RESOLUCIÓN 180226 DE 2004 

(Marzo 2)

“Por medio de la cual se revoca la Resolución 18-0811 del 21 de julio de 2003”.

El Ministro de Minas y Energía,

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 30 de la Ley 756 de 2002, los artículos 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y del Decreto 70 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 756 del 23 de julio de 2002, estableció en su artículo 30 el alcance de los aforos para metales preciosos con el objeto de limitar la transferencia de las regalías hacia los municipios productores de acuerdo con su capacidad máxima de producción;

Que la misma ley en el inciso 1º del artículo 30 dispuso que el Ministerio de Minas y Energía o la entidad que este designe, realizará, certificará y mantendrá actualizado el aforo para cada municipio productor de metales preciosos como capacidad máxima de producción mensual, para efectos de la transferencia de regalías originadas en dicha explotación;

Que la Ley 756 de 2002 para efectos de realizar los aforos señala como parámetros indicativos: Los títulos mineros existentes, el tipo y la concentración de yacimientos, la tecnología y los equipos empleados, el personal dedicado a las labores de explotación y otros parámetros indicativos verificables en visitas de campo;

Que con miras a dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 756 de 2002, el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 18-0811 del 21 de julio de 2003 adoptó el procedimiento transitorio para efectos de realizar el aforo, que se aplicaría hasta tanto la autoridad minera contara con la información necesaria para utilizar el procedimiento uniforme, definido en el artículo 2º de la mencionada resolución;

Que en dicho procedimiento no se tuvo en cuenta todos y cada uno de los parámetros indicativos señalados por la Ley 756 de 2002 ante: La ubicación geográfica de las explotaciones de metales preciosos, las condiciones de orden público, vías de acceso, la dificultad de obtener los registros de la producción de metales preciosos de la fuente primaria, entendiéndose por esta la producción directamente reportada por el minero a la autoridad competente;

Que en aplicación del procedimiento transitorio adoptado por la Resolución 18-0811 del 21 de julio de 2003, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 18-0829 del 23 de julio de 2003, la cual efectuó el primer aforo previsto en el artículo 30 de la Ley 756 de 2002 para cada uno de los municipios productores de metales preciosos;

Que como fuente para calcular la producción de metal es preciosos y dar aplicación al procedimiento transitorio, se utilizó la información sobre compras de metales preciosos que proveen las entidades designadas por el artículo 14 del Decreto 600 del 26 de marzo de 1996, a saber: Banco de la República, entidades financieras, joyeros, comerciantes y casas fundidoras; información consolidada y remitida oficialmente al Ministerio de Minas y Energía por Minercol Ltda., para el período comprendido entre abril de 2002-marzo de 2003;

Que dada la variabilidad de la producción de metales preciosos por diferentes causas, como son, entre otras: La irregularidad en el contenido de los metales inherente a la naturaleza geológica de los yacimientos, el mayor o menor incentivo para producir dependiente de los precios del mercado, la estacionalidad de la minería informal que depende de otras fuentes de subsistencia, las condiciones de orden público en las zonas productoras y la trashumancia propia de la actividad minera, los topes fijados en el primer aforo, Resolución 18-0829 del 23 de julio de 2003, en muchos casos están por debajo de la capacidad real de producción que tuvieron los municipios en el período siguiente a la vigencia de dicha resolución, según reportes y reclamaciones de los entes territoriales y la información de Minercol Ltda.;

Que según el artículo 32 de la Ley 756 de 2002 se prohíbe a los agentes liquidadores y retenedores de regalías derivadas de metales preciosos, comprar, a partir del término de aplicación establecido en el artículo 30 de la mencionada ley, dichos metales cuando sean declarados como procedentes de municipios que carezcan del aforo ordenado en esa ley o que excedan los límites transferibles derivados del mismo;

Que en cumplimiento de esa disposición legal el Banco de la República, agente retenedor de regalías e indirectamente regulador del precio, se abstiene de comprar metales preciosos tan pronto se alcance el tope establecido en el Aforo, rechazando las compras de las cantidades excedentes, con el consiguiente perjuicio para los mineros y la generación de un comercio ilegal;

Que los efectos de la aplicación de la Resolución 18-0811 del 21 de julio de 2003, transcurridos siete (7) meses desde su vigencia, están atentando contra el interés público o social de algunos municipios productores que han presentado sus reclamaciones ante el Ministerio de Minas y Energía, por tener recortados sus ingresos por transferencia de regalías al no estar conforme con las realidades de producción de cada municipio la aplicación del procedimiento transitorio previsto por la Resolución 18-0811 del 21 de julio de 2003;

Que la aplicación del procedimiento transitorio previsto por la Resolución 18-0811 del 21 de julio de 2003, que dio como resultado la fijación de los aforos para cada uno de los municipios productores de metales preciosos por medio de la Resolución 18-0829 del 23 de julio de 2003, ha mostrado durante su tiempo de aplicación consecuencias tales como:

• Perjudica al minero que tiene que vender su producción a un menor precio cuando el Banco de la República se abstiene de comprar por efecto de aplicar el tope establecido en la resolución.

• Perjudica al minero que encuentra limitada su capacidad de producción al no encontrar forma legal de venderla.

• Perjudica a los agentes retenedores de regalías que están obligados (L.756/2002, art. 32) a suspender las compras de metales preciosos en detrimento de su actividad económica, cuando se supera el tope del aforo establecido.

• Afecta el interés público o social de los municipios al limitárseles las transferencias por concepto de regalías sobre unos topes de producción fijados por los aforos que no consultan totalmente la realidad de la actividad de explotación en cada uno de ellos.

• Afecta el libre juego de la oferta y demanda del mercado de los metales preciosos limitando el ejercicio de la libertad económica e iniciativa privada;

Que todas las circunstancias mencionadas anteriormente se encuentran vigentes y hacen imposible aplicar el procedimiento uniforme de que trata la Ley 756 de 2002;

Que de conformidad con las anteriores razones y en virtud del artículo 69 del Código Contencioso-Administrativo, la ley faculta a la autoridad administrativa que expidió el acto para que de oficio lo revoque cuando no está conforme con el interés público o social, o atente contra él, tal como está ocurriendo a partir de la vigencia de la Resolución 18-0811 del 21 de julio de 2003 respecto de la afectación de los derechos de las entidades territoriales de recibir las transferencias por regalías de metales preciosos, cuando en algunos casos, por la aplicación de los aforos se están reteniendo dineros por concepto de regalías sin que sean transferidas de manera completa a los municipios con derecho sobre las mismas;

Que así mismo, de acuerdo con la Jurisprudencia cuando se ha referido el tema de la revocabilidad de los actos administrativos generales como atributo de la autoridad, en sentencia de mayo 5 de 1981, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, se manifestó diciendo:

“La abrogación o derogación del acto general (que no a otra cosa equivale su revocatoria) generalmente obedece a que hechos o circunstancias sobrevinientes, distintos o aun contrarios a los que determinaron su expedición, tórnanlo incompatible con el interés general u opuesto al bien común. Como lo advierten las corrientes más reputadas de la doctrina, la conformidad (sic) del acto con la ley encierra el criterio de legitimidad; la conformidad del acto con el interés público se refiere al criterio de conveniencia.

(...) Pero el acto que en su origen fue conveniente por coincidir con el interés general y favorecer el bien común puede ulteriormente tornarse inconveniente por llegar a ser incompatible o inarmónico con el interés público y aun contrario al bien común. La dinámica social ha hecho que estos cambien, y, por tanto, el acto original, por no satisfacerlos, tórnase desueto y aun nocivo, por lo cual reclama la abrogación”.

(...) La revocación no tiene efecto retroactivo, y en consecuencia perduran las situaciones jurídicas concretas que hubieren nacido al amparo del acto revocado. Este por haber sido retirado del mundo del derecho ya no producirá más efectos en lo venidero, pero son válidos los que durante su existencia jurídica produjo”.

(...) En lo atinente a la supresión del que no esté conforme con el interés público o social o atente contra él, se configura precisamente la revocación que, según la opinión prevalente de la doctrina moderna, es el retiro de un acto legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de la inoportunidad o inconveniencia de aquel frente al interés social; la revocación, pues, se vincula a la “cuestión de mérito” del acto” (subrayado fuera de texto);

Que por las anteriores consideraciones el Ministro de Minas y Energía, haciendo uso de la revocatoria directa dispuesta en nuestro ordenamiento jurídico,

RESUELVE:

ART. 1º—Revocar en todas sus partes la Resolución 180811 del 21 de julio de 2003, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a marzo 2 de 2004.

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