Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 20 DE 2010 

(Enero 14)

“Por la cual se fija el tope de gastos a invertir en sus campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la República distintos al Presidente y vicepresidente en ejercicio y se dictan otras disposiciones relativas a la financiación de las campañas electorales a la Presidencia de la República para el período constitucional 2010-2014 que se realizarán el 30 de mayo de 2010”.

El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

en especial de las conferidas por el artículo 265 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

El artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, estableció que

“El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personería jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con personería jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

Es prohibido a los partidos y movimientos políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público”.

Que los incisos 2º y 3º del artículo 14 de la Ley 130 de 1994 disponen:

“Ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares...

Las normas a que se refiere este artículo serán fijadas teniendo en cuenta los costos de las campañas, el censo electoral de las circunscripciones y la apropiación que el Estado haga para reponer parcialmente los gastos efectuados durante ellas”.

A su vez, la Ley 996 de 2005 fijó los valores máximos que pueden invertir los distintos candidatos a la Presidencia de la República en sus campañas electorales; así como los montos de financiación estatal a la misma, su distribución de conformidad al destino que debe dársele a tales recursos por cada candidato; así como los valores a percibir por reposición por voto válido.

Valores en relación con los cuales la Sentencia C-1153 de 2005, por medio de la cual la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de tal norma, señaló:

“La cifra señalada como tope (diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) para la primera vuelta, incluyendo dentro de ella tanto los recursos públicos como los privados, significa un recorte al monto máximo de gastos en primera vuelta que fue autorizado para la campaña presidencial de 2002. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 670 de 2001, emanada del Consejo Nacional Electoral, los topes de financiación para esa campaña en la primera vuelta ascendieron a la cifra de catorce mil millones de pesos ($14.000.000.000.00).

Así pues, los diez mil millones de pesos que menciona la norma bajo examen constituyen una suma inferior a la de la campaña presidencial de 2002. Esta reducción, a juicio de la Corte, en el caso de la campaña adelantada por el candidato presidente busca compensar las ventajas que tiene quien ha ejercido durante cerca de cuatro años la Presidencia de la República, y desde este punto de vista es un mecanismo adecuado para desarrollar el literal f) del artículo 152 superior, conforme al cual al legislador estatutario compete regular “(l)a igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley”. Empero, estos límites no pueden ser convertidos por el legislador estatutario en restricciones aplicables también a los demás candidatos presidenciales que no han tenido las mismas ventajas derivadas del ejercicio de la jefatura de Estado. Por lo tanto, la reducción en el tope de gastos de campaña no puede extenderse a los demás candidatos, a los cuales se les aplicarán los topes de gastos fijados para la campaña inmediatamente anterior, que de manera previa y oportuna fueron fijados para la primera vuelta por las autoridades competentes en la cifra de catorce mil millones de pesos ($14.000.000.000.00), mediante la citada Resolución 670 de 2001.

En tal virtud, el primer inciso del artículo 12 bajo examen será declarado exequible en el entendido según el cual cuando se trata de candidatos que no sean el Presidente de la República o el vicepresidente, el tope de gastos de las campañas presidenciales del año 2006, en la primera vuelta, será el establecido en la Resolución 670 de 2001 del Consejo Nacional Electoral para las elecciones del año 2002.

Aclara la Corte que este tope de catorce mil millones de pesos ($14.000.000.000.00) fijado mediante Resolución 670 de 2001 del Consejo Nacional Electoral para las elecciones del año 2002, rige también las para las campañas presidenciales de 2006 distintas a la del candidato presidente, pero que solo se aplica a los gastos en la primera vuelta de la campaña; y que respecto de esta suma no cabe la aplicación de cláusulas de actualización monetaria”.

Comoquiera que los valores fijados por la Resolución 670 de 2001 lo fueron en pesos, los mismos deben ser actualizados de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 14 de la Ley 130 de 1994.

Al respecto, se tiene que de conformidad con la información existente en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para las elecciones presidenciales de 2006, el censo electoral se encontraba en 26.731.700 ciudadanos aptos para votar, mientras que para el 2010, tal cifra se encuentra en 29.882.147 ciudadanos aptos para votar, lo que significa una variación de 3.150.447 nuevos ciudadanos aptos para votar, lo que representa un incremento del 11,78%.

De otra parte, y según la información suministrada por la directora financiera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los valores apropiados para el rubro de financiación de partidos y movimientos políticos para la vigencia 2010 son:

Normal funcionamiento $35.229.818.525.00

Congreso, presidente y consulta $126.415.714.517.00

En cuanto a los costos de las campañas electorales a la Presidencia de la República se tiene que estos han presentado la siguiente evolución:

Para el año 1998, la fórmula Horacio Serpa Uribe y María Emma Mejía reportaron gastos de campaña por $13.601.655.000 y la fórmula Andrés Pastrana y Gustavo Bell Lemus, reportaron $12.850.488.000.

Para el año 2002, la fórmula Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos reportaron gastos totales por $13.873.167.919 y la fórmula Horacio Serpa Uribe y José Gregorio Hernández reportaron $11.450.408.746.

Para el año 2006, la fórmula Álvaro Uribe Vélez y Francisco Santos reportaron gastos totales por $9.656.921.833, la fórmula Horacio Serpa Uribe e Iván Marulanda Gómez reportaron $7.875.927.904.

De otra parte, es de señalar que la Ley 996 de 2005 previó un sistema doble de financiación estatal, al establecer la posibilidad que algunos candidatos, previo el lleno de algunos requisitos fijados por la misma ley, accedieran a financiación estatal previa, vía anticipos, en razón de lo cual estableció su valor, así como un valor de reposición diferencial, dependiendo de si el candidato había accedido o no a los anticipos antes señalados.

Valores que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 996 de 2005 es menester reajustar, para lo cual debe tenerse en cuenta el incremento del IPC.

De conformidad a certificación expedida por la coordinadora del grupo de banco de datos de la dirección de difusión, mercadeo y cultura estadística, del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la variación del índice de precios al consumidor durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 ha sido el siguiente:

Año
Variación IPC
2006
4,48%
2007
5,69%
2008
7,67%
2009
2,00%

 

En razón de lo cual, se hace necesario efectuar los reajustes correspondientes, teniendo de presente, que corresponde al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 265 Superior regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos,

RESUELVE:

ART. 1º—Fíjase el tope de gastos a invertir en sus campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la República diferentes al presidente o vicepresidente en ejercicio, en diecisiete mil millones de pesos ($17.000.000.000) para la primera vuelta.

Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de ocho mil quinientos millones de pesos ($8.500.000.000).

El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.

ART. 2º—Reajústase el monto de los aportes estatales a recibir a título de anticipo por los candidatos a la Presidencia de la República que tengan derecho a ello durante la primera vuelta, el que quedará en la suma de cuatro mil novecientos cuarenta y siete millones novecientos trece mil seiscientos veintiséis pesos ($4.947.913.626).

De estos aportes, tres mil trescientos noventa y cinco millones novecientos veintiséis mil novecientos noventa y nueve pesos ($3.395.626.999) serán destinados a la financiación de la propaganda política de las campañas presidenciales, los restantes mil quinientos cincuenta y dos millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos veintisiete pesos ($1.552.286.627) serán para otros gastos de campaña.

ART. 3º—Reajústase el valor que los candidatos a la Presidencia de la República que accedan a la segunda vuelta, si la hubiere, recibirán como anticipo de aportes estatales igualitarios, el que será de dos mil novecientos setenta y un millones ciento setenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos ($2.971.173.624), los cuales se destinarán a la financiación de la propaganda política en un cincuenta por ciento (50%) y el saldo en otros gastos de campaña.

ART. 4º—Reajústase el valor a recibir por los candidatos a la Presidencia de la República, que accedan a anticipos de financiación estatal, por reposición de votos, el que será la suma de dos mil sesenta y siete pesos con sesenta y nueve centavos ($2.067,69) por voto válido depositado.

Para la segunda vuelta, si la hubiere, los candidatos a la Presidencia de la República, que accedan a anticipos de financiación estatal, recibirán por reposición de votos, una suma equivalente a mil treinta y tres pesos con veinticuatro centavos ($1.033,24) por voto válido depositado.

ART. 5º—Reajústase el valor a recibir por los candidatos a la Presidencia de la República, que no accedan a anticipos de financiación estatal, por reposición de votos, el que será la suma de cuatro mil doscientos diecisiete pesos con ochenta y cinco centavos ($4.217,85) por voto válido depositado.

ART. 6º—Adviértase que tanto en la primera como en la segunda vuelta no se podrán exceder los topes de las campañas, establecidos en la presente resolución.

ART. 7º—Ningún candidato podrá recibir suma superior al monto de lo efectivamente gastado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral, menos los aportes del sector privado y el anticipo dado por el Estado, en caso de que hubiera tenido acceso a él.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 14 de enero de 2010.