Ministerio de Educación Nacional

RESOLUCIÓN 24346 DE 2016

(Diciembre 26)

“Por la cual se definen los criterios para la inversión de los aportes provenientes del recaudo de la Ley 21 de 1982 destinados a proyectos de construcción, mejoramiento en infraestructura y dotación de establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales, que no hacen parte de la cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional de que trata el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015”.

La Ministra de Educación Nacional,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 5º de la Ley 715 de 2001 y el artículo 143 de la Ley 1450 de 2011, el cual se encuentra vigente por virtud del artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8º de la Ley 21 de 1982 estableció una contribución especial de la Nación, los departamentos, el Distrito Capital de Bogotá y los municipios, a favor de las “(…) escuelas industriales e institutos técnicos nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, distritales y municipales”. A su vez, el numeral 4 del artículo 11 de la misma Ley 21 determinó el porcentaje que debe destinarse del aporte descrito en el artículo 8º mencionado.

Que tanto el artículo 111 de la Ley 633 de 2000, como el artículo 143 de la Ley 1450 de 2011, el cual por disposición del artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 se encuentra vigente, autorizan al Ministerio de Educación Nacional para destinar los recursos obtenidos por causa de la mencionada contribución a “proyectos de construcción, mejoramiento en infraestructura y dotación de establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales”, de acuerdo con las prioridades de inversión que dicha entidad determine.

Que el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 hace referencia al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), el cual tiene distintas fuentes, una de ellas, “Los recursos provenientes del recaudo establecido en el artículo 11 de la Ley 21 de 1982, destinados al Ministerio de Educación Nacional”.

Que con cargo a los recursos del FFIE se busca la ejecución de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), que fue declarado como de importancia estratégica para la implementación de la jornada única en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media, a través del documento Conpes 3831 de 2015. Es así como el PNIE plantea que para el año 2030, se deberán construir 51.134 aulas necesarias para implementar la jornada única en el 100% del territorio nacional.

Que el citado documento Conpes 3831 de 2015 cuantifica los recursos de cada una de las fuentes presupuestales del FFIE para la financiación del PNIE, con base en lo cual el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis), por oficio 2-2015-016029 del 4 de mayo de 2015, comunicó al Ministerio de Educación Nacional el monto de los recursos que este Ministerio podía comprometer en el citado Fondo.

Que de acuerdo con lo establecido en el documento Conpes 3831 de 2015, los siguientes son los recursos por fuente autorizados al Ministerio de Educación Nacional para el financiamiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa:

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Que en el anterior sentido, existen, tanto en el año 2016, como en las siguientes vigencias, recursos provenientes del recaudo establecido por la Ley 21 de 1982 que no hacen parte de los recursos que el PNIE definió para lograr la ejecución de los proyectos a través del FFIE por cuanto sobrepasan los valores que el Ministerio de Educación Nacional está facultado a comprometer en las respectivas anualidades para el referido fondo.

Que los recursos indicados en el considerando anterior, al hacer parte del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación Nacional deben ser ejecutados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, para lo cual la presente resolución establece los criterios para la administración y priorización de la inversión de estos recursos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 111 de la Ley 633 de 2000 y 143 de la Ley 1450 de 2011.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Objeto

ART. 1º—Objeto. La presente resolución tiene como objeto:

1. Definir los criterios de priorización de los proyectos de infraestructura educativa que serán financiados o cofinanciados por parte del Ministerio de Educación Nacional, con cargo a los recursos a los que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de la Ley 21 de 1982 que no hacen parte de la cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional de que trata el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, a favor de los establecimientos educativos oficiales, ubicados en zonas urbanas y rurales.

2. Definir los criterios de priorización de los establecimientos educativos oficiales a los cuales se les podrán asignar recursos destinados a la dotación de sus ambientes con cargo a los recursos señalados en el numeral primero del presente artículo.

PAR.—Los recursos de que trata el presente artículo no podrán ser destinados a la construcción o mejoramiento en infraestructura de establecimientos educativos oficiales que hayan sido priorizados en el marco del PNIE a través del FFIE.

CAPÍTULO II

De la asignación de recursos para la financiación o cofinanciación de proyectos de infraestructura educativa.

ART. 2º—Prioridades de inversión en materia de construcción o mejoramiento de infraestructura educativa. Se definen como prioridades de inversión de los recursos de que trata el numeral 1º del artículo 1º de la presente resolución, la financiación o cofinanciación de aquellos proyectos de infraestructura educativa que cumplan con los siguientes requisitos:

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El Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos de que trata el numeral 1º del artículo 1º de la presente resolución y en razón al principio de equidad, determinará si para el giro de estos recursos resulta necesario que la entidad territorial certificada en educación (ETC) deba cofinanciar, con cargo a sus recursos propios, un porcentaje del valor total de las obras de infraestructura a ser realizadas, en cuyo caso, la resolución de giro del Ministerio de Educación Nacional deberá establecer el porcentaje solicitado como contrapartida a la ETC.

PAR.—En todo caso, los recursos de que trata el numeral 1 del artículo 1º de la presente resolución podrán ser priorizados por el Ministerio de Educación Nacional, sin el sometimiento a las reglas establecidas en el presente artículo, cuando se trate de proyectos relacionados con establecimientos educativos oficiales afectados en su infraestructura por emergencias, desastres naturales, actos violentos o situaciones antrópicas, con el fin de recuperar o reconstruir los ambientes escolares afectados.

También el Ministerio de Educación Nacional se encuentra facultado para priorizar aquellos proyectos de infraestructura educativa que considere necesarios para el desarrollo de sus políticas educativas.

ART. 3º—Prioridades de inversión en materia de dotación de establecimientos educativos oficiales. El Ministerio de Educación Nacional podrá destinar los recursos de que trata el numeral 1 del artículo 1º de la presente resolución, de acuerdo con criterios de equidad, para la dotación de establecimientos educativos oficiales que se encuentren zonas urbanas o rurales.

ART. 4º—Trámite para la asignación de los recursos. El Ministerio de Educación Nacional podrá asignar los recursos de que trata la presente resolución en alguno de los siguientes eventos:

1. Cuando en el ejercicio de sus competencias legales identifique la necesidad de inversión de los recursos de que trata la presente resolución en establecimientos educativos oficiales.

2. A solicitud de las entidades territoriales, siempre y cuando el Ministerio de Educación Nacional avale tal necesidad de inversión.

3. En cumplimiento de órdenes judiciales, o a solicitud de autoridades de control o de otras que sean competentes.

4. En el marco de las convocatorias que realice para tal fin.

ART. 5º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 de diciembre de 2016.