Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIÓN 0 1810 DE 2012

(Octubre 4)

“Por medio de la cual se crea la Unidad Nacional de Análisis y Contextos”.

El Fiscal General de la Nación,

en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por la Ley 938 de 2004, estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal, investigar los hechos que revistan las características de un delito, conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política.

Que el Fiscal General de la Nación tiene competencia para desarrollar la estructura orgánica de la entidad definida por la ley, atendiendo a los principios de racionalización del gasto, eficiencia y fortalecimiento de la gestión administrativa e investigativa y el mejoramiento de la prestación del servicio.

Que en el artículo 5º de la Ley 938 de 2004 establece como función del Fiscal General de la Nación “Determinar la conformación y localización de las direcciones seccionales y las unidades nacionales y seccionales de acuerdo a las necesidades del servicio y con sujeción a la ley estatutaria de la administración de justicia”.

Que de conformidad con el artículo 8º de la Ley 938 de 2004 le “Corresponde al Fiscal General de la Nación, a los directores de fiscalías, a los fiscales a quienes se les asigne la función de jefes de unidad y demás fiscales delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y por otros cuerpos de policía judicial, establecidos por la Constitución o las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones”.

Que el Fiscal General de la Nación, en virtud de lo señalado en el artículo 11, numeral 18, puede “modificar la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación. Para tal efecto podrá trasladar cargos y determinar sus funciones, de acuerdo con la necesidad del servicio y sin que ello implique cargo al tesoro u obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales”.

Que una adecuada y más efectiva gestión de la investigación de situaciones y casos en la Fiscalía General de la Nación, encaminada a fortalecer el Estado social y democrático de derecho, implica adoptar instrumentos de política criminal que permitan racionalizar, en función de la aplicación de unos criterios materiales de priorización, el orden de atención de las peticiones ciudadanas de justicia.

Que el actual sistema de gestión judicial que indica que todos los delitos se deben investigar al mismo tiempo y de igual forma, además como si se tratara de conductas aisladas, impide la creación de una verdadera política criminal que se materialice en el diseño e implementación de unas estrategias que conduzcan a combatir, de manera eficaz, los diversos fenómenos delincuenciales atribuibles a organizaciones delictivas.

Que en la actualidad, el paradigma según el cual todos los delitos deben ser investigados al mismo tiempo, de igual forma y como hechos aislados, ha conducido a elevados índices de impunidad, por cuanto los recursos económicos, administrativos, logísticos y de personal con que cuenta la Fiscalía General de la Nación no son direccionados de forma estratégica hacia la consecución de unos objetivos generales.

Que la actividad investigativa de la Fiscalía General de la Nación no ha podido focalizarse en la persecución de delitos, que si bien es cierto, no son perpetrados por organizaciones delictivas, sí afectan de manera irreversible el tejido social de la Nación, debido a su particular gravedad en términos de vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas, de los bienes jurídicamente amparados o por la existencia de patrones culturales discriminatorios.

Que la Constitución Política no exige que el deber de protección de la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades ciudadanas, a cargo de las autoridades públicas, deba ser cumplido de una forma específica, por lo que puede válidamente adoptarse un modelo de gestión judicial de la investigación penal, sustentado en la aplicación de criterios de priorización, adoptados de forma transparente y ajustados al cumplimiento de los fines constitucionales y estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que imprimirle un particular impulso a determinados casos de especial connotación, no constituye una vulneración de obligación estatal de garantía y protección de los derechos y de justicia que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos.

Que existen diversas disfuncionalidades en el actual sistema de gestión judicial, por lo que se debe acoger un modelo de investigación que permita adelantar la indagación de las conductas delictivas no como hechos aislados e inconexos, sino como el resultado del accionar de organizaciones delictivas dentro de un determinado contexto.

Que el cumplimiento de las obligaciones de la Fiscalía General de la Nación frente a los desafíos de la justicia transicional comporta la adopción de un modelo investigativo omnicomprensivo del fenómeno criminal, soportado sobre el análisis criminal y la construcción de contextos.

Que en la actualidad, la Fiscalía General de la Nación, no cuenta con una unidad especializada en análisis criminal que le permita crear los respectivos contextos y desentrañar los fenómenos delictuales de la macrocriminalidad o de aquellos casos que afectan de manera grave los derechos y garantías fundamentales.

Que se hace necesario crear la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, como instrumento de política criminal enfocada a enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia organizada, mediante el uso de herramientas de análisis criminal y creación de contextos, con el objetivo de articular la información aislada que actualmente se encuentra en las diversas unidades de fiscalía. Igualmente, asumirá los procesos que hagan parte de las situaciones y los casos priorizados por el comité de priorización de situaciones y casos de la Fiscalía General de la Nación.

Que dada la especialización que requiere el conocimiento de los casos y situaciones priorizados, así como la creación de contextos, es necesario contar con el apoyo de un grupo interdisciplinario de servidores especializados, con capacidad e idoneidad, que apoyen de manera ágil, decidida e imparcial la labor investigativa.

Que los cargos que conformarán esta unidad nacional serán asignados de acuerdo con la disponibilidad de la planta global de la Fiscalía General de la Nación.

Que para el logro de estos propósitos resulta necesario que los fiscales delegados que se encarguen del trámite de los referidos asuntos, cuenten con el apoyo técnico y logístico de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación o de la entidad que corresponda.

Que en virtud de lo anterior, es pertinente conformar dicha unidad de fiscalía, señalando la planta de personal que la integrará.

Que con la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, el Fiscal General de la Nación no excede sus competencias, por cuanto el presente acto administrativo no implica cargo al tesoro público.

CAPÍTULO I

Objeto y fines

ART. 1º—Crear la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, como instrumento de política criminal enfocada a enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia organizada, mediante el uso de herramientas de análisis criminal y creación de contextos, con el objetivo de articular la información aislada que actualmente se encuentra en las diversas unidades de fiscalía. Igualmente, asumirá los procesos que hagan parte de las situaciones y los casos priorizados por el comité de priorización de situaciones y casos de la Fiscalía General de la Nación.

ART. 2º—La Unidad Nacional de Análisis y Contextos estará adscrita al despacho del Fiscal General de la Nación, del cual dependerá funcionalmente.

La Unidad Nacional de Análisis y Contextos dirigirá, coordinará y controlará las actividades de investigación adelantadas por los fiscales delegados, la policía judicial y demás servidores que se designen para el apoyo de su gestión, ejerciendo las demás funciones que expresamente le señale el Fiscal General de la Nación y el comité de priorización de situaciones y de casos.

ART. 3º—Las unidades nacionales de fiscalías, las direcciones seccionales de fiscalías y el Cuerpo Técnico de Investigación, facilitarán toda la información que requiera la Unidad Nacional de Análisis y Contextos para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO II

Conformación

ART. 4º—Conformación. La Unidad Nacional de Análisis y Contextos tendrá un fiscal jefe de unidad, designado por el Fiscal General de la Nación, y estará compuesta por una coordinación de análisis criminal y una coordinación de situaciones y casos priorizados.

La coordinación de análisis criminal estará integrada por equipos interdisciplinarios de analistas, quienes serán especialistas en temas políticos, de defensa y seguridad, narcotráfico, financieros, sociales, económicos, entre otros.

La coordinación de situaciones y casos priorizados se compondrá de un grupo de fiscales delegados, una secretaría administrativa y una unidad de policía judicial.

La estructura, conformación y funciones de las coordinaciones de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos será definida por el fiscal jefe de la unidad, a través de resoluciones.

ART. 5º—Planta de personal. La Unidad Nacional de Análisis y Contextos estará integrada con la siguiente planta:

CargoCantidad
Fiscal delegado ante tribunal de distrito judicial5
Fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializados60
Fiscal delegado ante los jueces penales municipales o promiscuos20
Profesional especializado III30
Profesional especializado II30
Profesional especializado I30
Investigador profesional VI20
Profesional judicial especializado5
Profesional universitario III5
Profesional universitario II5
Profesional universitario I5
Investigador criminalística VIII10
Investigador criminalística VII50
Investigador criminalística VI50
Investigador criminalística V40
Investigador criminalística III30
Investigador criminalística II20
Investigador criminalística I10
Asistente de fiscal IV5
Asistente de fiscal III30
Asistente de fiscal II20
Asistente de fiscal I10
Asistente judicial V5
Asistente judicial IV5
Asistente judicial III5
Asistente judicial II5
Asistente judicial I5
Secretario ejecutivo III1
Técnico administrativo VI1
Técnico administrativo V1
Técnico administrativo IV1
Conductor III3
Conductor II2

 

PAR. 1º—La planta de personal de esta unidad nacional podrá ser incrementada o modificada, en la medida que las necesidades del servicio lo exijan para asegurar el cumplimiento oportuno, eficaz y efectivo de las funciones y labores encomendadas.

PAR. 2º—La provisión de estos cargos se hará de acuerdo con la disponibilidad de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.

PAR. 3º—Las funciones que correspondan a los cargos que se asignarán a la coordinación de situaciones y casos priorizados de esta unidad nacional, serán definidas e incluidas dentro del manual de funciones, competencias laborales y requisitos de la Fiscalía General de la Nación. Los ajustes necesarios a este manual se llevarán a cabo por la secretaría general.

CAPÍTULO III

Funcionamiento

ART. 6º—Las situaciones o casos priorizados que lleguen al conocimiento de los servidores y funcionarios de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, lo serán por asignación o variación especial dispuesta a través de resolución por parte del señor Fiscal General de la Nación.

CAPÍTULO IV

Policía judicial

ART. 7º—La Unidad Nacional de Análisis y Contextos tendrá el apoyo permanente de una unidad especial de policía judicial conformada por miembros de las autoridades que corresponda, con dedicación exclusiva, permanente y con competencia en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO V

Comunicación y vigencia

ART. 8º—Comunicaciones. La secretaría general comunicará la presente resolución al despacho del señor vicefiscal, direcciones nacionales de fiscalías y Cuerpo Técnico de Investigaciones, unidad delegada ante la Corte Suprema, a los fiscales jefes de unidades nacionales y servidores que hacen parte del comité de priorización de situaciones y casos, para lo de su competencia.

ART. 9º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 4 de octubre de 2012.