RESOLUCIÓN 20091300001085 DE 2009 

(Julio 17)

“Por medio de la cual se asigna y delega la facultad relacionada con el cobro por jurisdicción coactiva de obligaciones a favor del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, IPSE”.

El Director General del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, IPSE,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y el numeral 26 del artículo 5º del Decreto 70 de 2001 y demás normas concordantes y por el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, el Decreto 2174 de 1992 y el Decreto 4473 de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones;

Que el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia establece que la ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones otorgadas;

Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, en su artículo 9º preceptúa:

Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas. En todo caso los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa, podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”;

Que la Ley 6ª de 1992 establece en su artículo 112 la facultad de cobro coactivo para las entidades nacionales de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo;

Que el Decreto 2174 de 1992 reglamentó el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 estableciendo que los ministerios, departamentos administrativos, entidades adscritas y vinculadas, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la medida en que lo permita la ley, podrán organizar, dentro de cada organismo, grupos de trabajo para el cobro por jurisdicción coactiva de los créditos a favor de los mismos, con funcionarios de cada uno de los organismos. En caso contrario, deberán asignar tales funciones de cobro por jurisdicción coactiva a la oficina jurídica del respectivo organismo o dependencia que haga sus veces;

Que el mismo Decreto 2174 de 1992 permite a cada ministro, jefe de unidad administrativa especial, director de departamento administrativo, presidente o director de cada organismo y entidad adscrita o vinculada, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Registrador del Estado Civil o el funcionario que tenga dicha competencia de acuerdo con la Constitución y la ley, podrán delegar en los términos previstos por la ley, la facultad de otorgar poder en el jefe de la oficina jurídica o dependencia que haga sus veces o en el coordinador del grupo de trabajo, quien otorgará los poderes que considere necesarios para el cobro de los créditos por jurisdicción coactiva.

Que el Decreto 257 de 2004 en su artículo 2º determina que “el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, IPSE, será un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa”.

Que el artículo 12 del mismo Decreto 257 de 2004 mencionado establece dentro de las funciones de la oficina asesora jurídica del IPSE, “las de llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que le adeuden al instituto por todo concepto, desarrollando las labores de cobro persuasivo y adelantando los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva”;

Que conforme al memorando IPSE 20091310040193, la coordinación de recursos financieros informa el valor de la cartera a favor del IPSE y que hace necesario su cobro coercitivo. Dicha cartera equivale a la suma de $ 68.462.294.355,24 (abr. 2009), de los cuales $ 7.937.141.997.03 corresponden a venta de energía;

Que en mérito de lo expuesto, el Director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE,

RESUELVE:

ART. 1º—Asignar y delegar en la oficina asesora jurídica del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, para ejercer la jurisdicción coactiva facultada por la Ley 6ª de 1992.

ART. 2º—La oficina asesora jurídica del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, en ejercicio de la jurisdicción coactiva, tendrá las siguientes funciones sin perjuicio de las establecidas en la ley:

1. Adelantar el cobro de las obligaciones en dinero a favor del IPSE, ya sea mediante cobro persuasivo; a través del proceso coactivo.

2. Solicitar a la coordinación de recursos financieros del IPSE, la liquidación de los créditos que serán objeto de la jurisdicción coactiva.

3. Remitir a la coordinación financiera del IPSE las cuentas por cobrar objeto de cobro coactivo para su correspondiente registro.

4. Elaborar y expedir la resolución de mandamiento de pago debidamente motivada y notificarla.

5. Decretar las medidas preventivas de embargo y secuestro sobre los bienes de los deudores y/o garantes, con el fin de garantizar el pago.

6. Resolver las excepciones que los deudores propongan en contra de la acción coactiva.

7. Resolver los recursos de reposición que resuelvan las excepciones propuestas, dentro del mes siguiente a partir de su interposición en debida forma.

8. Expedir los actos administrativos que hacen efectivas las medidas cautelares.

9. Celebrar los acuerdos de pago a que hubiere lugar con los deudores.

10. Decretar la suspensión del proceso ejecutivo y de las medidas preventivas que se hubieren decretado, cuando concurran las causales señaladas en la ley.

11. Dictar sentencia que ordene seguir adelante el proceso para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento de pago, practicar la liquidación del crédito junto con la coordinación de recursos financieros del IPSE y ordenar al ejecutado el pago de las costas.

12. Adelantar las diligencias de embargo y secuestro de los bienes objeto de medidas cautelares.

13. Las demás relacionadas con el cobro coactivo y las que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de las funciones de la oficina asesora.

PAR.—En ejercicio de esta delegación corresponde también al delegatario expedir los actos administrativos, adelantar los trámites y suscribir los documentos que sean necesarios para el cumplimiento de la presente delegación.

ART. 3º—La jefe de la oficina asesora jurídica actuará como coordinadora y será responsable de dirigir y controlar la ejecución de las funciones establecidas para esta delegación.

ART. 4º—La Secretaría General del IPSE, a través de su coordinación de recursos financieros, remitirá a la oficina asesora jurídica las solicitudes de inicio de cobro coactivo, junto con los soportes y liquidación de la deuda.

ART. 5º—Ordénese la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

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