Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

RESOLUCIÓN SSPD-20161300069005 DE 2016

(Diciembre 28)

“Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (e),

en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el numeral 34 del artículo 7º y el artículo 36 del Decreto 990 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 1º del Decreto 990 de 2002(1), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es una entidad descentralizada de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial.

Que la Ley 448 de 1998(2), en su artículo primero prevé que la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier orden deberán incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo, de acuerdo a las disposiciones previstas en la ley orgánica de presupuesto.

Que según la citada ley, se entiende por obligaciones contingentes aquellas pecuniarias sometidas a condición, es decir las supeditadas a un hecho futuro e incierto. En este sentido las obligaciones que surgen de procesos judiciales y conciliaciones en donde el Estado sea parte, adquieren esta cualificación de contingente por cuanto su nacimiento depende de la expedición de sentencias o laudos condenatorios y aprobación judicial de conciliaciones que impliquen para la entidad, el pago de erogaciones económicas a terceros.

Que la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 356 de 2007, adoptó el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública, el cual dispone en su capítulo V la obligación de las entidades estatales de llevar el registro contable de los procesos adelantados en su contra.

Que el Decreto 1069 de 2015(3) en su artículo 2.2.3.4.1.10 establece como una de las funciones del apoderado de la entidad la de incorporar al sistema único de información litigiosa, el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, con una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el mismo de conformidad con la metodología que se establezca para tal fin.

Que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, mediante Circular Externa 9 del 17 de noviembre de 2016 adoptó una metodología de reconocido valor técnico para que las entidades públicas del orden nacional tuvieran un marco de referencia para calcular la provisión contable o pasivo contingente de sus procesos judiciales, conciliaciones y trámites arbitrales; no obstante, dicha metodología fue revisada en conjunto con la Contaduría General de la Nación y ajustada de acuerdo a los marcos normativos de contabilidad, en concordancia con las normas internacionales de información financiera (NIIF) y las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP).

Que en virtud de lo anterior, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, expidió la Resolución 353 del 1º de noviembre de 2016 “por medio de la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el caculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitral es en contra de la entidad”.

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de actualizar su metodología de cálculo y efectuar el registro correspondiente en materia contable de sus procesos judiciales, conciliaciones y laudos arbitrales bajo los lineamientos previstos actualmente por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, considera pertinente adoptar la metodología para el cálculo del pasivo contingente elaborada por dicha entidad en los términos a continuación descritos.

Que por lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, y trámites arbitrales en contra de la entidad la metodología de reconocido valor técnico que se describe a continuación.

ART. 2º—Definiciones:

2.1. Provisión contable: Pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

2.2. Calificación del riesgo procesal: Determinación del riesgo de pérdida de un proceso en contra de la entidad mediante la aplicación de una metodología técnica. La calificación del riesgo procesal es responsabilidad dcl apoderado de cada proceso.

2.3. Probabilidad de pérdida de un proceso o probabilidad de condena: Valoración porcentual derivada de la calificación del riesgo procesal que indica en mayor o menor proporción la tasa de éxito o fracaso futuro de un proceso en contra de la entidad.

2.4. Pretensiones determinadas: Aquellas por las cuales se solicita el reconocimiento de un derecho que ha sido perfectamente establecido en la solicitud de conciliación o en la demanda.

2.5. Pretensiones indeterminadas: Aquellas por las cuales se solicita el reconocimiento de un derecho que no ha sido perfectamente establecido en la solicitud de conciliación o en la demanda.

2.6. Pretensiones que incluyen prestaciones periódicas: Aquellas por las cuales se solicita el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas

2.7. Tasa de condena esperada de pretensiones: Valoración económica realizada por el apoderado de la entidad de las pretensiones solicitadas, teniendo en cuenta los criterios técnicos y jurisprudenciales necesarios para estimar el monto de la posible condena en caso de pérdida.

2.8. Tasa de descuento: Es un factor financiero que se utiliza para determinar el valor del dinero en el tiempo, en este caso, para calcular el valor actual del capital futuro. La tasa de descuento que se utilizara para el procedimiento corresponde a la tasa vigente al momento del registro, de los títulos TES cero cupón a 5 años en pesos que publica el Banco de la República.

ART. 3º—Metodología para el cálculo de la provisión contable. La metodología para la determinación de la provisión contable relacionada con los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, excluye los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de demandante, aquellos en donde no hay pretensión económica que genere erogación, las conciliaciones judiciales y los trámites relacionados con extensión de jurisprudencia.

Tras la contestación de la demanda se debe realizar el registro contable. En el evento en el que se profiera una sentencia y/o cuando en el proceso existan elementos probatorios, jurisprudenciales y/o sustanciales que modifiquen su probabilidad de pérdida se deberá actualizar la provisión contable.

En todos los casos, deberán ser los apoderados de cada proceso los encargados de evaluar la calificación del riesgo procesal y, junto con el área financiera, determinar la provisión contable con el objetivo de que haya congruencia entre estos dos elementos.

PAR.—La metodología consta de cuatro pasos en los que deben actuar el apoderado del proceso y el encargado del área financiera. Estos pasos son:

1. Determinar el valor de las pretensiones.

2. Ajustar el valor de las pretensiones.

3. Calcular el riesgo de condena y

4. Registrar el valor de las pretensiones.

ART. 4º—Determinación del valor de las pretensiones. El primer paso que debe realizar el apoderado del proceso es determinar el valor total de las pretensiones de la demanda. A continuación se presentan los diferentes tipos de pretensiones y la forma en que los apoderados deben calcular este valor total. En todos los casos, con independencia de si es posible determinar o no dicho valor, se debe garantizar que la información obtenida fluya en forma oportuna al área contable.

a) Pretensiones determinadas: El apoderado del proceso debe definir el valor de la pretensión del demandante sumando todas las pretensiones de la demanda.

b) Pretensiones indeterminadas: De ser posible, el apoderado del proceso debe determinar el valor de las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta, entre otros: datos históricos de situaciones similares, sentencias precedentes y doctrina jurisprudencial, siempre y cuando las mismas tengan la vocación de generar erogación económica para la entidad.

c) Pretensiones periódicas laborales: El apoderado del proceso debe tasar el valor de los dineros adeudados tomando como referencia, para el inicio del cálculo, la fecha indicada por el demandante y, como fecha final, la fecha estimada de pago.

ART. 5º—Ajuste del valor de las pretensiones. Para ajustar el valor de las pretensiones, el apoderado del proceso debe indexar el valor de las pretensiones, luego efectuar su tasación real y, por último, con base en la duración estimada del proceso, expresar el valor anterior en valor presente neto.

PAR.—Con el fin de indexar el valor de las pretensiones de la demanda a la fecha actual, el abogado debe dividir el IPC certificado por el DANE para el mes inmediatamente anterior a la fecha presente, entre el IPC certificado por el DANE para el mes en el cual se presentó la demanda. La cifra resultante se multiplica por el valor de las pretensiones que se pretende actualizar. El resultado es el valor indexado de las pretensiones de la demanda. La siguiente ecuación resume este procedimiento.

Valor de las pretensiones indexado = Valor de las pretensiones X IPC Final
IPC Inicial

PAR. 2º—Para hacer la tasación real de las pretensiones, el apoderado debe multiplicar el valor de las pretensiones indexadas —determinado en el paso anterior— por el valor resultante de la relación condena/pretensión de ese tipo de proceso. La relación condena/ pretensión se calcula mediante la división del valor histórico dc condena entre el valor histórico de pretensiones o por la disminución o aumento porcentual, cuando las pretensiones están sobreestimadas o subestimadas por el actor según sea el caso. El valor que se obtiene al realizar el anterior procedimiento corresponde a la pretensión ajustada. La siguiente ecuación resume este procedimiento:

Tasación real pretensiones = Valor de las pretensiones indexadas X % relación condena/pretensión

PAR. 3º—En caso de no contar con bases estadísticas para realizar este cálculo, el apoderado deberá estimar, con base en su experiencia, el valor que efectivamente tendría que pagar la entidad en caso de ser condenada y utilizar este monto común referencia para los registros contables.

PAR. 4º—El apoderado del proceso debe calcular la duración estimada del proceso judicial o arbitral, desde la fecha de admisión de la demanda, y proyectar el valor que deberá pagar la entidad en la fecha estimada de finalización del proceso utilizando como base el valor obtenido anteriormente y traer dicho valor a valor presente. Para esto deberá aplicar la siguiente fórmula:

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ART. 6º—Cálculo de la probabilidad de pérdida de un proceso. Para cada proceso el apoderado debe calificar el nivel de los siguientes riesgos (a partir de los niveles: ALTO, MEDIO ALTO, MEDIO BAJO O BAJO):

a) Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y derecho expuestas por el demandante.

b) Riesgos de pérdida del proceso asociados a la contundencia, congruencia y pertinencia de los medios probatorios que soportan la demanda.

c) Presencia de riesgos procesales y extraprocesales.

d) Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia.

PAR.—Una vez realiza esta calificación se obtiene la probabilidad de pérdida del proceso.

ART. 7º—Registro del valor de las pretensiones. Teniendo en cuenta la probabilidad de pérdida del proceso, el apoderado deberá realizar el registro del proceso en el sistema único de gestión e información litigiosa como se indica a continuación:

a) Si la probabilidad de pérdida se califica como ALTA (más del 50%), el apoderada registra el valor de las pretensiones ajustado como provisión contable.

b) Si la probabilidad de pérdida se califica como MEDIA (superior a l 25% e inferior o igual al 50%), el apoderado registrará el valor “0” en el sistema único de información litigiosa del Estado y comunicará al área financiera el valor de las pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta de orden.

c) Si la probabilidad de pérdida se califica como BAJA (entre el 10% y el 25%), el apoderado registrará el valor “0” en el sistema único de información litigiosa del Estado y comunicará al área financiera el valor O e las pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta de orden.

d) Si la probabilidad de pérdida se califica como REMOTA (inferior al 10%), el apoderado registrará el valor “0” en el sistema único de información litigiosa del Estado. Dado que la probabilidad es remota, el área financiera no deberá registrar esta información.

ART. 8º—Otras reglas.

a) Los procesos judiciales cuyas pretensiones son de carácter indeterminado, se estimarán económicamente a juicio de experto en aquellos casos en que resulte viable tal ejercicio, en los casos en los cuales no sea posible su cálculo deberá ingresarse el valor “0” en el campo de captura del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado y reflejarse como nota a los estados financieros.

b) Todo proceso que se pierda por la entidad en primera instancia se deberá provisionar por el valor de la condena y el mismo será registrado por el apoderado en el campo de captura del sistema único de información litigiosa eKOGUI.

c) Si el proceso se gana en primera o segunda instancia, y el demandante apela o interpone un recurso extraordinario, se debe mantener el resultado del procedimiento indicado en el cálculo de la provisión contable antes del fallo correspondiente.

d) En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, el apoderado de cada entidad debe hacer el mismo ejercicio de manera independiente teniendo en cuenta la probabilidad de condena de le entidad en el proceso y no solamente la probabilidad de pérdida del proceso en general. En el presente caso, el valor de la provisión contable nunca se suma con lo estimado por otras entidades.

e) No se deben provisionar los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de demandante, y en dicho evento deberá ingresarse el valor “0” en el campo de captura del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado eKOGUI. Tampoco deben provisionarse las acciones de constitucionalidad, repetición, acciones populares, de cumplimiento y de nulidad simple, sin embargo, siempre deberá calificarse el riesgo.

ART. 9º—Provisión contable para conciliaciones extrajudiciales. Una vez exista un acuerdo conciliatorio, el apoderado del proceso deberá valorar el riesgo de que el acuerdo sea aprobado judicialmente y deberá informar a la oficina asesora jurídica esta circunstancia para que se solicité ante la dirección financiera el registro contable del valor de acuerdo a lo aprobado en sede del comité de conciliación.

ART. 10.—Informar al área financiera. Una vez finalizado el cálculo, la jefe de la oficina asesora jurídica deberá remitir al director del área financiera un informe sobre el valor a registrar como provisión contable o como cuenta de orden en los estados financieros de la entidad de manera semestral.

ART. 11.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y en consecuencia se modificará el procedimiento registrado en Sigme para la provisión del pasivo contingente.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 de diciembre de 2016.

1 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

2 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.

3 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.