RESOLUCIÓN 18 DE 2003 

(Febrero 11)

“Por la cual se reglamenta el proceso de recaudo de la cartera hipotecaria del Fondo Nacional de Ahorro”.

El Presidente del Fondo Nacional de Ahorro,

en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 432 de enero 29 de 1998 transformó el Fondo Nacional de Ahorro en una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, cuyo objetivo es “administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda y educación de los afiliados”, otorgando, para lograr esto último, créditos hipotecarios, los cuales deberán constar en títulos que presten mérito ejecutivo, garantizados con hipoteca en primer grado y pignoración de futuras cesantías;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 47, literal s) del Decreto Reglamentario 1453 de 1998, corresponde a la junta directiva del Fondo Nacional de Ahorro determinar la estructura interna de la entidad, lo cual hizo mediante Acuerdo 942 de julio 31 de 1998;

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 71 de 2000 modificada por la Resolución 166 de 2001, corresponde a la división de cartera dirigir y controlar las acciones referentes a la recuperación de la cartera hipotecaria de la entidad bien sea a través de sus funcionarios o mediante la contratación de abogados externos o personas jurídicas. Contratación esta, que corresponde a la oficina jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 3º de la Resolución 4 de enero 12 de 1999;

Que el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 dispuso que los contratos que celebren las empresas industriales y comerciales del Estado para el cumplimiento de su objeto, se sujetarán a las disposiciones del estatuto general de contratación pública;

Que la Ley 80 de 1993, dispone en su artículo 24, numeral 1º, literal m), que los contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales, se efectuará de forma directa;

Que la recuperación de cartera hipotecaria por parte del Fondo Nacional de Ahorro, es una actividad directa de su objeto legal de conformidad con la Ley 432 de 1998 y Decreto Reglamentario 1453 de 1998;

Que mediante Ley 446 de 1998 se dispuso la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, estableciendo los asuntos conciliables y sus efectos, norma modificada por la Ley 640 de 2001, en virtud de la cual, se determinaron las clases y el procedimiento de este mecanismo;

Que el Fondo Nacional de Ahorro no posee recurso humano suficiente para adelantar directamente el cobro y recaudo, por vía prejudicial y judicial, de los créditos en mora en las diferentes ciudades del país, por lo que se ha hecho y se hace necesario contratar abogados externos o personas jurídicas para ello;

Que mediante las resoluciones 738 de 1995, 067 de 2000 y 093 de 2002, la entidad reglamentó la prestación de servicios de abogados externos del Fondo Nacional de Ahorro, disposiciones modificadas posteriormente por la Resolución 126 de 2002;

Que mediante Acuerdo 1004 de fecha 22 de marzo de 2002, modificado por el Acuerdo 1033 de 2002, se implementaron mecanismos para la recuperación de la cartera, y que en su artículo 8º autorizó a la presidencia de la entidad para contratar la cobranza prejurídica y el cobro jurídico a través de personas naturales y/o personas jurídicas externas, por medio de contratos de prestación de servicios profesionales;

Que mediante Acuerdo 1032 de 2002, la junta directiva del Fondo Nacional de Ahorro adoptó la conciliación y otros mecanismos alternativos para la recuperación de cartera;

Que en los contratos de mutuo celebrados entre los afiliados y esta entidad se estipula que en el evento de persecución de la garantía hipotecaria por un tercero o en caso de mora en el pago de una o varias cuotas mensuales, el Fondo Nacional de Ahorro se reserva la facultad de dar por terminado el plazo y ejercitar las acciones judiciales por incumplimiento, no solamente por el pago de las cuotas adeudadas dejadas de cancelar sino además, por todo el capital e intereses pendientes;

Que el Decreto 2331 de 1998 establece que los gastos en que incurran las entidades financieras por concepto de la cobranza de cartera de créditos hipotecarios individuales para vivienda, en la cual no medie un proceso judicial, correrán por cuenta de la respectiva institución. En consecuencia, los gastos por este concepto no podrán ser trasladados a los deudores, razón por la cual, la Superintendencia Bancaria en la Circular Externa 85 de 2000 indicó que las entidades financieras no podrán constituir la obligación al deudor de asumir los gastos por cobranzas mientras no se haya presentado demanda judicial;

Que el Fondo Nacional de Ahorro por ser empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero y organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, se encuentra sometida, en desarrollo de sus funciones, a los riesgos relacionados con sus operaciones de crédito razón por la cual se estableció el sistema de administración de riesgo crediticio, SARC, dando así cumplimiento a la Circular Externa 11 y Carta Circular 31 de 2002 de la Superintendencia Bancaria de Colombia;

Que el incremento en la cartera morosa hace necesario adoptar mecanismos eficientes para evitar el deterioro de la misma, para lo cual es indispensable reforzar el cobro prejurídico a través de casas de cobranza especializadas en la materia;

Que se hace necesario efectuar algunas modificaciones a la reglamentación vigente tendientes a establecer mecanismos más ágiles y efectivos en la recuperación de cartera morosa, con el fin de dar cumplimiento a los reglamentos de la Superintendencia Bancaria en cuanto al mejoramiento de los activos de la entidad;

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ART. 1º—(Modificado).* Adoptar el proceso de recaudo de la cartera morosa del crédito hipotecario del Fondo Nacional de Ahorro el cual comprende tres etapas: prejudicial, judicial y extrajudicial.

• Será prejudicial aquella que recaiga sobre cartera que posea hasta 4 cuotas en mora correspondientes a ciento veinte (120) días, mediante el proceso de conciliación y por gestión directa del contratista, o aquella cartera en la cual no se ha iniciado proceso judicial.

• Será Judicial, aquella en la cual se inicia la acción judicial a través de los abogados externos o personas jurídicas contratados para el efecto.

• Será extrajudicial aquella que recae sobre la cartera en la cual se ha iniciado acción judicial y se logra un acuerdo con el deudor que permite la normalización de la obligación.

*(Nota: Modificado por la Resolución 73 de 2003 artículo 1º del Fondo Nacional del Ahorro)

CAPÍTULO II

Cobro prejudicial de la cartera hipotecaria

ART. 2º—(Modificado).* Etapa de cobro prejudicial. El cobro prejudicial de la cartera, se efectuará por parte de la división de cartera o la dependencia que haga sus veces de forma directa o a través de la contratación de personas naturales o jurídicas, de la siguiente manera:

a) Cobro preventivo será aquel que tenga créditos hipotecarios de 1 a 30 días en mora;

b) Cobro administrativo a los créditos hipotecarios en mora de 31 a 60 días;

c) Prejudicial propiamente dicho a los créditos hipotecarios en mora de 61 a 120 días o hasta antes de la admisión de la demanda. En este caso se debe tener en cuenta lo previsto en los artículos subsiguientes de la presente reglamentación.

PAR. 1º—Esta etapa de cobro no genera honorarios a cargo de los deudores de conformidad con la normatividad vigente.

PAR. 2º—Vencidos los 90 días sin que se haya obtenido el pago de las cuotas en mora por parte del afiliado, el cobro del crédito podrá hacerse a través del mecanismo de la conciliación dispuesto en la Resolución 197 de 2002 y las demás normas que la modifiquen o adicionen.

PAR. 3º—Vencidos los 120 días sin que se haya obtenido el pago de las cuotas en mora por parte del afiliado, el cobro del crédito se pasará a la(s) persona(s) natural(es) y/o jurídicas contratadas para su recaudo por vía de conciliación y judicial, conforme a las normas desarrolladas en esta resolución.

*(Nota: Modificado por la Resolución 73 de 2003 artículo 2º del Fondo Nacional del Ahorro)

ART. 3º—Vinculación de contratistas para el cobro prejudicial. Para el recaudo prejudicial de la cartera de 61 a 120 días, se podrá acudir a la vinculación de personas naturales o jurídicas por medio de contratos de prestación de servicios profesionales.

Para la selección del contratista, el Fondo Nacional de Ahorro deberá efectuar estudio de la experiencia y calidades profesionales de las mismas y verificar que cuenten con la infraestructura tecnológica y humana necesaria, que incluye, los recursos técnicos que el Fondo Nacional de Ahorro exija, situación que podrá ser verificada a través de una visita realizada por la división de cartera o la dependencia que haga sus veces, para lo cual podrá contar con el apoyo de un funcionario de la oficina de informática.

El contrato de prestación de servicios que se suscriba en ningún caso generará relación laboral ni prestaciones sociales a cargo del fondo.

ART. 4º—Las personas naturales con quienes se pretenda contratar deberán acreditar como mínimo los siguientes requisitos:

a) Formato único de hoja de vida de que trata el artículo 3º de la Ley 190 de 1995;

b) Declaración juramentada de bienes;

c) Antecedentes profesionales del Consejo Superior de la Judicatura y disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, con una vigencia no superior a un mes en el que conste que no presentan sanciones;

d) Certificación de afiliación a los sistemas generales de pensiones y salud establecidos en la Ley 100 de 1993;

e) Certificaciones de manejo en el recaudo de cartera vencida expedidas por la(s) institución(es) a la(s) cual(es) haya prestado servicios de recuperación;

f) Antecedentes judiciales del DAS;

g) Certificación expedida por la Contraloría General de la República en la que conste no encontrarse reportado en el boletín de responsabilidad fiscal o en su defecto la declaración juramentada en el mismo sentido;

h) Una referencia bancaria reciente;

i) Una referencia comercial reciente;

j) Demás requisitos establecidos por el manual del lavado de activos, incluyendo la consulta de la lista OFAC.

El abogado externo deberá actualizar cada año los documentos exigidos en los literales a), b), d), f) y g) y cada seis meses los contenidos en el literal c).

El funcionario que permita la celebración de contratos sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, incurrirá en falta disciplinaria de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002.

ART. 5º—Modificado. * La persona jurídica con quien se pretenda contratar deberá acreditar como mínimo los siguientes requisitos:

a) Certificado de existencia de representación legal expedido por la cámara de comercio del lugar, con un término de expedido no mayor a 90 días;

b) Certificado de inscripción, clasificación y calificación de la cámara de comercio del lugar, con un término de expedido no mayor a 90 días;

c) Número de identificación tributaria;

d) Acreditar experiencia y solidez financiera de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente norma;

e) Declaración juramentada de no encontrarse inhabilitado el representante legal de la empresa o cualquiera de sus socios, cuando se trate de sociedades a las anónimas abiertas;

f) Hoja de vida y sus correspondientes antecedentes disciplinarios, judiciales y profesionales de los socios de la firma y de las personas que asignen para la ejecución del contrato por suscribir con la entidad;

g) Formato único de hoja de vida de que trata el artículo 3º de la Ley 190 de 1995;

h) Una referencia bancaria reciente;

i) Una referencia comercial reciente, y

j) Las demás exigidas por el manual del lavado de activos.

PAR.—Los abogados que se contraten para el cobro prejudicial de cartera o los abogados que designen la persona jurídica contratada deberán tener experiencia o el curso que acredite su capacidad académica en temas referentes a la conciliación.

* (Nota: Modificado por la Resolución 51 de 2003 artículo 1º del Fondo Nacional del Ahorro)

ART. 6º—Selección y suscripción de los contratos. Para la selección de las personas naturales o jurídicas por contratar se tendrá en cuenta el principio de selección objetiva y transparencia en materia de contratación establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Una vez seleccionadas las personas naturales jurídicas por contratar y acreditados los documentos mencionados en el artículo anterior, la oficina jurídica procederá a la elaboración de la minuta del respectivo contrato, en el cual deberá constar expresamente que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica se compromete a prestar al Fondo Nacional de Ahorro sus servicios profesionales sin estar sujeto a la continua subordinación o dependencia de dicha institución, conservando su autonomía técnica y administrativa e iniciativa en cuanto al modo, tiempo y sistema de realizar su actividad de gestiones de cobranza que el Fondo Nacional de Ahorro le encomiende.

Así mismo, deberá exigirse el otorgamiento de la garantía única para avalar el cumplimiento de las obligaciones y la calidad del servicio surgido del contrato, por el tiempo de su duración y hasta su liquidación.

ART. 7º—Ejecución y legalización de los contratos. Para la ejecución del contrato se requerirá la aprobación de la garantía única y, de conformidad con lo establecido en la Ley 190 de 1995, para su legalización será indispensable la publicación en el diario único de contratación pública, requisito este que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago por parte del contratista y del pago del respectivo impuesto de timbre, cuando a ello hubiere lugar.

Mientras permanezca vigente el contrato, será obligación del contratista mantener actualizada la póliza sin necesidad de requerimiento de la entidad; su omisión se entenderá como manifestación de no continuar con la ejecución del contrato y como autorización para revocar el (los) poder(es) conferido(s) sin que la entidad deba reconocerle pago alguno por concepto de honorarios.

ART. 8º—Obligaciones del contratista. En desarrollo del contrato, las personas naturales o jurídicas deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Utilizar los medios lícitos a su alcance para el recaudo ágil de las obligaciones encomendadas, acatando las normas legales y éticas y, especialmente, el principio de respeto al deudor, en la actividad de cobranza;

b) Rendir informes por escrito sobre los asuntos a él encomendados en la forma que determine el Fondo Nacional de Ahorro, e informe final anual para presentarse en el mes de diciembre; en particular, presentar informe mensual de lo efectivamente recaudado. Lo anterior sin perjuicio que, de manera especial, pueda la división de cartera solicitar dichos informes en cualquier tiempo;

c) El contratista deberá abstenerse de recibir dineros para el pago de las obligaciones a él encomendadas;

d) Tramitar las cuentas de cobro ante esta entidad por concepto de honorarios, únicamente por el porcentaje establecido en la presente resolución;

e) Las demás que a través de comunicaciones dirigidas por el Fondo Nacional de Ahorro le sean asignadas.

ART. 9º—Reparto. La división de cartera podrá efectuar el reparto de los créditos hipotecarios cuya mora sea superior a 61 días a las personas naturales o jurídicas contratadas, las cuales tendrán un término de dos meses contados a partir de la fecha de radicación del oficio a través del cual se efectúa el reparto, para contactar al afiliado y obtener el compromiso que permita la normalización de las sumas adeudadas por concepto de mora, si transcurre el término de dos meses sin que se haya logrado dicha finalidad, el contratista deberá devolver los créditos hipotecarios al fondo.

La suscripción del contrato no obliga al Fondo Nacional de Ahorro a encomendar en forma exclusiva al contratista un número de asuntos en los cuales haya necesidad de los servicios de cobranza; en consecuencia, la entidad podrá confiarlos también a otros contratistas en aquellos casos en que lo considere necesario.

En desarrollo del citado contrato, la división de cartera de la entidad, o la dependencia que haga sus veces, repartirá entre las personas naturales jurídicas contratadas los asuntos o negocios en los que se requiera sus servicios, en consideración al número de créditos existentes para cobro prejudicial, la eficacia y eficiencia en la labor de cobranza, todo previa valoración y calificación de su gestión y desempeño.

PAR.—De acuerdo con la evaluación de la gestión que haga la división de cartera, el Fondo Nacional de Ahorro podrá suspender el reparto de los asuntos a las personas naturales o jurídicas contratadas que hayan obtenido en su consideración un resultado deficiente. La mala calificación facultará al Fondo Nacional de Ahorro para rescindir el contrato.

El presidente de la entidad fijará la metodología para realizar el reparto.

ART. 10.—Honorarios de los contratistas. Los honorarios en la etapa prejudicial, sin incluir la conciliación que ordena la Ley 640 de 2001, artículo 35, ni la Resolución 197 de 2002, será del cinco por ciento (5%) sobre las sumas en mora efectivamente recaudadas.

Para el pago el contratista deberá presentar un informe mensual, en el cual se discrimine el número de los créditos, el valor efectivamente recaudado y la liquidación correspondiente de sus honorarios. El fondo abonará el valor de estos honorarios a la cuenta bancaria señalada por el contratista a más tardar dentro del mes siguiente de la presentación del informe y previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la división de cartera, o la dependencia que haga sus veces, cuando a ello hubiere lugar.

Para los pagos a que alude el presente literal, la división de cartera, o la dependencia que haga sus veces, previo al reparto deberá coordinar el trámite de la disponibilidad y registro presupuestal correspondiente, acorde con los procedimientos de la entidad, para lo cual realizará un estudio del volumen de los créditos por repartir y los gastos que la cobranza genere.

PAR.—El contratista, al suscribir el contrato, manifestará que acepta la presente resolución en todos sus términos y condiciones y la reconoce como la única que regula el pago de honorarios, así como las modificaciones que se hagan a dichas tarifas.

ART. 11.—(Derogado).* Duración de los contratos. Los contratos de prestación de servicios profesionales para el cobro prejurídico de la cartera tendrán una duración no menor de dos (2) años, prorrogables por términos iguales, teniendo en cuenta la gestión de las personas naturales o jurídicas y los intereses de la entidad, debiendo el contratista estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Fondo Nacional de Ahorro, entre ellas, la renovación de la póliza.

* (Nota: Derogado por la Resolución 126 de 2005 artículo 1º del Fondo Nacional del Ahorro)

ART. 12.—Terminación y liquidación de los contratos. Los contratos se darán por terminados al vencimiento del término de duración, siempre y cuando no hayan sido prorrogados por las partes para lo cual el Fondo Nacional de Ahorro tendrá treinta (30) días calendario antes del vencimiento y deberá comunicar por escrito al contratista su voluntad de prorrogarlo y el contratista, a su vez, deberá manifestar igualmente por escrito o deseo de continuar ejecutándolo, para lo cual deberá cumplir con los requisitos exigidos en esta resolución.

Igualmente, el contrato podrá terminarse por mutuo acuerdo entre las partes o por incumplimiento del contratista de cualquiera de las obligaciones contenidas en la presente resolución.

Terminado el contrato, éste deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes.

CAPÍTULO III

Cobro judicial de la cartera hipotecaria

ART. 13.—Una vez vencidos los ciento veinte (120) días del cobro prejurídico sin que se haya logrado el recaudo del saldo en mora o establecido un acuerdo que permita la normalización del crédito, será remitido para su cobro por vía judicial, el cual se hará a través de abogados externos o personas jurídicas contratadas para tal fin de acuerdo con lo previsto en los artículos subsiguientes de esta reglamentación.

ART. 14.—Vinculación del contratista. Para el recaudo judicial de la cartera en mora, se vincularán personas naturales (abogados externos) y/o jurídicas por medio de contratos de prestación de servicios profesionales.

Para la selección del contratista, el Fondo Nacional de Ahorro deberá efectuar estudio de la experiencia y calidades profesionales de las mismas y verificar que cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria, que incluye un software debidamente legalizado con acceso a internet, y los recursos técnicos que el Fondo Nacional de Ahorro exija, esta situación será verificada por una visita que se realizará por parte de la división de cartera o quien haga sus veces que contará con el soporte de un funcionario de la oficina de informática.

El contrato de prestación de servicios profesionales que se suscriba, en ningún caso generará relación laboral ni prestaciones sociales a cargo del fondo.

PAR.—El Fondo Nacional de Ahorro contará con una lista de abogados externos o personas jurídicas, correspondiente a los diferentes departamentos del país, quienes deberán estar domiciliados, si se trata de personas naturales o contar como mínimo con representación si se trata de personas jurídicas, en el sitio para el cual se contratan, y con quienes se efectuará el cobro de cartera vencida de los afiliados residentes en la misma ciudad o dentro del área geográfica que abarque el departamento respectivo.

Lo anterior no obsta para que, teniendo en cuenta el volumen de la cartera morosa en otras ciudades, se decida contratar uno o más abogados externos o personas jurídicas para que adelanten la gestión de cobro jurídico en ciudades diferentes del sitio en el cual tiene su domicilio, incluso para el manejo de varias ciudades en departamentos diferentes, sin que tal situación genere erogación alguna para el fondo.

ART. 15.—Documentos exigibles:

A. Personas naturales. Los abogados externos que se pretendan contratar deberán allegar mínimo, como requisito previo para la suscripción del respectivo contrato, los siguientes documentos:

k) Formato único de hoja de vida de que trata el artículo 3º de la Ley 190 de 1995;

l) Declaración juramentada de bienes;

m) Antecedentes profesionales del Consejo Superior de la Judicatura y disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, con una vigencia no superior a un mes, en el que conste que no presentan sanciones;

n) Certificación de afiliación a los sistemas generales de pensiones y salud establecidos en la Ley 100 de 1993;

o) Certificaciones de manejo en el recaudo de cartera vencida expedidas por la(s) institución(es) a la(s) cual(es) haya prestado servicios de recuperación;

p) Antecedentes judiciales del DAS;

q) Certificación expedida por la Contraloría General de la República en la que conste no encontrarse reportado en el boletín de responsabilidad fiscal o en su defecto la declaración juramentada en el mismo sentido;

r) Una referencia bancaria reciente;

s) Una referencia comercial reciente;

t) Demás requisitos establecidos por el manual del lavado de activos, incluyendo la consulta de la lista OFAC.

El abogado externo deberá actualizar cada año los documentos exigidos en los literales a), b), d), f) y g) y cada seis meses los contenidos en el literal c).

El funcionario que permita la celebración de contratos sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, incurrirá en falta disciplinaria; de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002.

B. Modificado. * Personas jurídicas. El representante legal de la empresa con quien se pretenda contratar deberá allegar mínimo, como requisito previo para la suscripción del respectivo contrato, los siguientes documentos:

a) Certificado de existencia de representación legal expedido por la cámara de comercio del lugar, con un término de expedido no mayor a 90 días;

b) Certificado de inscripción, clasificación y calificación de la cámara de comercio del lugar, con un término de expedido no mayor a 90 días;

c) Número de identificación tributaria;

d) Una o más certificaciones de cartera hipotecaria expedida por las instituciones en las cuales haya prestado este servicio, en el caso de que la persona jurídica como tal no la pueda acreditar se aceptará certificación de cobro de cartera hipotecaria de los abogados vinculados contractualmente con la empresa especializada en el recaudo de cartera, evento en el cual deberá anexarse el contrato suscrito entre la persona jurídica y el abogado cuya experiencia se acredita;

e) Declaración juramentada de no encontrarse inhabilitado el representante legal de la empresa o cualquiera de sus socios, cuando se trate de sociedades diferentes de las anónimas abiertas;

f) Hoja de vida y sus correspondientes antecedentes disciplinarios, judiciales y profesionales de los socios de la firma y de los abogados que asignen para la ejecución del contrato por suscribir con la entidad;

g) Formato único hoja de vida de que trata el artículo 3º de la Ley 190 de 1995;

h) Una referencia bancaria reciente;

i) Una referencia comercial reciente;

j) Demás requisitos establecidos en el manual del lavado de activos.

* NOTA: Modificado por la Resolución 51 de 2003 artículo 1º del Fondo Nacional del Ahorro.

ART. 16.—Selección y suscripción de los contratos con abogados externos o personas jurídicas. Una vez seleccionados los abogados o las personas jurídicas por contratar y acreditados los documentos mencionados en el artículo anterior, la oficina jurídica procederá a la elaboración de la respectiva minuta de ”contrato de prestación de servicios profesionales de representación judicial para cobro de cartera vencida”, en el cual deberá constar expresamente que el abogado o el representante legal de la persona jurídica se compromete a prestar al Fondo Nacional de Ahorro sus servicios profesionales sin estar sujeto a la continua subordinación o dependencia de dicha institución, conservando su autonomía técnica y administrativa e iniciativa en cuanto al modo, tiempo y sistema de realizar su actividad de abogado en las gestiones profesionales que el Fondo Nacional de Ahorro le encomiende.

Así mismo, deberá exigirse el otorgamiento de la garantía única para avalar el cumplimiento de las obligaciones y la calidad del servicio surgidas del contrato, por el tiempo de su duración y hasta su liquidación.

ART. 17.—Ejecución y legalización de los contratos. Para la ejecución del contrato se requerirá la aprobación de la garantía única y, de conformidad con lo establecido en la Ley 190 de 1995, para su legalización será indispensable la publicación en el diario único de contratación pública, requisito este que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago por parte del contratista y del pago del respectivo impuesto de timbre, cuando a ello hubiere lugar.

Mientras permanezca vigente el contrato, será obligación del contratista mantener actualizada la póliza sin necesidad de requerimiento de la entidad; su omisión se entenderá como manifestación de no continuar con la ejecución del contrato y como autorización para revocar el (los) poder(es) conferido(s) sin que la entidad deba reconocerle pago alguno por concepto de honorarios.

ART. 18.—Obligaciones del contratista. En desarrollo del contrato, el abogado o las personas jurídicas deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Utilizar los medios lícitos a su alcance para el recaudo ágil de las obligaciones encomendadas, acatando las normas legales y éticas y, especialmente, el principio de respeto al deudor, en la actividad de cobranza;

b) Examinar los títulos contentivos de las obligaciones y la garantía cerciorándose de su eficacia jurídica y debiendo comunicar a la entidad las observaciones correspondientes, recomendando o advirtiendo lo que a su juicio profesional pueda afectar el normal desenvolvimiento del proceso. El hecho de haberse presentado la demanda sin hacer observaciones hace presumir que el contratista consideró idónea jurídicamente la documentación remitida;

c) Cobrar como honorarios solamente lo que se señala en la presente resolución;

d) Presentar la demanda dentro de un proceso ejecutivo mixto y en el plazo señalado en esta resolución interponer los recursos a que haya lugar, efectuar las solicitudes y promover los incidentes que sean necesarios para la debida defensa de los intereses del Fondo Nacional de Ahorro e informar a éste, inmediatamente, sobre cualquier otra situación que pueda afectar sus intereses. Salvo que en determinados casos, previo concepto del contratista con base en el estado de cuenta y en el certificado de tradición y libertad, se considere pertinente iniciar proceso ejecutivo hipotecario;

e) Tramitar de manera oportuna ante esta entidad, las órdenes de pago para cancelar los gastos del proceso, que deberán girarse en un término no superior a 8 días hábiles a partir de la entrega de los documentos exigidos por la entidad;

f) Hacer seguimiento de las actuaciones de los auxiliares de la justicia, exigiendo que por lo menos cada tres (3) meses el administrador, depositario, secuestre, síndico o liquidador, rinda cuentas comprobadas de su gestión en relación con los bienes trabados en el proceso e informar sobre los resultados;

g) Exigir el cumplimiento del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil; es decir, que los auxiliares de la justicia que intervienen en los procesos encomendados al contratista, depositen en la entidad financiera que el Fondo Nacional de Ahorro señale, toda suma de dinero proveniente de embargos, secuestros, frutos o productos de bienes y demás que se generen de la actuación procesal;

h) Rendir informes por escrito sobre los asuntos a él encomendados cada dos meses en febrero, abril, junio, agosto, octubre, e informe final anual, para presentarse en el mes de diciembre. Lo anterior sin perjuicio que, de manera especial, pueda la división de cartera solicitar dichos informes en cualquier tiempo;

i) Obrar de acuerdo con las instrucciones que imparta el Fondo Nacional de Ahorro en cuanto a las diligencias de remate y lo relacionado con las transacciones, conciliaciones, desistimientos, suspensiones y terminaciones del proceso;

j) informar al Fondo Nacional de Ahorro oportunamente sobre la realización de diligencias judiciales (audiencia de conciliación, inspecciones, interrogatorios, testimonios, reconocimientos y demás) e impartir, con la suficiente antelación y claridad, las instrucciones que sean necesarias para la evacuación de estas diligencias;

k) Solicitar autorización expresa y por escrito del Fondo Nacional de Ahorro para ejercer las facultades propias del mandato, tales como: recibir, desistir y sustituir;

l) Asistir a la diligencia de conciliación en representación de la entidad;

m) El contratista deberá abstenerse de recibir dineros para el pago parcial o total de las obligaciones a él encomendadas; en consecuencia, para recibir títulos judiciales con destino a ser consignados a un crédito, deberá solicitar autorización previa y expresa al Fondo Nacional de Ahorro, la cual, una vez obtenida, obligará al contratista a colocarlos a disposición del Fondo Nacional de Ahorro, consignándolos al crédito correspondiente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a aquella en la cual se le hagan efectivos los títulos judiciales;

n) Practicar personalmente las diligencias judiciales y extra judiciales relacionadas con el proceso, sin perjuicio de que se autorice la sustitución del poder para algunas diligencias;

o) Lograr, a la mayor brevedad posible, la vinculación de terceros que deban ser citados al proceso;

p) Comunicar inmediatamente al Fondo Nacional de Ahorro la renuncia al poder, la sobreviniencia de una inhabilidad y/o cualquier otra circunstancia que impida transitoria o permanentemente la atención del (los) proceso(s) asignado(s);

q) Realizar, diligentemente, las actuaciones procesales que impidan la prescripción de las obligaciones confiadas al cobro, especialmente la notificación del mandamiento de pago, la presentación de la liquidación del crédito, y demás que pongan en riesgo la efectividad de la acción judicial;

r) Allegar al proceso o solicitar, oportunamente, las pruebas que deban ser decretadas a juicio del contratista e intervenir en su práctica. Tramitar los incidentes que surjan o se propongan dentro del proceso e interponer los recursos que sean necesarios y, en general, ejecutar todos los actos procesales tendientes a la defensa de los intereses del Fondo Nacional de Ahorro conforme a las facultades que se deriven del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil;

s) A la terminación de un proceso el abogado externo o la persona jurídica contratada deberá presentar al Fondo Nacional de Ahorro una declaración escrita, afirmando que no hay ni habrá en el mismo actuaciones o reclamaciones en contra de la entidad originadas en el proceso o, en su defecto, rendir concepto sobre la situación acompañado de una recomendación respecto a la conducta que debe seguirse;

t) En caso de terminación del proceso ejecutivo por pago parcial de la obligación, el contratista deberá solicitar el desembargo de los inmuebles trabados en la litis, comunicando a los interesados, con el fin de reclamar el oficio que para tal efecto dirige el juzgado a la oficina de registro de instrumentos públicos pertinente. Así mismo, deberá desglosar y devolver al Fondo Nacional de Ahorro la primera copia de la escritura pública contentiva del contrato de mutuo e hipoteca que sirvió de título ejecutivo para el inicio de la acción, con la anotación de que la obligación y su garantía sigue vigente por el resto de la deuda;

u) En los procesos judiciales que concluyan con el remate del inmueble dado en garantía del crédito, el contratista deberá rendir de manera inmediata a la división de cartera, informe detallado del mismo, aportando copia de los títulos judiciales y de los recibos de consignación de dichos títulos a favor de la entidad, así como del reintegro de los gastos judiciales cubiertos por el Fondo Nacional de Ahorro, de la diligencia de remate y auto que aprueba éste y liquidaciones parciales y finales del crédito con sus respectivos autos de aprobación. Igualmente, copia del auto que fija las costas judiciales así como del auto que las aprueba y, si es del caso, constancia del saldo insoluto a favor del Fondo Nacional de Ahorro;

v) En los casos en que el producto del remate resultare insuficiente para cubrir el monto total del crédito, el contratista se obliga a iniciar de manera inmediata la acción ejecutiva singular tendiente a la satisfacción total de la obligación;

w) Actualizar la documentación y póliza mencionada en esta resolución;

x) Una vez terminado el proceso ejecutivo iniciado, el contratista deberá enviar a la división de cartera paz y salvo donde conste la cancelación de los honorarios y gastos judiciales, adjuntando la copia de la consignación de los gastos, en que haya incurrido la entidad, el cual sólo podrá presentarse con una vigencia máxima de dos (2) meses;

y) Presentar mensualmente las cuentas de cobro correspondiente a los honorarios causados en su gestión;

z) Las demás que a través de comunicaciones dirigidas por el Fondo Nacional de Ahorro le sean asignadas.

ART. 19.—(Modificado). * Reparto. La suscripción del contrato no obliga al Fondo Nacional de Ahorro a encomendar en forma exclusiva al contratista, un número de asuntos en los cuales haya necesidad de los servicios de un abogado externo o persona jurídica; en consecuencia, la entidad podrá confiarlos también a otros profesionales en aquellos casos en que sea necesario, reservándose el derecho de sustituir los procesos asignados a un determinado abogado externo o persona jurídica.

En desarrollo del citado contrato, la división de cartera de la Entidad, o la dependencia que haga sus veces, repartirá entre los abogados externos o personas jurídicas contratadas los asuntos o negocios en los que se requiera sus servicios para cobro jurídico, en consideración a los siguientes criterios:

Personas naturales. El número máximo de negocios para el cobro jurídico no será superior a 100. En todo caso si un abogado termina exitosamente uno o varios negocios, éstos podrán ser reemplazados, sin que en ningún caso supere el máximo permitido por la entidad. La eficacia y eficiencia de la actuación judicial de cada contratista, será objetiva, previa valoración y calificación de su gestión y desempeño.

Personas jurídicas. El número máximo de negocios para el cobro jurídico se regirá por los siguientes criterios técnicos de acuerdo con el certificado de inscripción, clasificación y calificación de la cámara de comercio de la respectiva ciudad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 6º del Decreto 92 de 1998:

De 1 hasta 500 negocios:
1. No debe reportar multas ni sanciones.
2. Experiencia mínima como consultor300 puntos
3. Capacidad mínima de contratación como consultor$ 1.500 millones
4. Cuantía mínima de contratos ejecutados en cartera morosa$ 300 millones
5. Tiempo de constitución mínima en escritura pública3 años
De 1 a más de 500 negocios:
1. No debe reportar multas ni sanciones.
2. Experiencia mínima como consultor400 puntos
3. Capacidad mínima de contratación como consultor$ 2.000 millones
4. Cuantía mínima de contratos ejecutados en cartera morosa$ 350 millones
5. Tiempo de constitución mínima en escritura pública4 años

En todo caso si una persona jurídica, termina exitosamente uno o varios negocios, éstos podrán ser reemplazados, sin que en ningún caso supere el máximo permitido por la entidad. La eficacia y eficiencia de la actuación judicial de cada contratista, será objetiva, previa valoración y calificación de su gestión y desempeño.

PAR. 1º—De acuerdo con la evaluación de la gestión que haga la vicepresidencia financiera, el Fondo Nacional de Ahorro podrá suspender el reparto de los asuntos a los abogados externos o personas jurídicas contratadas que hayan obtenido en su consideración un resultado deficiente. La mala calificación facultará al Fondo Nacional de Ahorro para rescindir el contrato.

PAR. 2º—Lo regulado en el presente artículo, en cuanto a número de créditos asignados y requisitos para contratación, no se tendrá en cuenta para los contratos anteriores a la fecha de la entrada en vigencia de la presente resolución.

El presidente del fondo fijará la metodología para realizar el reparto.

* NOTA: Modificado por la Resolución 51 de 2003 artículo 1º del Fondo Nacional del Ahorro.

*(Nota: Modificado por la Resolución 73 de 2003 artículo 3º del Fondo Nacional del Ahorro)

ART. 20.—Honorarios de los contratistas. Los honorarios que se causarán a los contratistas son:

1. Prejurídico:

— Cobro directo el 5%, es decir gestión directa del contratista sobre las cuotas vencidas e intereses en mora efectivamente recaudados.

— El 6% actuación en la etapa conciliatoria que ordena el artículo 35 de la Ley 640 de 2001.

2. Jurídico. Se causarán siempre y cuando se haya admitido la demanda y estarán sujetos a las siguientes tarifas:

a) Desde el momento de la admisión de la demanda y antes de que se dicte sentencia en caso de que el Fondo Nacional de Ahorro acceda al pago solamente de la suma en mora al momento de la presentación de la demanda, los honorarios del contratista corresponderán al 15% sobre el valor total de las cuotas en mora y de los intereses efectivamente recaudados, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la entidad, adicional a los gastos judiciales en que incurra el contratista y que no hayan sido pagados por el Fondo Nacional de Ahorro;

b) Desde el momento en que se dicta sentencia y se encuentra en firme la liquidación del crédito y de las costas los honorarios serán las agencias en derecho fijadas por el juez;

c) Cuando se trate de casos en los cuales, no obstante que el crédito se encuentre al día en el pago de las cuotas sea necesario el inicio de la acción ejecutiva por parte del Fondo Nacional de Ahorro por persecución de la garantía hipotecaria, los honorarios corresponderán al 5% sobre el valor total de la deuda hasta que se dicte sentencia y se encuentre en firme la liquidación del crédito y la de costas. Después de dictada ésta, los honorarios serán las agencias en derecho fijadas por el juez;

d) Para los casos de refinanciaciones de la deuda, los honorarios se cobrarán de acuerdo con lo establecido en el literal a);

e) En los casos en que el contratista haya tenido que solicitar copia sustitutiva de la escritura pública que presta mérito ejecutivo, los honorarios corresponderán al 15% sobre el valor total de las cuotas en mora y de los intereses efectivamente recaudados, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la entidad, agregándole el costo del trámite de la copia sustitutiva y los gastos judiciales en que haya incurrido el abogado que no han sido pagados por el Fondo Nacional de Ahorro. Una vez dictada sentencia, los honorarios corresponderán al valor fijado y liquidado por el juez;

f) En el evento en que sea necesario desarchivar procesos en juzgado donde el abogado a cargo inicialmente hubiere renunciado al Fondo Nacional de Ahorro y no se encuentre vigente la vinculación contractual, deberá pagarse al abogado que continúe, el desarchive del proceso.

Los honorarios del contratista para la etapa judicial se causarán cuando sea admitida la demanda y se pagarán cuando se haya obtenido el recaudo efectivo de la obligación en mora. Los honorarios, así como los gastos judiciales, serán de cargo y cuenta del afiliado, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de mutuo suscrito. El valor de los honorarios serán incluidos en el estado de cuenta del deudor del Fondo Nacional de Ahorro al crédito exigido judicialmente y será la entidad quien los recaudará y cancelará a los contratistas en el mes siguiente. De cada pago o abono parcial que el Fondo Nacional de Ahorro reciba de sus deudores liquidará y girará los honorarios de los contratistas dentro del mes siguiente.

El fondo incluirá dentro de la factura mensual de la deuda el valor de los honorarios y gastos judiciales causados dentro del proceso ejecutivo respectivo que se adelante, conceptos que formarán parte integrante de la deuda, caso en el cual, el contratista deberá presentar la correspondiente cuenta de cobro a la entidad con los documentos exigidos por la división de cartera, debiendo abstenerse de cobrar dichos conceptos directamente al afiliado moroso. Lo anterior, una vez se hayan hecho los ajustes pertinentes al interior de la empresa.

PAR. 1º—El contratista, al suscribir el contrato, manifestará que acepta la presente resolución en todos sus términos y condiciones y la reconoce como la única que regula el pago de honorarios que se causen por la atención de los procesos que el Fondo Nacional de Ahorro le encomiende, así como las modificaciones que se hagan a dichas tarifas.

PAR. 2º—El Fondo Nacional de Ahorro se obliga a montar el sistema que se requiera para que queden incluidos en forma automática los honorarios del contratista en la deuda y lo hará dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de la presente resolución.

ART. 21.—(Derogado).* Duración de los contratos. Los contratos de prestación de servicios profesionales de representación judicial de que trata este acto administrativo, tendrán una duración no menor de dos (2)años, prorrogable por términos iguales, teniendo en cuenta la gestión del abogado y/o personas jurídicas y los intereses de la entidad, debiendo el contratista estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Fondo Nacional de Ahorro, entre ellas, la renovación de la póliza y la actualización de los demás documentos aquí mencionados. No obstante lo anterior, el Fondo Nacional de Ahorro se reserva la facultad de revocar en cualquier tiempo los poderes conferidos al contratista, cuando se demuestre justificadamente negligencia, incapacidad o falta de ética.

* (Nota: Derogado por la Resolución 126 de 2005 artículo 2º del Fondo Nacional del Ahorro)

ART. 22.—Terminación y liquidación de los contratos. Los contratos se darán por terminados al vencimiento del término de duración, siempre y cuando no hayan sido prorrogados por las partes, para lo cual el Fondo Nacional de Ahorro, treinta (30) días calendario antes del vencimiento, deberá comunicar por escrito al contratista su voluntad de prorrogarlo y el contratista, a su vez, deberá manifestar igualmente por escrito su deseo de continuar ejecutándolo, para lo cual deberá cumplir con los requisitos exigidos en esta resolución.

Igualmente, el contrato podrá terminarse por mutuo acuerdo entre las partes o por incumplimiento del contratista de cualquiera de las obligaciones contenidas en la presente resolución.

Terminado el contrato, éste deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes.

ART. 23.—Responsabilidad del contratista. El contratista responderá hasta por culpa leve por los perjuicios que ocasione al Fondo Nacional de Ahorro por la pérdida, extravío, deterioro, alteraciones y demás anomalías que sufran los títulos crediticios que le hayan sido entregados para su recaudo judicial.

ART. 24.—Revocatoria de poderes. En caso de que los intereses del Fondo Nacional de Ahorro se vean afectados por cualquiera de los hechos señalados como faltas en los artículos 48 y siguientes del Decreto 196 de 1971 y demás normas aplicables, el Fondo Nacional de Ahorro podrá revocar los poderes y quedará exonerado del pago de los honorarios que pudieran causarse en los procesos cuyo poder se revocó, lo que el contratista con la firma del contrato manifiesta aceptar.

ART. 25.—Desarrollo cobro judicial. Una vez vencida la etapa de cobro prejudicial realizada directamente por la división de cartera o por la persona(s) natural(es) o jurídica contratadas, los créditos cuyas moras no hayan sido canceladas por los afiliados o no se haya logrado acuerdo de pago pasarán a cobro judicial, para lo cual el área de la división de cartera o la dependencia que haga sus veces encargada del cobro prejudicial, deberá hacer entrega de la respectiva escritura pública o documento privado contentivo del contrato de mutuo así como de todos los soportes que sean necesarios para el inicio de la acción judicial.

El grupo control cobro judicial de la división de cartera una vez reciba los documentos necesarios para instaurar las demandas, previo el reparto por parte de los superiores, los debe remitir a los abogados externos o personas jurídicas contratadas para tal fin teniendo en cuenta los criterios establecidos por la presente resolución.

Recibidos por parte del contratista los documentos pertinentes para demandar, éste deberá allegar al Fondo Nacional de Ahorro, en el término improrrogable de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha del oficio remisorio, el (los) poder(es) respectivo(s) para su suscripción por parte del (la) apoderado(a) general y para la realización de la diligencia de presentación personal.

Agotado el trámite mencionado en el inciso anterior, la división de cartera o la dependencia que haga sus veces dentro de los ocho (8) días siguientes, deberá enviar al contratista el (los) poder(es) debidamente diligenciado(s) junto con el (los) anexo(s) de representación de la entidad, disponiendo el contratista de treinta (30) días calendario para presentar la respectiva demanda ejecutiva y allegar copia del (los) mandamiento(s) de pago pertinente(s) o del auto que inadmite la demanda, caso este para el cual el abogado dispone de quince (15) días calendario adicionales con el fin de que, respecto de las demandas rechazadas, proceda a subsanarlas en lo pertinente y las presente nuevamente allegando el mandamiento de pago.

PAR. 1º—El Fondo Nacional de Ahorro se reserva el derecho de intentar la conciliación prejudicial de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 2º de la presente resolución.

Si durante el término entre la remisión de documentos al abogado externo o persona jurídica y la presentación de la demanda ejecutiva respectiva, el afiliado en mora se pone al día con la obligación, se procederá a excluir el crédito de cobro judicial y se informará al contratista para que devuelva los documentos pertinentes.

PAR. 2º—En los eventos en que el Fondo Nacional de Ahorro no cuente con el título ejecutivo, el abogado, al cual se le ha asignado el (los) respectivo(s) crédito(s), se comprometerá a solicitar copia sustitutiva de la que preste mérito ejecutivo, caso en el cual los honorarios serán cobrados como se establece en el literal e) del artículo vigésimo de la presente resolución.

En este evento, el término para presentar el respectivo poder para demandar establecido en este artículo, comenzará a contarse desde la fecha en que el contratista pase la solicitud de reembolso de los gastos notariales y registrales de solicitud de la copia.

ART. 26.—Cláusula aceleratoria. Allegada por parte del contratista a la división de cartera, o la dependencia que haga sus veces, la copia del mandamiento de pago se procederá a registrar en el sistema los datos del juzgado y del mandamiento, entendiéndose extinguido el plazo con fundamento en la cláusula aceleratoria y, en consecuencia, haciéndose exigible la totalidad de la deuda.

De igual forma, la liquidación del crédito que a partir de la fecha efectúe el Fondo Nacional de Ahorro deberá reflejar la totalidad de lo adeudado, liquidándose por lo tanto interés moratorio sobre el saldo a capital que se adeude.

ART. 27.—Impulso del proceso. Una vez presentada la demanda ejecutiva, dándose en consecuencia por extinguido el plazo del contrato de mutuo, el contratista deberá impulsar el proceso de manera ágil y teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 346 del Código de Procedimiento Civil y 19 de la Ley 446 de 1998. En los casos en que, sin autorización expresa del Fondo Nacional de Ahorro, éste suspenda algún(os) proceso(s) la entidad queda autorizada para revocar el poder otorgado sin contraprestación alguna a favor del abogado.

Es de anotar que los procesos judiciales no se suspenden por la celebración del acuerdo de pago, salvo la diligencia de remate, si el afiliado viene cumpliendo dicho acuerdo. De igual forma, para no aumentarle los costos al deudor el fondo podrá suspender el avalúo del inmueble.

ART. 28.—Pago y restitución del plazo. Una vez presentada la demanda dándose por extinguido el plazo, si el afiliado desea que se restituya el mismo, deberá solicitar al Fondo Nacional de Ahorro, a través del contratista, autorización para consignar el valor de la deuda en mora. El contratista informará a la entidad, emitiendo concepto sobre el particular, teniendo en cuenta que no haya embargo de remanentes. Estudiado el caso, si el Fondo Nacional de Ahorro lo encuentra conveniente, emitirá la autorización pertinente para que el contratista continúe el trámite de rigor.

Cuando el afiliado haya consignado los valores antes mencionados, deberá remitir al contratista los recibos pertinentes, quien los enviará, junto con el poder para terminación por pago parcial de la obligación, al Fondo Nacional de Ahorro. Una vez recibidos éstos y verificado que el saldo en mora, los intereses causados, honorarios y gastos procesales se encuentran cubiertos, se procederá a diligenciar el poder y posteriormente hacerlo llegar al contratista para lo de su competencia, quien a la terminación del proceso deberá desglosar y devolver al Fondo Nacional de Ahorro la primera copia de la escritura pública contentiva del contrato de mutuo e hipoteca que sirvió de título ejecutivo para el inicio de la acción, con la anotación de que la obligación y su garantía sigue vigente por el resto de la deuda. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la terminación del contrato por incumplimiento de las obligaciones del contratista.

Una vez recibido lo anterior se procederá a excluir el crédito de la etapa judicial, devolviéndole su calidad de normal, de conformidad con las normas de calificación de cartera.

PAR.—Con los créditos que se refinancien, de conformidad con las normas legales e internas vigentes, se procederá de la misma forma.

ART. 29.—Remate. Para las obligaciones hipotecarias que hayan llegado a la etapa procesal de diligencia de remate, podrá el afiliado previa autorización de la división de cartera - Grupo control cobro judicial, solicitar la suspensión del remate una vez se demuestre el abono del 50% del total de la obligación hipotecaria en mora, la suscripción de acuerdo de pago por el excedente, con el contratista, la correspondiente cancelación de gastos generados dentro del proceso y los honorarios.

ART. 30.—Gastos procesales. Los gastos necesarios para el desarrollo del proceso, tales como honorarios de auxiliares de la justicia, notificaciones por edicto, publicaciones y transporte para las diligencias de secuestro, serán sufragados por el Fondo Nacional de Ahorro con cargo al afiliado, los cuales podrán cobrarse por separado o a través de la factura mensual de la deuda. En este evento, el contratista deberá presentar la respectiva solicitud indicando a quién y de qué forma deben ser girados o de haber sido cancelados por él directamente, solicitar su reintegro previa verificación del pago efectuado; para ambos casos deberá allegar los soportes pertinentes según el cuadro de gastos procesales que se indica más adelante.

De conformidad con el artículo 8º del Acuerdo 1033 de 2002 el Fondo Nacional de Ahorro cancelará a las personas que realicen el cobro jurídico o judicial, una vez admitida la demanda ejecutiva, hasta una tercera parte de un salario mínimo mensual legal vigente, para atender los costos de la presentación y la notificación de la demanda, recursos que serán cargados a los deudores, de conformidad con lo establecido en los contratos de mutuo suscritos con éstos.

Lo anterior, será tramitado ante la división de cartera o la dependencia que haga sus veces, de conformidad con el cuadro de gastos procesales que se indica más adelante y dentro del mes siguiente a la admisión de la demanda so pena de que el Fondo Nacional de Ahorro pueda dar por terminado el contrato por incumplimiento de las obligaciones contraídas y hacer efectiva la póliza de cumplimiento exigida en el contrato respectivo.

Los soportes exigidos serán los siguientes:

Cuadro de gastos procesales para presentar la demanda
GastosDocumento soporte
Certificado de tradición y libertad del inmuebleRecibo
Fotocopia de traslado, de la demandaOriginal de la factura
Autenticación de tasa de interés de la Superintendencia Bancaria (si a ello hay lugar)Original de la factura
NotificaciónProvidencia judicial
Después de presentada la demanda
GastosDocumento soporte
Registro de medidas cautelaresOriginal de la factura y el registro de embargo
Diligencia de secuestre – TransporteCopia acta diligencia
Honorarios y/o gastos de secuestreNombramiento; posesión, auto que fija honorarios; diligencia de secuestro
Honorarios de peritosNombramiento; posesión, auto que fija honorarios; dictamen pericial.
Honorarios y/o gastos curadorNombramiento; posesión, auto que fija honorarios o los gastos y copia de la contestación de la demanda.
Gastos judicialesEdicto emplazatorio; aviso de remate; póliza judicial.
Gastos de cerrajero - una sola vezOriginal de la factura

El procedimiento de legalización se realizará conforme lo establecido en la Resolución 022 de 1999 y demás normas que lo adicionen o modifiquen.

Respecto a los gastos de transporte debe allegarse la constancia de haberse prestado el servicio, en todo caso, el Fondo Nacional de Ahorro se reserva el derecho de rechazarlos o ajustarlos cuando los considere excesivos.

Cuando se trate de reintegro debe remitirse constancia de quien recibió el pago con nombre y cédula.

El trámite de la disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal correspondiente será realizado por la división de cartera o dependencia que haga sus veces, conforme a lo indicado por la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces.

PAR. 1º—La división de cartera o la dependencia que haga sus veces podrá mediante circular, impartir instrucciones respecto de otros gastos y soportes exigidos para su legalización.

PAR. 2º—El Fondo Nacional de Ahorro cancelará dentro de los ocho días siguientes a la presentación de facturas por parte del contratista por los demás gastos del proceso no estipulados en esta resolución y que sean necesarios hacerlos para el logro exitoso del cobro judicial.

ART. 31.—Vigilancia. La división de cartera del Fondo Nacional de Ahorro o la dependencia que haga sus veces, tendrá la vigilancia del cobro prejudicial y judicial de la cartera de la entidad, así como la supervisión, control y verificación del cumplimiento de los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados para este efecto con personas naturales (abogados externos) y/o personas jurídicas.

Para tal fin, deberá evaluar en los meses de julio y enero de cada año, la gestión desarrollada por cada uno de los contratistas. En esa evaluación se debe tener en cuenta factores como: Número de créditos repartidos, número de créditos excluidos, eficiencia, quejas de los afiliados, mayor agilidad en los procesos, dinero recaudado y todos aquellos que ayuden a determinar la eficiencia en la gestión del contratista.

De igual forma, corresponde a la división de cartera o a la dependencia que haga sus veces, el control y evaluación de los informes a que se hace mención en esta resolución, de cuyo resultado deberá mantener informado a la presidencia de la entidad y al jefe de la oficina jurídica para los fines de su competencia.

Para lograr un mejor control de la gestión de los contratistas, los abogados de la división de cartera o la dependencia que haga sus veces, encargados de su coordinación podrán ser comisionados para realizar visitas a las oficinas de éstos así como a los diferentes juzgados del país en donde cursan los procesos judiciales, sin perjuicio de que la oficina de control interno del Fondo Nacional de Ahorro, practique por su cuenta y dentro del ámbito de sus funciones, visitas a las oficinas y despachos mencionados en orden a comprobar el cumplimiento del contrato y de las formalidades procesales.

La oficina jurídica del Fondo Nacional de Ahorro, delegada para la suscripción de los contratos aquí mencionados, podrá, en cualquier tiempo, solicitar a la división de cartera, informes sobre las gestiones de los contratistas de conformidad con sus funciones.

CAPÍTULO IV

Cobro extrajudicial de la cartera hipotecaria

ART. 32.—El cobro extrajudicial procede en aquellos eventos en los cuales se ha iniciado proceso judicial en contra del deudor moroso a pesar de lo cual se logra un acuerdo que permite normalizar la obligación.

Este cobro se realizará directamente por la división de cartera del Fondo Nacional de Ahorro o por el abogado externo que adelanta el proceso.

Se entiende que el cobro extrajudicial ha sido efectivo cuando a través de los mecanismos alternos de recuperación de cartera que ofrece la entidad el deudor logra normalizar su obligación, y cancela los honorarios generados a favor del abogado externo que adelanta el cobro judicial así como el pago de la totalidad de los gastos judiciales generados dentro del proceso, para lo cual será indispensable la presentación del paz y salvo del abogado por estos conceptos.

CAPÍTULO V

Otras disposiciones

ART. 33.—Aspectos no regulados. Los aspectos no tratados en el presente acto administrativo, serán regulados teniendo en cuenta los intereses del Fondo Nacional de Ahorro.

ART. 34.—Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 126 de 2002 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 11 de febrero de 2003.

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