RESOLUCIÓN 2092 DE 1991 

(Junio 14)

"Por la cual se establecen las clases de garantía o seguridades que pueden aceptar las instituciones financieras para realizar operaciones activas de crédito hasta por un 30% de su patrimonio técnico”.

El Superintendente Bancario,

en uso de sus atribuciones legales, en especial de las facultades otorgadas por el artículo 1º de la Resolución 44 de 1991 de la Junta Monetaria, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 45 de 1990 estableció que corresponde a la Junta Monetaria fijar límites al volumen de las operaciones activas de crédito que las instituciones financieras pueden realizar, directa o indirectamente, con cualquier persona natural o jurídica, o con grupos o categorías de personas;

2. Que mediante la Resolución 44 del 29 de mayo de 1991, la Junta Monetaria expidió las normas sobre límites de crédito, de conformidad con las cuales ninguna institución financiera podrá realizar con persona alguna, directa o indirectamente, operaciones activas de crédito que, conjunta o separadamente, superen el diez por ciento (10%) de su patrimonio técnico, salvo cuando existan garantías o seguridades que señale con carácter general la Superintendencia Bancaria, en cuyo caso dicho límite puede ampliarse hasta el treinta por ciento (30%) del patrimonio técnico respectivo;

3. Que, en consecuencia, es necesario establecer las clases de garantías o seguridades que pueden aceptar las instituciones financieras por estos efectos, procurando que las mismas sean suficientes y efectivas,

RESUELVE:

ART. 1º—Las instituciones financieras podrán efectuar operaciones activas de crédito hasta por un treinta por ciento (30%) de su patrimonio técnico, siempre y cuando el valor en exceso de las mismas sobre el diez por ciento (10%) de dicho patrimonio este amparado con las siguientes clases de garantía o seguridades:

1. Contratos de hipoteca debidamente registrados, siempre que:

a) Versen sobre bienes cuya garantía pueda hacerse efectiva en Colombia, y

b) El crédito garantizado no exceda del 80% del avalúo que para tal efecto deberá realizarse previamente a la operación. En todo caso, el avalúo considerará la posibilidad de realización del bien en función de la actividad a que se encuentra afecto.

2. Contratos de prenda con tenencia, salvo cuando versen sobre derechos de crédito no incorporados en títulos valores emitidos o aceptados por instituciones financieras o por entidades emisoras de valores en el mercado público.

3. Bonos de prenda.

4. Contratos de prenda sin tenencia, siempre que:

a) No versen sobre activos circulantes, y

b) El crédito garantizado no exceda del 70% del avalúo que para tal efecto deberá realizarse previamente a la operación. En todo caso, el avalúo considerará la posibilidad de realización del bien en función de la actividad a que se encuentra afecto.

5. Avales y garantías otorgados por establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria.

6. Garantías otorgadas con base en contratos celebrados por sociedades de leasing con arreglo a lo prescrito en la Circular 63 de 1988 de la Superintendencia Bancaria.

7. Depósitos de dinero a que se refiere el artículo 1173 del Código de Comercio.

8. La pignoración de rentas cuando se trate de la nación o las entidades territoriales o sus entidades descentralizadas.

9. Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía en los cuales la institución financiera acreedora tenga la calidad de beneficiario, siempre que:

a) El objeto de la fiducia sea un bien raíz;

b) Se efectúe previamente un avalúo del bien fideicomitido por un experto escogido por el fiduciario. Dicho avalúo deberá considerar la posibilidad de realización del bien en función de la actividad a que se encuentra afecto;

c) El contrato prevea en forma inequívoca y objetiva las condiciones para la enajenación del bien en caso de incumplimiento del deudor;

d) El valor de los bienes realizables que se entreguen no sea inferior a una vez y media el valor de los créditos garantizados y los rendimientos convencionalmente estipulados;

e) El fiduciario sea una sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Bancaria, sin relación de vinculación económica, administrativa o financiera al fideicomitente o al beneficiario, y

f) Se constituya para garantizar obligaciones de valor determinado.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir del 17 de junio de 1991.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.E., 14 de junio de 1991.

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