RESOLUCIÓN 198 DE 2009 

(Junio 18)

“Por medio de la cual se establece un procedimiento, se crea el grupo de evaluación de competencias y se asignan unas funciones”.

El Procurador General de la Nación,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 6º, 7º, 8º, 19 y 34 del artículo 7º, del Decreto-Ley 262 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público y en tal condición le corresponde velar por el cumplimiento de las leyes y por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.

Que como lo prevén los artículos 277 y 280 de la Constitución Política, los servidores públicos facultados para el ejercicio de la acción disciplinaria son agentes y delegados del Ministerio Público y, por ende, del Procurador General de la Nación.

Que al Procurador General de la Nación le compete expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por ley (D.L. 262/2000, art. 7º, num. 7º).

Que el numeral 8º del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000 asignó al Procurador General la función de “Distribuir las funciones y competencias atribuidas en la Constitución o la ley a la Procuraduría General de la Nación, entre las distintas dependencias y servidores de la entidad, atendiendo criterio de especialidad, jerarquía y las calidades de las personas investigadas, cada vez que por necesidades del servicio se requiera”.

Que así mismo, el Procurador General de la Nación tiene la facultad de crear comisiones disciplinarias especiales de servidores de la Procuraduría General o designar a un funcionario especial de la misma para adelantar investigaciones disciplinarias y fallar, así como para decretar la suspensión provisional, cuando la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten, para lo cual puede desplazar al funcionario de conocimiento (D.L. 262/2000, art. 7º, num. 19).

Que como lo dispone el numeral 34 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, el Procurador General puede crear comités o grupos de trabajo para el cumplimiento de las funciones de la entidad.

Que el artículo 76 del Decreto-Ley 262 de 2000, establece la competencia disciplinaria de los procuradores provinciales, determinando que deberán conocer en primera instancia, salvo que la competencia esté asignada a otra dependencia de la procuraduría, los procesos disciplinarios que se adelanten contra servidores municipales, distintos de los de capital de departamento.

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 75 del Decreto-Ley 262 de 2000, le corresponde a los procuradores regionales conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios decididos por los procuradores provinciales.

Que atendiendo la trascendencia pública de las actuaciones disciplinarias adelantadas por la entidad contra los alcaldes, contralores municipales y otros servidores municipales, distintos de los de capital de departamento, y la afectación de los bienes jurídicos protegidos que se deriva de las faltas disciplinarias cometidas, así como las repercusiones de las mismas en el desarrollo y bienestar de las regiones en el país, el Procurador General de la Nación expidió la Directiva 4 de 2 de junio de 2009.

Que en el artículo 2º de la Directiva 4 de 2009, el Procurador General de la Nación estableció respecto al trámite de segunda instancia de los procesos disciplinarios tramitados en contra de los servidores previstos en los literales a) y d) del artículo 76 del Decreto-Ley 262 de 2000, lo siguiente: “En el evento que se presenten las circunstancias previstas en el numeral 19 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, esto es, que la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten, el despacho del Procurador General expedirá la decisión mediante la cual se desplaza al funcionario de conocimiento y se asigna a quien lo reemplazará”.

Que se requiere establecer el procedimiento para dar aplicación a la Directiva 4 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Procedimiento. El procedimiento para el cumplimiento de la Directiva 4 de 2009 será el siguiente:

1.1. Una vez proferido el fallo de primera instancia e interpuesto en término el recurso de apelación, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores señalados en los literales a) y d) del artículo 76 del Decreto-Ley 262 de 2000, el correspondiente procurador provincial deberá informar de ello, por el medio más expedito, al Procurador General de la Nación, en el término improrrogable de cinco (5) días. En el caso de las suspensiones el aviso se dará el mismo día.

1.2. Allegada la comunicación correspondiente al despacho del Procurador General, los servidores designados para el efecto, evaluarán los hechos que generaron la actuación disciplinaria y demás elementos del proceso y atendiendo las circunstancias descritas en el numeral 19 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, verificarán la necesidad de desplazar la competencia de segunda instancia y determinarán el servidor o dependencia a la que le corresponderá continuar la actuación disciplinaria, proyectando para la firma del Procurador General de la Nación, el acto administrativo correspondiente, en el que se asigne la competencia.

1.3. Suscrito el correspondiente acto administrativo por parte del Procurador General de la Nación, se comunicará la asignación de la competencia al servidor desplazado, ordenándosele la remisión inmediata del expediente al competente y dar aviso a los sujetos procesales.

1.4. Surtidas las comunicaciones antes citadas, se procederá a registrar la determinación adoptada en el sistema de información correspondiente.

PAR.—Si trascurridos diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue enviada la información, el Procurador General de la Nación no desplaza al funcionario de conocimiento, deberá entenderse que el asunto no fue seleccionado y, por tanto, el respectivo procurador provincial deberá continuar con el trámite ordinario de la actuación.

ART. 2º—Grupo de evaluación de competencia. Créase el grupo de evaluación de competencia, adscrito al despacho del Procurador General de la Nación. Este grupo estará integrado por los servidores que este designe para el efecto.

PAR.—La designación se efectuará mediante comunicación que se remitirá con copia a división de gestión humana de la entidad, grupo hojas de vida, para lo de su competencia.

ART. 3º—Funciones del grupo de evaluación de competencia. El grupo de trabajo creado mediante el presente acto administrativo tendrá como función principal la de evaluar y determinar en cada caso, la necesidad de desplazar la competencia y el servidor o la dependencia que conocerá la segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores señalados en literales a) y d) del artículo 76 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuya primera instancia le haya correspondido a los procuradores provinciales.

PAR. 1º—La evaluación antes mencionada será efectuada por los responsables dentro de los parámetros establecidos por la Resolución 17 de 2000, suscrita por el Procurador General de la Nación, las normas que la adicionen o modifiquen.

PAR. 2º—Los servidores designados rendirán informe al Procurador General sobre análisis efectuado en cada caso y proyectarán el acto administrativo correspondiente, de haber lugar ello, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ART. 4º—Incorporación. La oficina de planeación de la entidad verificará que el contenido de la presente resolución sea incorporado en los manuales de funciones, procesos y procedimientos de la entidad.

ART. 5º—La presente resolución surte efectos a partir de su publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 18 de junio de 2009.

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