RESOLUCIÓN 1843 DE 2008 

(Abril 23)

“Por la cual se establecen los criterios para la elaboración e implementación de planes de gestión sociopredial con miras a compensar los impactos sociales generados en la adquisición de áreas requeridas para la ejecución de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías, y se hace una delegación”.

El Director General del Instituto Nacional de Vías,

en ejercicio de sus funciones legales y estatutarias y en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 13, 43, 46, 47, 51, 58, 60 y 64 de la Constitución Política, los artículos 1º y 3º de la Ley 99 de 1993, el artículo 1º de la Ley 388 de 1997, capítulo III, artículo 1º de la Ley 1151 de 2007 y los artículos 1º, 12 y 14 del Decreto 2056 de 2003, Decreto 973 de 2005, Decreto 4466 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º de la Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general;

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política se erige en el ordenamiento jurídico colombiano como norma de normas, y a la cual se adhieren, en desarrollo del artículo 93 de la Carta, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, los cuales integran el bloque de constitucionalidad y prevalecen en el orden interno y en tal sentido es obligación del Estado dar cumplimiento a las preceptivas contenidas tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y demás declaraciones y conferencias internacionales en las que Colombia ha participado, las cuales señalan de forma reiterada el derecho a la vivienda como un derecho social. El derecho a la vivienda digna requiere para su materialización la formulación de una política integral de vivienda y desarrollo, en la que el Estado y la sociedad formulen aspectos de planeación territorial, técnicos, normativos, financieros, ambientales, culturales y de participación democrática;

Que el artículo 5º de la Carta, consagra la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad;

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política es obligación del Estado adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; en los mismos términos es obligación estatal apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia, según lo dispone la misma Carta en el artículo 43, a las personas de la tercera edad, conforme al artículo 46, y a los disminuidos físicos sensoriales y síquicos, artículo 47;

Que al establecer la prevalencia del interés general sobre el particular, el artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1999, previene sobre la obligación de garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores;

Que de acuerdo con los artículos 1º y 3º de la Ley 99 de 1993, el proceso de desarrollo económico y social del país se debe orientar según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Río de Janeiro, entendiendo como desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, y en tal sentido el numeral 14 del mismo artículo 1º obliga al ejercicio de las funciones en materia ambiental, teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.

Que dicho principio de interrelación económica, social y física se ve reiterado en la Ley 388 de 1997 al señalar en el numeral 4º del artículo 1º la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes;

Que el artículo 1º del Decreto 2056 de 2003 señala como objeto del Instituto Nacional de Vías la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaría, férrea, fluvial y marítima, lo que compromete a la entidad con el resultado de los objetivos y programas establecidos en el “plan nacional de desarrollo 2007-2010 o el que lo modifique, mediante la implementación de programas de gestión social para la mitigación de impactos negativos que se generen en las comunidades afectadas antes, durante y con posterioridad a la construcción de cada proyecto en salvaguarda de los postulados constitucionales señalados inicialmente;

Que para el cumplimiento de tal objetivo, el artículo 2º numeral 8º del Decreto 2056 de 2003 señala como función de la entidad elaborar, conforme a los planes del sector, la programación de compra de predios y adquirir los que se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos, lo cual implica una inevitable movilización involuntaria de la población asentada en las zonas de terreno requeridas así como la asunción de gastos inmediatos para adelantar la adquisición de los inmuebles a favor del Estado, generando en muchas oportunidades el desmejoramiento de su calidad de vida, en especial cuando se trata de unidades sociales en estado socioeconómico vulnerable, como el caso de propietarios cuyo pago del valor comercial de sus predios no les permite adquirir vivienda de reposición en condiciones dignas o propietarios de mejoras, quienes a pesar del arraigo comprobado con el paso de los años no detentan derechos reales susceptibles de adquisición por parte de la entidad pública;

Que por lo anterior, en uso de la facultad otorgada por el artículo 7º numeral 1º del Decreto 2056 de 2003, la dirección general considera necesario implementar un plan de gestión sociopredial, aplicable a la población afectada directamente con los proyectos de infraestructura adelantados por la entidad, para compensar los impactos sociales derivados de la adquisición de áreas requeridas para la ejecución de obras de infraestructura a su cargo, mediante el restablecimiento digno de la calidad de vida de los afectados, cuando el desplazamiento implique la exposición a condiciones de vulnerabilidad;

Que de acuerdo con lo anterior, es misión de la entidad construir, mantener y consolidar un sistema de infraestructura de transporte seguro para la movilidad e integración nacional e internacional de Colombia, que contribuya al desarrollo sostenible y a la competitividad, contando con un equipo humano comprometido con la transparencia, calidad y efectividad, promoviendo y utilizando el conocimiento y la tecnología;

Que finalmente el artículo 14 numeral 1º del Decreto 2056 de 2003 establece como función de la subdirección de medio ambiente y gestión social la ejecución de políticas, planes y proyectos relacionados con la gestión social y ambiental necesarios para el desarrollo de la infraestructura vial, a la vez que señala en el numeral 3º del mismo artículo la obligación de socializar y adelantar los trámites necesarios con las comunidades localizadas en las áreas de influencia de los proyectos que desarrolle la entidad, bajo la dirección, control y evaluación por parte de la secretaría general técnica, conforme lo establece el artículo 12 numeral 7º del precitado decreto;

Que de conformidad con el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, los representantes legales de organismos y entidades que poseen una infraestructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención de la decisión de los asuntos a ellos asignados, en los empleados públicos de los niveles directivos y asesor vinculados a los organismos correspondientes, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en la Constitución Política y los principios contenidos en la citada ley;

Que en virtud de lo anterior, a la dirección general del Instituto Nacional de Vías está facultada para delegar su función en los términos del artículo 211 de la Constitución Política de Colombia;

Que de conformidad con el artículo 7º numeral 7.17 es competencia del director general del instituto, emitir los actos administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad técnica y administrativa del instituto, de conformidad con las disposiciones vigentes;

Que en el presente acto administrativo se establecen los criterios para la elaboración e implementación de planes de gestión sociopredial con miras a compensar los impactos sociales generados en la adquisición de áreas requeridas para la ejecución de los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías, así como el componente económico a pagar por la compensación a las unidades sociales vulnerables y los factores a reconocer con sus correspondientes requisitos para acceder a los mismos;

Que en cumplimiento de lo establecido se hace necesario delegar la ordenación del gasto y la suscripción del documento requerido para el reconocimiento y pago del mismo,

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará en los proyectos de infraestructura a cargo del instituto que requieren adquisición de predios.

Los programas de gestión sociopredial se aplicarán únicamente a las unidades sociales afectadas directamente por los proyectos que adelanta el instituto y que se encuentren o queden en estado de vulnerabilidad social de acuerdo con la identificación y evaluación de las condiciones técnicas, sociales y económicas establecidas en el censo o diagnóstico sociopredial que elaborará el Instituto Nacional de Vías previo al inicio del proceso de adquisición de predios, entendiendo por afectados en forma directa aquellas unidades sociales que residan permanentemente en el predio o desarrollen permanentemente su actividad económica en él.

ART. 2º—Principios. Los principios que rigen el manejo de unidades sociales a ser afectadas por los proyectos a cargo del Invías, son:

a) Minimización de los traslados de población. Los diseños de las obras y proyectos que deba adelantar el instituto se definirán de manera que se minimice la necesidad de traslado de población, dado el alto costo social y económico que dicho traslado genera; en consecuencia cuando sean indispensables los traslados de población en razón de las obras y proyectos que deba adelantar el instituto, se adelantarán acciones que incluyan la identificación y evaluación de las condiciones técnicas, sociales, legales y económicas de las unidades sociales afectadas;

b) Construcción de relaciones basadas en principios de respeto, legitimidad y transparencia. El instituto adelantará las acciones que le corresponden de acuerdo con su función institucional de tal forma que se adecuen a la situación y características de cada unidad social e informará ampliamente sobre los distintos aspectos del plan de gestión sociopredial;

c) Equidad. A partir de la identificación de las condiciones encontradas y desarrolladas dentro de la unidad social, establecidas en el diagnóstico socioeconómico, se establecerá el tipo de compensación económica a reconocer a cada una de estas, de manera que se dé a cada unidad social lo que le corresponde de acuerdo con su situación de vulnerabilidad encontrada al momento de la aplicación de la ficha socioeconómica predial;

d) Igualdad. Todas las unidades sociales directamente afectadas recibirán el mismo trato y gozarán de los mismos derechos y oportunidades sin ninguna discriminación dentro del plan de gestión social que se adelante para el proyecto a ejecutar;

e) Oportunidad. Las acciones y programas del plan de gestión sociopredial deben ser implementadas y desarrolladas dentro de un tiempo prudencial, previo al inicio de las obras, para no generar imprecisiones, ni condiciones adversas a la unidad social que requiera ser trasladada para la ejecución del proyecto;

f) Eficiencia. El plan de gestión sociopredial debe propender por la optimización de los recursos humanos, económicos y técnicos para la consecución de las metas propuestas en el mismo;

g) Legalidad: Las acciones y programas establecidos en el plan de gestión sociopredial no podrán promover procesos de ocupación ilegal de terrenos, resultantes de invasiones y procesos de urbanización sin el lleno de los requisitos de ley y al contrario, favorecerán el traslado de las unidades sociales a zonas legalmente constituidas de acuerdo con lo establecido en el POT municipal.

ART. 3º—Definiciones. Para efectos de la presente resolución se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

a) Vulnerabilidad social. Condición social de riesgo que se presenta por la ejecución de un proyecto a cargo de Invías o dificultad que inhabilita e invalida de manera inmediata o en el futuro a la unidad social que habita permanentemente el predio y/o cuyo medio de subsistencia dependa exclusivamente de la actividad económica adelantada en el predio afectado;

b) Unidad social. Se entiende por unidad social la disposición que toman las personas a título individual o en grupo para proveerse de alimentos y otros recursos básicos para vivir y que residen permanentemente en un predio o ejercen en él su actividad económica.

La unidad social puede detentar la calidad de propietario del predio o de las mejoras y/o arrendatario del predio. En un mismo predio puede encontrarse más de una unidad social;

c) Compensación social. Es el reconocimiento económico que se otorga a la unidad social vulnerable, para mitigar los impactos ocasionados por el desplazamiento involuntario del lugar donde reside o generado por la ejecución de un proyecto a cargo del instituto;

d) Tipología de vivienda. Es la clasificación de las construcciones que tienen fines habitacionales a partir de las especificaciones técnicas y los materiales. Las viviendas que se incluirán para la evaluación de aplicación de factores sociales corresponden a:

Viviendas tipo 1. Corresponde a tugurios (ranchos-bareque, madera reciclable, cambuche).

Viviendas tipo 2. Corresponde a casas en mampostería o prefabricados.

Viviendas tipo 3. Corresponde a casas de hasta dos niveles con buena calidad de construcción, con estructura;

e) Mejoras. Se entiende como mejoras realizadas al terreno, las modificaciones del medio natural o las obras realizadas que permitan o determinen un incremento del uso o de la productividad física del predio o de parte de él, tales como cercas, pastos artificiales, abrevaderos, dotación de infraestructura de riego, drenajes, vías internas, instalaciones agroindustriales, cultivos permanentes o estacionales, las construcciones y en general, toda mejora realizada en el predio que incida en su valor (INAC, Res. 1541/93).

Para los cultivos permanentes o estacionales se tendrá en cuenta la clase, la variedad, la densidad, la edad y el estado fitosanitario, cantidad o área que ocupa.

En las construcciones se determinará clase, calidad de los materiales, estructura, acabados, estado de conservación, edad, baños, cocina;

f) Propietario de mejoras. Es quien realiza o construye a su costo y riesgo mejoras en terreno ajeno y a quien bajo los precisos supuestos de la presente resolución se le reconocen las mismas por vía de compensaciones económicas en desarrollo de los procesos de adquisición predial. La calidad de propietario de mejora excluye toda posibilidad de reconocimiento de titularidad en el dominio del predio intervenido.

ART. 4º—Programas para la implementación de la gestión sociopredial en los proyectos de infraestructura a cargo del Instituto Nacional de Vías. Se implementarán en el instituto los siguientes programas:

1. Acompañamiento social en la adquisición de predios requeridos para los proyectos de infraestructura a cargo de Invías.

En este programa se establecen como mínimo las siguientes acciones

a) Elaboración de censo y diagnóstico socioeconómico. Mediante la aplicación de la ficha socioeconómica predial se establecerá el censo en el cual se identifican las características técnicas, sociales, legales y económicas de cada unidad social que permanentemente reside y/o desarrolla actividades económicas y de mejoramiento en cada predio objeto de intervención.

Para la identificación de tales condiciones la subdirección de medio ambiente y gestión social implementará indicadores apoyados, además del trabajo de campo, en datos individuales y generales obtenidos de bases de información como las existentes para el Sisbén, el DANE o en cada alcaldía municipal, por ejemplo, así como cualquier otro indicador que permita establecer la certeza de dichas condiciones;

b) Asesoría social. Corresponde a la serie de actividades y acciones dirigidas a facilitar el traslado y a propender por el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas iniciales en que se encontraba la población desplazada o impactada por el proyecto;

c) Asesoría y asistencia técnica a las unidades que desarrollen actividades económicas. Corresponde a la serie de actividades y acciones dirigidas a facilitar el traslado de dichas unidades sociales y restablecer las condiciones productivas iniciales;

d) Asesoría en gestión inmobiliaria. Corresponde a las actividades y acciones que facilitan la búsqueda de los nuevos sitios de ubicación en el mercado inmobiliario, previniendo la ocupación de zonas de alto riesgo no mitigable, la ubicación en zonas ilegales, la ocupación de sectores con reservas para la construcción de obras de infraestructura u otros;

e) Asesoría jurídica. Corresponde a la orientación y acompañamiento jurídico que requiera la población vinculada al proceso de enajenación voluntaria de los inmuebles requeridos por la entidad que desarrolla el proyecto.

2. Implementación de las medidas de compensación social para la prevención y mitigación de los impactos generados por la adquisición de predios.

Corresponde a los reconocimientos económicos que hace la entidad a cargo del proyecto en función de los factores establecidos en los siguientes artículos, los cuales tienen por objeto compensar los impactos socioeconómicos generados por el proyecto.

ART. 5º—Factores de compensación social, FCS. Las medidas de compensación social que se reconocerán dentro del proceso de adquisición predial como medida de mitigación, prevención y compensación de los impactos socioeconómicos generados por los proyectos de infraestructura a cargo del instituto son:

a) Factor por unidad mínima de vivienda (UMV). Se reconocerá a las unidades sociales residentes permanentemente en el predio requerido para el proyecto y que deban trasladarse del inmueble o quedando área de terreno sobrante le sea imposible reubicarse en las condiciones mínimas requeridas.

Para propietarios. Se le reconocerá a las unidades sociales que demuestren la calidad de propietarios debidamente inscritos ante la oficina de registro de instrumentos públicos, que residan permanentemente en el predio y cuyo inmueble sea su único bien patrimonial y adelanten el proceso de enajenación en forma voluntaria, en razón de lo cual deban desplazarse, cuando la suma del valor correspondiente al avalúo comercial de la vivienda afectada sea inferior al valor de la vivienda de interés social, VIS, de menor valor autorizado para el municipio donde se encuentra el inmueble, de conformidad con los decretos 973 de 2005 y 4466 de 2007, o el que los modifique. Su liquidación se calculará de la siguiente manera:

Vivienda tipo 1. 50% VIS + VC = UMV

Vivienda tipo 2. 40% VIS + VC = UMV

Vivienda tipo 3. 30% VIS + VC = UMV

Donde:

UMV = Unidad mínima de vivienda

VIS = Vivienda de interés social.

VC = Valor comercial del inmueble.

Cuando el valor correspondiente al avalúo comercial de la vivienda afectada sea superior al valor de la vivienda de interés social, VIS, del municipio donde se encuentra el inmueble, se cancelará el valor que corresponde al avalúo comercial.

Para propietarios de mejoras. Se les reconocerá a las unidades sociales que demuestren la propiedad de las mejoras y que residan permanentemente la vivienda requerida para el proyecto, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que demuestren la titularidad sobre la construcción en la cual habitan, por lo menos con dos años de anterioridad al levantamiento de la ficha socioeconómica predial, mediante la presentación de documentos de adquisición de mejoras o declaraciones extrajuicio.

2. Que dicha titularidad no se encuentre debatida por personas que aleguen derechos reales con base en documentos legales.

3. Que las mejoras cuya propiedad aleguen, sean sus únicos bienes patrimoniales, salvo lo dispuesto en el parágrafo tercero del presente artículo, de tal manera que el traslado implique una real vulneración en su condición de vida.

4. Que haya habitado el predio más de dos años consecutivos.

5. A falta de las anteriores se contempla la certificación expedida por la autoridad competente en la cual demuestre que la unidad social afectada es la que reside el predio mínimo desde hace dos años e identificadas dentro del censo y diagnóstico socioeconómico.

Cumplidas las anteriores condiciones, el factor liquidación se calculará de la siguiente forma:

Cuando la suma del valor de las mejoras (cercas, pastos artificiales, abrevaderos, dotación de infraestructura de riego, drenajes, vías internas, instalaciones agroindustriales, cultivos permanentes o estacionales, las construcciones y en general, toda mejora realizada en el predio que incida en su valor) que aparecen en el avalúo comercial, sea inferior al valor de la vivienda de interés social, VIS, del municipio donde se encuentra el inmueble, se aplicará la siguiente fórmula:

Cuando habite el predio

De 2 a 5 años: 15% VIS + VC = UMV

De 5 a 10 años: 25% VIS + VC =UMV

Más de 10 años: 40% VIS + VC = UMV

Donde:

UMV = Unidad mínima de vivienda.

VIS = Vivienda de interés social.

VC = Valor comercial.

Cuando la suma del valor de las mejoras (cercas, pastos artificiales, abrevaderos, dotación de infraestructura de riego, drenajes, vías internas, instalaciones agroindustriales, cultivos permanentes o estacionales, las construcciones y en general, toda mejora realizada en el predio que incida en su valor) que aparece en el avalúo comercial, supere el valor de la vivienda de interés social, VIS, del municipio donde se encuentra el inmueble el valor de la compensación será equivalente al valor de dichas mejoras.

PAR. 1º—Liquidado el valor de la compensación el subdirector de medio ambiente y gestión social ordenará su cancelación en dos o más pagos, sujetos a las condiciones necesarias para asegurar que los recursos entregados sean invertidos por el beneficiario en la adquisición de vivienda de reposición, así como la disposición del área requerida para la ejecución del proyecto en el menor tiempo posible.

En todo caso, se entenderá reconocida la compensación únicamente cuando la unidad social acepte de manera manifiesta el valor de la compensación y condiciones de pago mediante la suscripción de acta de compromiso; en caso contrario, se entenderá que esta no fue reconocida y la subdirección de medio ambiente y gestión social dará inicio inmediato a las acciones legales necesarias para lograr la adquisición del predio y se cancelará únicamente lo correspondiente al avalúo comercial.

PAR. 2º—No se harán acreedores a las compensaciones por unidad mínima de vivienda las unidades sociales que en cualquier tiempo hayan recibido ya el mismo beneficio.

PAR. 3º—El factor de UMV se reconocerá a propietarios que tengan derecho de dominio sobre otro inmueble, solo cuando se demuestre que dicho inmueble no permite reposición de vivienda por motivos de fuerza mayor, debidamente comprobados por quien reclama el beneficio.

PAR. 4º—Este factor se reconocerá al propietario de la mejora siempre y cuando lleve más de dos (2) años habitando el predio y no se encuentre en terrenos de la Nación, caso en el cuál solo se le cancelará al valor comercial de la mejora;

b) Factor por unidad mínima económica, UME. Es la compensación que se reconoce por la suspensión temporal o definitiva de la actividad económica desarrollada de manera regular en el predio afectado, cuando los ingresos generados constituyan el único modo de subsistencia para la unidad social y siempre que el arraigo de dicha actividad no sea inferior a un año contado desde el levantamiento de la ficha social.

El reconocimiento se efectuará así:

1. Establecimientos de comercio formales. Entendidos como aquellos que presentan licencia de funcionamiento registrada ante la alcaldía o cámara de comercio por lo menos con un año de antelación al levantamiento de la ficha socioeconómica predial y un conjunto físico de bienes organizados con los cuales se desarrolla una actividad económica (local, estantería, avisos, contabilidad), en cuyo caso el reconocimiento será en mensualidades de dos (2) smmlv durante un periodo hasta por seis (6) meses.

2. Establecimientos informales: Entendidos como aquellos que no se encuentren inscritos ante la alcaldía o cámara de comercio, pero cuentan con una infraestructura mínima, en cuyo caso el reconocimiento será equivalente a un (1) smmlv durante un periodo hasta de seis (6) meses.

PAR.—No aplica la UME para los casos que la actividad económica consiste en venta informal de productos a domicilio o cuando el traslado no sea impedimento para su realización;

c) Factor por trámite (TME). Corresponde al reconocimiento que se hace a los propietarios vulnerables incluidos en el censo y diagnóstico sociopredial, como apoyo en los costos que incurren con motivo de la escrituración a favor del Invías.

Para propietarios del inmueble. Correspondiente a gastos de escritura a favor del instituto, autenticaciones en caso de que se realice promesa de compraventa.

Para propietarios de mejoras. Corresponde gastos de autenticación del documento privado de compraventa.

Este factor no podrá exceder a los dos punto cinco (2.5) smmlv.

Para el reconocimiento del factor se debe soportar con los respectivos recibos de pago expedido por las autoridades y empresas competentes;

d) Factor por traslado (TDO). Es la compensación que se reconoce por concepto de gastos de mudanza a propietarios del inmueble, de las mejoras y arrendatarios, que deban trasladarse del inmueble requerido para el proyecto cuando su condición de vulnerabilidad les impida asumir los costos de traslado, de acuerdo con el diagnóstico socioeconómico.

Este factor será equivalente hasta dos (2) smmlv;

e) Factor por hacinamiento (HTO). Es la relación entre el número de personas que integran la unidad social que habita permanentemente el predio y el área ocupada por la misma. Se reconoce el factor HTO cuando la vivienda es habitada por una unidad social, que en su conjunto sumen seis (6) o más personas, siempre que el área de la vivienda y su valor comercial sean menores a aquellos establecidos para la VIS de menor valor en el municipio.

Este factor se reconocerá al propietario del inmueble, mejoras, arrendatarios y será equivalente a tres (3) smmlv para cada unidad social reconocida en el censo y diagnóstico socioeconómico inicial.

ART. 6º—Límite a los reconocimientos económicos. El reconocimiento de la UMV no excluye el reconocimiento de otro factor a la unidad social dentro de un mismo PGSP. No obstante, cuando se reconozca UMV, la suma de los otros factores no podrá exceder en ningún caso los diez (10) smmlv. En caso de no reconocerse la UMV, la suma de los factores no podrá exceder los quince (15) smmlv.

Estos reconocimientos se pueden otorgar siempre y cuando la unidad social sea vulnerable, cumpla con los requisitos exigidos en cada uno de ellos y hayan sido identificados y justificados en el diagnóstico socioeconómico inicial.

ART. 7º—Incompatibilidad del reconocimiento económico con la indemnización decretada en los procesos de expropiación judicial. No serán objeto de reconocimiento económico las unidades sociales que no accedan a la enajenación voluntaria del inmueble.

ART. 8º—Delegar en el funcionario que ejerza como subdirector del medio ambiente y gestión social, para el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, especialmente la ordenación del gasto y la suscripción de las actas de compromiso en las cuales se haga el reconocimiento y pago de los factores establecidos en la misma.

ART. 9º—Las actas de compromiso de que trata la presente resolución serán el documento contra el cual el área de presupuesto expedirá los registros presupuestales pertinentes.

ART. 10.—Apropiación presupuestal. La oficina asesora de planeación efectuará los ajustes presupuestales de rigor, a fin de proveer a la subdirección de medio ambiente y gestión social, de los recursos de inversión necesarios para la implementación de los instrumentos de gestión social establecidos en la presente resolución.

ART. 11.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y revoca expresamente las resoluciones 3157 del 26 de julio de 2004 y 5686 del 11 de noviembre de 2005.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 23 de abril de 2008.

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