Ministerio de Salud y Protección Social

RESOLUCIÓN 1998 DE 2017

(Junio 6)

“Por la cual se modifica la Resolución 5594 de 2015”.

El Ministro de Salud y Protección Social,

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por el numeral 3º del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional, a través del Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, modificado por el Decreto 270 de 2017, dispuso que los proyectos específicos de regulación serán publicados en los plazos que señalen las respectivas autoridades en sus reglamentos, plazos que se determinarán de manera razonable y proporcionada, atendiendo, entre otros criterios, al interés general, al número de artículos, a la naturaleza de los grupos interesados y a la complejidad de la materia regulada;

Que de conformidad con lo anterior y, teniendo en cuenta el impacto positivo que ha generado la publicación de proyectos de regulación normativa suscritos por el Presidente de la República, por el plazo previsto en el Decreto 270 de 2017, se considera conveniente extender los plazos de publicación de los proyectos de resolución en los que interviene este ministerio, a fin de hacer más efectiva la participación ciudadana y de los grupos de interés;

Que, igualmente, se requiere hacer visibles los resultados del proceso de publicación en el portal transparencia. Así las cosas, se deberá modificar lo pertinente de los artículos 2º, 3º y 4º de la Resolución 5594 de 2015, modificada por la Resolución 1133 de 2017;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Modifíquese el artículo 2º de la Resolución 5594 de 2015, modificada por la Resolución 1133 de 2017, el cual quedará así:

“ART. 2º—Requisitos mínimos para la elaboración y trámite de proyectos de actos administrativos. Con el objeto de dotar de seguridad jurídica a sus destinatarios, evitar la dispersión y proliferación normativa y optimizar los recursos físicos y humanos utilizados, los proyectos de resolución para la posterior expedición de actos administrativos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, deberán reunir los requisitos que se relacionan a continuación:

2.1. En cuanto a la formulación del proyecto de acto administrativo

En este punto deberán absolverse los cuestionamientos que se relacionan a continuación, diligenciado el documento contenido en el anexo número 1 que hace parte integral de la presente resolución, así:

a) Finalidad del acto administrativo que se va a expedir;

b) Identificar la situación problemática y el objetivo perseguido con la emisión de la norma;

c) Existencia de disposiciones vigentes que regulen el mismo tema;

d) De existir norma vigente, determinar por qué esta resultaría insuficiente;

e) Si ya existe norma que regule el mismo tema especificar según sea el caso si el proyecto deroga, modifica, sustituye o es un nuevo acto;

f) Identificar la norma de orden legal o reglamentario y de ser el caso, constitucional, que otorgue la competencia para la expedición del acto, lo que dará la viabilidad para continuar con su trámite de proyección;

g) Identificar el destinatario de la norma

2.2. En cuanto al contenido del proyecto de acto administrativo

a) Sujeción a la Constitución y a la ley. El proyecto debe sujetarse a la Constitución y a los principios de legalidad, reserva legal y jerarquía normativa;

b) Delimitación de la competencia. La materia a regular debe corresponder con los asuntos de competencia de este ministerio y/o sector, según la normativa vigente y en especial, el Decreto-Ley 4107 de 2011, modificado por el Decreto 2562 de 2012 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan;

c) Deber de información y coordinación. Cuando el proyecto gestionado desde este ministerio comprenda materias de entidades diferentes, de forma previa a su revisión por parte de la dirección jurídica, el área técnica responsable deberá ponerlo en conocimiento de tales entidades, a efectos de que su texto sea debidamente conciliado y refleje una visión integral y coherente, de todo lo cual, deberá guardar soporte documental y acompañarlo al proyecto que remita para la revisión jurídica. Lo propio habrá de efectuarse tratándose de proyectos que impacten competencias de diferentes áreas de este ministerio;

d) El texto que se remita a la dirección jurídica deberá encontrarse debidamente avalado por el correspondiente viceministerio o viceministerios, cuando sea del caso, salvo que se trate de áreas dependientes directamente de este despacho;

e) En caso de que la materia a reglamentar sea de iniciativa de otro misterio (sic) o entidad y requiera la participación del sector salud y protección social, la memoria justificativa del proyecto de acto administrativo correspondiente, deberá ser aprobada por la respectiva oficina o dirección jurídica del ministerio o entidad autora de la iniciativa y luego remitirse a la dirección jurídica de este ministerio, junto con el proyecto de acto administrativo respectivo;

f) Abogacía de la competencia. De conformidad con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, en consonancia con el capítulo 30 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, o la normas que los modifiquen o sustituyan, cuando el proyecto de acto administrativo a expedir pueda tener incidencia en la libre competencia en los mercados, el área técnica responsable de dicho proyecto deberá informarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Para el evento en que la precitada entidad haya proferido concepto y se considere necesario apartarse del mismo, de tal circunstancia se dejará constancia en la memoria justificativa que acompañe el proyecto de acto a expedir;

g) Reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad. Todos los proyectos de reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad deberán ser notificados a través del punto de contacto de Colombia a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina de Naciones y a los países con los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales vigentes que contemplen la obligación de notificación internacional. Para el efecto, el área técnica responsable del proyecto al interior de este ministerio, deberá enviar a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el proyecto de reglamento técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad para su correspondiente notificación.

Una vez surtida la expedición del reglamento técnico, la entidad reguladora deberá enviar al punto de contacto de Colombia el correspondiente acto administrativo para su notificación internacional. De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el Decreto 1844 de 2013 o las normas que los modifiquen o sustituyan, no podrá publicarse en el Diario Oficial y por tanto, no entrará a regir ningún reglamento técnico que no cuente con la certificación expedida por el punto de contacto de Colombia, salvo las excepciones previstas para la adopción de reglamentos técnicos de emergencia;

h) Racionalización, regulación integral y seguridad jurídica. En aras de evitar la dispersión y proliferación normativa, el área técnica interesada en preparar e impulsar un proyecto de acto administrativo, de forma previa verificará que se incluyan la totalidad de aspectos que requiere la regulación de la materia para así evitar modificaciones o correcciones posteriores que hubieren podido preverse;

i) Aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública de nuevo trámite. Cuando un proyecto normativo establezca un nuevo trámite, el área técnica que ha tomado la iniciativa de su estructuración deberá someterlo a consideración previa del Departamento Administrativo de la Función Pública, adjuntando la manifestación del impacto regulatorio, con la cual se acreditará su justificación, eficacia, eficiencia y los costos de implementación para los obligados a cumplirlo; así mismo deberá acreditar la existencia de recursos presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación. En la memoria justificativa y en la parte motiva del respectivo proyecto se dejará constancia de cumplimiento de ese trámite;

j) Deber de consultar. Para el evento en que constitucional o legalmente se ordene la realización de consultas, el área técnica que promueva la correspondiente regulación será la responsable de gestionar lo pertinente a efecto de dar cumplimiento a tal requisito. En este caso, la remisión del proyecto para revisión jurídica, únicamente podrá efectuarse cuando se haya surtido el trámite de consulta, lo que habrá de quedar debidamente soportado y adjuntarse a la restante documentación que acompañe el proyecto a revisar. En tal caso, a la memoria justificativa deberá anexarse la constancia que acredite el cumplimiento de dicho trámite;

k) Deber de publicación. Cuando de conformidad con el numeral 8º del artículo 8º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015, deba someterse a consideración del público el proyecto de regulación antes de su expedición, el director o jefe de oficina del área técnica que la promueva, determinará el plazo durante el cual deberá ser publicado, el cual en ningún caso será inferior a quince (15) días calendario. Dicho plazo se determinará de conformidad con el interés general, el número de artículos, la naturaleza de los grupos interesados y la complejidad de la materia regulada. La dependencia que lidera el proyecto será responsable de gestionar la publicación ante el grupo de comunicaciones. Excepcionalmente, la publicación podrá hacerse por un plazo inferior, siempre que el área técnica lo justifique de manera adecuada y así lo exprese en la memoria justificativa. Esta última deberá publicarse junto con el proyecto normativo, cuando se trate de actos para la firma del Presidente de la República.

La remisión del proyecto para revisión jurídica, únicamente podrá efectuarse cuando se haya surtido tanto el trámite de publicación, como el análisis a las observaciones y comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, para lo cual, deberá: i) diligenciarse el anexo técnico número 3 que hace parte integral de este acto administrativo y ii) consignarse lo pertinente en la memoria justificativa a que se refiere el literal l) de este artículo;

l) Memoria justificativa. Todo proyecto de acto administrativo deberá acompañarse de una memoria justificativa, cuyo formato se adopta en el anexo técnico número 2 que hace parte integral de esta resolución, en el que deberán diligenciarse por parte del área responsable de la propuesta, los aspectos que se relacionan en este primer ítem (técnicos), así:

De carácter técnico

1. Antecedentes y razones de oportunidad y conveniencia que justifican la expedición del respectivo acto administrativo.

2. Ámbito de aplicación del acto y sujetos a quienes va dirigido.

3. Impacto económico cuando sea del caso, señalando el costo o el ahorro de implementación del acto.

4. Certificado de disponibilidad presupuestal cuando sea del caso.

5. De ser necesario, el impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación.

6. El cumplimiento de los requisitos de consulta y publicidad a que refieren los literales j) y k) del numeral 2.2 de este artículo, cuando haya lugar a ello.

7. Constancia del cumplimiento del trámite previsto en el artículo 39 del Decreto 019 de 2012, cuando sea el caso.

8. La matriz con el resumen de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés al proyecto específico de regulación y un informe global con la evaluación, por categorías, de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés, para lo cual se diligenciará el anexo técnico número 3.

9. Cualquier otro aspecto que se considere relevante para la adopción de la decisión.

De carácter jurídico

Estos aspectos podrán diligenciarse por el área técnica responsable de la propuesta en cuanto tenga conocimiento sobre ellos; en todo caso, el área técnica deberá determinar la existencia de normas sobre el particular que otorguen competencia para la emisión del acto que se busca expedir, como uno de los aspectos que forman parte de la “Etapa previa”, que deberá seguirse para la formulación de los proyectos de acto y que se encuentra contenida en el anexo número 1 que hace parte integral de la presente resolución.

Este análisis de competencia constituye factor determinante para establecer si es procedente seguir adelante con el trámite de elaboración del proyecto de acto administrativo, según lo previsto en el anexo número 1 del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 1609 del mismo año. Los aspectos de viabilidad jurídica son los siguientes:

1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para la expedición del acto.

2. Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada.

3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas para el evento en que algunos de estos efectos se produzca con la expedición del respectivo acto.

4. Revisión y análisis de las decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieren tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto.

5. Viabilidad jurídica de la expedición del acto.

6. Advertencia de cualquier otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante para la expedición del acto.

Los aspectos relacionados con el ítem de viabilidad jurídica que llegare a diligenciar el área técnica, deberán ser revisados, ajustados y avalados por la dirección jurídica de este ministerio o la dependencia que haga sus veces. En los casos que corresponda, será ella quien diligencie la información faltante, una vez realizado el análisis estrictamente jurídico.

2.3. En cuanto a la estructura del proyecto de acto administrativo

a) Encabezado: Debe contener la denominación del acto, utilizando la palabra “RESOLUCIÓN” o “DECRETO”. Seguidamente habrá de dejarse un espacio para colocar el número y la fecha de su expedición;

b) Epígrafe: Constituye el título del acto a expedir y sirve para indicar brevemente una idea del contenido o tema a desarrollar;

c) Competencia: Debe relacionar las normas de orden constitucional si las hubiere, legal o reglamentario que otorgan la competencia para la expedición del acto;

d) Parte considerativa o motiva: Se identifica con la palabra en mayúsculas “CONSIDERANDO”, seguida de párrafos formados por una o varias frases completas que no deben formularse de modo imperativo y que deben contener una breve explicación de los antecedentes y necesidades que justifican la expedición del acto. No deberán incluirse en ellas, transcripciones textuales de las normas involucradas en el proceso regulatorio;

e) Parte dispositiva: Constituye la parte normativa o mandatoria del acto. Comienza con la palabra en mayúsculas “RESUELVE” o “DECRETA”. Se expresa en prescripciones que deben ir directamente al objetivo, vale decir, a la producción de efectos jurídicos, o a su creación, modificación, o extinción;

f) Derogatorias: Se deben indicar expresamente las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, evitando fórmulas de modificación o derogación tácita, en pro de afianzar la seguridad jurídica;

g) Vigencia: Corresponde al señalamiento que se hace respecto del momento a partir del cual entra en vigencia el acto;

h) Antefirma y firma del ministro.

2.4. En cuanto a las reglas mínimas de redacción

Los actos administrativos deben ser redactados siguiendo el principio de CLARIDAD SEMÁNTICA, en un lenguaje que sus destinatarios puedan entender, evitando que el lenguaje induzca a error. Conforme con lo anterior, habrá de observarse los siguientes parámetros:

a) La redacción debe ser clara, sencilla, precisa y concisa;

b) Cada artículo debe contener una única norma o regla, procurando que su estructura sea lo más sencilla posible;

c) Debe procurarse que el tema objeto de la regulación quede comprendido en diferentes artículos, agrupados por capítulos, por cuanto puede llegar a afectar la claridad de los textos, cuando en un único artículo se pretende agotar toda la regulación;

d) En aras de facilitar la comprensión e interpretación del acto administrativo, es necesario propender porque en su texto haya coherencia tanto desde el punto de vista formal, como de fondo. En virtud de lo primero, el mismo “término” o denominación debe utilizarse de manera uniforme para expresar un mismo concepto.

2.5. En cuanto a las especificaciones documentales

Los proyectos de acto administrativo deberán observar las siguientes especificaciones documentales:

a) Elaborarse en letra arial 12 e imprimirse en papel blanco tamaño oficio, observando los siguientes márgenes: Superior, 3 cm; inferior, 3 cm; lateral derecho, 2 cm y, lateral izquierdo, 3 cm. En consideración a que dentro del proceso de revisión realizado por la dirección jurídica, el proyecto puede ser objeto de cambios, este podrá remitirse por el área técnica impreso a doble cara;

b) Deben tener impresos el Escudo de la República de Colombia y el nombre de este ministerio, seguido de la denominación del proyecto “RESOLUCIÓN” o “DECRETO” y de las palabras “NÚMERO XXX DE XXX;

c) Cuando el proyecto de acto administrativo conste de varias hojas, estas deberán numerarse bajo el formato página “x de y” y en el encabezamiento de cada una de ellas deberá transcribirse el epígrafe en su totalidad;

d) La hoja final del documento, en la cual vaya la firma del señor ministro o de la autoridad que suscriba el acto no podrá ir en blanco y deberá contener una parte sustancial del articulado;

e) Cuando el proyecto vaya a ser suscrito por un empleado público encargado de las funciones del despacho del ministro, por ausencia temporal o definitiva del titular, deberá expresarse la denominación del cargo del cual es titular, seguida de las funciones encargadas”.

ART. 2º—Modifíquese el artículo 3º de la Resolución 5594 de 2015, modificado por la Resolución 1133 de 2017, así:

“ART. 3º—Documentos que deben presentarse para el estudio jurídico de los proyectos de acto administrativo. El área técnica responsable deberá aportar a la dirección jurídica junto con el proyecto de acto administrativo:

1. Los anexos 1, 2 y 3 que hacen parte integral de esta resolución debidamente diligenciados.

2. El CDP en caso de tratarse de actos que ordenen gasto.

3. Concepto de la abogacía de la competencia en los casos que proceda.

4. Constancia de notificación internacional cuando se trate de reglamentos técnicos.

5. Constancia de aprobación del nuevo trámite de que trata el artículo 39 del Decreto-Ley 019 de 2012.

6. Constancia de trámite de consulta ordenada en la ley.

7. Todos aquellos soportes documentales que el área técnica estime pertinentes para el análisis jurídico del proyecto.

PAR.—Es responsabilidad del área técnica la inclusión o exclusión de las observaciones o comentarios relevantes de la ciudadanía o grupos de interés, en el proyecto de acto administrativo presentado a consideración de la dirección jurídica.

ART. 3º—Modifíquese el artículo 4º de la Resolución 5594 de 2015, modificada por la Resolución 1133 de 2017, así:

“ART. 4º—Procedimiento para la revisión de los proyectos de acto administrativo que se tramitan ante la dirección jurídica. Cumplida la totalidad de requisitos mínimos contemplados en el artículo 2º de la presente resolución para la elaboración de los proyectos de acto administrativo, el área técnica responsable de su estructuración lo remitirá mediante el sistema de correspondencia Orfeo para trámite de revisión a la dirección jurídica de este ministerio, con al menos ocho (8) días hábiles de antelación a la fecha en que se pretende su expedición, acompañado de la memoria justificativa de acuerdo con el formato previsto en el anexo técnico número 2 que hace parte integral de esta resolución. Al sistema Orfeo deberá adjuntarse el respectivo proyecto de acto administrativo en formato de texto así como los antecedentes que lo acompañan.

Una vez recibido el proyecto con las modificaciones introducidas tras el análisis de los comentarios y sugerencias de la ciudadanía y los grupos de interés, la dirección jurídica gestionará su publicación, junto con la información contenida en el anexo técnico número 3 de la presente resolución, en el portal de transparencia del sitio web del ministerio

La versión final revisada será presentada por el área técnica a las distintas dependencias involucradas así como al viceministerio al cual se hallen adscritas para su visto bueno.

Cumplida la totalidad de los requisitos mínimos de que trata el presente acto administrativo y una vez validado el proyecto en trámite por la dirección jurídica, esta lo enviará a la secretaría general de este ministerio para adelantar el trámite de firma por parte del Ministro de Salud y Protección Social.

En caso de que el proyecto de acto administrativo y su memoria justificativa no sean remitidos con las formalidades a que refieren los artículos 2º y 3º de este acto administrativo, dichos documentos serán devueltos por la Dirección Jurídica para que se subsanen las falencias encontradas o se defina la pertinencia de estas.

PAR.—Los proyectos de decreto que deban ser enviados a la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República para el trámite de firma ante el Presidente de la República, deberán ser remitidos para revisión de la dirección jurídica de este ministerio, con una antelación mínima de quince (15) días, junto con la totalidad de anexos de que trata el artículo 3º de la presente resolución y los soportes de cumplimiento del requisito previsto en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, sustituido por el artículo 1º del Decreto 270 del 2017 o la norma que lo modifique o sustituya”.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica los artículos 2º, y 4º de la Resolución 5594 de 2015 modificada por la Resolución 1133 de 2017.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de junio de 2017.