uso de las facultades conferidas por los artículos 49 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 10 de 1990 en su artículo 42, modificado por el artículo 285 de la Ley 100 de 1993 declaró como arbitrio rentístico de la Nación la explotación monopólica en beneficio del sector salud, de todas las modalidades de juegos de suerte y azar, diferentes de las loterías, apuestas permanentes y rifas menores y el artículo 43 de la misma ley autorizó la constitución y organización de una sociedad de capital público de la cual son socias la Nación, los departamentos o sus entidades descentralizadas titulares de los monopolios rentísticos de las loterías existentes y cuyo objeto sea la explotación y administración del monopolio rentístico creado mediante dicha norma.

El Decreto 2433 de 1991, reglamentario del artículo 43 de la citada ley, consagra la facultad de Ecosalud S.A., de regular la operación del monopolio de que trata la mencionada ley.

Lo recaudado por Ecosalud S.A., como explotadora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar son de destinación específica para el sector salud de conformidad con el artículo 336 de la Constitución Política, los artículos 42 y 43 de la Ley 10 de 1990, el artículo 285 de la Ley 100 de 1993, los decretos 1434 de 1990, 2433 de 1991 y 271 de 1991 y el Acuerdo 04 de 1993.

La Resolución 1759 de diciembre 27 de 1995 dispone que “Adicional a las transferencias mensuales al sector salud; los derechos de explotación de Ecosalud S.A. para juegos intermedios y menores se liquidarán como las tres catorceavas partes (3/14) de las transferencias totales al sector salud suma ésta que corresponde al período de duración del permiso de explotación los cuales no serán reembolsables”.

La Resolución 1600 de agosto 26 de 1999 “por la cual se fija la tarifa por derechos de explotación de juegos clasificados como mayores y/o novedosos” y en su artículo 1º dice: “... Adicional a las transferencias al sector salud, de que trata el artículo 43 de la Ley 10 de 1990, Ecosalud S.A., podrá exigir durante el período del permiso de explotación, el pago de una suma hasta de 3/14 partes de las transferencias al sector, como derechos de explotación.

El Decreto 2433 de 1991 por el cual se reglamentó parcialmente el artículo 43 de la Ley 10 de 1990 consagra en su artículo 2º literal a) que “corresponde a la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. Ecosalud S.A., en relación con la administración del monopolio rentístico constituido por la Ley 10 de 1990: Fijar la política para la explotación de juegos de suerte y azar de que trata la Ley 10 de 1990.

Es obvio que dentro de lo que ordena el Decreto 2433 de 1991 en el literal transcrito en el párrafo anterior está el recaudo de las 3/14 partes de las transferencias como derechos de explotación como una política de la entidad que le permita satisfacer necesidades básicas de su funcionamiento.

El Decreto 271 de 1991, aprobatorio de los estatutos de Ecosalud S.A., manifiesta que “La Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A., será una sociedad entre entidades públicas del orden nacional, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio...”.

De conformidad con el aparte del Decreto 271 transcrito anteriormente y en procura de cumplir con lo referente a la autonomía administrativa y al patrimonio propio, figuras también aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado, ha sido necesidad de imperioso cumplimiento destinar el porcentaje que representan los derechos de explotación para cubrir los gastos de administración de la empresa tales como la planta de personal y otras actividades de tipo logístico, entre otros rublos que son de fundamental importancia para el cumplimiento del objeto social que, reiteramos, consiste en la administración y explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar diferentes de las loterías, apuestas permanentes y rifas menores, dentro, claro está de los límites de la Constitución y la ley.

Con el fin de cumplir cabalmente con el postulado legal que la creó, así como defender los cometidos estatales y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados e igualmente fiel a garantizar principios de economía, celeridad y eficiencia que deben caracterizar las actuaciones de la administración Ecosalud S.A., debe mantener una seguridad económica que le permita cumplir con los postulados enunciados y para ello es fundamental que el recaudo de los derechos de explotación, cuyo hecho generador es la autorización para explotar un determinado juego y el control y vigilancia que se desprende de tal autorización, se cancelen anticipadamente a la emisión del permiso de explotación o suscripción del contrato pues esto, además de las razones que se han esgrimido anteriormente, fortalece financieramente a la entidad para enfrentar cualquier contingencia de tipo administrativo que se presente.

Jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la posibilidad de la revocatoria de los actos de carácter general en sentencia de mayo 5 de 1981 la sala constitucional sostuvo lo siguiente: “La facultad revocatoria de la administración respecto del acto general o acto – regla, según Duguit, es un atributo de la autoridad que, lato sensu, no está causalmente vinculado o condicionado a ninguna clase de irregularidades o vicios jurídicos del acto objeto de la revocación. Ésta se produce no porque el acto esté viciado, adolezca de alguna tacha o en alguna manera repugne al ordenamiento jurídico. La abrogación o derogación del acto general (que no a otra cosa equivale su revocatoria) generalmente obedece a que hechos o circunstancias sobrevinientes distintos o aún contrarios a los que determinaron su expedición, tórnando incompatible con el interés general u opuesto al bien común... el fenómeno brevemente descrito, concretado en la adecuación del acto a las exigencias sociales, o sea al mantenimiento o desaparición de los atributos de sus atributos de oportunidad y convivencia para satisfacer el interés público, ha sido llamado por la doctrina la cuestión de mérito del acto, la que junto con la cuestión de la legitimidad, que es el ajuste del acto al derecho, constituyen los ingredientes claves para distinguir los conceptos de revocación y de anulación. De estos se siguen consecuencias que aquí apenas cabe esbozar”.

En mérito expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Revocar la Resolución 0684 de abril 5 de 2000.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de su promulgación.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 18 de julio de 2000.

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