RESOLUCIÓN 1950 DE 2002 

(Mayo 21)

“Por la cual se fijan competencias en materia disciplinaria de conformidad a la Ley 734 de 2002”.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

en uso de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas por el Código Electoral y el Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 1º del artículo 26 del Código Electoral, establece como función del Registrador Nacional del Estado Civil, la de dirigir el funcionamiento de todas las dependencias de la Registraduría Nacional;

Que los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 25 del Decreto 1010 del 6 de junio de 2000, establecen como funciones del Registrador Nacional del Estado Civil, las siguientes:

“1. Fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral, la identificación de las personas y el registro civil y de las demás funciones asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil de conformidad con la Constitución y la ley.

2. Fijar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Registraduría Nacional, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

4. Dirigir como autoridad de la organización electoral las labores administrativas y técnicas de las diferentes dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con la Constitución y la ley;”

Que la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, entra en vigencia a partir del 6 de mayo del presente año,y en la misma se fijan competencias para el conocimiento y fallo de los procesos disciplinarios;

Que el artículo 11 del Decreto 1010 de 2000, adscribe la oficina de control disciplinario al despacho del Registrador Nacional del Estado Civil, otorgándole jerarquía del más alto nivel;

Que el numeral 1º del artículo 33 del Código Electoral, determina la función nominadora de los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil; igualmente el numeral 1º del artículo 41 del citado código, establece de igual manera, la función nominadora de los registradores distritales;

Que el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, establece: “Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias.

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y para los fines anotados.

En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la procuraduría a quien le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.

PAR. 2º—Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración.

PAR. 3º—Donde no se hayan implementado oficinas de control interno disciplinario, el competente será el superior inmediato del investigado y la segunda instancia corresponderá al superior jerárquico de aquel;”

Que de acuerdo al artículo 2º del Decreto 1012 de 2000, se crearon en cada una de las delegaciones departamentales, cargos de profesionales universitarios;

Que de conformidad con lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Competencia sede central. Establecer en la oficina de control disciplinario la competencia para conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra todos los funcionarios del nivel central, contra los registradores distritales y contra los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil.

La competencia para resolver la segunda instancia de los procesos en mención será del Registrador Nacional del Estado Civil.

ART. 2º—Competencia en las delegaciones departamentales. Los delegados departamentales asignarán las funciones a un profesional universitario, con título de abogado, la competencia para conocer y fallar la primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios de cada una de esas circunscripciones electorales y en los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, la segunda instancia de los procesos disciplinarios mencionados.

PAR.—En las delegaciones departamentales, donde no exista un profesional universitario, con título de abogado, será el superior inmediato del investigado, el competente para conocer y fallar la primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios de cada una de esas circunscripciones electorales y los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil serán los encargados de conocer la segunda instancia de los procesos disciplinarios en comento.

En los casos donde los delegados, departamentales sean el superior inmediato, la segunda instancia se surtirá de conformidad al parágrafo 3º del artículo 76 de la Ley 734 de 2002.

ART. 3º—Competencia en la Registraduría del Distrito Capital. Los registradores distritales, asignarán las funciones aún profesional especializado, con título de abogado, la competencia para conocer y fallar la primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios de esa circunscripción electoral y en los registradores distritales, la segunda instancia de los procesos disciplinarios mencionados.

ART. 4º—Para todos los aspectos del proceso disciplinario se seguirán los lineamientos procesales y sustanciales establecidos por la Ley 734 de 2002.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga en todas sus partes la Resolución 637 del 29 de enero de 2001 proferida por este despacho, y las demás disposiciones que sean contrarias a este acto administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 de mayo de 2002.

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