Ministerio de Hacienda y Crédito Público

RESOLUCIÓN 2016 DE 2016

(Julio 1º)

“Por la cual se reglamentan los honorarios por la prestación de servicios de las personas naturales en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

El Viceministro Técnico Encargado de las funciones del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 6º, numeral 12 y 33 del Decreto 4712 de 2008 modificado por el Decreto 2384 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que para garantizar el cumplimiento de los cometidos estatales se hace necesario contar con el apoyo de personas naturales que presten sus servicios para coadyuvar a la administración en su gestión.

Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 establece frente a los Fines de la Contratación Estatal: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”.

Que el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, señala que es responsabilidad del jefe o representante de la Entidad Estatal, la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección.

Que el numeral 3º del artículo 32 de la citada ley, define los contratos de prestación de servicios en los siguientes términos: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Que el literal h) numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece como una forma de contratación directa, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Que por su parte, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 preceptúa: “(...) contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos (…)”.

Que mediante Resolución 171 del 18 de enero de 2009, se reglamentaron los honorarios por la prestación de servicios de personas naturales al interior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que en atención a los desarrollos normativos que regulan el tanto la contratación estatal como el sector de la función pública, se hace necesario actualizar los fundamentos normativos que regulan los requisitos, equivalencias y criterios para establecer los honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, observando los principios legales que exige la actividad contractual, contemplados en el parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007,

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Toda prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión que se provea en favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de personas naturales y cuyo pago se pacte por periodos mensuales, será retribuida por el mismo periodo, sin que exceda los valores establecidos en los niveles de la tabla siguiente:

CategoríaRango de horariosRequisitos

2016 (Min) 2016 (Max)
Junior 1$983.512$2.229.293Desde aprobación 3 años, educación básica secundaria hasta aprobación 1 año educación superior, más 12 meses de experiencia.
Junior 2$2.229.294$3.898.640Desde aprobación 1 año educación superior más 12 meses de experiencia hasta título formación tecnológica con especialización y 3 meses de experiencia.
Junio 3$3.898.641$4.210.741Desde título formación tecnológica con especialización y 3 meses de experiencia hasta título profesional y 9 meses de experiencia.
Senior$4.210.742$9.179.442Desde título profesional más 9 meses de experiencia hasta título profesional y de posgrado en modalidad de especialización y 41 meses de experiencia.
Experto$9.179.443$13.458.373Título profesional y de posgrado en la modalidad de especialización y más 41 meses de experiencia hasta tituló profesional y de posgrado en la modalidad de maestría más 59 meses de experiencia o especialización y 71 meses de experiencia.

PAR.—Para los perfiles establecidos en el presente artículo, aplican las equivalencias establecidas en el artículo 2.2.2.5.1 de Decreto 1083 de 2015, o el que haga sus veces.

ART. 2º—Para efectos de la verificación de requisitos de estudio o experiencia, se aplicarán las definiciones y criterios establecidos en el Decreto 1083 de 2015, o el que haga sus veces.

ART. 3º—La experiencia profesional exigida se contabilizará conforme lo dispongan las normas vigentes para el ejercicio de las correspondientes profesiones.

ART. 4º—Los valores enunciados a manera de retribución, no incluyen IVA, corresponde en cada caso revisar el régimen tributario del eventual contratista, para garantizar la cobertura presupuestal.

ART. 5º—De conformidad con el marco de austeridad previsto por el Gobierno nacional, la dirección administrativa determinará el porcentaje en que se reajustarán los valores relacionados en la tabla de honorarios anualmente.

ART. 6º—Tratándose de retribución de gastos de desplazamiento cuando quiera que los servicios prestados deban ejecutarse fuera del domicilio contractual, deberá darse aplicación a las disposiciones normativas, reglamentarias o procedimentales que para el efecto disponga el Gobierno nacional o el Ministerio.

ART. 7º—Toda retribución de los servicios requeridos a través de la modalidad de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se subordina a la clase y complejidad de la actividad a desarrollar; por tanto, será responsabilidad de las diferentes dependencias que requieran contratar tales servicios, conforme lo señalen la ley y el reglamento, identificar en los estudios y documentos previos los criterios determinantes de la remuneración.

ART. 8º—Las áreas usuarias no podrán tasar pago de servicios por encima de los máximos establecidos en los correspondientes niveles de remuneración, lo cual se determinará identificando el nivel académico, experiencia y objeto del contrato; tampoco se podrán estipular los máximos cuando no concurran los elementos que evidencien la clase, especialidad y complejidad del servicio. Excepcionalmente y solo cuando sobrevengan circunstancias especiales y justificadas, podrán pactarse honorarios por sumas superiores; en tal evento, le corresponde a la dependencia que requiere la contratación justificar ante el ordenador del gasto las razones objetivas de compensación, idoneidad y experiencia que soportan el incremento, caso en el cual la dirección administrativa revisará la pertinencia de la misma.

ART. 9º—Cuando los pagos se pacten por periodos que excedan el mes de servicio prestado, su valor no podrá superar a aquel que corresponda a la sumatoria del mes de servicio fijado dentro del nivel de retribución y la prorrata de los días adicionales, tasados sobre el mismo nivel. De igual manera, cuando los pagos se pacten por término inferior a un mes, su valor no podrá superar el monto que arroje la prorrata del valor asignado al correspondiente nivel de retribución, en relación con los días de servicio prestado.

ART. 10.—En los siguientes eventos queda excluida la aplicación de la tabla de remuneración de que trata la presente resolución:

a) Por producto presentado;

b) Por gestión cumplida;

c) Por intermediación en la realización de un negocio;

d) Por concepto jurídico, técnico, financiero, económico, científico, tecnológico o de cualquier otra naturaleza;

e) Por hora de dedicación de expertos;

f) Por actuación o representación judicial, en cuyos efectos, no aplica la retribución periódica a que hace referencia el presente artículo.

PAR.—En todo caso, cuando quiera que se trate de contratación sobre los aspectos a que se refiere el presente artículo, se estipulará su retribución con sujeción a la complejidad del producto, a las horas realmente prestadas, al concepto emitido, o a la tasación de honorarios por representación judicial o a los demás aspectos propios de la actuación del contratista.

ART. 11.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial lo previsto en la Resolución 171 de 2008.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 1º de julio de 2016.