RESOLUCIÓN 2089 DE 1991 

(Junio 14)

“Por la cual se establece un régimen especial de control y vigilancia sobre las entidades de desarrollo de los entes territoriales, de que trata la Ley 57 de 1989”.

El Superintendente Bancario,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 5º de la Ley 57 de 1989, y

CONSIDERANDO:

1: Que la Ley 57 de 1989 determino para la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, la obligación de efectuar a través del sistema de redescuento todas sus operaciones de crédito, por intermedio de los establecimientos de crédito o de las entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea la financiación de las actividades de que trata el artículo 1º de la señalada ley;

2. Que dichas entidades descentralizadas de los entes territoriales sólo adquieren la calidad de intermediarias en las operaciones de redescuento una vez obtengan la autorización específica de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, para el efecto, según lo establece el artículo 5º de la ley en mención;

3. Que las entidades descentralizadas de los entes territoriales autorizadas por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter para intermediar en las mencionadas operaciones deberán someterse al control y vigilancia permanentes de la Superintendencia Bancaria, sin que por este concepto se genere costo alguno para las entidades vigiladas;

4. Que la citada Ley 57 asigno a la Superintendencia Bancaria la función de establecer un régimen especial de control y vigilancia sobre las entidades referidas en el considerando anterior, con el cual se garantice un adecuado manejo de los riesgos asumidos por tales entidades,

RESUELVE:

ART. 1º—Campo de aplicación. La presente resolución se aplica con exclusividad a las entidades descentralizadas de los entes territoriales autorizadas específicamente por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, para participar como intermediarias en las operaciones de redescuento contempladas en la Ley 57 de 1989, que para efectos de las reglas que a continuación se establecen podrán denominarse simplemente entidades de desarrollo regional.

ART. 2º—Objetivos. Las personas a que se refiere el artículo anterior son entidades públicas de los entes territoriales, cuyo objeto es la promoción del desarrollo económico, social y cultural de la comunidad y las regiones, mediante la financiación y la prestación de servicios técnicos relacionados con las actividades previstas en el artículo 1º de la Ley 57 de 1989.

ART. 3º—Intermediación en operaciones de redescuento. Las entidades de desarrollo regional únicamente podrán ejercer la actividad de intermediación en las operaciones de redescuento atrás mencionadas si cumplen los requisitos establecidos en la presente resolución y obtienen el certificado de autorización de la Superintendencia Bancaria.

ART. 4º—Certificado de autorización. Para efectos de obtener el respectivo certificado de autorización, las entidades de desarrollo regional deberán presentar una solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Información legal. Estatutos orgánicos, incluyendo todas las reformas que se hayan introducido. En dichos estatutos deberán observarse las siguientes pautas:

a) Las entidades de desarrollo regional podrán recibir y mantener fondos en depósito sólo por cuenta de los entes territoriales respectivos, sus entidades descentralizadas, las organizaciones cooperativas creadas entre sí por los entes territoriales y sus entidades descentralizadas, las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios, entre quienes quedara igualmente circunscrito el otorgamiento de préstamos. Tales préstamos deberán destinarse exclusivamente a la realización de los programas o proyectos contemplados en el artículo 1º de la Ley 57 de 1989 y a ellos podrán también acceder las entidades a que se refiere el artículo 375 del Decreto 1333 de 1986;

b) Las entidades de desarrollo regional estÁn obligadas a prestar a los usuarios de créditos redescontables ante la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, servicios técnicos de asesoría y apoyo, directamente o mediante los sistemas y mecanismos que se determinen en los reglamentos de crédito, pero en ningún caso podrán comprometer para estos fines los recursos que reciban y mantengan en depósito. Bajo estos mismos parámetros, dichas entidades están en la obligación de supervisar el destino de los préstamos que otorguen y la normal ejecución de los proyectos o programas a los cuales sirvan los recursos crediticios;

c) Es entendido que las entidades de desarrollo regional del orden departamental, intendencial o comisarial sólo están habilitadas para realizar sus actividades en relación con el ente territorial al cual pertenezcan, sus áreas metropolitanas, los municipios que lo integran, las entidades descentralizadas de los respectivos entes territoriales, las organizaciones cooperativas creadas entre si por tales entes y sus entidades descentralizadas, y las asociaciones de municipios, siempre que al menos uno de los municipios asociados forme parte del departamento, intendencia o comisaría correspondiente. En el caso de las operaciones autorizadas expresamente con las entidades a que se refiere el artículo 375 del Decreto 1333 de 1986, éstas deberán tener sede en uno de los municipios del departamento, intendencia o comisaría respectiva.

Tratándose de entidades de desarrollo regional del orden distrital o municipal, únicamente podrán adelantar sus actividades en relación con el distrito o municipio al cual pertenezcan, sus entidades descentralizadas, así como las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios de las cuales forme parte el ente territorial al cual pertenece la entidad de desarrollo;

d) Las entidades de desarrollo regional podrán celebrar contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios, con sujeción a las restricciones y limitaciones impuestas por las normas, actuando exclusivamente como fideicomitentes, y

e) Las entidades de desarrollo regional no podrán adquirir o poseer acciones, cuotas, partes de interés o aportes sociales de carácter cooperativo en cualquier clase de sociedad o asociación o, en general, realizar inversiones de capital, a menos que para ello hayan sido autorizadas expresamente por normas de carácter general o se trate de bienes recibidos en pago, caso éste en el cual se aplicarán las reglas que al respecto se determinan en el artículo 9º de la presente resolución.

Se califica como práctica no autorizada e insegura, en los términos del numeral 18 del artículo 3º del Decreto-Ley 1033 de 1991, la adquisición de cualquiera de los activos que se enuncian en esta norma, en contravención a lo prescrito, a partir de la vigencia de la presente resolución. Los bienes que se hayan adquirido con anterioridad a la fecha antes indicada podrán conservarse por las entidades de desarrollo regional en cuanto el costo de ellos no exceda del cien por ciento (100%) de su patrimonio.

2. Información financiera. Balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los últimos cuatro (4) años.

3. Administradores. Hojas de vida de los miembros de las juntas o consejos directivos, así como de los gerentes, directores, presidentes o, en general, de quienes tengan la representación legal, diligenciadas en el Formato Nº 888-10 de esta superintendencia.

4. Capital mínimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 45 de 1990, las entidades de desarrollo deberán acreditar un capital pagado y reserva legal no inferior a quinientos millones de pesos ($ 500.000.000). Acorde con dicho artículo, este monto se ajustará anualmente, en forma automática, en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE.

5. Información operacional. Relación de las operaciones activas de crédito celebradas, indicando su cuantía, plazo, tasa de interés, destino y estado actual, así como de las operaciones pasivas, con la mención de los anteriores datos que resulten pertinentes.

6. Información sobre bienes. Relación de todos los bienes muebles e inmuebles que posea la entidad y, cuando corresponda, el uso al cual se destinan; entratándose de inversiones de capital deberá expresarse su valor en libros y de mercado, el porcentaje de participación y la fecha de adquisición.

La Superintendencia Bancaria expedirá el certificado de autorización cuando establezca que la respectiva entidad de desarrollo regional cumple con las previsiones de la presente resolución.

Los certificados de autorización tendrán una vigencia no mayor de cinco (5) años y podrán renovarse antes de su expiración, hasta por un período igual, previa solicitud del interesado.

ART. 5º—Operaciones de liquidez. Sin perjuicio de lo previsto en otras normas, solamente para atender requerimientos transitorios de liquidez las entidades de desarrollo regional podrán concederse entre sí o recibir de los establecimientos vigilados por la Superintendencia Bancaria préstamos a corto plazo, sin exceder el cinco por ciento (5%) del total de sus activos y con sujeción a los límites de crédito que más adelante se indican.

ART. 6º—Encaje e inversiones. Las entidades de desarrollo regional no están sometidas a régimen de encaje ni a inversiones forzosas, a términos del artículo 3º de la Ley 57 de 1989.

ART. 7º—Límites de crédito. Las entidades de desarrollo regional quedarán sometidas a las reglas establecidas por la Junta Monetaria en materia de límites al volumen de las operaciones activas de crédito, así como a las regulaciones que, en los términos y para los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley 45 de 1990, dicte el Superintendente Bancario.

ART. 8º—Límites al volumen de activos. A las entidades de desarrollo regional les será aplicable, en lo pertinente, las prescripciones de la Junta Monetaria en materia de límites al volumen de activos de los establecimientos bancarios, contenidas en la Resolución 45 de 1991, así como en las demás que la modifiquen, adicionen o complementen.

ART. 9º—Adquisición y posesión de bienes muebles e inmuebles. Las entidades de desarrollo regional no están facultadas para adquirir o poseer bienes muebles e inmuebles diferentes de aquellos requeridos para el desarrollo normal de sus actividades. No obstante, podrán recibir bienes en dación en pago, los cuales deberán ser enajenados dentro de los dos años siguientes a la fecha de su adquisición, a menos que dicho término sea prorrogado de acuerdo con las previsiones que al respecto rijan.

ART. 10.—Incompatibilidades. De conformidad con los artículos 7º de la Ley 5ª de 1947 y 5º de la Ley 155 de 1959, y sin perjuicio de las incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones que por razón de la naturaleza de la respectiva entidad deban observarse, los miembros de las juntas o consejos directivos, los gerentes, directores o presidentes y, en general, los administradores de las entidades de desarrollo regional, no podrán pertenecer a las juntas o consejos directivos o ser gerentes, directores, presidentes o administradores de otras entidades de desarrollo regional, ni de los establecimientos de crédito.

Esta incompatibilidad cobija igualmente a los directores, presidentes, gerentes, representantes legales y administradores de los establecimientos de crédito, en relación con dichas entidades de desarrollo regional.

ART. 11.—Revisoría fiscal. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 45 de 1990, toda entidad de desarrollo regional deberá tener un revisor fiscal, quien cumplirá las funciones previstas en el libro segundo, título I, capítulo VIII del Código de Comercio y se sujetará a lo allí dispuesto, sin perjuicio de lo prescrito en otras normas.

ART. 12.—Calificación de habilidad. De acuerdo con lo previsto en el numeral 26 del artículo 3º del Decreto 1033 de 1991, los miembros de las juntas o consejos directivos, los gerentes, directores, presidentes y, en general, quienes tengan la representación legal de las entidades a que se refiere la presente resolución, al igual que los revisores fiscales, deberán tomar posesión de sus cargos ante el Superintendente Bancario, quien se cerciorará previamente de que se cumplan los requisitos exigidos en la ley para este efecto.

Cuando se trate de funcionarios públicos que por disposición de las normas que regulan el régimen de tutela administrativa, deban presidir las juntas o consejos directivos, o de sus delegados en ejercicio de funciones públicas, no se requerirá adelantar diligencia de posesión. Bastará en tal evento informar la designación a la sección de registro de la Superintendencia Bancaria, acompañando copia auténtica del acto donde conste el respectivo nombramiento.

PAR. TRANS.—Dentro del mes siguiente a la expedición del certificado de autorización, provisional o definitivo, las personas indicadas en este artículo deberán cumplir con el requisito de la posesión ante el Superintendente Bancario.

ART. 13.—Ajustes de inversión. Las entidades de desarrollo regional que en la actualidad posean o tengan inversiones por un monto que exceda el determinado en el artículo 4º, letra e), del numeral 1º de la presente resolución, deberán proceder a su enajenación en un plazo no superior a dos (2) años, contados a partir de la fecha de expedición del respectivo certificado de autorización.

Transcurrido dicho lapso sin que se haya logrado la enajenación, o el término adicional que por motivos fundados se conceda para ello, el incremento en el volumen total de activos no podrá estar representado en préstamos redescontados ante la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter. De esta situación se dará aviso a Findeter para los efectos correspondientes.

ART. 14.—Vigilancia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º de la Ley 57 de 1989 y 2º del Decreto-Ley 1033 de 1991, las entidades de desarrollo regional a que se refiere la presente resolución quedarán sometidas al control y vigilancia permanentes de la Superintendencia Bancaria.

ART. 15.—Reforma de estatutos. Para los efectos del certificado de autorización, deberán reformarse los estatutos orgánicos de las entidades de desarrollo regional, a fin de que se ajusten a la presente resolución.

ART. 16.—Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.E., 14 de junio de 1991.

_________________________