•RESOLUCIÓN 1980 DE 1994

(Septiembre 15)

Publicada en el Boletín Nº 150 del 19 de septiembre de 1994

“Por la cual se establecen criterios y procedimientos para la evaluación de la cartera de crédito, la constitución de provisiones, y se dictan otras disposiciones”.

El Superintendente Bancario,

en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los literales a) y b) del numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con el literal a) del numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, la Superintendencia Bancaria tiene la facultad de instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación;

2. Que de conformidad con el literal b) del numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, la Superintendencia Bancaria tiene la función de fijar las reglas generales que deben seguir las instituciones vigiladas en su contabilidad;

3. Que según las normas contables de la esencia sobre la forma y la prudencia, los hechos económicos deben reconocerse de acuerdo con su realidad económica y no se deben sobrestimar los activos y los ingresos;

4. Que la cartera de créditos constituye el conjunto de activos más importante de las instituciones vigiladas y su evaluación apropiada es indispensable para conocer la calidad de tales activos y proteger, mediante la constitución de provisiones, el patrimonio de las entidades vigiladas;

5. Que mediante la Resolución 2053 de 1989 de la Superintendencia Bancaria, modificada por las resoluciones 3056 y 3535 de 1989 de la misma entidad, se establecieron los criterios y procedimientos para la evaluación de la cartera de crédito, la constitución de provisiones y otras disposiciones;

6. Que es conveniente actualizar las disposiciones vigentes sobre la evaluación de la cartera de crédito y la constitución de provisiones, particularmente en lo concerniente a: i) Los plazos de mora necesarios para la calificación de créditos en categorías de riesgo; ii) La valoración de la liquidez e idoneidad de las garantías; iii) La definición de porcentajes de provisión de la cartera calificada como riesgosa; iv) Determinación de los coeficientes de riesgo individuales para cada clase de cartera y global de cada institución.

Así mismo, es aconsejable compendiar y aclarar otros aspectos, tales como la reestructuración de créditos, el tratamiento de créditos a cargo de deudores que tramiten procesos concursales o alcancen acuerdos informales o extraconcordatarios, la revelación de información en las notas a los estados financieros y la determinación de criterios para la recalificación de créditos por parte de la Superintendencia Bancaria, entre otros.

(Nota: Incorporada en la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria).

RESUELVE:

ART. 1º—Obligatoriedad de la evaluación. Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria efectuarán una evaluación permanente de su cartera de créditos.

ART. 2º—(Modificado).* Clasificación de la cartera de créditos. Para los efectos de la evaluación, la cartera de créditos se clasificará en créditos comerciales, créditos de consumo y créditos hipotecarios para vivienda.

Se tendrán como créditos comerciales todas las operaciones activas de crédito registradas en el balance, otorgadas por las instituciones destinatarias de la presente resolución, que no deban clasificarse como créditos de consumo o hipotecarios para vivienda, según las pautas que adelante se señalan. La venta de activos a plazo, para efectos de esta resolución, se considerará como crédito comercial.

Se entenderá por crédito de consumo:

— El otorgado a través del sistema de tarjeta de crédito.

— La financiación de primas por parte de las compañías de seguros.

— Las comisiones adeudadas a los establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros e intermediarios de seguros.

— Otras cuentas por cobrar adeudadas a los establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, entidades aseguradoras y compañías de capitalización, sin perjuicio de la observancia de las normas especiales sobre contabilización y constitución de provisiones que les sean aplicables.

— Cualquier otra operación activa de crédito registrada en el balance, distinta de los créditos hipotecarios para vivienda cuyo monto en el momento del otorgamiento de 300 salarios mínimos legales mensuales. La cuantía que resulte de la aplicación de este párrafo se aproximará al número entero siguiente expresado en centenas de miles de pesos.

Se entenderá por créditos hipotecarios para vivienda los que se otorguen para la adquisición, construcción, reparación, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, así como para la adquisición de lotes con servicios, siempre que en uno y otro caso estén amparados con garantía hipotecaria, sea que tales créditos se otorguen por el sistema tradicional o a través del sistema de valor constante. Se consideran también créditos hipotecarios para vivienda los adquiridos de otras instituciones financieras que hubiesen sido otorgados para los fines antes señalados, así como los concedidos a empleados de la respectiva institución para vivienda o adquisición de lotes con servicios.

Los créditos amparados con garantía hipotecaria que no cumplan las condiciones señaladas en el inciso anterior para considerarse hipotecarios para vivienda, deberán clasificarse como créditos comerciales o de consumo según corresponda.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria).

ART. 3º—Frecuencia de la evaluación de la cartera comercial. La cartera comercial se evaluará así:

a) Las entidades sometidas a vigilancia especial o cualquiera otra medida cautelar, al menos cuatro veces al año, con cortes a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, y

b) Las demás entidades, con la siguiente frecuencia:

Al menos cuatro veces al año, con cortes a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre respecto de los créditos con monto igual o superior al uno (1%) del patrimonio técnico de la institución, sin importar su calificación, y los créditos de cualquier cuantía que en la evaluación anterior hayan sido calificados “C” o “D”.

Al menos dos veces al año con cortes a 31 de marzo y 30 de septiembre, respecto de toda la cartera comercial.

En todos los casos, los resultados se registrarán durante el trimestre en el cual se realiza la evaluación.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 2º de la Superintendencia Bancaria).

ART. 4º—Frecuencia de la evaluación de la cartera de consumo e hipotecaria para vivienda. La evaluación de la cartera de consumo e hipotecaria para vivienda se realizará mensualmente.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 3º de la Superintendencia Bancaria).

ART. 5º—Alcance de la evaluación y clasificación de la cartera comercial. Las evaluaciones trimestrales de cartera comercial de las entidades sometidas a vigilancia especial u otra medida cautelar y las evaluaciones semestrales de las demás entidades, comprenderán, como mínimo, el setenta y cinco por ciento (75%) del monto total adeudado por capital, rendimientos y otros conceptos, y en todo caso incluirán:

a) Total de créditos calificados como “B” (subnormales); “C” (deficientes) o “D” (difícil cobro) por la Superintendencia Bancaria;

b) Total de créditos calificados como “B” (subnormales); “C” (deficientes) o “D” (difícil cobro) en la última evaluación efectuada por la entidad de conformidad con el artículo 3º;

c) Total de los créditos reestructurados en el último año; se entenderá como crédito reestructurado, aquel respecto del cual se ha celebrado un negocio jurídico de cualquier clase que tenga como objeto o efecto mejorar las condiciones de pago del deudor, tal como novación, prórroga, condonación total o parcial de intereses o capital, u otro de efecto semejante.

También se entenderá como crédito reestructurado, aquel respecto del cual se ha celebrado un negocio jurídico de cualquier clase que tenga como objeto o efecto sustituir el crédito por otro activo, que mantenga el riesgo de contraparte en relación con el deudor o las personas que conforme a las reglas sobre cupo individual de endeudamiento le sean acumulables;

d) Total de créditos otorgados directa o indirectamente a personas que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de acreedores, tales como concordato, quiebra o liquidación forzosa administrativa, o que se hayan originado en tales procesos;

e) Total de créditos otorgados directa o indirectamente a asociados que sean titulares del cinco por ciento (5%) o más del capital pagado de la entidad, al representante legal, los miembros de la junta directiva y otros administradores de la misma, así como a las demás personas que sean acumulables a las anteriores para efecto de los límites individuales de endeudamiento, según las normas pertinentes;

f) Los demás créditos de deudores que tengan obligaciones comprendidas en alguna de las categorías contempladas en los literales a) a d) de este artículo;

g) Total de créditos otorgados directa o indirectamente a personas cuyas obligaciones para con la institución y las de las personas que deban acumulárseles para efecto de los límites individuales de endeudamiento, sean superiores al cinco por ciento (5%) del patrimonio técnico de la entidad financiera; con este fin, las entidades deberán identificar las relaciones del deudor con otras personas naturales o jurídicas deudoras de la institución que den lugar a la acumulación referida, y

h) Total de créditos otorgados directa o indirectamente a personas cuyas obligaciones para con otra institución vigilada, hayan sido calificadas por esta última como “D” (difícil cobro) o “E” (irrecuperable), según la última evaluación de cartera.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 4º de la Superintendencia Bancaria).

ART. 6º—Alcance de la evaluación de la cartera de consumo e hipotecaria para vivienda. Las evaluaciones de la cartera de consumo e hipotecaria para vivienda comprenderán el ciento por ciento (100%) de las mismas.

ART. 7º—Factores de evaluación. En la evaluación de la cartera se deberán considerar los siguientes factores:

a) Capacidad de pago del deudor y sus codeudores, teniendo en cuenta las características del crédito, así como la liquidez esperada de acuerdo con los flujos de caja del deudor y la solvencia de sus avalistas y otros garantes, de conformidad con información financiera actualizada y documentada;

b) Liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas, su valor de mercado técnicamente establecido, los costos razonablemente estimados de su realización y el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles;

c) Servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados;

d) Información proveniente de centrales de riesgos, consolidadas con el sistema, y de las demás fuentes de información comercial de que disponga la institución vigilada, y

e) De conformidad con las normas constitucionales y legales pertinentes, los antecedentes comerciales y crediticios del deudor.

ART. 8º—Calificación de los créditos comerciales por nivel de riesgo. Los créditos comerciales se calificarán, a partir de todos los factores mencionados en el artículo 7º, en las siguientes categorías:

a) Categoría “A”: crédito normal. Los créditos de esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. Los estados financieros de los prestatarios y demás información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los flujos ordinarios de ingresos propios con que cuentan los deudores para hacer frente al pago requerido. El cliente está cumpliendo a cabalidad con los términos del crédito y la garantía representa un factor secundario como fuente de pago de la obligación;

b) Categoría “B”: crédito subnormal. Los créditos calificados en esta categoría están actualmente bien atendidos y protegidos, pero existen debilidades potenciales provenientes de situaciones que afectan o pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o sus codeudores, en los términos originalmente pactados, o la suficiencia de las garantías constituidas, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. Cuando menos, entiéndase subnormal el crédito con más de un (1) mes y hasta dos (2) meses de vencido.

Las operaciones que deben incluirse en esta categoría pueden poseer una o más de las siguientes características, u otras de análoga naturaleza:

— Acuerdo de pago y estructura inadecuados respecto del tipo de crédito.

— Documentación desactualizada o insuficiente.

— Condiciones de mercado que pueden afectar la actividad económica en que se desenvuelve el deudor, o la región geográfica en que desarrolla sus negocios.

— Tendencias o desequilibrios adversos en la condición financiera del deudor que pueden afectar el flujo de ingresos que ha de servir como fuente normal de pago.

— Son producto del incumplimiento de políticas internas de la institución financiera.

— Inadecuada supervisión del crédito;

c) Categoría “C”: crédito deficiente. Estos créditos presentan deficiencias en la capacidad de pago del deudor o sus codeudores, o pérdida o deterioro en el valor de las garantías, que comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos, aunque no en forma significativa. Cuando menos, entiéndase deficiente el crédito con más de dos (2) y hasta tres (3) meses de vencido;

d) Categoría “D”: crédito de difícil cobro. Es aquel que tiene cualquiera de las características del crédito deficiente, pero cuya contingencia de pérdida es mayor, porque sus deficiencias son acentuadas, el prestatario presenta una difícil situación financiera o la calidad e idoneidad de las garantías son inadecuadas, de tal suerte que la probabilidad de recaudo es altamente dudosa. Cuando menos, entiéndase de difícil cobro el crédito con más tres (3) y hasta doce (12) meses de vencido, y

e) Categoría “E”: crédito irrecuperable. Es aquel crédito o la porción del mismo que se estima incobrable. Deberán incluirse dentro de esta categoría, por lo menos, los créditos con más de doce (12) meses de vencidos.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 5º de la Superintendencia Bancaria).

ART. 9º—Calificación de los créditos de consumo. Los créditos de consumo se calificarán en función de su oportuna atención o del tiempo de vencimiento que registren los saldos pendientes, así:

a) Categoría “A”: créditos que presentan sus cuotas al día o vencimientos hasta de un mes;

b) Categoría “B”: créditos que presentan vencimientos superiores a un (1) mes y hasta dos (2) meses;

c) Categoría “C”: créditos que presentan vencimientos superiores a dos (2) y hasta tres (3) meses;

d) Categoría “D”: créditos que presentan vencimientos por más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses, y

e) Categoría “E”: créditos que presentan vencimientos de más de seis (6) meses de vencidas.

Los plazos de morosidad aquí indicados son estándares mínimos de calificación. Por ende, se podrán calificar los créditos en categorías de mayor riesgo con base en otros factores de evaluación indicados en el artículo 7º.

ART. 10.—Calificación de los créditos hipotecarios para vivienda. La determinación del nivel de riesgo de la cartera hipotecaria para vivienda deberá efectuarse teniendo en cuenta, cuando menos, el grado de cumplimiento del respectivo deudor y la suficiencia y facilidad de realización de la garantía hipotecaria, como se expresa a continuación:

a) Categoría “A”: créditos cuyos instalamentos se encuentran al día o presenten vencimientos hasta de un mes;

b) Categoría “B”: créditos que presenten vencimientos de más de uno (1) y hasta tres (3) meses;

c) Categoría “C”: créditos que presenten vencimientos de más de tres (3) y hasta seis (6) meses;

d) Categoría “D”: créditos que presenten vencimientos de más de seis (6) y hasta doce (12) meses, y

e) Categoría “E”: créditos que presenten vencimiento de más de doce (12) meses.

Los plazos de morosidad aquí indicados son estándares mínimos de calificación. Por ende, se podrán calificar los créditos en categorías de mayor riesgo con base en otros factores de evaluación indicados en el artículo 7º.

En todo caso, cuando disminuya la capacidad de pago del deudor o la garantía hipotecaria se deteriore y su cobertura se torne insuficiente, deberá calificarse el crédito en una categoría de riesgo superior.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 6º de la Superintendencia Bancaria).

ART. 11.—Efectos de la calificación por la Superintendencia Bancaria. Cuando se califique “D” o “E” cualquiera de los créditos de un deudor por la Superintendencia Bancaria, sus demás créditos de la misma clase deberán llevarse a la misma calificación, o una de mayor riesgo, por todas las instituciones vigiladas, salvo que se demuestre a la Superintendencia Bancaria la existencia de razones financieras valederas para su calificación en una categoría de menor riesgo.

Cuando la Superintendencia Bancaria, observando las disposiciones legales pertinentes, facilite a una central de información comercial, la información de que trata la presente resolución, evaluará la existencia de mecanismos idóneos para la consulta de la misma por parte de cualquier entidad vigilada por la superintendencia y los instrumentos adoptados por la correspondiente central para la protección de los derechos constitucionales.

ART. 12.—Efectos de la calificación del deudor por la entidad. Cuando una entidad vigilada califique “D” o “E” cualquiera de los créditos de un deudor, deberá llevar a la misma categoría, o a una de mayor riesgo, sus demás créditos de la misma clase, salvo que demuestre a la Superintendencia Bancaria la existencia de razones financieras valederas para su calificación en una categoría de menor riesgo.

ART. 13.—Suspensión de causación de intereses, corrección monetaria y otros conceptos. En todos los casos, cuando se califique “C”, o en categorías de mayor riesgo, un crédito hipotecario para vivienda o “D”, o en categoría de mayor riesgo, un crédito comercial o de consumo, dejarán de causarse rendimientos y otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden.

Tratándose de créditos hipotecarios para vivienda por el sistema de valor constante, la misma regla se aplicará también respecto de la causación de la corrección monetaria sobre el valor integral de la obligación.

ART. 14.—Reversión de la causación de intereses, corrección monetaria y otros conceptos. En la misma oportunidad en que, de acuerdo con el artículo 13, se debe suspender la causación de rendimientos, corrección monetaria y otros conceptos se aplicará el siguiente procedimiento:

a) Se reversarán los ingresos no recaudados que por tales conceptos se hayan causado en el ejercicio corriente, y

b) Se provisionarán las cuentas por cobrar que recogen los ingresos no recaudados que por los mismos conceptos se hayan causado en los ejercicios anteriores.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 7º de la Superintendencia Bancaria).

ART. 15.—Reglas para la constitución de provisiones de los créditos evaluados. Las entidades vigiladas constituirán provisiones individuales para la protección de sus créditos calificados, con cargo al estado de pérdidas y ganancias, cuando quiera que se establezca la existencia de contingencias de pérdidas probables y razonablemente cuantificables. Tales provisiones podrán ser igualmente ordenadas por la Superintendencia Bancaria.

Para el efecto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Créditos categoría “B” (subnormales). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al uno por ciento (1%) de su valor, incluyendo capital, intereses, corrección monetaria y otros conceptos;

b) Créditos comerciales y de consumo categoría “C” (deficientes). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al veinte por ciento (20%) de su valor, incluyendo capital, intereses, corrección monetaria y otros conceptos;

c) Créditos hipotecarios para vivienda categoría “C” (deficientes). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al veinte por ciento (20%) del capital;

d) Créditos categoría “D” (difícil cobro). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital, y

e) Créditos categoría “E” (irrecuperables). Deberá mantenerse en todo tiempo una provisión no inferior al ciento por ciento (100%) del capital.

ART. 16.—Efecto de las garantías sobre las provisiones. Los créditos amparados con seguridades que, según las normas referentes a cupo individual de endeudamiento, tengan el carácter de garantías admisibles y que además sean liquidables en un término no mayor a doce (12) meses a partir del incumplimiento, se provisionarán, en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, sobre la diferencia entre el valor del crédito —tal como se define en el artículo 15— y el valor de la garantía.

No obstante, si la garantía no se hace líquida dentro de los doce (12) meses siguientes al incumplimiento, deberá realizarse la provisión por el cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado, independientemente de la cobertura de la misma.

Transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde el incumplimiento, si la garantía no se ha hecho líquida deberá elevarse la provisión al ciento por ciento (100%) del capital adeudado, independientemente de la cobertura de la misma.

Cuando la garantía admisible consista en hipoteca o prenda, para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente artículo, se tomará en cuenta el menor entre los siguientes valores:

— El valor de mercado del bien gravado.

— El valor que serviría de base al primer remate, de haberlo, de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil referentes al proceso ejecutivo prendario o hipotecario, según el caso.

Cuando la garantía admisible sea distinta de hipoteca o prenda, para establecer el valor de la misma a efectos de lo previsto en el presente artículo, deberá determinarse su valor de realización.

PAR.—Se sujetarán a las mismas reglas los créditos hipotecarios para vivienda y los créditos comerciales y de consumo de las entidades aseguradoras y compañías de capitalización que, por disposición legal deban asegurarse con prenda de títulos o hipoteca. Las garantías mencionadas se considerarán admisibles, para los efectos previstos en el presente artículo, en relación con la constitución de provisiones a los doce (12) y veinticuatro (24) meses, contados desde el incumplimiento de la obligación.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 8º de la Superintendencia Bancaria).

ART. 17.—Reglas para la constitución de provisiones respecto de deudas a cargo de la Nación o garantizados por ésta o el Banco de la República. No habrá lugar a la constitución de provisiones respecto de créditos a cargo de la Nación, o garantizados por ésta, siempre y cuando se disponga de la correspondiente reserva de apropiación debidamente calificada y aprobada por el ente fiscal, para atender su cancelación, tanto por capital como por intereses, hecho que deberá acreditarse debidamente.

En caso que no se cuente con la apropiación presupuestal o si ésta no cubre el monto de la obligación principal o sus intereses, se deberá constituir provisión por la parte no cubierta, suspender y reversar intereses y otros conceptos, con arreglo a las normas contempladas en los artículos 13, 14 y 15.

Adicionalmente, no habrá lugar a la constitución de provisiones respecto del capital, intereses y otros conceptos de créditos garantizados por el Banco de la República, hecho que deberá acreditarse debidamente a la Superintendencia Bancaria.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 9º de la Superintendencia Bancaria).

ART. 18.—Reglas para la constitución de provisiones respecto de la cartera comercial no calificada. En la misma oportunidad en que se evalúe la cartera comercial, se constituirá una provisión general sobre la parte no calificada, cuyo monto resultará de multiplicar el coeficiente de riesgo individual para la cartera comercial de que trata el artículo 19 por el total de la cartera comercial no calificada, incluido el valor de los intereses, corrección monetaria y otros conceptos causados y no recaudados.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 10 de la Superintendencia Bancaria).

ART. 19.—Coeficientes de riesgo individual y global. Se determinarán sendos coeficientes de riesgo individual para la cartera comercial calificada, la cartera de consumo y la cartera de crédito hipotecario para vivienda. Dichos coeficientes individuales se determinarán dividiendo por el valor total de los créditos calificados, el monto que arroje la suma de los siguientes factores:

a) El cero por ciento (0%) de los créditos calificados en la categoría A (créditos normales);

b) El uno por ciento (1%) de los créditos calificados en la categoría B (créditos subnormales);

c) El veinte por ciento (20%) de los créditos calificados en la categoría C (créditos deficientes);

d) El cincuenta por ciento (50%) de los créditos calificados en la categoría D (créditos de difícil cobro), y

e) El ciento por ciento (100%) de los créditos calificados en la categoría E (créditos irrecuperables).

Para efectuar este cálculo deberán incluirse los valores que correspondan a intereses, corrección monetaria y otros conceptos causados y no recaudados en relación con los créditos calificados.

Además de los coeficientes indicados, se calculará un coeficiente de riesgo global de cartera, que será el promedio ponderado —por valor de cartera— de los coeficientes de riesgo individuales de cada una de las clases de cartera.

ART. 20.—Clasificación y calificación por parte de la Superintendencia Bancaria. Sin perjuicio de las sanciones personales e institucionales que correspondan, la Superintendencia Bancaria podrá revisar las clasificaciones y calificaciones que, de acuerdo con las normas previstas en esta resolución, efectúe cada institución vigilada, pudiendo ordenar modificaciones de los créditos considerados, cuando constate la inobservancia de los criterios de clasificación y calificación establecidos para las evaluaciones de cartera comercial, de consumo e hipotecaria para vivienda.

La Superintendencia Bancaria, igualmente, podrá ordenar recalificaciones de cartera de un sector económico, zona geográfica o deudor o conjunto de deudores cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos individuales de endeudamiento. Por otra parte, la Superintendencia podrá elevar las exigencias de provisiones previstas en esta resolución en los siguientes casos:

a) Respecto de la cartera comercial, de consumo o hipotecaria para vivienda, cuando el coeficiente de riesgo individual respectivo sea mayor, al menos en una desviación estándar, que el promedio de la distribución de coeficientes individuales de las demás entidades del mismo tipo para la misma clase de cartera;

b) Respecto de la cartera total, cuando el coeficiente de riesgo global sea mayor, al menos en una desviación estándar, que el promedio de la distribución de coeficientes globales de las demás entidades del mismo tipo, y

c) Cuando existan otras razones para estimar que la evaluación de cartera de una entidad es deficiente.

Las entidades podrán trasladar a categorías de menor riesgo los créditos calificados por la Superintendencia Bancaria, si obtienen autorización previa de esta entidad, cuando haya razones que lo justifiquen.

PAR.—La Superintendencia Bancaria divulgará los coeficientes de riesgo de que trata el presente artículo, en ejercicio de la facultad de que trata el literal e) del numeral 6º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero.

ART. 21.—Reversión de provisiones de créditos restructurados. Para poder trasladar a una categoría de menor riesgo créditos restructurados, reanudar la causación de intereses y otros conceptos y reversar provisiones constituidas sobre los mismos con arreglo a la presente resolución, las restructuraciones deberán observar los siguientes requisitos:

a) Realización de un estudio sobre la situación financiera del respectivo cliente dentro del cual se consideren los aspectos de que trata el artículo 7º de esta resolución;

b) El estudio del crédito respectivo deberá demostrar satisfactoria capacidad de pago, si se pretende otorgar nuevos créditos para la cancelación de obligaciones vencidas a favor de la institución vigilada;

c) Si la restructuración consiste en la sustitución del crédito, por otro activo que mantenga el riesgo de contraparte en relación con el mismo deudor o las personas que conforme a las reglas sobre cupos individuales de crédito le sean acumulables, deberá realizarse un estudio que demuestre satisfactoriamente la solvencia de la contraparte;

d) Avalúo de la garantía —la cual deberá ser admisible de conformidad con las reglas de cupos individuales de endeudamiento— no mayor de un año, que establezca su valor de mercado y que considere explícitamente la factibilidad, costos y tiempo de su realización;

e) Cuando la restructuración tenga por objeto la simple extensión del plazo inicialmente pactado para el pago de la obligación, manteniéndose invariables en lo sustancial las demás condiciones de la operación, deberán abonarse, en efectivo o bienes altamente líquidos, la totalidad de los rendimientos financieros causados y cuando menos el diez por ciento (10%) del capital.

f) (Modificado).* Cuando la restructuración modifique alguno de los elementos originalmente pactados, distinto del señalado en el literal anterior y tales modificaciones traigan consigo el cambio de objeto o de sujetos o la variación de las condiciones financieras, particularmente la tasa de interés, deberá cancelarse, en efectivo o bienes altamente líquidos, cuando menos el treinta por ciento (30%) de los intereses causados, y

*(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 11 de la Superintendencia Bancaria).

g) En los eventos indicados en los literales e) y f), si los bienes recibidos no se realizan durante los tres meses siguientes a la restructuración, deberá hacerse una provisión por el cincuenta por ciento (50%) del valor de los mismos, sin perjuicio de las demás reglas sobre la materia contenidas en la Resolución 2524 de 1990.

En los eventos previstos en los literales e) y f), los créditos restructurados deberán calificarse respectivamente en las categorías “B” y “C” —o una de mayor riesgo—, sujetos a las normas generales sobre constitución de provisiones, suspensión de la causación y reversión de intereses y otros conceptos predicables de la correspondiente calificación.

Si las restructuraciones convenidas no se ajustan a lo previsto en el presente artículo, las reglas sobre calificación de cartera, suspensión de la causación de intereses y otros conceptos y constitución de provisiones contenidas en esta resolución, se aplicarán tomando en consideración el crédito en su estado original, como si la restructuración no se hubiere pactado.

En todo caso, la Superintendencia Bancaria podrá, en cualquier tiempo, ordenar que se constituyan nuevamente las provisiones que se hayan reversado con ocasión de restructuraciones de créditos.

PAR.—(Modificado)* Las restructuraciones de cartera calificada como “A” serán notificadas a la Superintendencia Bancaria, respecto de créditos iguales o superiores al uno (1%) del patrimonio técnico de la entidad vigilada.

(Nota: El inciso segundo y el parágrafo fue modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 11 de la Superintendencia Bancaria).

ART. 22.—Reversión de provisiones respecto de créditos a cargo de personas que alcancen acuerdos informales o extraconcordatarios. Tratándose de créditos iguales o superiores al uno (1%) del patrimonio técnico de la respectiva entidad, a cargo de deudores del sistema que, estando en difícil situación financiera, celebren acuerdos informales o extraconcordatarios con sus acreedores, o acuerdos preconcordatarios para restructurar sus obligaciones, sólo podrán modificarse las provisiones constituidas cuando la Superintendencia Bancaria lo autorice previamente, siempre que los acuerdos reúnan las siguientes condiciones:

1. Respeto a los principios legales y contables. El arreglo no podrá desconocer tales principios, no podrá estipularse en él, por ejemplo, que se aceptará recibir bienes en pago por valores superiores a los reales sin que ello implique la necesidad de hacer provisiones por el exceso.

2. Generalidad. El arreglo deberá cobijar a todos los acreedores, bien sea porque todos estén de acuerdo en los términos convenidos, o porque a quienes no lo estén, o no hayan participado en tal arreglo, se les haya satisfecho adecuadamente sus acreencias, si se encuentran vencidas, o se acepte por los firmantes del acuerdo que el deudor atienda tales obligaciones al hacerse éstas exigibles. En resumen, no podría aceptarse un acuerdo tomado en perjuicio de alguno de los acreedores.

3. Tratamiento igualitario. En la celebración del acuerdo deberán tenerse presentes los principios de equidad y de igualdad de los acreedores. Por consiguiente, el tratamiento desfavorable que alguno o algunos acreedores reciban en relación con los demás, sólo podrá tener origen en la existencia anterior de créditos privilegiados o en la concesión de ventajas que tengan por objeto facilitar, en forma razonable, el cumplimiento de los fines propios del acuerdo, siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros, ajenos al mismo.

4. Documentación. El acuerdo deberá constar por escrito y estar firmado por el deudor y los acreedores que participen en él.

5. Incondicionalidad. El acuerdo deberá ser incondicional. No obstante la condición resolutoria podrá pactarse cuando su aplicación sea el resultado del incumplimiento de las obligaciones que en el acuerdo se hayan estipulado a cargo del deudor o de alguno o algunos de los acreedores, o cuando como consecuencia de esa aplicación la situación de éstos se haga más favorable.

6. Irrevocabilidad. El acuerdo no podrá ser revocable sino en el caso de que, como consecuencia de la revocación, la situación de los acreedores se haga más favorable.

7. Obligatoriedad. El acuerdo deberá ser de forzoso cumplimiento para los firmantes, de forma que ningún acreedor, ni mucho menos el deudor, pueda retirarse libremente de él.

Tratándose de créditos de cuantía inferior al uno por ciento (1%) del patrimonio técnico, que sean objeto de restructuración observando las reglas de este artículo, la provisión podrá reversarse por decisión de la entidad vigilada, debiendo comunicar tal circunstancia a la Superintendencia Bancaria que podrá ordenar constituirla nuevamente.

(Nota: El primer inciso fue modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 12 de la Superintendencia Bancaria).

ART. 23.—(Modificado).* Provisiones respecto de créditos a cargo de personas que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de acreedores. Sin perjuicio de las provisiones constituidas con anterioridad a la iniciación del proceso, las cuales no podrán reversarse, todos los créditos a cargo de personas respecto de las cuales se inicien procesos de concurso universal de acreedores se calificarán inmediatamente en la categoría “D” o “E”, sujetándose para efectos de constitución de provisiones, suspensión y reversión de rendimientos y otros conceptos a lo previsto para tales categorías.

En todo caso, con independencia de las garantías, el capital de tales obligaciones se provisionará en el ciento por ciento (100%) al cumplirse un año desde la iniciación del respectivo proceso, o antes cuando, existiendo providencia en firme de graduación y calificación de créditos, se establezca la insuficiencia de los activos del deudor para atender la totalidad de las obligaciones a su cargo.

Tratándose de créditos iguales o superiores al uno (1%) del patrimonio técnico de la respectiva entidad, podrán reducirse las provisiones constituidas, si la Superintendencia Bancaria lo autoriza previa demostración de que existen condiciones que lo hagan aceptable. Tratándose de créditos de cuantía inferior, bastará notificar la reducción de provisiones a la Superintendencia Bancaria, la cual podrá ordenar constituirlas nuevamente.

PAR.—La reversión de provisiones una vez aprobado el acuerdo concursal se sujetará a las mismas reglas.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 13 de la Superintendencia Bancaria).

ART. 24.—Control interno. Los reglamentos internos de cada institución determinarán el área operativa a quien corresponda llevar a cabo las evaluaciones de cartera de que trata esta resolución, y es deber de la junta directiva, del representante legal y demás administradores responsables de cartera, supervisar cuidadosamente tales evaluaciones, asumiendo responsabilidad por las mismas.

Los funcionarios responsables de ejecutar las evaluaciones serán designados por la junta directiva y su nombramiento será comunicado a la Superintendencia Bancaria por el representante legal dentro de los quince (15) días siguientes al mismo, indicando la fecha y número de acta de la correspondiente sesión.

ART. 25.—Responsabilidad del revisor fiscal. En desarrollo de las funciones propias del revisor fiscal, corresponderá a éste verificar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, debiendo incluir pronunciamiento expreso sobre el particular dentro del dictamen que rinda respecto de los estados financieros. Así mismo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 207, ordinal 3º, del Código de Comercio (3), el revisor fiscal deberá informar a la Superintendencia Bancaria las irregularidades que en la aplicación de la presente resolución advierta en el ejercicio de sus labores, cuando las mismas sean materiales.

ART. 26.—Disponibilidad de la información financiera. Con el objeto de contar con los elementos necesarios para el adecuado análisis de riesgo de que trata esta resolución, las instituciones vigiladas deberán mantener, en el expediente de crédito del respectivo prestatario, información personal y financiera completa y actualizada sobre cada cliente, cuyos aspectos más relevantes se llevarán con arreglo a los formatos que para el efecto determine la Superintendencia Bancaria.

Dicho expediente deberá incluir la información allegada por la entidad para establecer las relaciones que, conforme a las reglas sobre cupos individuales de endeudamiento, dan lugar a acumular las obligaciones de un conjunto de sujetos.

ART. 27.—Disponibilidad de las evaluaciones realizadas. Las evaluaciones realizadas por las instituciones deberán permanecer a disposición de la Superintendencia Bancaria y de la revisoría fiscal.

ART. 28.—(Modificado).* Revelación de la evaluación de cartera en las notas a los estados financieros. Dentro de las notas a los estados financieros deberá revelarse:

— El monto y porcentaje de las carteras de crédito comercial, de consumo e hipotecario para vivienda que corresponda a cada una de las calificaciones previstas en esta resolución, según la última evaluación efectuada.

— El monto y porcentaje de los intereses y otros conceptos revertidos y provisionados durante el período en relación con la cartera de crédito comercial, de consumo e hipotecario para vivienda.

— El monto de las provisiones individuales sobre la cartera de crédito comercial, de consumo e hipotecario para vivienda que corresponda a cada una de las calificaciones previstas en esta resolución, y el porcentaje que representa sobre el total de cartera en cada una de las clasificaciones.

— El monto de la provisión general sobre los créditos comerciales no calificados y su procedimiento de cálculo.

— Las variaciones más significativas observadas entre las dos últimas evaluaciones para cada clase de cartera, revelando su efecto sobre los estados financieros.

— Las variaciones más significativas observadas entre la última evaluación y la fecha de cierre de los estados financieros de fin de ejercicio, revelando su efecto sobre los estados financieros.

— Los coeficientes de riesgo individuales de cada tipo de cartera y global, revelando el procedimiento de cálculo.

— El monto total de los créditos restructurados, discriminando por calificaciones de cartera, e indicando el porcentaje que el total de restructuraciones represente sobre el valor total de la cartera de la misma clase en la categoría correspondiente.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 14 de la Superintendencia Bancaria).

ART. 29.—(Modificado).* Norma transitoria. Las entidades vigiladas podrán distribuir las provisiones y reversiones de intereses y otros conceptos que se deriven de la primera evaluación de cartera comercial, de consumo e hipotecaria para vivienda bajo las reglas de la presente resolución, así: el veinticinco por ciento (25%) hasta el 31 de diciembre de 1994; el veinticinco por ciento (25%) hasta el 31 de marzo de 1995; el veinticinco por ciento (25%) hasta el 30 de junio de 1995 y el restante veinticinco por ciento (25%) hasta el 30 de septiembre de 1995.

No obstante, las entidades que puedan registrar pérdidas significativas en el presente ejercicio contable, a consecuencia de la primera evaluación de cartera comercial, de consumo e hipotecaria para vivienda bajo las reglas de la presente resolución, podrán convenir con la Superintendencia Bancaria un plan de ajuste, que deberá ser presentado a más tardar el 31 de octubre de 1994.

(Nota: Modificado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 15 de la Superintendencia Bancaria).

ART. 30.—Derogatorias y vigencia. La presente resolución deroga las resoluciones 2053, 3056 y 3535 de 1989 y las demás disposiciones que le sean contrarias y rige a partir del treinta (30) de septiembre de 1994 inclusive.

(Nota: Adicionado por la Resolución 2195 de 1994 artículo 16 de la Superintendencia Bancaria).

(Nota: Incorporada en la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria).

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 15 de septiembre de 1994.

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