Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 2120 DE 2012 

(Septiembre 11)

“Por la cual se modifica la Resolución 237 de 2009 mediante la cual se reglamenta el procedimiento para que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral, realicen consultas populares para la toma de decisiones y/o la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular, y se dictan otras disposiciones”.

(Nota: Véase Resolución 1586 de 2013 artículo 22 del Consejo Nacional Electoral)

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente de las que le confieren los artículos 107, 109 y 265 de la Constitución Política, el Código Electoral y el artículo 1º de la Ley 616 de 2000 y la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 265 de la Constitución Política, señala:

“El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones especiales:

(...).

5. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

(...).

10. Colaborar para la realización de las consultas internas de los partidos y movimientos para la escogencia de sus candidatos”.

Que el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 616 del 2 de octubre de 2000, por la cual se modificó el artículo 10 de la Ley 130 de 1994, dispuso:

“El artículo 10 de la Ley 130 de 1994 quedará así:

Consultas internas. La organización electoral colaborará en la realización de consultas internas de los partidos y movimientos con personería jurídica que lo soliciten a través de sus respectivas autoridades estatutarias, para escoger candidatos a la Presidencia de la República, gobernaciones departamentales y alcaldías distritales y municipales, como para tomar decisiones con respecto a su organización, interna o variación de sus estatutos. Estas consultas podrán efectuarse en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.

Tal colaboración se prestará mediante el suministro de tarjetas electorales y cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, la recolección de los votos y la realización del escrutinio, para tal efecto, el Estado financiará el costo correspondiente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes, instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. (...)”

Que el inciso final del mencionado artículo establece:

“El Consejo Nacional Electoral reglamentará en cada caso todo lo demás relacionado con las consultas internas de los partidos”.

Que el Consejo Nacional Electoral en uso de sus facultades constituciones legales y reglamentarias expidió la Resolución 237 del 31 de marzo de 2009, por la cual se reglamente el procedimiento para que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional lectoral realicen consultas populares para la toma de decisiones y/o la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular y se dictan otras disposiciones

Que el Consejo Nacional Electoral en uso de sus facultades constituciones legales y reglamentarias expidió la Resolución 663 del 4 de agosto de 2009, por la cual se modifica parcialmente el artículo cuarto de la Resolución 237 del 31 de marzo de 2009 “Por la cual se reglamenta el procedimiento para que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional electoral realicen consultas populares para la toma de decisiones y/o la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular y se dictan otras disposiciones, dispone el acto administrativo:

“ART. 1º—Modifíquese parcialmente el artículo cuarto de la Resolución 237 del 31 de marzo de 2009 el cual quedará así:

ART. 4º—Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica deberán comunicar por escrito al Consejo Nacional Electoral, por lo menos tres (3) meses antes de la fecha establecida, la decisión de realizar consulta popular para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular y/o para la toma de decisiones. Sus candidatos y/o las preguntas a realizar deberán estar inscritos y/o registrados ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la forma en que esta lo señale, treinta (30) días calendario antes de la fecha de la realización de la respectiva consulta popular”.

Que la Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones, preceptúa:

“De las consultas como mecanismo de democracia interna

ART. 5º—Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en ellas sólo puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren en el registro de afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los ciudadanos Inscritos en el censo electoral, las consultas internas se regularán por las disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales o departamentales según sea el caso.

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral”

ART. 6º—Normas aplicables a las consultas. En las consultas populares se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen, la organización electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio.

En el caso de las consultas populares interpartidistas, el límite de gastos, el número de vallas, avisos en prensa y cuñas, se fijarán para cada partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos en condiciones de igualdad, los cuales harán la distribución entre sus precandidatos.

La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones ordinarias. En todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ellas”.

ART. 18.—Destinación de los recursos. Los recursos provenientes de la financiación estatal se destinarán a financiar las actividades que realicen para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos y, en particular, para las siguientes finalidades, de conformidad con sus planes, programas y proyectos:

(...).

7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.

(...)”.

ART. 20.—Fuentes de financiación. Los candidatos de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos inscritos a cargos o corporaciones de elección popular, podrán acudir a las siguientes fuentes para la financiación de sus campañas electorales:

1. Los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen.

2. Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

3. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares.

4. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.

5. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento.

6. La financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en esta ley.”

ART. 23.—Límites a la financiación privada. Ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en la respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones individuales superiores al 10% de dicho valor total.

La financiación originada en recursos propios, del cónyuge, compañero permanente o parientes en el grado que autoriza la ley, no estará sometida a los límites individuales a que se refiere esta disposición pero en ningún caso la sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto total de gastos de la campaña. El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará sometido a límites individuales.

Con posterioridad a las campañas y previa autorización del Consejo Nacional Electoral, las obligaciones pendientes de pago se podrán cancelar con la condonación parcial de créditos o con recursos originados en fuentes de financiación privada y dentro de los límites individuales señalados en esta disposición, pero tales condonaciones, aportes o contribuciones no tendrán el carácter de donaciones ni los beneficios tributarios reconocidos en la ley para este tipo de donaciones”.

ART. 24.—Límites al monto de gastos. Los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las mismas.

Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales.

El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas.

PAR. TRANS.—Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda realizarán el estudio base para la actualización de los costos reales de las campañas”.

ART. 21.—De la financiación estatal para las campañas electorales. Los partidos y movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación:

En las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal, cuando la lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la respectiva corporación.

En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección.

La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos y/o los candidatos.

PAR.—El valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista será incrementado anualmente por el Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta los costos reales de las campañas en cada circunscripción. Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan”.

ART. 34.—Definición de campaña electoral. Para efectos de la financiación y de la rendición pública de cuentas, entiéndase por campaña electoral el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo.

La propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la campaña y cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a consideración de los ciudadanos o una determinada forma de participación en la votación de que se trate, la recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña podrá ser adelantada por los partidos, movimientos, políticos y grupos significativos de ciudadanos, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación. Los candidatos, por su parte, solo podrán hacerlo a partir de su inscripción”.

ART. 35.—Propaganda electoral. Entiéndase por propaganda electoral toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana.

La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público, únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de la respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva votación.

En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados”.

Que con la expedición de la Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones, se incorporaron al ordenamiento jurídico nuevos preceptos normativos en materia de consultas como mecanismos de democracia interna, lo cual hace necesario armonizar la reglamentación expedida por la corporación con la norma estatutaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—Las disposiciones contenidas en la Resolución 237 de 2009 y en los actos administrativos que la modifiquen adicionen o complementen serán aplicables a los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos conformados de acuerdo a la ley, que utilicen las consultas como mecanismos de participación democrática y política con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

ART. 2º—El artículo 7º de la Resolución 237 de 2009, quedará así:

ART. 7º—Los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos conformados de acuerdo a la ley, que realicen consultas populares para la toma de decisiones y/o la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular, tendrán derecho a financiación estatal a través del sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos y para su reconocimiento y pago no se requerirá un mínimo de votación.

Los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos conformados de acuerdo a la ley, que realicen consultas populares para la toma de decisiones y/o la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular, podrán acudir a las fuentes de financiación permitidas por la Constitución y ley y estarán sometidos a los límites y montos que frente a las fuentes de financiación disponga el ordenamiento jurídico aplicable.

Los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos conformados de acuerdo a la ley, podrán solicitar anticipos para las consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con las votaciones consolidadas, certificará al Consejo Nacional Electoral el total de votos válidos depositados en las consultas.

El Consejo Nacional Electoral fijará las sumas máximas a ser invertidas en las respectivas consultas, así como el valor de reposición por voto válido depositado y adicionalmente, señalará el monto máximo de gastos que cada partido, movimiento político con personería jurídica y grupo significativo de ciudadanos conformado de acuerdo a la ley, puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos conformados de acuerdo a la ley, que sobrepasen las sumas máximas de gastos autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, perderán el derecho a la reposición de gastos.

En ningún caso la reposición de gastos de campaña podrá superar el monto de lo efectivamente gastado por la organización política, ni el monto máximo de gastos que fije por el Consejo Nacional Electoral para las consultas.

En materia de financiación de campañas de los precandidatos a la Presidencia de la República, se aplicarán las normas especiales sobre la materia.

PAR. 1º—En materia de financiación estatal, cuando las consultas sean convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos uninominales, en el acuerdo previo suscrito por sus directivos, los partidos y/o movimientos coaligados deberán determinar: el partido y/o movimiento responsable de la presentación del informe de ingresos y gastos respectivo ante el Consejo Nacional Electoral, Fondo Nacional de Financiación Política, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña, la forma de distribución entre los distintos partidos y/o movimientos que conforman la coalición de la reposición estatal de los gastos, así como el sistema de auditoría interna.

ART. 3º—El artículo 9º de la Resolución 237 de 2009 quedará así:

ART. 9º—La propaganda electoral para las consultas podrá realizarse de conformidad con el artículo 35 de la ley estatutaria 1475 de 2011.

Cuando se trate de consultas para escoger candidatos a la Presidencia de la República, la propaganda electoral podrá realizarse dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la realización de la consulta.

Solo se permitirá propaganda electoral cuando el partido o movimiento político haya comunicado por escrito al Consejo Nacional Electoral su decisión de realizar consulta popular en la fecha previamente establecida, y los precandidatos y/o preguntas hayan sido inscritos o registrados.

ART. 4º—El Fondo Nacional de Financiación Política adoptará los formularios que se requieran para la rendición de cuentas de las consultas, adecuándolos a la normatividad vigente.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

(Nota: Véase Resolución 1586 de 2013 artículo 22 del Consejo Nacional Electoral)