Procuraduría General de la Nación

RESOLUCIÓN 186 DE 2015 

(Mayo 15)

“Por la cual se adopta la política interna para el aprovechamiento de los mecanismos y espacios de participación ciudadana en el marco del fortalecimiento de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación”.

El Procurador General de la Nación,

en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 277 de la Constitución Nacional; en concordancia con lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 277 de la Constitución Política faculta al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados o agentes, para (i) vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; (ii) proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo; (iii) defender los intereses de la sociedad; (iv) defender los intereses colectivos, en especial el ambiente; (v) velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas; (vi) ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley; (vii) intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales; (viii) rendir anualmente informe de su gestión al Congreso; (ix) exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria, y (x) las demás que determine la ley.

Que el artículo 2º de la Constitución Política establece como uno de los fines del Estado el de facilitar la participación de todos los habitantes en las decisiones que los afectan, y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que en el marco del ejercicio de control, la Constitución Política en su artículo 270 dispuso que la ley organizará las formas y sistemas de participación ciudadana para vigilar la gestión pública que se cumple en los diversos niveles administrativos.

Que la Ley 134 de 1994 dicta normas sobre mecanismos de participación ciudadana, con el fin, entre otros, de vigilar y controlar la gestión pública y los recursos públicos; regulando de esta manera: (i) la iniciativa popular legislativa y normativa, (ii) el referendo, (iii) la consulta popular, (iv) la revocatoria del mandato, (v) el plebiscito, y (vi) el cabildo abierto; sin que ello impida el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social o cultural del país.

Que con la expedición de la Ley 850 de 2003, el legislador reglamentó las veedurías ciudadanas, estableciendo entre otros aspectos, la conformación de la red institucional de apoyo a las veedurías (art. 22), de la cual forma parte la Procuraduría General de la Nación, correspondiéndole, en este escenario, al igual que a la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, prestar su apoyo y concurso a las veedurías ciudadanas y a las redes que las agrupan en todo lo relativo al apoyo legal y a la promoción de la vigilancia.

Que el Procurador General de la Nación tiene la facultad de expedir los actos administrativos que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley, de conformidad con la facultad prevista en el numeral 7º del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000.

Que de conformidad con los artículos 23 y 24 del mismo decreto-ley, las procuradurías delegadas ejercerán, entre otras, funciones preventivas y de control de gestión, a saber: (i) velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como de las decisiones judiciales y administrativas; (ii) velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones públicas y ejercer control de gestión sobre ellas, para lo cual podrán exigir a los servidores públicos y a los particulares que cumplan funciones públicas la información que se considere necesaria; (iii) ejercer, de manera selectiva, control preventivo de la gestión administrativa y de la contratación estatal que adelantan los organismos y entidades públicas; así como, (vi) las demás que les asigne o delegue el Procurador General.

Que la Resolución 132 de 2014 proferida por el Procurador General de la Nación, estableció un nuevo enfoque, principios y lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo de la Procuraduría General de la Nación, definiendo en el artículo 5º la función preventiva como “la función misional de la Procuraduría General de la Nación a través de la cual la entidad busca anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública. De igual manera promueve el respeto de las garantías de los derechos constitucionales. La función preventiva comprende las actuaciones que se realizan con fines preventivos y de control de gestión”.

Que el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 274 de 2013, adoptó el plan estratégico de la Procuraduría General de la Nación 2013-2016, el cual contempla entre sus premisas rectoras para quienes laboran en esta entidad: (i) la promoción de la participación activa de la ciudadanía en lo económico, político, administrativo y cultural y (ii) la garantía de la vigilancia de la función y gestión pública. Así mismo, el mencionado plan, prevé como una de las estrategias trazadas para la lucha contra la corrupción y la impunidad, el fortalecimiento de los mecanismos de participación activa de la ciudadanía en el control social.

Que en virtud de las disposiciones previamente enunciadas se hace necesaria la formulación de una política interna, para el aprovechamiento de los mecanismos y espacios de participación ciudadana en el marco del fortalecimiento de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el suscrito Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Adoptar la política interna para el aprovechamiento de los mecanismos y espacios de participación ciudadana en el marco del fortalecimiento de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación.

ART. 2º—Política interna. La Procuraduría General de la Nación reconoce los resultados de la activación de los mecanismos y espacios de participación ciudadana como un factor relevante para el efectivo control preventivo a la gestión pública; así como también para focalizar y priorizar las acciones preventivas de la PGN en beneficio de los derechos de los ciudadanos.

ART. 3º—Lineamientos. La política interna se consolida a través de los siguientes lineamientos:

3.1. Prioridad del derecho de participación. En tanto constituye un mecanismo idóneo tanto para la vigilancia de la gestión pública como para la protección de otros derechos, la Procuraduría General de la Nación tendrá prioritariamente en cuenta los resultados obtenidos del ejercicio de los mecanismos y espacios de participación ciudadana.

3.2. Énfasis en la gestión preventiva. La Procuraduría General de la Nación reconocerá el aporte que, desde el ámbito preventivo, ofrezcan los resultados del ejercicio de los mecanismos y espacios de participación ciudadana para la garantía de los derechos de los ciudadanos; esto es, antes de la ocurrencia de hechos que puedan vulnerarlos.

3.3. Control social a la gestión pública. La Procuraduría General de la Nación orientará a la ciudadanía para el ejercicio del control social efectivo a la gestión pública, contribuyendo así la activación informada de los mecanismos y espacios de participación ciudadana.

3.4. Garantía del acceso a la información pública. Teniendo en cuenta que la información constituye el insumo básico para la realización, en términos de pertinencia y asertividad, de un efectivo control a la gestión pública, la Procuraduría General de la Nación velará por el suministro oportuno de la información pública a la ciudadanía; lo anterior, sin perjuicio de las restricciones que sobre la materia existan por ley.

ART. 4º—Objetivos. Los objetivos de la política interna son los siguientes:

4.1. Articular las acciones de las dependencias con funciones preventivas de la procuraduría para el aprovechamiento de los resultados de los mecanismos y espacios de participación ciudadana para el control a la gestión pública; focalización y priorización de las actuaciones preventivas de la procuraduría.

4.2. Fortalecer la promoción de los mecanismos y espacios de participación ciudadana para el efectivo control a la gestión pública, informándole para ello a la ciudadanía, sobre la importancia de activar los mecanismos y espacios de participación.

4.3. Integrar las acciones preventivas de la Procuraduría General de la Nación con los resultados obtenidos en el ejercicio de los mecanismos y espacios de participación ciudadana, propendiendo así por el mejoramiento de la gestión pública.

ART. 5º—Dimensiones. El cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 4º de la presente resolución, se materializará a través de las siguientes dimensiones:

5.1. Información. Las dependencias de la Procuraduría General de la Nación con funciones preventivas deben suministrar información de calidad y en forma oportuna a los ciudadanos sobre el control a la gestión pública que se realice; así como implementar espacios y canales para incentivar a la ciudadanía a participar y a manifestar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública.

5.2. Control ciudadano. La Procuraduría General de la Nación podrá involucrar a la ciudadanía en el desarrollo de su función preventiva, a partir de los ejercicios de control social que efectúe la ciudadanía para la vigilancia a la gestión pública.

5.3. Ciudadanía activa. La procuraduría desarrollará estrategias para contar con ciudadanos informados, activos, participativos y comprometidos con el ejercicio del control social a la gestión pública, con un enfoque de carácter preventivo. Lo anterior le permitirá consolidar aliados para el ejercicio efectivo del control a la gestión pública.

ART. 6º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 15 de mayo de 2015.