Fondo Nacional del Ahorro

RESOLUCIÓN 176 DE 2013 

(Julio 24)

“Por medio de la cual se implementa el programa para la extinción de cartera que se encuentre en Categoría “E”, castigada y saldos insolutos”.

El Presidente del Fondo Nacional del Ahorro, “Carlos Lleras Restrepo”,

en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por la Ley 432 de 1998, 819 de 2003, los decretos 1454 de 1998 y 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 432 de 1998, se cambió la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro, transformándose en empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial.

Que la citada ley señaló como objeto de esta empresa: “contribuir a la solución del problema de vivienda y educación de los mismos”, para la realización de esto, tiene la facultad de otorgar créditos a sus afiliados, operación esta que ha venido haciendo desde su creación.

Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, estableció que las entidades financieras de carácter público al efectuar reestructuraciones de créditos, rebajas o condonaciones de intereses a sus deudores morosos, deberán realizarlo conforme a las condiciones generales del mercado financiero y con la finalidad de recuperar su cartera, evitar el deterioro de su estructura financiera y presupuestal y propender por la defensa, rentabilidad y recuperación del patrimonio público.

Que la Contraloría General de la República, en Concepto 14204 del 21 de mayo de 2004, agregó sobre el tema que: “tratándose de entidades financieras de carácter público al efectuar rebajas de intereses a sus deudores morosos, deben someterse a unas condiciones generales del mercado financiero con la finalidad de recuperar su cartera, evitar el deterioro de su estructura financiera y presupuestal y propender por la defensa, rentabilidad y recuperación del patrimonio público, en cumplimiento de las directrices que para el efecto le señale la Superintendencia Financiera”.

Que la Contraloría General de la República mediante Instructivo 11-1000-443 del 8 de marzo de 2000, ratificado y complementado por medio de la Circular 11 del 28 de agosto de 2003, expresó que sus vigiladas deben adelantar “una gestión efectiva tendiente a la recuperación de su cartera, en procura de favorecer en todo momento los intereses de la entidad bajo la óptica de la relación costo-beneficio, así mismo, considera que “…debe existir un programa de recuperación de cartera de créditos y cuentas por cobrar castigadas, el cual deberá contemplar al menos políticas claras en materia de condonación de intereses y de mora, modificaciones de tasas y plazos, acuerdos de pago, etc.”.

Que teniendo en cuenta que la Circular Externa Básica Contable 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera en su capítulo V, establece que el castigo de activos no libera a los administradores de su obligación de proseguir las gestiones de cobro que sean conducentes, se hace necesario la implementación de herramientas que permitan la recuperación de los créditos castigados, así como brindar a un significativo número de deudores la oportunidad de normalizar sus obligaciones vencidas.

Que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante concepto radicado 2002051801-3 del 8 de noviembre de 2002, expresó que no existe impedimento para que las entidades financieras estatales, en procura de la defensa, rentabilidad y recuperación del patrimonio público, adopten decisiones como la rebaja de intereses conforme a las condiciones generales del mercado financiero y con sujeción a los aspectos descritos por la Contraloría General de la República en su calidad de órgano de vigilancia y control fiscal.

Que al corte de 31 de mayo de 2013 el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con 2.511 créditos en categoría E correspondiente a un capital de $ 54.180 millones con y 5.746 créditos castigados, que movilizan un capital de $ 82.692 millones; por tanto, se hace necesaria la implementación de instrumentos que permitan recuperar la cartera de la entidad, y a la vez, dar solución social al problema de vivienda de estas, las familias colombianas, accediendo a beneficios económicos representativos y evitando que los procesos judiciales concluyan con el remate del inmueble dado en garantía del crédito.

Que los resultados de estos programas han sido exitosos para la entidad, lo cual motiva a seguirlos implementando.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Implementar un programa de recuperación de cartera cuyo objeto sea extinguir los créditos en mora que cumplan con las condiciones establecidas en la presente resolución.

ART. 2º—Sujetos del programa para recuperar cartera castigada, cartera calificada en categoría de riesgo “E” y saldos insolutos. El programa para extinción de obligaciones en mora va dirigido a los créditos hipotecarios que se encuentren clasificados en cartera castigada, cartera con calificación en “E1”, “E2”, “E3” y con saldos insolutos, cuya maduración sea superior a los 18 meses.

PAR. 1º—Para efectos de la presente resolución, se entiende por créditos hipotecarios en categoría “E1” aquellos cuya altura de mora están entre 541 a 1.260 días; categoría “E2”, entre 1.261 a 1.620 días y categoría “E3”, aquellos que presentan una altura de mora superior a 1.621 días.

PAR. 2º—Para efectos de la presente resolución se entiende por cartera castigada aquellos créditos que a la fecha por su altura de mora fueron castigados contablemente por la junta directiva de la entidad.

PAR. 3º—Para efectos de la presente resolución se entiende por créditos con saldos insolutos aquellos que, no obstante haberse ordenado el remate, el dinero obtenido en el proceso no alcanzó a cubrir la totalidad de la deuda liquidada por el juzgado, quedando un saldo pendiente por pagar a cargo del deudor, después de la aplicación de cesantías consolidadas o trasladadas a favor del deudor, en todo caso incluidas las de la vigencia fiscal en que el deudor se presente a suscribir el documento de transacción para extinguir totalmente la obligación.

PAR. 4º—No podrán acogerse al programa que por esta resolución se implementa los créditos que a pesar de encontrarse en las categorías señaladas en este artículo son objeto de debate judicial o administrativo a menos que se transe sobre las pretensiones y/o resultados del correspondiente proceso.

Por lo anterior, y para efectos de extinguir créditos en esas condiciones la división de cartera deberá contar con el pronunciamiento previo de la oficina jurídica.

ART. 3º—Etapas del programa. Las etapas que debe agotar el deudor que pretenda acogerse a la extinción de la obligación, son las que a continuación se establecen, siendo necesario el cumplimiento de cada una de ellas, en el orden aquí establecido:

1. Solicitud: el deudor deberá presentar solicitud escrita ante el FNA, para que considere la cancelación total del crédito con amparo en el programa de extinción que se define en la presente resolución, en el formato que la entidad indique.

2. Estudio y aprobación de la solicitud: el FNA a través del grupo de cobro administrativo de la división de cartera, evaluará la solicitud de extinción del crédito, con base en los criterios establecidos en la presente resolución y le informará por escrito al deudor si le fue aceptada o rechazada, incluyendo en forma expresa el valor de la mora que registra la obligación, el valor del esfuerzo económico, el valor del alivio económico y la fecha límite de pago.

3. Consignación del esfuerzo económico: consiste en la consignación del valor total requerido por el FNA al deudor al momento de la aceptación de la solicitud de extinción, y que permite al deudor acogerse al programa de extinción, hecho que deberá ocurrir dentro del plazo señalado en la presente resolución y en la aprobación de la solicitud.

4. Extinción de la obligación: verificado el cumplimiento del pago total del valor requerido para la extinción, incluyendo el pago de los honorarios y gastos judiciales al abogado externo, el FNA aplicará en el sistema de cartera el alivio económico correspondiente para que la obligación quede con saldo cero y totalmente cancelada.

PAR. 1º—Sin perjuicio de la facultad del FNA para llevar a cabo en forma directa el proceso de extinción, se podrá contratar los servicios de operadores especializados para adelantar los trámites correspondientes al desarrollo del presente programa. Esta actividad no implica delegación de profesionalidad.

ART. 4º—Parámetros de pago para la extinción total de la obligación. Los parámetros de pago a tener en cuenta para la extinción total de la obligación son los siguientes:

1. Créditos castigados: para los créditos que a la fecha se encuentren castigados el valor a pagar será el 40% del saldo en balance.

2. Créditos con calificación “E1”: para los créditos que se encuentren en categoría “E1” a mayo 31 de 2013, el valor será el 75% del saldo en balance.

3. Créditos con calificación “E2” y “E3”: para los créditos que se encuentren en categorías “E2” y “E3” a mayo 31 de 2013, el valor a pagar será el 50% del saldo en balance.

4. Créditos con saldos insolutos: para los créditos con saldos insolutos, el valor a pagar para extinguir la obligación es el siguiente:

a) Los créditos con saldos insolutos inferiores a cinco millones de pesos $ 5.000.000 no pagarán ningún monto para la extinción de la obligación;

b) Los créditos con saldos mayores de cinco millones de pesos $ 5.000.000 y menores de cincuenta millones de pesos $ 50.000.000 pagarán el 10% del saldo en balance;

c) Los créditos con saldos mayores a cincuenta millones de pesos $ 50.000.000 pagarán el 20% del saldo en balance.

PAR.—Teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, el FNA podrá admitir propuestas bajo los criterios establecidos para saldos insolutos, cuando el inmueble dado en garantía no exista, o cuando el deterioro del inmueble amenace ruina para lo cual el deudor deberá aportar un avalúo técnico realizado por un profesional inscrito en lonja de propiedad raíz o en el registro nacional de avaluadores; o cuando el inmueble esté afectado por conflictos de orden público, para lo cual el deudor deberá aportar una certificación de autoridad oficial competente.

ART. 5º—Términos y condiciones de la solicitud aprobada. Los deudores a quienes se les apruebe la solicitud para extinguir la obligación podrán efectuar el pago de la siguiente manera:

1. En un solo contado dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de la aprobación, la cual será notificada en forma escrita.

2. En pagos parciales, cancelando como mínimo el 35% del valor requerido, pago que deberá realizarse a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación. El 65% restante se cancelará dentro de los 90 días calendario, siguientes a la fecha del primer pago.

3. En el evento que el deudor no cumpla con los pagos dentro del plazo otorgado en los términos aquí señalados, no habrá lugar a aplicar el alivio económico correspondiente y, en consecuencia, los pagos efectuados se tomarán como abono a los conceptos en mora de la obligación.

PAR. 1º—Los pagos realizados por el deudor con anterioridad a la fecha de aprobación de la solicitud por parte del FNA, no se tendrán en cuenta como parte de pago del esfuerzo económico que debe asumir el deudor para extinguir la obligación.

PAR. 2º—Para todos los casos de solicitudes para acogerse al programa de extinción previsto en la presente resolución, se entenderá que previamente a la aceptación de la solicitud, han sido aplicadas las cesantías existentes en la cuenta individual del deudor, cesantías que en ningún caso hacen parte del esfuerzo económico que el FNA defina a cargo del deudor en la aprobación de la solicitud.

PAR. 3º—Una vez el deudor cuente con la aprobación de la solicitud para acogerse al programa de extinción previsto en la presente resolución, todas las sumas consignadas por el deudor o por cuenta de este en el Fondo Nacional del Ahorro, se imputarán al cumplimiento del valor de la deuda objeto de extinción y no habrá lugar a devolución de saldos.

ART. 6º—Incumplimiento de requisitos para la extinción. En el evento en que el deudor no dé cumplimiento al pago total requerido y dentro del plazo concedido y/o no aporte el paz y salvo de honorarios y gastos judiciales que expide el abogado externo del FNA, la obligación continúa con su calificación y los pagos realizados se entenderán como abonos a los conceptos en mora de la obligación, sea que se encuentre liquidado en el sistema de cuota fija en pesos, sea que se encuentre liquidado en el sistema cíclico decreciente en UVR.

ART. 7º—Créditos en cobro judicial. Cuando los créditos que se encuentran en cobro judicial, los deudores deberán cancelar al abogado externo del FNA, el valor de los honorarios y gastos judiciales adeudados, para obtener el paz y salvo por tales conceptos y presentarlo ante la entidad, a efecto de registrar la extinción de la obligación dentro del sistema de cartera.

PAR. 1º—A los deudores a quienes se les haya aprobado la solicitud de extinción y se encuentren en cobro judicial, no se les suspenderá el proceso ejecutivo mientras no demuestren que han dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos contenidos en el artículo 5º anterior; salvo que exista fecha establecida por el juzgado para la diligencia del remate, evento en el cual el deudor deberá cancelar el monto requerido por el FNA y allegar el paz y salvo del abogado por todo concepto dentro de los cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el remate.

PAR. 2º—Para los créditos en cobro judicial, la información necesaria relacionada con el proceso, el valor de los honorarios y gastos judiciales, será suministrada por el grupo cobro jurídico de la oficina jurídica.

ART. 8º—Responsabilidad del programa. La división cartera será la responsable del desarrollo del programa previsto en la presente resolución.

ART. 9º—Informe del programa. La división cartera semanalmente informará a la oficina jurídica las obligaciones que fueron extinguidas por cumplir con los requisitos exigidos en la presente resolución, a fin de que se proceda conforme a su competencia.

ART. 10.—Transición del programa de extinción. Los afiliados que al 30 de junio de 2013 hayan expresado su intención de acogerse al programa de extinción podrán beneficiarse de los descuentos previstos en la Resolución 39 de 2013 con fundamento en los parámetros contenidos en dicho acto administrativo.

ART. 11.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 24 de julio de 2013.