RESOLUCIÓN 1778 DE 1999 

(Febrero 23)

“Por medio de la cual se delega una función”.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 142 de 1994, en la Ley 489 de 1998 y en el Decreto 548 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala los principios que rigen la actividad administrativa, permitiendo la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones;

Que el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar funciones en sus subalternos o en otras autoridades, indicando que la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente;

Que la Ley 489 de diciembre 29 de 1998, en su artículo 9º, indica que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias;

Que el citado artículo señala, que en todo caso los superintendentes y los representantes legales de organismos o entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa, podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente;

Que la Ley 489 de 1998, señala en su artículo 10, los requisitos del acto administrativo de delegación;

Que los superintendentes delegados para acueducto, alcantarillado y aseo; para energía y gas combustible y para telecomunicaciones son funcionarios colaboradores y empleados públicos del nivel directivo de la superintendencia y por lo tanto susceptibles de ser delegatarios;

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 142 de 1994, donde se le otorga al superintendente plena autonomía de criterio al cumplir sus funciones con la inmediata colaboración de los superintendentes delegados y de acuerdo con el literal e) del artículo 15 del Decreto 548 de 1995, que lo faculta para expedir los actos administrativos, los reglamentos y manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento de la entidad;

Que el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios es el titular de la función de resolver los recursos de apelación que sean interpuestos contra los actos administrativos proferidos por el intendente de control social;

Que se requiere darle la mayor celeridad, eficacia y eficiencia a la atención y trámite de los referidos recursos;

Que el Decreto 548 de 1995, en su artículo 19, definió la naturaleza de las intendencias de las superintendencias delegadas como unidades de apoyo y soporte de éstas, quienes actuarán bajo la dirección de los superintendentes delegados y cumplirán además las funciones que le sean asignadas de conformidad con su naturaleza;

Que dicho artículo señaló que dichas intendencias tendrán a juicio del superintendente, funciones de orden jurídico, entre las que se encuentran la de tramitar los recursos que sean interpuestos, de conformidad con su literal c);

Que se hace necesario que los superintendentes delegados asuman la atención, el trámite y la decisión de los recursos de apelación que sean interpuestos y concedidos contra los actos expedidos por el intendente de control social;

Que las superintendencias delegadas cuentan con el personal para atender, tramitar y proyectar de manera adecuada dichos recursos a través de sus intendencias adscritas, bajo la dirección del superintendente delegado de cada área;

Que mediante la delegación en cabeza de los superintendentes delegados para acueducto, alcantarillado y aseo, para energía y gas combustible y para telecomunicaciones de la función de resolución de los recursos de apelación interpuestos y concedidos contra los actos del intendente de control social, permite cumplir de manera adecuada con los principios contenidos por el artículo 209 de la Constitución Nacional y particularmente redunda en el mejor desempeño y ejecución de dicha función;

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegar en cabeza de los superintendentes delegados para acueducto, alcantarillado y aseo, para energía y gas combustible y para telecomunicaciones, la atención, trámite y decisión de los recursos de apelación que sean interpuestos y concedidos contra los actos del intendente de control social.

ART. 2º—El intendente de control social repartirá bajo su entera responsabilidad, los recursos de apelación y los respectivos expedientes a cada una de las superintendencias delegadas de acuerdo con la naturaleza del servicio público domiciliario de su competencia.

ART. 3º—Las superintendencias delegadas observarán en todo momento los principios de economía y celeridad en el trámite y decisión de los recursos y atenderán de manera estricta los términos consagrados en la ley.

ART. 4º—Los superintendentes delegados deberán informar semanalmente al despacho del superintendente el trámite dado a tales recursos.

ART. 5º—El Superintendente de Servicios Públicos podrá en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por los delegatarios.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de su expedición.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de febrero de 1999.

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