Procuraduría General de la Nación

RESOLUCIÓN 194 DE 2011 

(Junio 8)

“Por medio de la cual se modifican y adicionan la Resolución 17 de marzo 4 de 2000 y la Resolución 175 de mayo 3 de 2010”.

El Procurador General de la Nación,

en uso de las facultades legales establecidas en el artículo 277 de la Constitución Política y en los numerales 6º, 7º, 8º y 38 y el parágrafo único del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, y de las facultades otorgadas por la Ley 1367 del 21 de diciembre de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que los numerales 6º, 7º y 8º del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, facultan al Procurador General de la Nación para asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de la Procuraduría General de la Nación; expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y, distribuir las funciones y competencias atribuidas en la Constitución o la ley a la Procuraduría General de la Nación, entre las distintas dependencias y servidores de la entidad.

Que el parágrafo único del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, dispuso que el Procurador General de la Nación podrá ejercer las funciones señaladas en el artículo 277 constitucional y demás atribuidas por el legislador, por sí o delegarlas en cualquier servidor público o dependencia de la entidad, en los términos establecidos en dicho decreto.

Que el artículo 36 del Decreto-Ley 262 de 2000, faculta al Procurador General de la Nación para asignar a los procuradores delegados, funciones de coordinación y vigilancia de las actividades de intervención ante las autoridades judiciales que realicen los diferentes funcionarios de la Procuraduría.

Que el artículo 1º de la Ley 1367 de 2009, “por la cual se adicionan unas funciones al Procurador General de la Nación, sus delegados y se dictan otras disposiciones”, señaló como objeto de la ley, “(...) implementar y fortalecer la institución de la conciliación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; promoviendo así la cultura de la conciliación con la oportuna solución de los conflictos entre el Estado y los ciudadanos (...)”.

Que el artículo 6º de la Ley 1367 de 2009, adicionó la planta de personal de la procuraduría contenida en el Decreto-Ley 265 de 2000, para cuyos efectos creó un cargo de procurador delegado; determinación que se considera debe contribuir al propósito normativo citado en el anterior párrafo.

Que con el fin de impulsar la aplicación de la Ley 1367 de 2000, la Resolución 175 de mayo 3 de 2010 artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto que modificó la Resolución 17 de 2000 artículo 1º, incluyó dentro del conjunto de procuradurías delegadas que deben cumplir las competencias y funciones previstas en los artículos 23 al 36 del Decreto-Ley 262 de 2000; de delegación de funciones preventivas y de control de gestión en las procuradurías delegadas que ejercen funciones de intervención ante las autoridades judiciales de que trata el numeral 15 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, en el ámbito de su competencia; de intervención judicial establecidas en los artículos 28 y 30 del Decreto-Ley 262 de 2000; de coordinación de intervención de que trata el artículo 36 del Decreto Ley 262 de 2000; y de intervención en procesos contencioso administrativos de que tratan los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 del artículo 30 del Decreto ley 262 de 2000, a la denominación adicional de “Procuraduría delegada para la conciliación administrativa”.

Igualmente, en virtud de los artículos 6º y 7º de la Resolución 175 de mayo 3 de 2010, se le asignó a la procuraduría delegada para la conciliación administrativa, las funciones de coordinación, de control de gestión, de definición de criterios de reparto y de designación especial de las procuradurías judiciales 1 y II para asuntos administrativos en lo relacionado con la materia de conciliación extrajudicial, debiendo concertar con la procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado, las actividades que en materia preventiva deben desarrollar los procuradores judiciales 1 y II para asuntos administrativos. También se le asignó la competencia para el trámite de procesos disciplinarios de que trata el inciso 3º del artículo 73 del Decreto-Ley 262 de 2000 contra procuradores judiciales 1 y II, en lo que se relaciona con la actividad conciliatoria extrajudicial o en desarrollo de la actividad preventiva.

En lo que respecta a los procesos relacionados con la intervención judicial en contra de los mismos servidores y por faltas leves o graves, la competencia se asignó a la procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado.

Que el artículo 3º de la Ley 1367 de 2009, también facultó al Procurador General de la Nación, para asignar a los procuradores delegados que intervengan como agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, “funciones de coordinación y vigilancia en el cumplimiento de las funciones de conciliación en lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1285 de 2009”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar y adicionar el artículo 23 de la Resolución 17 de 2000, cuyo texto quedará así:

“ART. 23.Las funciones y competencias de intervención en procesos contencioso administrativos, establecidas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 del artículo 30 del Decreto 262 de 2000 se distribuyen en las siguientes procuradurías delegadas:

“La procuraduría delegada para la conciliación administrativa, ejerce las funciones ante la Sección Primera.

“Las procuradurías Segunda y Tercera delegadas ante el Consejo de Estado ejercen las funciones ante la Sección Segunda.

“Las procuradurías Primera, Cuarta y Quinta delegadas ante el Consejo de Estado, ejercen las funciones ante la Sección Tercera, Subsecciones C, A y B respectivamente.

“La Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado ejerce las funciones ante la Sección Cuarta.

“La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado ejerce las funciones ante la Sección Quinta”.

ART. 2º—Modificar y adicionar el texto del artículo 6º de la Resolución 175 de mayo 3 de 2010, cuyo texto quedará así:

“Asignar a la procuraduría delegada para la conciliación administrativa las siguientes funciones y actividades:


 

La coordinación de las procuradurías judiciales I y II para asuntos administrativos de todo el país en materia de intervención judicial y arbitral y de las acciones preventivas, y de la actividad conciliatoria en asuntos de lo contencioso administrativo que las mismas desarrollan;

El control de gestión de todas las funciones y actividades a cargo de dichas procura­durías judiciales;

La definición de los criterios de reparto de las solicitudes de conciliación extrajudicial entre los procuradores judiciales 1 y II para asuntos administrativos en cada ciudad, distrito o municipio donde actúan, y

La designación de procuradores judiciales I o II para asuntos administrativos que actuarán en casos especiales en materia de intervención judicial y arbitral y de la actividad conciliatoria judicial y extrajudicial.

“PAR. 1º—Corresponde también a la procuraduría delegada para la conciliación administrativa el ejercicio de las demás funciones fijas en el capítulo I del título VI del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 que le correspondan por la naturaleza de la dependencia y en la Ley 1367 del 21 de diciembre de 2009.

“PAR. 2º—Concierne también a la procuraduría delegada para la conciliación administrativa, salvo disposición legal en contrario, resolver los impedimentos manifestados por los procuradores judiciales 1 y II para asuntos administrativos que se encuentren bajo su coordinación, así como las recusaciones que contra ellos se formulen y la concesión de permisos por causa justificada, de conformidad con el inciso segundo del artículo 36 del Decreto-Ley 262 del 22 de febrero de 2000”.

ART. 3º—Asignar a la procuraduría delegada para la conciliación administrativa, de manera especial, las funciones asignadas por el despacho del Procurador General de la Nación, contenidas en la Resolución 102 del 1º de abril de 2011, relacionadas con la función preventiva fijada a los procuradores judiciales I y II para asuntos administrativos de realizar visitas a los comités de conciliación o a los representantes de las entidades y organismos de derecho público que no tengan la obligación de constituirlo o no lo hayan constituido.

ART. 4º—Asignar a la procuraduría delegada para la conciliación administrativa, de conformidad con el inciso tercero del artículo 73 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, el conocimiento en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra todos los procuradores judiciales I y II para asuntos administrativos, por faltas leves o graves en desarrollo de la función de intervención judicial y arbitral; de la función preventiva y de la actividad conciliatoria en asuntos de lo contencioso administrativo y las demás que les sean asignadas.

ART. 5º—Asignar a la procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado, la función de coordinación de las procuradurías delegadas que actúan ante las diferentes secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala Plena del Consejo de Estado, en cuanto al reparto de aquellos asuntos en materia de intervención que son competencia de dicha corporación y las demás que se considere necesario.

PAR. 1º—Corresponde también a la procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado, el ejercicio de las demás funciones fijas en el capítulo I del título VI del Decreto-Ley 262 del 22 de febrero de 2000 que le correspondan por la naturaleza de la dependencia.

PAR. 2º—En todo caso la función de coordinación de las procuradurías delegadas ante el Consejo de Estado, puede ser reasignada en cualquier momento por el Procurador General de la Nación en otra de las procuradurías delegadas que intervienen ante esta alta corporación, cuando así lo considere pertinente.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones reglamentarias que le sean contrarias.

Publíquese y Cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 8 de junio de 2011.