RESOLUCIÓN 2255 DE 2002 

(Julio 4)

“Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los derechos por concepto de registro y venta de servicios provenientes del ejercicio de la función registral”.

El Superintendente de Notariado y Registro,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en los numerales 1º, 3º, 16, 24 del artículo 9º del Decreto 2158 de 1992, y

CONSIDERANDO:

1. Que con la finalidad de garantizar la eficiencia y la eficacia en el servicio registral, se hace necesario modificar el sistema de recaudo de los derechos que por concepto de registro y venta de servicios deben pagar los usuarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos;

2. Que se hace necesario implementar medidas que mejoren los niveles de seguridad en el manejo de los recursos que recauda la superintendencia;

3. Que es menester que la administración cuente con herramientas modernas que le permitan conocer su situación financiera y a su vez soporten el proceso de toma de decisiones,

RESUELVE:

ART. 1º—A partir del 15 de julio de 2002 serán las sucursales, en cualquier ciudad del país, del banco o de las entidades bancarias con las cuales la Superintendencia de Notariado y Registro firme un convenio especial de recaudo, las encargadas de recibir las sumas de dinero que los usuarios de los distintos servicios prestados por las oficinas de registro de instrumentos públicos deban cancelar. Hasta nueva orden, las últimas sólo recaudarán lo correspondiente a consultas y otros conceptos (copias, etc.).

ART. 2º—Los actos que no provengan de notarías, como las providencias judiciales, por ejemplo, serán liquidados en las oficinas de registro, pero el usuario deberá pagar en el banco antes de proceder al trámite del registro.

ART. 3º—Cuando se trate de actos o contratos que deban inscribirse, el funcionario encargado de hacer la calificación del documento revisará la liquidación contenida en el comprobante bancario de pago, de manera que verificará el correcto diligenciamiento del mismo y la constancia de consignación de la suma a pagar. En caso de error en la preliquidación notarial, si ésta fue realizada por un notario, hará la corrección inmediatamente de acuerdo con las normas vigentes y seguirá los procedimientos actualmente establecidos.

En el evento de que la inconsistencia encontrada sea un mayor valor a pagar, el acto o documento se mantendrá en registro temporal y se respetará el mismo turno al usuario, durante el tiempo que establece la norma correspondiente. Si el usuario regresa durante ese período con la prueba de haber pagado la diferencia, se procederá a hacer el registro definitivo del acto que se hubiese solicitado.

En caso de que la oficina de registro deba hacer alguna devolución, se seguirá el procedimiento con base en las reglas vigentes hasta ahora. La suma que se ordene devolver será pagada en el banco, previa resolución motivada y soportada, expedida por el respectivo registrador de instrumentos públicos, a menos que por la cuantía deba proferirla alguna otra autoridad. Las autorizaciones a terceros para recibir el valor devuelto deben ser presentadas personalmente por el beneficiario en notaría o consulado, según el caso.

ART. 4º—Independientemente de donde se deba efectuar el registro del documento, los usuarios podrán cancelar los derechos correspondientes, al igual que el valor del “certificado de libertad y tradición”, en cualquier sucursal de la entidad bancaria autorizada, aun cuando ésta no esté ubicada en la ciudad sede de la oficina de registro que deba realizar la inscripción o expedir el certificado. En todo caso, el comprobante de pago debe contener claramente el código de la oficina de registro que prestará el servicio.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir del 15 de julio de 2002.

Dada en Bogotá, D.C., a 4 de julio de 2002.

_____________________________________