RESOLUCIÓN 2322 DE 1991 

(Mayo 22)

"Por la cual se adoptan las cláusulas comunes y reglamentadas por el Decreto 222 de 1983 en los contratos de derecho privado de la prestación de servicios hospitalarios''''.

El Director General de la Caja Nacional de Previsión Social,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario agilizar la elaboración y suscripción de los contratos de derecho privado de la administración de prestación de servicios hospitalarios requeridos tanto a nivel central como seccional;

Que en los contratos referidos se estipulan cláusulas que son comunes en todos ellos y otras que se encuentran reglamentadas por el Decreto 222 de 1983;

Que se hace necesario adoptar un formato de contratación para tal efecto, por lo cual las cláusulas comunes y las reglamentadas por el Decreto 222 de 1983 se plasmarán en esta resolución, la cual hará parte integrante de los contratos de derecho privado de la administración de prestación de servicios hospitalarios que celebra la entidad,

RESUELVE:

ART. 1º—Que se estipulan como cláusulas comunes y reglamentadas por el Decreto 222 de 1983 en los contratos de derecho privado de la administración de prestación de servicios hospitalarios que se suscriban tanto para el nivel central como seccional de la Caja Nacional de Previsión Social, las siguientes:

1. Forma de pago. La caja pagará al contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: Un anticipo del 50% una vez se perfeccione el contrato y el 50% restante, por mensualidades vencidas previa presentación de las correspondientes cuentas de cobro debidamente legalizadas y acompañadas de las respectivas órdenes firmadas por el paciente con el número de su documento de identidad como prueba de haber recibido los servicios, indicando la fecha de ingreso y salida del hospital. Cuando al paciente se le practique alguna intervención quirúrgica se le anexará a la cuenta el memorando quirúrgico; cuando por la naturaleza de la enfermedad del paciente éste no pueda acreditar con su firma los servicios prestados por el hospital, lo hará el médico tratante con el visto bueno del médico de la caja autorizado para tal efecto.

PAR. 1º—Es requisito indispensable para la entrega del anticipo el otorgamiento por parte del contratista y la correspondiente aprobación por parte de la caja de una póliza de seguro de una compañía legalmente establecida en Colombia, mediante la cual se garantice el manejo y buena inversión del mismo, en cuantía equivalente al 100% del valor del dinero entregado en tal carácter.

PAR. 2º—La amortización del anticipo aquí previsto se hará mediante la deducción del 50% en cada una de las cuentas de cobro debidamente legalizadas.

2. Obligaciones de la caja. La caja se obliga a expedir la orden de hospitalización de los afiliados y pensionados que requieran ser atendidos por el contratista, firmadas por el médico de la caja facultado para ello indicando los nombres y apellidos completos del paciente, dependencia donde trabaja y el cargo que ocupa cuando es empleado oficial y cuando es pensionado la calidad de tal, el número de la historia clínica y su documento de identificación.

3. Tarifas. Para la prestación de los servicios médico asistenciales a que se refiera el contrato, la caja pagará de acuerdo con las tarifas estipuladas en la Resolución número 690 del 14 de febrero de 1990, expedida por la dirección general de la caja, o las que adopte posteriormente.

4. Apropiación presupuestal. El pago de este contrato se imputará al presupuesto vigente de la caja y el total del mismo como el total de las cuentas de cobro a pagar, si se presentare el caso, quedarán sujetas a la respectiva apropiación presupuestal y a los acuerdos mensuales de gastos.

PAR.—El certificado de apropiación presupuestal definitivo hará parte integrante del contrato.

5. Responsabilidad del contratista. 1. La responsabilidad del contratista se inicia desde la fecha en que el afiliado y/o pensionado sea atendido por él de conformidad con la orden expedida por el médico de la caja o en su defecto, por el médico autorizado para ello. 2. El contratista, no se hará responsable por la seguridad de los enfermos en detención preventiva o incomunicados, en los casos en que esto suceda las autoridades de policía deberán proporcionar la vigilancia necesaria. El pago que implica esta vigilancia será a cargo de la autoridad respectiva. 3. El contratista no se hará responsable de los resultados del tratamiento aplicado a un afiliado o pensionado, cuando uno o varios de sus familiares, legalmente autorizados, decidan retirarlo por considerar injustificado el tratamiento o por cualquier otra causa; el contratista tramitará dicha solicitud, siempre y cuando el familiar o los familiares que estén facultados para ello, firmen una constancia al respecto y el paciente afiliado o pensionado certifiquen los servicios recibidos hasta el momento de la salida; en su defecto tal certificación se dará por medio del médico de la caja autorizado para ello. 4. El contratista será responsable por el resultado de los servicios prestados a un afiliado o pensionado y de los daños y perjuicios que pueda causar cuando no se hayan utilizado los medios humanos, científicos y sociales requeridos para la debida atención al paciente o por errados procedimientos médico-intrahospitalarios o ambulatorios, incluso de ayuda diagnóstica y formulación de medicamentos. Si la caja es demandada judicialmente por cualquiera de estos hechos, dará traslado de inmediato al contratista para que se haga parte en el proceso y asuma la defensa.

PAR.—Si por cualquiera de las circunstancias a que se refiere el contrato la Caja es condenada judicialmente a reconocer y pagar indemnizaciones, el contratista expresamente acepta la condena como propia y la autoriza para que deduzca su monto de las sumas que le adeude la caja, si esto no fuere posible, cancelará de inmediato los valores en la tesorería de la caja, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

6. Que la hospitalización en habitaciones de mayor valor no implica para la caja, ni para el paciente reajuste en los servicios médicos o en la ayuda diagnóstica que requiera.

7. Supervisión e informes. La caja controlará a través de la oficina de control de servicios de salud o de la que designe para tales efectos el cumplimiento oportuno y eficiente de los servicios que el contratista se compromete a prestar a los afiliados y pensionados de la caja, realizando en coordinación con el contratista evaluaciones periódicas sobre la marcha de los servicios objeto del contrato y formulando las observaciones que considere pertinentes, las cuales deben ser atendidas.

PAR.—Para facilitar este control el contratista se compromete a llevar un registro diario de los pacientes atendidos y de los servicios prestados.

8. Cesión. El contratista no podrá ceder el presente contrato, ni total ni parcialmente a persona alguna natural o jurídica, sin aceptación de la caja pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para su negativa.

9. Adición en el plazo y/o en el valor. En la eventualidad de tener que ampliar el plazo y/o el valor del contrato, las partes acuerdan suscribir contratos adicionales con tal fin, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Decreto 222 de 1983.

10. Régimen contractual. El contrato no constituye vínculo de trabajo entre la caja y los trabajadores que ocupe el contratista, en consecuencia, son de exclusiva responsabilidad del contratista los compromisos que adquiera con sus trabajadores para la ejecución del contrato.

11. Garantías. El contratista se compromete a constituir a favor de la caja, dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, las siguientes garantías, de acuerdo con la reglamentación de la Contraloría General de la República en una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en el país: a) De cumplimiento. Con una póliza por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por el término del mismo y dos (2) meses más; b) De calidad del servicio. Con una póliza por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato por el término del mismo; c) De pago de salarios y prestaciones sociales. Con una póliza por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por el término del mismo y tres (3) años más; d) De buen manejo e inversión del anticipo. Con una póliza por una suma equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma entregada en tal carácter y por el término del mismo y dos (2) meses más.

12. Multas. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, por parte del contratista, la caja podrá imponerle multas diarias y sucesivas por una suma equivalente al 0.1% (uno por mil) del valor total del contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del contrato.

13. Penal pecuniaria. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista, la caja podrá imponerle, mediante resolución motivada una sanción penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

14. Caducidad. La caja se reserva el derecho de declarar la caducidad administrativa del contrato, mediante resolución motivada, por las siguientes causales: a) Disolución de la persona jurídica del contratista; b) Incapacidad financiera del contratista que se presume por cualquiera de los eventos expresados en el literal e) del artículo 62 del Decreto 222 de 1983, varias veces citado; c) El incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, si de él se derivan consecuencias que imposibiliten la ejecución del contrato, o se causen perjuicios a la caja. Efectos de la caducidad. Ejecutoriada la resolución de caducidad producirá los siguientes efectos: a) Terminación y liquidación del contrato; b) Se harán efectivas las multas, la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento; c) Si el contratista es sancionado con esta medida, quedará inhabilitado para contratar con entidades de derecho público, por cinco (5) años.

15. Inhabilidades e incompatibilidades. El contratista afirma bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en las prohibiciones de los artículos 8º, 9º y 10 del Decreto 222 de 1983.

16. Principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales. El contrato se regirá por lo preceptuado en el título IV del Decreto 222 de 1983 respecto a estos principios.

17. Perfeccionamiento. El perfeccionamiento del contrato se surtirá con la aprobación de las garantías previstas en el numeral 11.

18. Requisitos para la validez. Para la validez del contrato se requiere: a) Por parte de la caja. Firma del contrato y registro presupuestal; b) Por parte del contratista. a) Constitución y presentación de las garantías para su aprobación por la caja; b) Pago del impuesto de timbre nacional en la cuantía que la ley señale, y c) Publicación del contratio en el Diario Oficial, obligación que se entenderá cumplida con la presentación del recibo de pago correspondiente.

ART. 2º—Que las cláusulas aquí referidas harán parte integrante de los contratos de derecho privado de la administración de prestación de servicios hospitalarios que se suscriban con posterioridad a la fecha de esta resolución.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.E., a 22 de mayo de 1991.

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