RESOLUCIÓN 206 DE 2008 

“Por la cual se crea el comité de conciliación y defensa judicial del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder”.

El gerente general del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder,

en ejercicio de sus facultades legales y especiales otorgadas por los numerales 2º y 6º del artículo 9º del Decreto 4209 de 2007, la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1214 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 446 de 1998 ordenó a través de su artículo 75 la integración de un comité de defensa judicial conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen, en las entidades y organismos de derecho público del orden nacional, departamental, nacional, distrital y de los municipios cabezas de departamento y en los entes descentralizados de estos mismos niveles;

Que el Decreto 1214, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el artículo 189 de la Constitución Política, estableció las funciones y alcances de los comités de conciliación y otras disposiciones relativas a su funcionamiento e integración;

Que mediante Directiva 2 de 2003 el Gobierno Nacional en el marco del desarrollo de los principios de economía procesal y satisfacción de los fines del Estado social de derecho, ordenó que cuando entre los ministerios, departamentos administrativos, entidades centralizadas y descentralizadas del orden nacional existiera un conflicto jurídico susceptible de ser negociado, antes de acudir a la vía procesal o al arbitraje, se debería buscar la solución del conflicto a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que establece la ley;

Que es fundamental para la adecuada defensa de la entidad y para prevenir los daños antijurídicos integrar el organismo colegiado que ordena la Ley 446 de 1998, en los términos y condiciones fijados por la normativa;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Creación del comité de conciliación y defensa judicial. Integrar el comité de conciliación y defensa judicial del Incoder como instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Igualmente, decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procesales y de control vigentes.

ART. 2º—Integración. El comité de defensa judicial y conciliación estará integrado por el gerente general o su delegado, quien lo presidirá; el secretario general o quien haga sus veces, en su condición de ordenador del gasto; la jefe de la oficina asesora jurídica o quien haga sus veces, por tener a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad; el asesor misional y el asesor administrativo, o quienes hagan sus veces por ser los dos funcionarios de dirección y de confianza designados por el gerente general.

PAR. 1º—Los servidores públicos designados concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes. La asistencia de los miembros permanentes a las sesiones del comité será obligatoria. Solo podrá delegarla el gerente general del Incoder, en un servidor de su confianza, quien le rendirá un informe sobre lo actuado. El gerente general informará oportunamente a la secretaría técnica, la designación o cambio de alguno de los miembros del comité.

PAR. 2º—Concurrirán solo con derecho a voz los apoderados que representen los intereses del Incoder en los asuntos sometidos a consideración del comité, quien ejerza las funciones de control interno; los servidores que por sus conocimientos técnicos deban asistir y, en general, las personas que el presidente o la mayoría de sus miembros considere deban asistir, según el caso concreto sometido a análisis.

PAR. 3º—Será invitado permanente, un funcionario de la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien podrá participar con derecho a voz.

ART. 3º—Sesiones y votación. El comité de conciliación se reunirá al menos una vez cada tres (3) meses y cuando las circunstancias lo exijan. Sesionará con un mínimo de tres de sus miembros permanentes y adoptará las decisiones por mayoría simple.

ART. 4º—Funciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 1214 de 2000, el comité de conciliación ejercerá las siguientes funciones:

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.

2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad.

3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.

4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación.

5. Determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación.

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición. El concepto escrito del apoderado sobre la inviabilidad del llamamiento en garantía con fines de repetición le servirá de criterio auxiliar al comité al adoptar la decisión y deberá agotarse el procedimiento establecido en el artículo 12 del Decreto 1214 de 2000.

7. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.

8. Designar al funcionario que ejercerá la secretaría técnica del comité, preferentemente un profesional del derecho.

9. Coordinar la elaboración de los informes semestrales sobre la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, con destino a la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

10. Dictar su propio reglamento.

ART. 5º—Secretaría técnica. La secretaría técnica ejercerá las siguientes funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 1214 de 2000:

1. Elaborar las actas de cada sesión del comité.

2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité.

3. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregada al gerente general y a los miembros del comité cada seis (6) meses. Una copia del mismo será remitida a la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

4. Diligenciar y remitir semestralmente a la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho el formato único de información litigiosa y conciliaciones.

5. Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses del ente.

6. Las demás que le sean asignadas por el comité.

PAR.—La designación o el cambio del secretario técnico deberán ser informados inmediatamente a la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

ART. 6º—Indicador de gestión. La prevención del daño antijurídico será considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él se asignarán las responsabilidades al interior de cada entidad.

ART. 7º—Apoderados. Las decisiones adoptadas por el comité de conciliación serán de obligatorio cumplimiento por parte de los apoderados de cada entidad.

ART. 8º—Obligaciones para el ordenador del gasto. El ordenador del gasto o quien haga sus veces, al día siguiente del pago total de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial del Incoder, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al comité de conciliación, para que en un término no superior a tres (3) meses adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición.

Los apoderados encargados de iniciar los procesos de repetición tendrán un plazo máximo de tres (3) meses a partir de que se haya tomado la decisión para interponer la correspondiente demanda.

ART. 9º—Del llamamiento en garantía. Los apoderados de los entes públicos deberán estudiar la procedencia del llamamiento en garantía para fines de repetición en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial. De no ser viable el llamamiento, deberán justificarlo por escrito y presentar un informe mensual al comité de conciliación. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación contenida en el artículo anterior.

ART. 10.—Informes sobre repetición y llamamiento en garantía. En los meses de junio y diciembre, la secretaría técnica del comité de conciliación remitirá a la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho un reporte que deberá contener como mínimo la información sobre casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, diligenciando el formato establecido por la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

ART. 11.—Vigencia y derogatoria. El presente acto administrativo rige a partir de su publicación y deroga la Resolución 641 de 2003, así como las demás que sean contrarias a lo aquí dispuesto.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 31 de enero de 2008.

____________________________________