Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

RESOLUCIÓN 20147200050567 DE 2014

(Junio 16)

“Por medio de la cual se fijan los parámetros para la materialización del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de la Supervigilancia”.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas en el Decreto 624 de 1989, “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la dirección general de impuesto nacionales”; la Ley 6ª de 1992, “por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones”, la Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 2355 de 2006 “por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones”,

CONSIDERANDO:

Mediante la Ley 62 de 1993 “por medio de la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República” (resaltado fuera del texto).

A través del Decreto 2355 de 2006, “por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 8º, numeral 8º se establecieron las funciones de la oficina asesora jurídica en cuanto a la ejecución de los procedimientos necesarios para obtener el rápido y eficiente recaudo y cobro coactivo de todas las obligaciones a favor de la entidad y del tesoro nacional.

Por medio de la Ley 1066 de 2006 “Se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones” y de conformidad con los principios que regulan la administración pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el tesoro público.

Mediante la Resolución 606 del 14 de febrero de 2007, (adicionada por la Res. 484/2008) el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada organizó la jurisdicción coactiva de la entidad para desarrollar el cobro de las obligaciones generadas a su favor.

A través de la Resolución 4103 del 15 de julio de 2009, se modificó el procedimiento administrativo de cobro coactivo de la entidad.

El marco legal que establecerá este reglamento en razón a la función de cobro coactivo está compuesto de la siguiente manera:

1. Constitución Política de Colombia (arts. 13, 29, 116, 209 y 228).

2. Ley 6ª de 1992. Por la cual se expiden las normas en materia tributaria (art. 112 - Facultad de cobro coactivo para las entidades nacionales).

3. Ley 1066 de 2006. Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.

4. Decreto 4473 de 2006. Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006.

5. Resolución 4103 de 2009. Por la cual se adopta el reglamento interno del recaudo de cartera de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

6. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

7. Código de Procedimiento Civil

8. Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—La jurisdicción coactiva en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es una función asignada a la oficina asesora jurídica y debe adelantarse a través de procesos ejecutivos de carácter administrativo.

El funcionario ejecutor es el jefe de la oficina asesora jurídica quien adquiere en los casos de cobro coactivo una doble calidad, entendiéndose como juez y parte, para que por sus propios medios haga efectivo los créditos exigibles por lo que este queda facultado de cobrar directamente en la etapa persuasiva y hacerlo como juez ejecutor en la etapa coactiva.

ART. 2º—El proceso de jurisdicción coactiva es de naturaleza administrativa, por cuanto su objetivo es hacer efectiva la orden dictada por la administración.

ART. 3º—Los principios que rigen el proceso de jurisdicción coactiva son:

Carácter oficioso: El procedimiento administrativo coactivo se inicia e impulsa de oficio en todas sus etapas.

Representación: De acuerdo a lo establecido por el estatuto tributario en sus artículos 555 y siguientes, el deudor puede intervenir personalmente, a través de su representante legal o por intermedio de apoderado, quien debe ser abogado inscrito, acreditando la calidad en la que actúa dentro del proceso, con poder debidamente otorgado.

Competencia: Es la facultad que la ley otorga a un funcionario para producir un acto administrativo.

En relación con el procedimiento administrativo coactivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la competencia está determinada por el factor funcional.

Para el caso en concreto de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada será competente el jefe de la oficina asesora jurídica y quienes tengan a cargo la labor de sustanciación de providencias de trámite.

ART. 4º—El proceso de cobro de jurisdicción coactiva se debe adelantar teniendo en cuenta las siguientes etapas:

Etapa de cobro persuasivo: Actuación de la administración tendiente a obtener el pago voluntario de las obligaciones vencidas, previa a la etapa de cobro coactivo. Se debe materializar librando una comunicación al ejecutado a la dirección que se encuentra registrada en los servicios vigentes de la Supervigilancia, en donde se busca obtener el pago voluntario de la obligación.

El término máximo para realizar la gestión persuasiva es de dos (2) meses contados a partir de la fecha de ejecutoría del título ejecutivo. Para efectuar el pago se debe proceder a consultar en la oficina de recursos financieros, respecto del monto a cancelar por concepto de obligación más intereses. Vencido el plazo se solicita a dicha área que certifique si se efectuó el pago o no. Si se cumplió con la obligación se procede a emitir el acto administrativo que ordena el archivo del expediente, de lo contrario se continuarán las diligencias bajo la etapa de cobro coactivo.

Acuerdos o facilidades de pago: El jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como coordinador del grupo de jurisdicción coactiva o quien haga sus veces, es el competente para expedir la Resolución motivada, concediendo las facilidades de pago o acuerdos de pago.

Las facilidades de pago o acuerdos de pago se concederán en cualquier momento, aun estando en trámite el proceso, por solicitud del deudor o de un tercero, en este caso debe suspenderse el proceso y si se han dictado medidas cautelares se procederá a levantarlas, siempre y cuando las garantías ofrecidas respalden el pago total de la obligación.

Etapa cobro coactivo: Se desarrolla así:

Avoque de conocimiento: Auto por medio del cual, el jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada - Juez ejecutor asume la competencia en el área de cobro coactivo.

Este auto por ser de trámite es de cúmplase.

Mandamiento de pago: Auto por medio del cual, el jefe de la oficina asesora jurídica - Juez ejecutor libra orden de pago a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y/o la dirección del tesoro nacional, para que el ejecutado cancele la obligación, los intereses y las costas del proceso, el mismo debe contener:

1. Nombre de la dependencia de jurisdicción coactiva.

2. Ciudad y fecha, en letras.

3. Orden de librar el mandamiento de pago.

4. Clase de ejecución.

5. Nombre de la persona a favor de quien se libra.

6. Nombre de la persona en contra de quien se libra (ejecutado), cargo y entidad a la que pertenecía si es posible verificarlo.

7. Valor del capital implicado (numérico y en letras).

8. Valor del interés (porcentaje o tasa) que se debe aplicar al capital.

9. Fecha en que se hacen exigibles los intereses (ejecutoria del título).

10. La expresión: “hasta cuando se realice el pago total de la obligación”.

11. Orden de pago al ejecutado dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Se procede a notificar el mandamiento de pago bien personalmente, por correo, por aviso, por correo electrónico o por conducta concluyente, si no es dable hacerlo se nombrará

Curador ad litem con quien se surtirá la notificación.

Notificación personal: Para la práctica de esta notificación se citará al ejecutado mediante escrito que se enviará por correo a la última dirección reportada en el sistema único de información de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Si dentro de los 10 días hábiles a partir del día siguiente de la entrega de la comunicación el citado comparece, se efectuará la notificación personal y se le hará entrega de una copia del mandamiento de pago.

Notificación por correo: si vencido el término de los 10 días señalados para notificarse personalmente, el mandamiento de pago se notificará por correo, en donde se anexará copia del respectivo acto administrativo. La constancia de envió de la notificación se anexará al expediente.

Notificación por aviso: En caso de devolución de la correspondencia, se hará la notificación a través de un medio de amplia circulación nacional o regional.

Notificación electrónica: Es la forma de notificación que se surte de manera electrónica a través de la cual la administración pone en conocimiento de los administrados los actos administrativos producidos por ese mismo medio.

La notificación aquí prevista se realizará a la dirección electrónica o sitio electrónico que asigne la entidad a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes, que opten de manera preferente por esta forma de notificación, con las condiciones técnicas que establezca el reglamento, siempre y cuando el obligado haya autorizado a la entidad para subirlas de esta forma.

Notificación por conducta concluyente: Deduce que el afectado se enteró del proceso o investigación que se le llevaba aunque no se le hubiere notificado, o se le hubiere notificado incorrectamente, debido a una intervención posterior que da cuenta de ello.

Curador ad litem: La figura del curador ad litem tiene por fin brindar representación al que no concurre al proceso —de manera inadvertida o intencionalmente— con el objeto de garantizarle su derecho a la defensa al deudor, escogido de la lista de auxiliares de la justicia.

Certificado de depósito presupuestal para honorarios del secuestre y de curador ad litem: El juez ejecutor, previamente al expedir el auto que decreta la diligencia de secuestro deberá solicitar mediante memorando dirigido al despacho del señor secretario general el certificado de disponibilidad presupuestal que autorice el pago de los honorarios provisionales del secuestre, una vez expedido este se procederá a proferir el auto que designe al secuestre y señale el lugar, fecha y hora de la diligencia.

De igual forma deberá proceder cuando se vayan a fijar honorarios definitivos, esto es, previamente a expedir el auto que los señale, deberá solicitar el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.

Al notificar el mandamiento de pago bien a deudor o al curador ad litem el mismo le informa que puede surtir el pago o proponer las excepciones dentro de los 15 días siguientes.

Contra el mandamiento de pago proceden las excepciones:

1. Pago entendiendo la compensación como una forma de pago efectivo.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La falta de ejecutoria del título.

4. La pérdida de ejecutoría del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

6. La prescripción de la acción de cobro.

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió contra el mandamiento de pago que vincule a los deudores solidarios.

Procederán además:

1. Calidad de deudor solidario (L. 6ª/82, art. 4º).

2. La indebida tasación del monto de la deuda (L. 6ª/82, art. 4º).

3. Pese a que no se encuentra taxativamente señalada en el artículo 831 del estatuto tributario dentro del procedimiento coactivo también se puede interponer como excepción el beneficio de inventario del artículo 793 del estatuto tributario.

Propuestas las excepciones deben resolverse por acto administrativo expedido por el jefe de la oficina asesora jurídica o el juez ejecutor, en caso de ser rechazados las mismas admite recurso de reposición ante el mismo funcionario que profirió el acto. En caso de prosperar consecuencialmente se termina el proceso.

Intervención de la jurisdicción de lo contencioso administrativo: El artículo 835 del estatuto tributario establece que la única providencia del proceso administrativo coactivo susceptible de ser demandada ante la jurisdicción contencioso administrativa es la resolución que ordena a seguir adelante con la ejecución, cuando ha declarado no probadas las excepciones propuestas por el ejecutado esto significa que cuando el ejecutado no propone excepciones y en la citada resolución simplemente se ordena seguir adelante con la ejecución, tal providencia no puede ser demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa por no ser procedente.

Orden de ejecución: Vencido el término para excepcionar, si no se propusieron excepciones, o si no prosperaron las propuestas, el funcionario ejecutor profiere resolución que ordena seguir adelante con la ejecución, decretando las medidas cautelares a las que haya lugar o procediendo a materializarlo; esta resolución se notificará por correo.

Liquidación del crédito: Una vez ejecutoriada la resolución que ordena seguir adelante con el proceso de cobro, se efectúa una liquidación provisional con intereses, y una vez terminado el remate de bienes se elaborará una liquidación definitiva.

De esta actuación se expedirá un auto de trámite contra el que no procede recurso alguno y se ordenará dar traslado de la liquidación del crédito al ejecutado por tres (3) días, el cual se notificará por correo, dentro de los cuales puede formular objeciones y acompañar las pruebas que estime necesarias.

Medidas cautelares: Previa la investigación de bienes del deudor el funcionario ejecutor podrá decretar mediante resolución el embargo y secuestro preventivo de conformidad con la información suministrada por las entidades oficiadas, designando secuestre.

Según la oportunidad en que se practiquen dichas medidas pueden ser:

Medidas cautelares previas: Son aquellas que se adoptan antes de notificar el mandamiento de pago, incluso antes de que este se dicte.

Medidas cautelares dentro del proceso: Son aquellas que se pueden tomar en cualquier momento del proceso después de notificado el mandamiento de pago. Lo anterior se encuentra contemplado en los artículos 836 y 837 del estatuto tributario.

Terminación y archivo del proceso de cobro: Se verifica con el grupo de recursos financieros que acredite mediante certificación el pago total de la obligación, si efectivamente ingresó el dinero al tesoro nacional y/o a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, bien sea por el pago de la obligación o por el remate de los bienes.

Suspensión del proceso administrativo coactivo: Implica la paralización temporal del proceso o procedimiento, es decir mientras dure la suspensión, no se dictarán las actuaciones administrativas tendientes a seguir el curso normal del proceso.

Por lo anterior el funcionario ejecutor decretará la suspensión del proceso en el estado que se encuentre, en los siguientes casos:

1. Facilidad de pago

2. Liquidación obligatoria

3. Prejudicialidad

4. Acumulación

5. Acuerdo de restructuración de pasivos.

Prescripción de la acción de cobro: La prescripción es un modo de extinguir las obligaciones por el transcurso del tiempo sin que el acreedor consiga el pago total de la misma por parte del deudor. El estatuto tributario, señala que la acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, para el caso de las entidades se tendrá en cuenta a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo, en este caso el título ejecutivo y la facultad para declararlo es el del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.

Suspensión del término de prescripción: El estatuto tributario, señala tres causales de suspensión del término de prescripción, las cuales no conllevan la suspensión del proceso administrativo coactivo, el cual debe continuar adelantándose hasta el remate de bienes.

1. Cuando se ha solicitado la revocatoria directa del acto administrativo y hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva la petición.

2. Cuando se ha presentado una solicitud de restitución de términos en relación con un acto administrativo y hasta la ejecutoría de la providencia que resuelva la petición.

3. Cuando se ha demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa la resolución que resuelve desfavorablemente las excepciones y ordena seguir adelante la ejecución y hasta la ejecutoria del fallo contencioso administrativo.

En los eventos indicados anteriormente, el proceso de cobro no se suspende, por lo tanto, el funcionario ejecutor debe adelantar las acciones propias del proceso.

Para el caso de sumas de dinero embargadas dentro del proceso y existieren títulos judiciales, estos no se aplicarán hasta tanto haya decisión definitiva sobre la revocatoria, la restitución de términos o los fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Si no se propusieron excepciones y tampoco hay pendiente decisión sobre alguna de las tres circunstancias anteriores, se aplicarán los títulos.

Interrupción de la prescripción: El término de prescripción se interrumpe en los siguientes casos:

1. Por la notificación del mandamiento de pago: El término de prescripción empieza a contar nuevamente a partir de la notificación en debida forma del mandamiento.

2. Por el otorgamiento de facilidad de pago: El término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe desde la notificación de la resolución que concede la facilidad de pago y empezará a correr nuevamente desde la ejecutoria de la resolución que declare el incumplimiento.

3. Por la admisión del deudor a un proceso concordatario o la declaratoria oficial de liquidación obligatoria: A partir del día siguiente de la providencia de admisión de la solicitud del proceso concordatario o declaratoria oficial de liquidación obligatoria, se interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro y empezará a contar nuevamente a partir de la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.

4. Por la admisión del deudor en acuerdo de reestructuración: A partir de la providencia de admisión del acuerdo de reestructuración, se interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro, y comenzará a contarse nuevamente a partir de la notificación de la providencia que declara su terminación.

Acumulación de procesos: Cuando se estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de un mismo deudor, es posible acumularlos, para el trámite se aplicarán las normas señaladas en el Código de Procedimiento Civil.

Pérdida de fuerza ejecutoria: La pérdida de fuerza ejecutoria opera cuando quiera que se presente una de las causales señaladas, aclarando que una de las cuales es el transcurso del tiempo sin que se haga efectivo o se haya ejecutado el acto administrativo, es decir cuando la administración no ha realizado los actos que le corresponden para lograr su ejecución al cabo de cinco (5) años de estar en firme el acto administrativo.

Clasificación de la cartera: Con el fin de orientar la gestión de recaudo derivada de multas, sanciones y contribuciones y garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, se podrá clasificar la cartera en obligaciones recaudables o de difícil recaudo, en atención a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en Bogotá, D.C., a 16 de junio de 2014.