Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 2242 DE 2018

(Agosto 10)

“Por medio de la cual se declara cuáles consejos comunitarios tienen derecho a obtener, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3º de la Ley 130 de 1994, numerales 1º, 2º y 4º, la personería jurídica con ocasión de las elecciones para Congreso de la República del 11 de marzo de 2018, al haber obtenido los requisitos objetivos previstos en el artículo 108 de la Constitución Política de Colombia, en relación con la circunscripción especial de minorías afrodescendientes en la Cámara de Representantes”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 108 y 265, numeral 9º, de la Constitución Política, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El artículo 108 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2009, señala:

“El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas corporaciones públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.

También será causal de pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política.

…”.

A su vez, el numeral 9º del artículo 265 de la misma Constitución, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009, contempla dentro de las funciones del Consejo Nacional Electoral, la de “Reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos”.

Que la jurisprudencia al respecto ha manifestado lo siguiente:

“En relación con los requisitos establecidos en las normas constitucionales y legales arriba mencionadas, para que un partido político obtenga o pierda su personería jurídica esta Sección expresó en sentencia del 17 de marzo de 2000 que:

[…]

1. Tanto el otorgamiento de la personería jurídica como su extinción, están precedidas de la verificación de un hecho objetivo, cuantitativo […], o de un hecho objetivo cualitativo (obtener representación en el Congreso).

2. Dejando por sentado que el asunto se concreta en la comprobación de existencia de un requisito que, a manera de reglas del juego, instituyó el propio constituyente […], son evidentes las consecuencias derivadas de no acreditar dichos requeridos: la pérdida de la personería jurídica.

3. Siendo claro lo anterior, la entidad demandada, […], tiene a su cargo, entre otras, las obligaciones de “reconocer” la personería jurídica, una vez verifique la presencia de los supuestos objetivos, o de “declarar” la pérdida de la misma, previa comprobación de no alcanzarse el requerido cuantitativo o haberse perdido el cualitativo.

[…].

5. Sin duda, el establecimiento de reglas objetivas, contribuye a la efectividad de los postulados de transparencia en el libre juego de las fuerzas políticas, presupuesto básico de toda democracia participativa y pluralista, así como a cimentar el uso de herramientas idóneas para el logro de trato igual, sin desmedro de las oportunidades de participación de los movimientos y partidos que aún no han completado los requisitos impuestos para la obtención de la personería, o de aquellos que, habiéndole obtenido en precedencia, no lograron mantenerla, aspecto que simplemente deriva del resultado cuantitativo producto del respectivo escrutinio”(1).

[…] la actuación administrativa solo requería la verificación de los datos proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto de los resultados de los comicios electorales...”(2).

En similar sentido dijo:

“De acuerdo con el [...] artículo 265 superior […], el Consejo Nacional Electoral tenía competencia para reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos y, aunque no le asignaba explícitamente la de cancelada, esta también le correspondía en consideración a que el numeral 5º ibídem la facultaba para velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y el numeral 12 para ejercer las demás funciones que le confiera la ley.

[…].

“...Las normas […] señalan requisitos y condiciones para el reconocimiento y pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, al igual que lo hace el artículo 108 de la Constitución. En efecto, esta última norma jurídica establece reglas para i) que los grupos políticos puedan obtener por primera vez la personería jurídica, ii) puedan conservarla y, iii) la pierdan. De hecho, cuando los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos no puedan conservar la personería jurídica reconocida, obviamente la pierden.

[...].

Esa es la razón por la cual esta corporación en distintas oportunidades ha reconocido que al Consejo Nacional le compete la cancelación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos en los casos previstos en el artículo […] 108 constitucional.

[…] el Consejo Nacional Electoral tiene la atribución de reconocer y cancelar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.

La competencia del Consejo Nacional Electoral para cancelar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos con fundamento en las normas comentadas ha sido igualmente reconocida mediante sentencias de la Sección Primera de 17 de marzo de 2000, radicado 5291, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero4(sic) y de 2 de diciembre de 2010, expediente 2003-00148-01, M.P. Marco Velilla Moreno. De igual modo mediante sentencia de 24 de septiembre de 2009, expediente 2004-00407-00, proferida por la Sección Quinta de esta corporación, M.P. Susana Buitrago Valencia, y mediante Sentencia T-378 de 2006, proferida por la Corte Constitucional.

[…].

Lo que pretendió el acto acusado fue declarar el efecto jurídico previsto por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2003, de acuerdo con el cual los partidos y movimientos políticos que tuvieran personería jurídica reconocida la perderían si en la fecha de su entrada en vigencia no tuvieran representación en el Congreso. Esta previsión tiene como supuesto de hecho una consideración objetiva y en modo alguno califica o sanciona los comportamientos de los partidos y movimientos a que se refiere.

El criterio según el cual la cancelación de la personería de un partido o movimiento político no requiere de investigación previa sino de la constatación objetiva de la causal por parte del Consejo Nacional Electoral, fue sostenido por esta Sección al decidir un cargo semejante […] en la cual se expuso lo siguiente:

“...la extinción de la personería jurídica otorgada a un partido o movimiento político, en los términos del marco constitucional y legal que gobierna la materia, no constituye una herramienta coactiva de la administración cuya finalidad consista en sancionar conductas contrarias a los postulados normativos, esto es, no participa del carácter de los actos sancionatorios, cuya aplicación presupone el adelanto de una investigación previa que permita confrontar los hechos con las disposiciones normativas supuestamente violadas; formular cargos; practicar las pruebas solicitadas y las que oficiosamente se consideren idóneas para el esclarecimiento de los hechos investigados, y, finalmente, decidir en tomo a la graduación e imposición de la sanción, conforme a la falta y a los efectos de la misma, o bien, disponer el archivo de la actuación administrativa, por las causales que dan lugar a ello”.

Esta misma Sección reiteró los criterios enunciados en la sentencia de 2 de diciembre de 2010, expediente 2003-00148-01, donde agregó:

“...Estas consideraciones exponen de manera clara que no se vulneró al actor el derecho al debido proceso, por cuanto la actuación administrativa solo requería la verificación de los datos proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil...”.

[...] para sustentar su decisión el Consejo Nacional solo debía constatar que se había configurado el supuesto de hecho […] No se trató de una sanción que hubiera hecho perentoria la observancia de un procedimiento preestablecido.

[…].

“...el Acto Legislativo 1 de 2003 consagró como requisito sine qua non que para que en el futuro se obtenga dicha personería jurídica e, incluso, para que se conserve, se debe haber obtenido el 2% de votos válidos depositados en todo el territorio para las elecciones de Cámara de Representantes o Senado, salvo las excepciones expresamente señaladas en la norma.

[…].

Estas acusaciones [...] parten del supuesto de que los derechos políticos, y en particular los de conformar partidos y movimientos políticos son absolutos, lo cual no es cierto porque están limitados por otras normas de rango igualmente constitucional, como la prevista en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2003 que establecía condiciones para el reconocimiento, conservación y pérdida de las personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos, en la cual se apoyó el acto demandado …”.

Que el 11 de marzo de 2018 se llevó a cabo la votación para la elección de los miembros del Congreso de la República para el periodo constitucional 2018-2022, según lo dispuesto en el artículo 207 del Código Electoral, fecha para la cual mantenían vigentes su personería jurídica los siguientes partidos y movimientos políticos:

NOMBRE PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO VIGENTE
1PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL “PARTIDO DE LA U”
2PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
3PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
4PARTIDO CAMBIO RADICAL
5PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
6PARTIDO ALIANZA VERDE
7PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA
8PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
9PARTIDO POLÍTICO “MIRA”
10PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE. “ASI”.
11MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA “AICO”
12MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”
13MOVIMIENTO POLÍTICO TODOS SOMOS COLOMBIA “TSC”
14PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”
15PARTIDO SOMOS
16PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA “PRE”

Que una vez finalizada la audiencia pública del escrutinio de las votaciones depositadas por los colombianos y teniendo en cuenta que las determinaciones adoptadas frente a cada una de las reclamaciones y solicitudes, en cuanto tiene que ver con la circunscripción especial para las comunidades afrodescendientes de la Cámara de Representantes, obtuvieron curules, tal y como fue declarado mediante la Resolución 1513 del 15 de julio de 2018, los siguientes consejos comunitarios:

1CONSEJO COMUNITARIO ANCESTRAL DE COMUNIDADES NEGRAS PLAYA RENACIENTE32.243
2CONSEJO COMUNITARIO LA MAMUNCIA25.428

Lo que está conforme a lo previsto en los formularios E-24 y E-26, correspondientes, así:

JEP2
JEP2
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—Declárase que los siguientes consejos comunitarios que obtuvieron representación en la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes de la Cámara de Representantes, Congreso de la República, tienen derecho al reconocimiento de la personería jurídica, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3º de la Ley 130 de 1994, numerales 1º, 2º y 4º.

1CONSEJO COMUNITARIO ANCESTRAL DE COMUNIDADES NEGRAS PLAYA RENACIENTE32.243
2CONSEJO COMUNITARIO LA MAMUNCIA25.428

ART. 2º—Comuníquese por intermedio de la subsecretaría de este organismo la presente resolución al asesor del Fondo Nacional de Financiación Política para los efectos legales que corresponda.

ART. 3º—Notifíquese la presente resolución, por conducto de la subsecretaría de este organismo, a los representantes legales de los partidos y movimientos políticos a que se refieren los artículos primero, segundo y tercero de la presente resolución y a los representantes de los movimientos relacionados en el artículo cuarto, en los términos indicados en los artículos 66, 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 10 de agosto de 2018.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., diez y siete (17) de marzo de dos mil (2000), C.P. Olga Inés Navarrete Llanero, radicación 5291.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 2 de diciembre de 2010, radicación 110010324000200300148011. Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.