Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 1823 DE 2015 

(Septiembre 3)

“Por la cual se toman medidas para garantizar la inspección, vigilancia y control a las campañas electorales”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las consagradas en el artículo 265 de la Constitución Política de Colombia.

CONSIDERANDO:

El próximo 25 de octubre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones para escoger a las autoridades de las distintas entidades territoriales, a saber, gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales municipales o distritales y miembros de juntas administradoras locales.

En procura de contar con unas elecciones transparentes y equitativas, en la que un mayor número de ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho a la participación, y en particular a elegir y ser elegido, nuestra Carta Fundamental ha regulado la actividad electoral de candidatos, campañas electorales, partidos y movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, para lo cual han fijado límites a las actividades que ellos pueden desarrollar.

Dentro del conjunto de límites establecidos a la actividad electoral, se cuentan los fijados a los ingresos y gastos que pueden realizarse en las distintas campañas electorales, así como a la propaganda electoral que ellas pueden realizar, la que solo puede hacerse en determinado término y hasta por cierta cantidad de piezas publicitarias.

Como entidad responsable de la fiscalización del cumplimiento de las normas que rigen la actividad electoral de los distintos actores involucrados en estos procesos democráticos, la Constitución instituyó al Consejo Nacional Electoral, erigido como órgano constitucional, autónomo e independiente, de conformidad con lo previsto en los artículos 113 y 120 superiores, responsable de regular, inspeccionar, vigilar y controlar “toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden”, así como de “velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías” y “Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado”.

De las anteriores atribuciones, se deriva que el Consejo Nacional Electoral es una institución de garantías electorales y políticas destinada a lograr la “regularidad de los procedimientos electorales(1), por lo que debe entender todo aquello “Ajustado y conforme a regla(2)”, por lo que ejerce un “poder supervisor de la democracia”(3), en tal virtud, está dotado además de un poder de policía electoral que conlleva que él debe procurar por la vigencia de las “buenas prácticas electorales”, tal y como lo ha indicado la jurisprudencia contencioso administrativa.

“El ordenamiento constitucional le otorga importantes funciones al CNE en cuanto a la actividad política de los partidos y movimientos políticos (…) expresamente se determinó que cuenta con facultades de reglamentación, inspección, vigilancia y control sobre la actividad de las organizaciones políticas (…), en cuanto a la función de control que el artículo 265 superior le asigna a dicha entidad (…) ella alude al deber que le incumbe en torno a hacer que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como los movimientos sociales, grupos significativos de ciudadanos y comités promotores, entre otros actores políticos, respeten las normas constitucionales y legales relativas al ejercicio de las actividades que ellos cumplen en el escenario democrático. (…) consistente en “Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías” (…) configuran en los términos de la doctrina constitucional (…) el poder de policía administrativa en el plano electoral, que busca preservar la plena observancia del ordenamiento jurídico y mantener el statu quo en las buenas prácticas electorales. (…) la función de policía le permite a esa entidad (…) dictar actos administrativos de carácter general en los que se fijen medidas para llevar a cabo las atribuciones que le fueron conferidas, medidas que únicamente pueden propender por hacer operativas las disposiciones jurídicas que rigen la materia. (…) una campaña electoral no puede ser llevada de manera totalmente ausente de control legal (…) de aceptarse que las campañas electorales (…) se pueden adelantar al margen de las normas jurídicas que regulan la materia y por fuera del alcance de las funciones de inspección, vigilancia y control que la Constitución le encomendó al CNE respecto de “toda la actividad electoral”(…), de las diferentes organizaciones políticas (C.P., art. 265), conduciría a que en un momento dado no se pudiera establecer quiénes y con qué dineros se están auspiciando esas campañas. (…) sería muy alto el riesgo al que se expondría la democracia colombiana si se tolerara que las campañas electorales (…) actuaran como ruedas sueltas, (…) ya que en la medida que se esté ante una propaganda electoral o campaña electoral (…) ella debe sujetarse a las normas constitucionales y legales que la gobiernan, (…) el CNE obró en ejercicio de sus atribuciones de policía administrativa electoral, pues valiéndose del poder de policía fijado por el constituyente y el legislador (…) tras verificarse que algunas personas habían emprendido una propaganda electoral (…) hizo respetar el marco normativo inobservado, para lo cual prohibió que esa campaña y su divulgación publicitaria continuara impartiendo al efecto órdenes a los medios de comunicación y a los jefes del gobierno local de los municipios (…) para que hicieran efectiva la medida. (…) la hipótesis de que el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político es suficiente para que las personas naturales puedan libremente (…) adelantar propaganda electoral (…) no solamente desafía el ordenamiento constitucional y legal aquí examinado, como ya se explicó, sino también la lógica.

(…) que los particulares, (…), emprendan campañas electorales en las que acopien recursos financieros de origen desconocido y en cuantías considerables, y que con esos dineros inunden la respectiva circunscripción electoral sin consideración a los tiempos previstos para ello ni a la magnitud o extensión de esa publicidad, sin que el CNE pueda hacer nada.

(…)(4)”.

Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias asignadas en el artículo 37 de la Ley 1475 de 2011 profirió las resoluciones 236 de 2015 y 1176 de 2015, por las cuales fijó el número máximo de cuñas radiales, cuñas en televisión de avisos en publicaciones escritas y de vallas publicitarias de que pueden hacer uso los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, candidatos y campañas electorales de que pueden hacer uso en las elecciones del próximo 25 de octubre de 2015.

Que de nada vale fijar unas reglas si no se adoptan mecanismos que garanticen su cumplimiento, para lo cual se hace necesario que el Consejo Nacional Electoral adopte mecanismo de inspección, vigilancia y control que permita contar con un flujo de información verificable que permita constatar el estricto cumplimiento a los límites impuestos tanto al financiamiento electoral como a la propaganda electoral de conformidad con las resoluciones antes citadas.

Estos mecanismos, tendrán como destinatarios en primer lugar a los propios candidatos y a las organizaciones políticas que los postularon, en tanto que el ejercicio de su derecho a la participación conlleva de manera coetánea responsabilidades, razón por la cual “toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes” así como no abusar de sus derechos(5).

En segundo lugar, serán destinatarios de estas medidas los distintos medios de comunicación en los que se contrate propaganda electoral, lo que de acuerdo con el artículo 20 superior son libres pero tienen “responsabilidad social”, así como que el ejercicio de todo derecho implica responsabilidades tal y como lo enseña el artículo 96 Constitucional.

Finalmente es de señalar, que desde un sentido simplemente gramatical, por la atribución de inspección que le es propia al Consejo Nacional Electoral, puede entenderse el acto de “examinar”, actividad que conlleva “Inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo”(6), mientras que vigilancia guarda relación con el “cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno(7)”, mientras que el control implica “comprobación, inspección, fiscalización, intervención(8)”.

Estas actividades además se compaginan con la prevista en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, que faculta a este organismo para “adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento de las normas” sobre financiación y propaganda electorales entre otras, norma que precisa que “en ejercicio de la función de vigilancia atribuida (…) el Consejo Nacional Electoral podrá (…) ordenar y practicar pruebas, revisar libros y documentos públicos y privados e inspeccionar la contabilidad de las entidades financieras; (…) citar personas para que rindan testimonio y presenten informes relacionados con el cumplimiento o ejecución de las leyes mencionadas”.

En mérito de lo antes expuesto, el Consejo Nacional Electoral.

RESUELVE:

ART. 1º—Los medios de comunicación social, periódicos, revistas, emisoras de radio o canales de televisión y empresa de publicidad o comercializadoras de vallas deberán informar al Consejo Nacional Electoral dentro de los diez (10) siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución acerca de la propaganda electoral contratada con ellos hasta la fecha, la que se presentará y contendrá la información requerida en el anexo 1 que hace parte integral de la presente resolución, la que en todo caso contendrá:

Identificación del medio de comunicación social con su nombre y NIT.

Número de piezas publicitarias contratadas.

Partido, movimiento o GSC.

Candidato.

Tipo de propaganda.

Cargo o corporación a la que aspira el candidato.

Costo de divulgación.

Fecha y horario de publicación.

Ubicación de valla (municipio y dirección).

Indicar si se efectuó descuento respecto del valor comercial.

PAR. 1º—Los medios de comunicación certificarán el valor comercial de la emisión de cada comercial, aviso o fijación de vallas publicitarias, indicando el valor por fracción de tiempo o franja de emisión, y si existe descuento por volumen, frecuencia de emisión o tarifas diferenciales de acuerdo a la ubicación de cada valla publicitaria.

PAR. 2º—Para lo anterior los medios de comunicación social, periódicos, revistas, emisoras de radio o canales de televisión y empresas de publicidad o comercializadoras de vallas se deberán inscribir ante el Consejo Nacional Electoral en el portal www.cnecuentasclaras.com.

ART. 2º—La información a que se refiere el artículo 1º de la presente resolución deberá ser suministrada por los medios de comunicación social, periódicos, revistas, emisoras de radio o canales de televisión y empresas de publicidad o comercializadoras de vallas hasta el 25 de septiembre de 2015 y un segundo informe hasta el 31 de octubre de 2015.

ART. 3º—Por subsecretaría comuníquese la presente resolución a la Autoridad Nacional de Televisión, al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Superintendencia Financiera, a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, a los grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos y a los gremios que agrupan a los medios de comunicación social.

Comuníquese la presente resolución a la comunidad en general a través de la publicación en el sitio en internet del Consejo Nacional Electoral y mediante su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 3 de septiembre de 2015.

(1) Ferrajoli, Luigi. Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Tomo 2. Madrid. Trotta. 2011. págs. 185 y 200-201.

(2) Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Ed. 22. En línea: www.rae.es/ DRAE.

(3) Ackerman, Bruce. La nueva división de poderes. México. Fondo de cultura económica. 1ª. 2007. pág. 113.

(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 22 de enero de 2013. Radicado bajo el número 1001032800020130003000.

(5) Constitución Política de Colombia. Artículo 95.

(6) Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Ed. 22. En línea: www.rae.es/ DRAE.

(7) Ibídem.

(8) Ibídem.