Comisión de Regulación de Energía y Gas

RESOLUCIÓN 175 DE 2015

(Octubre 23)

“Por la cual se modifica una norma sobre registro de contratos de energía establecida en la Resolución CREG 157 de 2011”.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:

Según la Ley 143 de 1994, artículo 4º, el Estado, en relación con el servicio de electricidad, tendrá como objetivos en el cumplimiento de sus funciones, los de abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país; asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector y mantener los niveles de calidad y seguridad establecidos.

La Ley 143 de 1994, artículo 20, definió como objetivo fundamental de la regulación en el sector eléctrico, asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.

La regulación es una actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada caso, como a permitir el flujo de actividad socio-económica respectivo. De esto hace parte igualmente el seguimiento del comportamiento de los agentes, a fin de orientar sus actividades dentro de los fines perseguidos en materia de servicios públicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994(1).

Así mismo, se ha precisado por parte de la jurisprudencia constitucional que, las medidas regulatorias que se adopten deben propender tanto por la convergencia entre los intereses colectivos que persigue la prestación de los servicios públicos, como por aquellos intereses de las empresas en relación con la competencia, la iniciativa privada y la libertad de empresa, entendidas como la existencia de “relaciones jurídicas de equilibrio entre usuarios y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios”(2).

Dicha convergencia a través de los mecanismos regulatorios debe garantizar el equilibrio entre la libertad económica (incentivo económico), la promoción de intereses colectivos concretos y la prestación de servicios públicos, es decir, la regulación ha de propender por hacer compatibles los intereses privados, que actúan como motor de la actividad económica, con la satisfacción de las necesidades colectivas(3). Sobre este punto expone la Corte:

“Los órganos de regulación han de ejercer sus competencias con miras a alcanzar los fines que justifican su existencia en un mercado inscrito dentro de un Estado social y democrático de derecho. Estos fines se pueden agrupar en dos clases, a pesar de su variedad y especificidad. La primera clase comprende los fines sociales que el mercado por sí mismo no alcanzará, según las prioridades de orden político definidas por el legislador y de conformidad con el rango temporal que este se ha trazado para alcanzarlos. La segunda clase abarca los fines económicos atinentes a procurar que el mercado funcione adecuadamente en beneficio de todos, no de quienes dentro de él ocupan una posición especial de poder, en razón a su predominio económico o tecnológico o en razón a su acceso especial al proceso de toma de decisiones públicas tanto en el órgano legislativo como en los órganos administrativos clásicos”.

(…).

La regulación, en tanto que mecanismo de intervención del Estado, busca garantizar la efectividad de los principios sociales y el adecuado funcionamiento del mercado (…)”(4) (resaltado fuera de texto).

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, con respecto al alcance de las facultades regulatorias con las que cuenta esta Comisión, la Honorable Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

“Por último, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 consagra un catálogo amplio y detallado de las (26) funciones y facultades generales atribuidas a las comisiones de regulación para el cumplimiento de las tareas asignadas, con el objeto de (i) regular los monopolios cuando la competencia no sea posible, (ii) promover la competencia entre los prestadores de servicios públicos, (iii) garantizar que las operaciones sean económicamente eficientes, (iv) evitar abuso de la posición dominante y (v) asegurar servicios de calidad.

Los fines y parámetros a los que aluden estas normas, antes que genéricos e indeterminados, comprenden una enunciación detallada y concreta dirigida al cumplimiento de las metas de la regulación en servicios públicos. Metas que, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional, no son exclusivamente económicas sino que también buscan asegurar ‘la compatibilidad de un mercado eficiente con los principios del Estado social de derecho, dentro de una democracia participativa en la cual los derechos de todos los usuarios sean efectivamente protegidos y garantizados’” (resaltado fuera de texto).

Actualmente la Resolución CREG 157 de 2011 establece una serie de requisitos que deben ser verificados por el ASIC para llevar a cabo el registro de contratos de largo plazo.

Así mismo, se deben tener en cuenta que en el país se están presentando condiciones de caudales bajos en los ríos a causa de la presencia del Fenómeno de “El Niño”, que han derivado en mayores precios en la bolsa de energía que afectan a los agentes que compran en bolsa. De acuerdo con lo anterior, se entiende que en la medida en la que un agente registre contratos de compra de energía disminuye su exposición en bolsa, por lo que se considera conveniente flexibilizar uno de los requisitos exigidos para el registro de contratos a largo plazo previstos en el artículo 15 de la Resolución CREG 157 de 2011.

Es por esto que las medidas regulatorias que hacen parte de la presente resolución, con el propósito de reducir la exposición en bolsa por parte de estos agentes, se expiden atendiendo los fines y objetivos previstos en las leyes 142 y 143 de 1994(5), a fin de garantizar la prestación eficiente del servicio público de energía eléctrica, el buen funcionamiento del mercado, los fines sociales del Estado(6), así como la satisfacción del interés general; esto, sin afectar, ni alterar los riesgos a los que se enfrenta el mercado de energía y los agentes en materia de garantías, de la misma forma que atiende la situación energética actual, la cual requiere de medidas e instrumentos que permitan, entre otras, la continuidad en la prestación del servicio.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010(7), reglamentario de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 9° del Decreto 2696 de 2004(8) y el numeral 4º del artículo 1º de la Resolución CREG 097 de 2004, la comisión decidió por unanimidad no someter la presente resolución a las disposiciones sobre publicidad de proyectos de regulación previstas en el citado decreto, debido a la existencia de razones de orden económico, de conveniencia general y de oportunidad, toda vez que de no adoptar estas medidas en relación con el registro de estos contratos, no permitiría gestionar en debida forma el riesgo por parte de los agentes en el mercado con respecto a su exposición en bolsa, situación que tiene la capacidad de afectar de manera grave la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica a los usuarios de dichos agentes. Lo anterior, más aún con la situación energética actual en relación con los efectos generados por el fenómeno de “El Niño”.

Los análisis y las consideraciones frente a las medidas adoptadas en la presente resolución se encuentran consignados en el Documento CREG 116 de 2015.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 682 del 23 de octubre de 2015, acordó expedir la presente resolución.

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el artículo 15 de la Resolución CREG 157 de 2011 el cual queda así:

ART. 15.—Solicitud de registro de contratos de largo plazo. La solicitud de registro de un contrato de energía de largo plazo deberá presentarse ante el ASIC, por cualquiera de las partes, a más tardar el quinto día calendario anterior a la fecha de cálculo de los mecanismos de cubrimiento que el comercializador debe constituir, sean estos mensuales o semanales. El solicitante deberá señalar en forma clara la fecha que solicita para el registro del contrato.

Para dar inicio al trámite de registro de un contrato de energía de largo plazo el ASIC verificará que las partes que intervienen en el contrato cumplan los siguientes requisitos:

1. No tener obligaciones vencidas que resulten de la facturación que efectúen el ASIC y el LAC de acuerdo con la regulación vigente.

2. No encontrarse incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación.

1. Diligenciar los formatos definidos por el ASIC para el registro de contratos de largo plazo.

2. Presentar al ASIC un contrato que contenga reglas claras para determinar hora a hora, durante la vigencia del contrato, las cantidades de energía exigibles y el precio respectivo.

El ASIC no dará inicio al trámite de registro de una frontera comercial cuando el agente solicitante no cumpla uno o varios de los requisitos establecidos en este artículo.

PAR. 1º—En caso de que el comprador se encuentre incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación, el ASIC podrá dar inicio al trámite de registro de un contrato de compra de este agente. Este evento no aplicará para el caso en que el vendedor de dicho contrato se encuentre incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación.

Para lo previsto en el presente parágrafo, el ASIC definirá la oportunidad para que el agente presente la solicitud de registro y adicionalmente hará los respectivos ajustes de los valores a garantizar en el mercado mayorista.

PAR. 2º—El último día calendario de cada mes, el ASIC publicará estadísticas con la información contenida en las solicitudes de registro de contratos.

ART. 2º—Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 23 de octubre de 2015.

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2006.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-353 de 2006.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003.

(5) En relación con el alcance y las finalidades que persigue el ejercicio de la facultad de regulación por parte de las Comisiones de Regulación, ver entre otras las sentencias de la Honorable Corte Constitucional C-150 de 2003, C-1162 de 2000, C-186 de 2011.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2006, Sentencia C-150 de 2003, C-1120-05 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección primera, Consejero ponente: doctor: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009), Núm. Rad.: 11001 032400020040012301.

(7) Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

(8) Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.13.1 y siguientes del Decreto 1078 de 2015.