Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 2320 DE 2017

(Septiembre 13)

“Por la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a las elecciones al Congreso de la República para el periodo 2018-2022”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de las conferidas por los artículos 265 de la Constitución Política, y 39 de la Ley 130 de 1994 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 108 de la Constitución Política establece:

“(...).

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

(...)”.

Que el inciso 4º del artículo 9º de la Ley 130 de 1994 determina:

“Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente (...)”.

Que el 11 de marzo de 2018 se llevarán a cabo las elecciones para Congreso de la República, para las cuales el periodo de inscripción de las candidaturas va del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2017, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011 y la Resolución 2201 del 4 de marzo de 2017 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que aún no ha sido establecida la cuantía de la partida presupuestal de que dispondrá el fondo nacional de financiación política para el año 2018, mientras que de conformidad con la certificación expedida por la directora financiera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la partida inicial para el año 2017 del rubro de financiación de partidos y campañas electorales en el presupuesto general de rentas y gastos de esta vigencia fue de cuarenta y dos mil doscientos sesenta y nueve millones de pesos ($42.269.000.000).

De la cifra indicada, treinta y seis mil ciento noventa y tres millones novecientos treinta y siete mil ciento nueve pesos ($36.193.937.109), corresponden a gastos de funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, tres mil cuatrocientos diecinueve millones doscientos treinta y dos mil quinientos setenta y cuatro pesos ($3.419.232.574), corresponden a “gastos de campaña años anteriores” y dos mil seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta mil trescientos diecisiete pesos ($2.655.830.317) corresponden a contrato de auditoría.

Que el uno por ciento (1%) del valor apropiado para financiar a los partidos y movimientos políticos en el presente año es de cuatrocientos veintidós millones seiscientos noventa mil pesos ($422.690.000), lo que equivale a quinientos setenta y dos (572) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Que mediante Resolución 974 del 2013 se fijó el valor correspondiente a las pólizas que deben otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos para inscribir listas de candidatos a las elecciones para Congreso de la República que se realizaron el 9 de marzo de 2014, determinándose que es conveniente mantener los valores allí adoptados en razón a que al ser fijados en salarios mínimos mantienen su valor constante.

No sobra advertir que en la actualidad cursa en el Congreso de la República el proyecto de Acto Legislativo 5 de 2017 Senado en virtud del cual se crean dieciséis (16) circunscripciones transitorias especiales de paz de conformidad con lo previsto en el Acuerdo final para la terminación del conflicto, en el que se dijo que “la construcción de la paz requiere que los territorios más afectados por el conflicto y el abandono (...) tengan una mayor representación en el Congreso de la República para asegurar la inclusión política de esos territorios y sus poblaciones”; por lo que en la medida que para estas circunscripciones se requiera un régimen especial en materia de pólizas de seriedad, esta corporación emitirá en su oportunidad la correspondiente reglamentación.

Además de lo anterior, es de anotar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-117 del 4 de marzo de 2016, al decidir acción de tutela interpuesta por estos motivos dentro del expediente T-5.200.719, concluyó que la compañía de seguros Previsora S.A. “vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, en cuanto impuso una barrera para el ejercicio de sus derechos políticos, obstáculo que correspondió con la exigencia de la constitución del CDT a su favor, por el 100% del valor asegurado, con el fin de otorgar una póliza requerida para inscribirse a los comicios electorales”, toda vez que:

“El requisito exigido por la compañía de seguros Previsora S. A., la constitución de un CDT por el valor asegurado, es desproporcional, arbitrario e irracional por cuanto:

1. El requisito exigido para expedir la póliza de seriedad no cumple ningún fin constitucional ni pretende velar por el interés general. En contraste, esa condición restringe y vulnera derechos fundamentales y mandatos constitucionales. Al respecto, se señaló que “las actividades de los establecimientos financieros y las aseguradoras al involucrar un interés público, tiene límites en su ejercicio ya que pueden restringirse, ‘cuando están de por medio valores y principios constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales, o consideraciones de interés general’”.

2. La constitución de un CDT por el valor asegurable desnaturaliza el contrato de seguros, puesto que extingue el objeto del contrato y la causa que lleva a su suscripción. Ello, en la medida en que es el mismo tomador quien termina respondiendo por el supuesto siniestro. En otras palabras, pese haber contratado a la aseguradora para que asumiera el riesgo, este nunca será tomado por la sociedad comercial, debido a que la constitución de dicha contragarantía significa que el tomador asume dicha responsabilidad. En este sentido, el contrato carecería de su elemento esencial (riesgo asegurable), y en consecuencia el negocio jurídico sería ineficaz de pleno de derecho, conforme establece el artículo 1045 del Código de Comercio”.

Razón por la cual en la parte resolutiva de tal providencia dispuso:

“2. Exhortar a la Superintendencia Financiera de Colombia para que emita una circular en la que comunique el criterio previsto en esta sentencia. En el acto administrativo mencionado, se debe advertir a las aseguradoras que se abstengan de exigir como requisito para la expedición de pólizas de seriedad de la candidatura la constitución de contragarantías de cualquier naturaleza, por el riesgo asegurable.

3. Advertir a la Previsora S.A., para que en adelante se abstenga de incurrir en la conducta que ocasionó la vulneración ius fundamental reclamada en esta acción de tutela”.

RESUELVE:

ART. 1º—Fíjase el valor de las pólizas de seriedad que deben presentar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban listas de candidatos al Senado de la República para el periodo constitucional 2018-2022, en la suma equivalente a trescientos noventa (390) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 2º—Fíjase el valor de las pólizas de seriedad que deben presentar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban listas de candidatos a la Cámara de Representantes para el periodo constitucional 2018-2022 así:

a) Por el Distrito Capital de Bogotá, la suma equivalente a trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales vigentes.

b) Por los departamentos con censo electoral superior a un millón (1.000.000) de ciudadanos, la suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c) Por los departamentos con censo electoral entre seiscientos mil uno (600.001) y un millón (1.000.000) de ciudadanos, la suma equivalente a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

d) Por los departamentos con censo electoral entre trescientos mil uno (300.001) y seiscientos mil (600.000) ciudadanos, la suma equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

e) Por los departamentos con censo electoral entre cien mil uno (100.001) y trescientos mil (300.000) ciudadanos, la suma equivale a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

f) Por los departamentos con censo electoral igual o inferior a cien mil (100.000) ciudadanos, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

g) Por las circunscripciones especiales de Senado de la República, circunscripción internacional y especiales de la Cámara de Representantes la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 3º—Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, las pólizas de seriedad de candidaturas se constituirán mediante pólizas de garantía expedida por compañía de seguros, o mediante garantía bancaria o de instituciones autorizadas por la Superintendencia Financiera. Su vigencia se extenderá hasta seis (6) meses después de la declaratoria de los resultados de las elecciones por la autoridad electoral. Dichas pólizas se harán efectivas en los casos previstos en la Ley 130 de 1994 en armonía con lo dispuesto en la Ley 1475 de 2011.

ART. 4º—Exhórtase a las compañías de seguros y/o a las entidades financieras que expidan estas pólizas o garantías bancarias a que se abstengan de exigir a los candidatos y/o grupos significativos de ciudadanos que los postulen, la constitución de depósitos, fiducias o títulos en su favor equivalentes al monto del valor asegurado o a exigir garantías reales que se hagan efectivas en caso de configurarse el siniestro asegurado, o a que el precio de la prima sea equivalente al valor asegurado o cercano a este.

PAR.—Para los efectos del presente artículo, requiérase el apoyo a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia Financiera de Colombia, para que en el marco de sus competencias, garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los actores políticos antes enunciados.

ART. 5º—El presente acto administrativo debe ser comunicado, por intermedio de la subsecretaria de la corporación, al Registrador Nacional del Estado Civil, a los registradores distritales de Bogotá, a los delegados departamentales y a los registradores especiales y municipales.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 13 de septiembre de 2017.