RESOLUCIÓN 1750 DE 2000 

(Septiembre 12)

“Por la cual se modifica el procedimiento para la recolección, registro y difusión de los datos del sistema de información sobre antecedentes y anotaciones, SIAN”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 250 y 251 de la Constitución Política; y el Decreto-Ley 261 del 22 de febrero de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 1º del artículo 17 del Decreto 261 de 2000, faculta al fiscal general para expedir reglamentos y procedimientos que conduzcan a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía General de la Nación;

Que así mismo el numeral 8º del artículo 17, faculta al Fiscal General de la Nación para expedir los manuales de procedimientos administrativos y de normas técnicas a las que se deben someter los funcionarios de la Fiscalía General y quienes cumplen funciones de policía judicial;

Que los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 24 del Decreto 261 de 2000, facultan al centro de información sobre actividades delictivas para organizar y controlar la recolección, registro, análisis y difusión de la información requerida como soporte al desarrollo de las investigaciones que deba adelantar la fiscalía, así como para organizar la recolección y el procesamiento de la información básica para las investigaciones criminales;

Que el artículo 378 del Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991, señala los requisitos que debe tener una orden escrita de captura, estableciendo el procedimiento a seguir para el registro y almacenamiento de estos datos por parte de los organismos de policía judicial y el sistema central que lleve la Fiscalía General de la Nación;

Que de conformidad con el artículo 378 del Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991 será causal de mala conducta para el funcionario la omisión de dar aviso sobre órdenes de captura;

Que el inciso 4º del artículo 384 del Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991, ordena dar aviso inmediato de la cancelación de las órdenes de captura a la Fiscalía General de la Nación quien a su vez informará a los organismos de policía judicial que lleven un registro de las mismas;

Que el artículo 413 del Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991, dispone la obligación por parte de los funcionarios judiciales, de informar a las direcciones de fiscalía correspondientes, las medidas de aseguramiento que impongan, sustituyan o revoquen, so pena de las sanciones previstas en el artículo 258 del Código de Procedimiento Penal;

Que el inciso 2º del artículo 39 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 7º la Ley 81 de 1993, obliga a la Fiscalía General de la Nación a llevar un registro de las preclusiones de la instrucción o cesaciones de procedimiento por indemnización integral;

Que con ocasión de la modificación técnica que se efectuó al sistema de información sobre antecedentes y anotaciones, SIAN de la Fiscalía General de la Nación, se hace necesario revisar el procedimiento a través del cual se está realizando la recolección y el registro de los datos que alimenta la base nacional, con miras a la optimización de los recursos y a la mayor veracidad de la información;

Que en virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—El fiscal al proferir una orden de captura debe diligenciar para ello de la manera más completa posible el formato único para la expedición de órdenes de captura, y remitir inmediatamente o a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, una copia del mismo a cada uno de los organismos que cumplen funciones de policía judicial —cuerpo técnico de investigación, CTI, Policía Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad, DAS— y para su registro en el sistema de información sobre antecedentes y anotaciones, SIAN, a la dirección de fiscalías correspondiente. Las dos copias finales deben anexarse al expediente.

ART. 2º—Una vez cesen los motivos que dieron lugar a la expedición de la orden de captura, el fiscal debe cancelarla de manera inmediata. Para este efecto, debe ubicar el formato de la orden de captura que reposa en el expediente, diligenciar la sección correspondiente a la cancelación y enviar el folio para su registro en el sistema de información sobre antecedentes y anotaciones, SIAN, a la dirección de fiscalías correspondiente, para que se registren y almacenen los datos. Registrada la información en el sistema, el director de fiscalías o quien éste delegue, informará de la cancelación a los organismos de policía judicial que lleven un registro de las mismas —cuerpo técnico de investigación, CTI, Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad, DAS—. La copia final del formato quedará como constancia en el expediente.

ART. 3º—El fiscal debe informar acerca de la imposición de una medida de aseguramiento inmediatamente o a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la dirección de fiscalías correspondiente, en el formato preimpreso que para tal efecto ha sido diseñado y distribuido por el centro de información sobre actividades delictivas, y que identifica la decisión con un número único a nivel nacional. Fotocopia del formato diligenciado, debe anexarse al expediente.

ART. 4º—El fiscal que sustituya o revoque una medida de aseguramiento, debe informar inmediatamente o a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la dirección de fiscalías correspondiente, en el formato que para tal efecto ha sido diseñado y distribuido por el centro de información sobre actividades delictivas, teniendo en cuenta que para diligenciar dicho formato, debe indicar el número único de medida de aseguramiento que pretende modificar, el cual reposa en el expediente.

ART. 5º—El fiscal que precluya la investigación por indemnización integral señalada en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, debe informar a la dirección de fiscalías correspondiente, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de tal decisión, en el respectivo formato que para tal efecto ha sido diseñado y distribuido por el centro de información sobre actividades delictivas.

ART. 6º—En cada dirección de fiscalías se digitará diariamente la información que envíen los diferentes fiscales adscritos a éstas y los jueces de la respectiva jurisdicción, con el fin de mantener constantemente actualizada la información en la base central, y remitir los oficios de cancelación de órdenes de captura a la Policía Nacional, al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al cuerpo técnico de investigación (CTI), debidamente suscritos.

ART. 7º—El centro de información sobre actividades delictivas, en coordinación con las direcciones de fiscalías, implementará de manera periódica la realización de procesos de depuración de la información contenida en la base de datos. Para tal efecto, las autoridades judiciales deben aportar la mayor cantidad de información en los formatos diseñados para la realización de dicha labor.

ART. 8º—El incumplimiento de las obligaciones y términos señalados en esta resolución, así como de las disposiciones dadas en el manual de procedimientos registro y control de la información sistema de información sobre antecedentes y anotaciones, SIAN 2000, por los directores de fiscalía, los fiscales de conocimiento y los servidores encargados de digitar y enviar la información a todos los niveles, acarreará las sanciones disciplinadas que correspondan, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 200 de 1995, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 378 y 384 del Decreto 2700 de 1991, según sea el caso. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal y patrimonial a que hubiere lugar.

ART. 9º—El presente acto administrativo deroga a la Resolución 1187 de junio 2 de 1998 y rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 12 de septiembre de 2000.

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