Agencia Nacional de Tierras

RESOLUCIÓN 191 DE 2018

(Febrero 12)

“Por medio de la cual se imparten directrices para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios en los cuales se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito y se dictan otras disposiciones”.

El Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT),

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 1º del artículo 11 del Decreto-Ley 2363 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por mandato expreso del numeral 2º del artículo 16 del Decreto-Ley 2363 de 2015, la dirección de gestión del ordenamiento social de la propiedad debe “impartir directrices para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en zonas donde se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015”.

Que en el documento Conpes 3859 de 2016 denominado “Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano”, se priorizaron los siguientes once municipios para hacer levantamientos por barrido predial masivo con el propósito de promover la implementación del catastro nacional con enfoque multipropósito: Santa Marta (Magdalena), San Vicente del Caguán (Caquetá), Lebrija (Santander), San Carlos (Antioquia), Armenia (Quindío), Puerto Gaitán (Meta), Topaipí (Cundinamarca), Dibulla (Guajira), Puerto Leguízamo (Putumayo), Buenaventura (Valle) y Barranquilla (Atlántico).

Que el comité conjunto operativo/directivo (COD), del proyecto de catastro multipropósito, siguiendo la metodología establecida como parte de la ejecución de la primera fase para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano (documento Conpes 3859 de 2016), priorizó los siguientes 16 municipios adicionales para hacer levantamientos por barrido predial masivo, para promover la implementación del catastro nacional con enfoque multipropósito: Nechí, Cáceres, Ituango, Tarazá, Valdivia (Antioquia); Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca (Bolívar); Ayapel (Córdoba); Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Sucre y Ovejas (Sucre).

Que dicha priorización adicional de municipios está sustentada en las actas de las reuniones del comité conjunto operativo/directivo (COD) del proyecto de catastro multipropósito que se detallan a continuación: Nº 1 del 9 de septiembre de 2016, Nº 2 del 22 de noviembre de 2016, Nº 3 del 27 de enero de 2017, Nº 4 del 9 de marzo de 2017 y Nº 6 del 23 de junio de 2017.

Que de los 27 municipios priorizados en ejecución de la política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano, se iniciaron intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015 en los siguientes 23: Santa Marta (Magdalena), Lebrija (Santander), Puerto Gaitán (Meta), Topaipí (Cundinamarca), Dibulla (Guajira), Puerto Leguízamo (Putumayo), Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel (Córdoba), Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Sucre, Ovejas (Sucre), Nechí, San Carlos, Cáceres, Ituango, Tarazá y Valdivia (Antioquia).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 16 del Decreto-Ley 2363 de 2015, sobre la función de elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural en zonas donde se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, y de lo ordenado en el numeral 1º del artículo 3º de la Resolución 740 de 2017, la ANT a través de la dirección de gestión del ordenamiento social de la propiedad ha estado adelantando las actividades propias de la fase de formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los 23 municipios señalados.

Que un insumo fundamental para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural, tanto en zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como en zonas donde se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, lo constituyen los expedientes de procesos en curso ante la dirección de gestión jurídica de tierras o ante la dirección de acceso a tierras, cuyo origen sean solicitudes directas de potenciales beneficiarios de los programas de la ANT, así como procesos trasladados a la ANT como consecuencia de la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Que según lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 21 del Decreto-Ley 2363 de 2015, es función de la subdirección de procesos agrarios y gestión jurídica de la dirección de gestión jurídica de tierras de la ANT, remitir a la subdirección de seguridad jurídica de la misma dirección los expedientes de procesos agrarios que se inicien por demanda, pero que se encuentren en zonas que posteriormente sean focalizadas para intervenciones por barrido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que según lo señalado en el numeral 5º del artículo 23 del Decreto-Ley 2363 de 2015, es función de la subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas resolver en primera instancia los procedimientos de acceso a tierras que se adelanten en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que según lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 24 del Decreto-Ley 2363 de 2015, es función de la subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión de la dirección de acceso a tierras de la ANT, remitir a la dirección de acceso a tierras los expedientes de titulación de baldíos iniciados por demanda que se encuentren en zonas que posteriormente sean focalizadas para intervenciones por barrido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que las zonas focalizadas para intervenciones por barrido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural son aquellas en las cuales el modelo de atención de la Agencia Nacional de Tierras debe hacerse por oferta mediante la formulación e implementación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural y es por esa razón que el numeral 3º del artículo 21 y el numeral 3º del artículo 24 del Decreto-Ley 2363 de 2015 ordenan remitir los expedientes iniciados por demanda pero que se encuentren en zonas que posteriormente sean focalizadas para intervenciones por barrido, a las dependencias encargadas funcionalmente del modelo de atención por oferta mediante planes de ordenamiento social de la propiedad rural.

Que los planes de ordenamiento social de la propiedad rural elaborados en zonas donde se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, hacen parte del modelo de atención de la Agencia Nacional de Tierras por oferta.

Que en la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en zonas donde se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, deben aplicarse las mismas disposiciones y procedimientos establecidos en el Decreto 2363 de 2015 y demás normas que desarrollen el tema para las zonas focalizadas para intervenciones por barrido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la medida en que ambos materializan el modelo de atención por oferta que constituye una de las funciones misionales de la ANT.

Que en atención a la planeación y ejecución de actividades propias de la ruta para elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural, se requiere proceder con la remisión de expedientes y el ejercicio de las funciones que corresponda, según los términos establecidos en el numeral 3º del artículo 21, en el numeral 5º del artículo 23 y en el numeral 3º del artículo 24 del Decreto-Ley 2363 de 2015, en los siguientes municipios en los cuales se han realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015: Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel (Córdoba), Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Sucre, (Sucre), y Nechí (Antioquia), pertenecientes a la región de La Mojana; y Cáceres, Ituango, Tarazá y Valdivia (Antioquia), pertenecientes a la región del Bajo Cauca.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ART. 1º—A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se imparten las siguientes directrices a la dirección de gestión jurídica de tierras:

(1) Ordénese a la subdirección de procesos agrarios y gestión jurídica proceder de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 21 del Decreto-Ley 2363 de 2015, remitiendo a la subdirección de seguridad jurídica los expedientes de procesos y procedimientos iniciados por demanda que se encuentren en los siguientes quince municipios, en los cuales se están realizando intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, y en los que se han adelantado las actividades propias de la fase de formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural: Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel (Córdoba), Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Sucre, (Sucre), y Nechí (Antioquia), pertenecientes a la región de La Mojana; y Cáceres, Ituango, Tarazá y Valdivia (Antioquia), pertenecientes a la región del Bajo Cauca.

(2) No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la remisión de expedientes que debe realizar la subdirección de procesos agrarios y gestión jurídica estará sujeta a la verificación previa de los actos de delegación de competencias que puedan o pudieran haberse expedido en favor de las unidades de gestión territorial o sus funcionarios de nivel asesor. En consecuencia, corresponderá a la respectiva unidad de gestión territorial y no a la subdirección de seguridad jurídica la competencia para conocer y decidir sobre los procesos y procedimientos de los que trata el numeral primero del presente artículo, siempre que se haya realizado delegación de competencias en el marco de lo reglado por el artículo 28 numeral 8º del Decreto 2363 de 2015.

ART. 2º—A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se imparten las siguientes directrices a la dirección de acceso a tierras:

(1) La subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas procederá de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 23 del Decreto-Ley 2363 de 2015 ejerciendo la función que le corresponde, de resolver, en primera instancia, los procedimientos de acceso a tierras que se adelanten en los siguientes quince municipios, en los cuales se están realizando intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, y en los que se han adelantado las actividades propias de la fase de formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural: Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel (Córdoba), Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Sucre, (Sucre), y Nechí (Antioquia), pertenecientes a la región de La Mojana; y Cáceres, Ituango, Tarazá y Valdivia (Antioquia), pertenecientes a la región del Bajo Cauca.

En consecuencia, ordénese a la subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión remitir a la subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas los expedientes de procedimientos de acceso a tierras iniciados por demanda que se encuentren en los quince municipios mencionados en el párrafo anterior. Se exceptúan de esta orden los expedientes que versen sobre titulación de baldíos, los cuales se regirán por lo dispuesto en el artículo 3º de la presente resolución.

(2) No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la remisión de expedientes que debe realizar la subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión estará sujeta a la verificación previa de los actos de delegación de competencias que puedan o pudieran haberse expedido en favor de las unidades de gestión territorial o sus funcionarios de nivel asesor. En consecuencia, corresponderá a la respectiva unidad de gestión territorial y no a la subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas la competencia para conocer y decidir sobre los procedimientos de acceso a tierras de los que trata el numeral primero del presente artículo, siempre que se haya realizado delegación de competencias en el marco de lo reglado por el artículo 28 numeral 8º del Decreto 2363 de 2015.

ART. 3º—A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se imparten las siguientes directrices a la dirección de acceso a tierras:

Ordénese a la subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión proceder de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 24 del Decreto-Ley 2363 de 2015, remitiendo a la dirección de acceso a tierras los expedientes de titulación de baldíos iniciados por demanda que se encuentren en los siguientes quince municipios, en los cuales se están realizando intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, y en los que se han adelantado las actividades propias de la fase de formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural: Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel (Córdoba), Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Sucre, (Sucre), y Nechí (Antioquia), pertenecientes a la región de La Mojana; y Cáceres, Ituango, Tarazá y Valdivia (Antioquia), pertenecientes a la región del Bajo Cauca.

La dirección de acceso a tierras distribuirá los expedientes remitidos entre sus subdirecciones o, entre las unidades de gestión territorial cuando medie delegación del director general, según corresponda a la naturaleza de cada caso.

ART. 4º—La elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), en los quince municipios mencionados en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se ajustará a los dispuesto en el Decreto-Ley 2363 de 2015, en el Decreto-Ley 902 de 2017, en la Resolución 740 de 2017 de la Agencia Nacional de Tierras, a la Resolución 129 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y demás normas concordantes.

ART. 5º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 12 de febrero de 2018.