RESOLUCIÓN 18 DE 2004 

(Diciembre 3)

“Por la cual se someten a los controles establecidos en la Resolución 16 de 2004 los municipios de Morales, San Pablo, Simití, Santa Rosa y Cantagallo en el departamento de Bolívar”.

El Consejo Nacional de Estupefacientes,

en uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 91 de la Ley 30 de 1986, artículos 1º y 29 del Decreto 1146 de 1990 adoptado como legislación permanente por el artículo 4º del Decreto 2272 de 1991, parágrafo del artículo 9º del Decreto 1609 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 29 del Decreto 1146 de 1990 adoptado como legislación permanente por el artículo cuarto del Decreto 2272 de 1991 faculta al Consejo Nacional de Estupefacientes para que, cuando lo estime necesario, prohíba o restrinja el almacenamiento, conservación o transporte de sustancias que puedan ser utilizadas para el procesamiento, transformación o fabricación de narcóticos o drogas que produzcan dependencia psíquica o física, en ciertos sectores del territorio nacional; y delimite zonas de restricción o prohibición siguiendo las divisiones políticas que consagra la legislación o por coordenadas geográficas, o de cualquier otra forma que considere conveniente;

Que en aplicación del artículo 1º del Decreto 1146 de 1990 adoptado como legislación permanente por el artículo 4º del Decreto 2272 de 1991, el Consejo Nacional de Estupefacientes mediante Resolución 9 de 2002 clasificó como sustancias precursoras especiales y sometió a control especial, entre otros, el transporte de cemento gris, gasolina, urea amoniacal, aceite combustible para motor (ACPM) y kerosene (petróleo) en los municipios de Morales, San Pablo, Simití, Santa Rosa y Cantagallo en el departamento de Bolívar;

Que en gran parte y según los reportes de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, las incautaciones de combustible se presentan en las vías terrestres de las zonas sometidas a control por el Consejo Nacional de Estupefacientes, situación que evidencia su desvío hacia fines ilícitos;

Que conforme lo establece el artículo 9º del Decreto 1609 de 2002, las disposiciones que expida el Consejo Nacional de Estupefacientes, para prohibir o restringir el transporte de las sustancias que puedan ser utilizadas para el procesamiento, transformación o fabricación de narcóticos o drogas que produzcan dependencia psíquica o física, deben ser acatadas por todos y sin ninguna excepción;

Que a partir de la Resolución 9 de 1987, el Consejo Nacional de Estupefacientes ha venido reglamentando las sustancias que deben ser objeto del control administrativo a cargo de la dirección nacional de estupefacientes, a través del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes;

Que el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, según lo dispone el artículo 82 número 3º del Decreto-Ley 2150 de 1995, debe expedirlo la dirección nacional de estupefacientes para la importación, compra, distribución, consumo, producción o almacenamiento de las sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes;

Que al ser las estaciones de servicio automotor y fluvial compradoras y distribuidoras de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) y kerosene, es del caso exigir, a todas aquellas que se ubiquen en las zonas sometidas a control especial por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Para el efecto, solo le corresponderá a la dirección nacional de estupefacientes expedir el certificado de las personas propietarias o relacionadas con las estaciones de servicio automotor y fluvial;

Que en la Ley 812 de 2003, “Plan nacional de desarrollo 2003-2006 hacia un Estado comunitario” se establece la desarticulación de la producción como una estrategia de la política de lucha contra el problema de las drogas ilícitas y el crimen organizado, por lo que resulta necesario adoptar las medidas que se estimen conducentes para contrarrestar las prácticas que puedan conducir al desvío de sustancias y productos aptos para el procesamiento de estupefacientes;

Que el artículo 382 de la Ley 599 del 24 de julio de 2000 penaliza la conducta de quien ilegalmente introduzca al país, saque de él, transporte, o tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia;

Que mediante Resolución 16 de 2004, el Consejo Nacional de Estupefacientes aumentó los controles para el transporte de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) y kerosene (petróleo) y se incluyeron como sustancias químicas objeto de control administrativo ejercido por la dirección nacional de estupefacientes;

Que en consecuencia se hace necesario someter a los controles establecidos en la Resolución 16 de 2004, los municipios de Morales, San Pablo, Simití, Santa Rosa, Cantagallo, en el departamento de Bolívar;

Que el Consejo Nacional de Estupefacientes en sesión del tres (3) de diciembre de 2004, por unanimidad aprobó la presente resolución,

RESUELVE:

ART. 1º—Los vehículos que transporten gasolina, aceite combustible para motor (ACPM), y kerosene (petróleo), con destino a las estaciones de servicio automotor y fluvial ubicadas en los municipios de Morales, San Pablo, Simití, Santa Rosa y Cantagallo del departamento de Bolívar, deberán poseer:

1. Rótulos de identificación fijos o movibles para cada clase de precursor especial, ubicados en la parte lateral de la unidad de transporte y a una altura media que permita su lectura.

2. El logotipo o nombre de la empresa proveedora de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) o kerosene, visible en todas las caras de la unidad de transporte.

3. Un sistema de control satelital con GPS, a efectos de conocer su recorrido y ubicación en el momento en que se requiera.

PAR. 1º—Entre las plantas de abastecimiento y las estaciones de servicio automotor y fluvial solamente podrán transportar gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) y kerosene los barcos, camiones, remolques y semirremolques tipo tanque, que tengan una relación comercial previamente establecida con los distribuidores mayoristas.

PAR. 2º—Igualmente deberán cumplir con los requisitos referidos en el presente artículo los vehículos de transporte que para llegar a su destino final deban transitar por alguno de los municipios mencionados. Así mismo, cuando el transporte se origine en dichos municipios.

PAR. 3º—Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la presente resolución, los vehículos de transporte terrestre de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) y kerosene (petróleo), deberán tener instalado y en funcionamiento un sistema de monitoreo satelital con GPS, y estar afiliados a una central de monitoreo satelital que esté en capacidad de reportar en cualquier momento y de forma inmediata a la fuerza pública los movimientos sospechosos de los rodantes.

Así mismo, dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación de la presente resolución, deberán estar marcados con el logotipo de la empresa proveedora de las sustancias, visible en todas sus caras.

ART. 2º—La fuerza pública y el DAS podrán inmovilizar los productos cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la presente resolución o cuando se presente alguna inconsistencia. En estos casos, tales hechos se pondrán en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente para efectos de lo dispuesto en el artículo 382 del Código Penal y demás normas que lo modifiquen o deroguen.

ART. 3º—Las estaciones de servicio automotor y fluvial para comprar y/o distribuir gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) o kerosene (petróleo) que estén ubicadas en los municipios de Morales, San Pablo, Simití, Santa Rosa y Cantagallo del departamento de Bolívar, deberán solicitar y obtener de la dirección nacional de estupefacientes el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.

ART. 4º—Las estaciones de servicio automotor y fluvial que compren y/o distribuyan gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) o kerosene (petróleo), y que se encuentren ubicadas en los municipios de Morales, San Pablo, Simití, Santa Rosa y Cantagallo del departamento de Bolívar, tendrán como plazo hasta el 30 de junio de 2005 para solicitar y obtener el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes ante la dirección nacional de estupefacientes.

La Policía Nacional - dirección antinarcóticos, cumplido el plazo anterior, procederá a la inmovilización de las sustancias precursoras especiales, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

PAR. 1º—Solo le corresponde a la dirección nacional de estupefacientes expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes a las personas propietarias o relacionadas con las estaciones de servicio automotor y fluvial.

PAR. 2º—La fuerza pública dispondrá de lo necesario para que dentro de dicho lapso se practiquen las visitas a que haya lugar y se rindan a la dirección nacional de estupefacientes los informes respectivos de tal forma que se le permita a esta continuar con el trámite de expedición de los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.

PAR. 3º—El Consejo Nacional de Estupefacientes asignará los recursos económicos que se estimen necesarios para que la dirección nacional de estupefacientes pueda cumplir en el plazo establecido en el artículo cuarto de la presente resolución con la expedición de los certificados.

ART. 5º—La presente resolución no deroga las disposiciones expedidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes relacionadas con el control de la gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) y kerosene (petróleo), que se encuentran vigentes a la fecha.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 3 de diciembre de 2004.

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