RESOLUCIÓN 2521 DE 2000 

(Diciembre 20)

“Por la cual se expide el estatuto de cobro coactivo para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

en uso de las facultades legales que le confiere el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y el Decreto 2174 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para hacer efectivos los créditos exigibles por jurisdicción coactiva a favor de la entidad,

RESUELVE:

ART. 1º—El estatuto de cobro coactivo para la entidad será el siguiente:

Estatuto de cobro coactivo

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Aspectos básicos del cobro

ART. 1º—Principios orientadores. Las actuaciones del proceso de cobro por jurisdicción coactiva se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente estatuto deberán aclarase mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y la equidad.

ART. 2º—Competencia general. El cobro de los créditos a favor de la Nación-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo adelantará este ministerio en el ámbito nacional.

La competencia para el cobro por jurisdicción coactiva la tendrá el grupo de jurisdicción coactiva de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Para este efecto, el coordinador del grupo podrá comisionar a los abogados de su dependencia o designar apoderados especiales que sean abogados titulados para que representen los intereses del ministerio.

ART. 3º—Obligaciones a favor de la Nación-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que prestan mérito ejecutivo. Pueden cobrarse por jurisdicción coactiva siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de los fondos de riesgos profesionales y de solidaridad pensional, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de la liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad o la terminación, según el caso.

3. Las multas impuestas a los funcionarios de la entidad por concepto de sanciones disciplinarias, con base en el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

4. Los demás que conste en documentos que provengan del deudor.

ART. 4º—Ejecutoria de los actos administrativos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento para el cobro por jurisdicción coactiva, en los siguientes casos:

1. Cuando contra ellos no procede ningún recurso.

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos o las demandas, éstos no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos.

4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se hayan decidido en forma definitiva.

ART. 5º—Cobro persuasivo. Está a cargo del grupo de jurisdicción coactiva, quien adelantará el procedimiento personalizado de cobro, por medio del cual la entidad acreedora busca obtener el pago voluntario de los créditos.

ART. 6º—Cobro coactivo. La jurisdicción coactiva la ejerce el coordinador del grupo de jurisdicción coactiva, quien está facultado para hacer exigibles los créditos de que trata el artículo 3º de este estatuto, conforme al procedimiento establecido por la ley.

CAPÍTULO II

Prescripción de la acción de cobro

ART. 7º—Prescripción de la acción ejecutiva. La acción ejecutiva de cobro prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación.

ART. 8º—Interrupción del término de prescripción. La prescripción se interrumpirá con el acto de notificación del mandamiento ejecutivo o por la celebración de un acuerdo o compromiso de pago, en cuyos casos, el término correrá de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago o de la declaratoria del incumplimiento del acuerdo o compromiso de pago.

ART. 9º—Declaración de prescripción. Oportunidad. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 29 y siguientes del presente estatuto, la prescripción de la acción de cobro podrá decretarse en cualquier estado del proceso, a petición de parte. La pérdida de fuerza ejecutoria podrá decretarse de oficio o a petición de parte.

TÍTULO II

Cobro persuasivo

CAPÍTULO I

Aspectos generales

ART. 10.—Cobro persuasivo. Entiéndese por cobro persuasivo la gestión administrativa que el grupo adelanta como acción previa a la ejecución misma, en procura de la satisfacción total e inmediata del crédito, incluidas las sanciones y multas.

Dicha gestión puede culminar con la celebración de acuerdos o compromisos de pago que garanticen la cancelación del crédito.

PAR.—Para lograr los objetivos del cobro persuasivo, el grupo respectivo podrá utilizar mecanismos como el de realizar campañas o comunicaciones en medios hablados y escritos.

ART. 11.—Excepciones al cobro persuasivo como etapa previa a la ejecución. La etapa de persuasión será preliminar y obligatoria, pero podrá prescindirse de ella en los siguientes casos:

a) Cuando la acción de cobro esté próxima a prescribir;

b) Cuando pactado un compromiso de pago, éste haya sido incumplido total o parcialmente, y

c) Cuando haya indicios de que el deudor realiza actos tendientes a insolventarse con el objeto de burlar el pago del crédito.

ART. 12.—Investigación de bienes y rentas. El grupo deberá investigar e identificar los bienes y rentas del deudor y las entidades o personas a quienes se les soliciten tales antecedentes estarán obligadas a dar respuesta en los términos del artículo 565 del Código de Procedimiento Civil.

Deberá oficiarse al registro único tributario RUT-DIAN, sin perjuicio de acudir a: Sifin, bancos, Catastro, Instituto Agustín Codazzi, Secretaría de Tránsito y Transporte, oficina de instrumentos públicos, etc.

CAPÍTULO II

Resultados de la gestión de cobro

ART. 13.—Cancelación del crédito. Si en desarrollo de la etapa de cobro persuasivo, el deudor satisface totalmente el crédito, incluidos los intereses y costas a que hubiere lugar, el coordinador del grupo mediante auto lo declarará terminado y ordenará su desanotación y archivo.

ART. 14.—Acuerdos de pago. El coordinador del grupo, mediante providencia motivada, podrá conceder plazos hasta por doce (12) meses para el pago de los créditos, siempre que el deudor ofrezca garantías reales, bancarias o de compañías de seguros que respalden satisfactoriamente la deuda.

Si el beneficiario del plazo deja de pagar oportunamente alguna de las cuotas o cualquier otra obligación surgida con posterioridad a la suscripción del acuerdo de pago, el coordinador del grupo podrá revocar unilateralmente el acuerdo de pago y hará efectiva la garantía hasta la satisfacción del saldo de la deuda.

PAR.—Si el acuerdo de pago se solicita existiendo proceso ejecutivo en curso, podrá aceptarse como garantía satisfactoria, los bienes inmuebles embargados o los muebles embargados y secuestrados en el proceso, si su valor comercial cubre suficientemente el crédito, los intereses y las costas.

ART. 15.—Recursos contra la providencia que revoca el plazo para el pago. La providencia que revoca el plazo para el pago concedido de conformidad con los artículos anteriores, se notificará al deudor y al garante personalmente o por edicto.

Contra esta providencia sólo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. El auto que decide el recurso se notificará personalmente o por edicto.

TÍTULO III

Cobro coactivo

CAPÍTULO I

Aspectos generales

ART. 16.—Capacidad y representación. En el proceso por jurisdicción coactiva el ejecutado deberá comparecer por conducto de abogado inscrito, cuando sea de menor o mayor cuantía, en los de mínima cuantía podrá hacerlo personalmente o por medio de apoderado.

Las personas jurídicas podrán intervenir directamente por medio de sus representantes legales cuando la cuantía sea mínima.

ART. 17.—Auxiliares de la justicia. En los procesos ejecutivos que se ventilen por jurisdicción coactiva, el nombramiento de los auxiliares y colaboradores de la justicia se hará de cualquiera de las listas de los juzgados civiles del circuito del respectivo distrito judicial, o en su defecto la del juzgado civil de mayor categoría en el lugar.

ART. 18.—Comisiones. Para la práctica de diligencias fuera de la sede, se podrá comisionar a los jueces municipales.

ART. 19.—Notificación por comisionado. Cuando quien debe ser notificado personalmente se halle en otro lugar, se hará por intermedio de los jueces municipales a quienes se librará despacho con los insertos necesarios, señalándose un término prudencial para el cumplimiento de la comisión, el cual no podrá exceder de quince (15) días.

ART. 20.—Incidentes. Las cuestiones accesorias que en el proceso por jurisdicción coactiva no tengan señalado un trámite especial se resolverán de plano.

El coordinador de grupo, de oficio o a solicitud de parte, decretará y practicará las pruebas que considere conducentes en un término máximo de diez (10) días.

Contra la providencia que resuelva los incidentes no procede recurso alguno.

ART. 21.—Acumulación de títulos y procesos. Respecto de un mismo deudor se pueden presentar los siguientes casos de acumulación:

1. Dos o más títulos ejecutivos de los enumerados en el artículo tercero de este estatuto, evento en el cual el mandamiento de pago se librará por el valor total de la obligación.

2. Uno o más títulos a un proceso. El auto que ordena la acumulación modificará la cuantía del mandamiento ejecutivo y se notificará personalmente o por correo al interesado. El término para proponer excepciones empezará a correr únicamente contra el mandamiento de pago respecto de los nuevos títulos acumulados.

3. Dos o más procesos cuyos mandamientos de pago se encuentren debidamente notificados.

En los numerales 2º y 3º del presente artículo, sólo será procedente la acumulación hasta antes de ordenar el remate de bienes. La acumulación podrá decretarse a petición de parte o de oficio.

CAPÍTULO II

Título ejecutivo

ART. 22.—Título ejecutivo. Constituyen título ejecutivo y podrán cobrarse coactivamente, los documentos que contengan las obligaciones señaladas en el artículo tercero del presente estatuto.

ART. 23.—Notificación del título ejecutivo a los herederos. La notificación de los títulos ejecutivos a los herederos se hará en la forma establecida por el artículo 1434 del Código Civil.

CAPÍTULO III

Mandamiento ejecutivo

ART. 24.—Mandamiento de pago. El coordinador del grupo para exigir el cobro por jurisdicción coactiva dictará el auto de mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos, si a ellos hubiere lugar.

El mandamiento ejecutivo podrá referirse a más de un título del deudor que provenga de la misma entidad y por obligaciones de igual naturaleza jurídica, de conformidad con los principios establecidos en el presente estatuto.

ART. 25.—Requisitos para librar mandamiento de pago. Se librará el correspondiente mandamiento ejecutivo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que los títulos correspondan a los señalados en el artículo tercero de este estatuto.

2. Que exista plena identificación del ejecutado.

3. Que el valor de la obligación sea actualmente exigible, expreso y determinado o fácilmente determinable.

4. Que se allegue constancia del agotamiento de la vía gubernativa.

ART. 26.—Notificación del mandamiento de pago. El mandamiento de pago se notificará personalmente al deudor o a su representante o apoderado, mediante citación por medio de comunica ción enviada por conducto de empleado del grupo o por correo certificado o, en su defecto, mediante aviso en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar, que señale el coordinador del grupo.

Si el citado no se presenta al despacho del funcionario a recibir notificación personal dentro del término de quince (15) días contados a partir de la publicación del aviso, de la fecha de la certificación postal, o de la entrega del oficio, se le nombrará curador ad litem, con quien se seguirá el proceso hasta cuando aquél se presente, procedimiento aplicable a los herederos del deudor.

ART. 27.—Término para el pago. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses, si a ellos hubiere lugar, desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la obligación.

ART. 28.—Recurso contra el mandamiento de pago. Contra el mandamiento de pago proceden los recursos de reposición y de apelación, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su notificación.

Si se interpone el recurso de reposición, la ejecutoria se producirá al día siguiente de la fijación por estado del auto que lo resuelve.

CAPÍTULO IV

Excepciones

ART. 29.—Excepciones contra el mandamiento ejecutivo. Contra el mandamiento de pago sólo proceden las siguientes excepciones:

1. El pago de la obligación.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La prescripción de la acción de cobro.

4. La falta de ejecutoria del título.

5. La pérdida de fuerza ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo que lo constituye, hecha por autoridad competente.

Como excepciones previas, únicamente las descritas en los numerales 1º a 5º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 30.—Trámite de las excepciones y de las apelaciones en los procesos de jurisdicción coactiva. Su trámite se seguirá ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la cuantía.

ART. 31.—Término para proponer excepciones. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo o a la del auto que resuelva sobre su reposición, confirmándolo o reformándolo, el demandado podrá proponer en escritos separados excepciones previas y de mérito, expresando los hechos en que se funden. A los escritos deberán acompañarse los documentos y pedir las pruebas que se pretendan hacer valer.

PAR.—En los procesos de mínima cuantía, solamente podrán proponerse excepciones de mérito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago.

CAPÍTULO V

Nulidades

ART. 32.—Causales de nulidad. Son causales de nulidad, las mismas que establece el Código de Procedimiento Civil.

ART. 33.—Oportunidad para alegar las nulidades. Las nulidades podrán alegarse en cualquier tiempo, mientras no haya terminado el proceso por pago u otra causal legal. Sin embargo, se exceptúa la causal fundamentada en la falta de formalidades para efectuar el remate de bienes, la cual solo podrá alegarse hasta antes de proferirse al auto aprobatorio del remate.

ART. 34.—Trámite de la nulidad. Su trámite se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

ART. 35.—Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considera saneada en los siguientes casos:

1. Cuando el deudor no la alega oportunamente o la convalida expresamente antes de que el coordinador del grupo reponga la actuación.

2. Cuando la persona indebidamente notificada a través de los medios establecidos en este estatuto, actúa sin alegar la respectiva nulidad.

3. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

ART. 36.—Efectos de la nulidad declarada. La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulta afectada por éste. Sin embargo, las pruebas que se hubieren practicado conservarán su validez. El auto que declara una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.

CAPÍTULO VI

Medidas cautelares

ART. 37.—Oportunidad para decretar las medidas cautelares. Simultáneamente con el mandamiento ejecutivo, el coordinador del grupo decretará, si fueren procedentes, los embargos y secuestros de los bienes de propiedad del ejecutado.

No obstante, podrá decretarse el embargo y secuestro de bienes antes de librarse el mandamiento ejecutivo, cuando falte la notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor. Cuando se ejecute una sucesión ilíquida, solo podrán embargarse los bienes del causante.

ART. 38.—Trámite. Para efectuar el embargo, se procederá de acuerdo con lo que establece el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 39.—Límite del embargo. El valor de los bienes embargados no podrá exceder el doble de la deuda, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas. Si efectuado el avalúo de los bienes, éstos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el embargo, de oficio o a petición de parte, salvo que se trate de un solo bien, o de bien afectado por hipoteca, o prenda que garantizan aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor.

ART. 40.—Diligencia de secuestro. En el auto que lo decrete se señalará la fecha y hora para la diligencia, que se practicará aunque no concurra el secuestre, caso en el cual, el coordinador del grupo lo remplazará.

En el desarrollo de la diligencia de secuestro, se tendrán en cuenta las reglas previstas en el artículo 682 del Código de Procedimiento Civil y siguientes:

CAPÍTULO VII

Sentencia que ordena llevar adelante la ejecución

ART. 41.—Sentencia que ordena llevar adelante la ejecución. Si no se propusieren excepciones dentro del término establecido en este estatuto, o el deudor no hubiere pagado, se dictará sentencia que ordene llevar adelante la ejecución, se practicará la liquidación del crédito, se condenará al ejecutado en las costas del proceso y se avaluarán y rematarán los bienes embargados, si los hubiere. Esta sentencia se notificará por estado que deberá permanecer en secretaría por el término de un día y contra ella no procede recurso de apelación. (CPC, art. 507).

PAR.—Cuando al proferirse la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución no hubiere bienes embargados, en dicha providencia se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor, si estuvieren identificados.

CAPÍTULO VIII

Remate

ART. 42.—Remate de bienes. Todas las actuaciones referentes al remate de bienes se regirán por lo dispuesto en los artículos 521 y siguientes del Código de Procedimiento civil. Sin embargo, contra el auto que señala fecha para el remate y las bases de las licitaciones, no procede recurso alguno; contra el auto aprobatorio del remate procede el recurso de apelación, en el efecto diferido, el cual se puede interponer dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. (CPC, art. 538).

CAPÍTULO IX

Liquidación del crédito y las costas

ART. 43.—Liquidación provisional. Previamente al pago de la obligación y en firme la providencia que condena en costas, se practicará una liquidación que incluya además del valor del crédito, las costas y gastos del proceso. Dicha liquidación se notificará al interesado por estado.

Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá objetarla dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. Interpuesta la objeción, se resolverá de plano. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

ART. 44.—Base de la liquidación. La liquidación comprenderá los siguientes factores:

1. Capital.

2. Intereses, si a ellos hubiere lugar.

3. Costas:

a) Avisos y publicaciones;

b) Honorarios de auxiliares de la justicia;

c) Otros gastos probados dentro del proceso.

PAR. 1º—Por cuanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sufraga los gastos para adelantar el cobro por jurisdicción coactiva de las multas con destino a los fondos de riesgos profesionales y de solidaridad pensional, se entiende que las costas corresponden, una vez liquidadas, a este ministerio.

PAR. 2º—Las sumas que se recauden con base en el parágrafo anterior se consignarán en una cuenta especial, en la forma como lo determine el jefe del organismo, para destinarlas a cubrir los gastos que demanden las actuaciones del grupo de jurisdicción coactiva.

CAPÍTULO X

Suspensión del proceso

ART. 45.—Causales de suspensión del proceso. El proceso de cobro coactivo se suspende:

1. Por impedimento o recusación del funcionario ejecutor, hasta cuando haya sido resuelto el incidente.

2. Por haberse acogido el ejecutado al beneficio de plazo mediante acuerdo o compromiso de pago.

ART. 46.—Trámite y efecto de la suspensión. Reanudación. Comprobada la causal, de oficio o a petición de parte, se decretará la suspensión mediante auto que se notificará por estado.

Durante la suspensión del proceso, a partir de la notificación del auto que la decrete y hasta que se ordene su reanudación, no correrán los términos y no podrá adelantarse ninguna actuación.

El auto que decrete la reanudación del proceso se notificará personalmente o por correo certificado al interesado y contra el mismo no procede recurso alguno.

CAPÍTULO XI

Terminación del proceso

ART. 47.—Terminación del proceso y archivo del expediente. El coordinador del grupo dará por terminado el proceso y ordenará el archivo y desanotación del expediente cuando se establezca plenamente la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:

1. Pago total de la obligación.

2. Prescripción de la acción de cobro.

3. Cuando los recursos, acciones o demandas contra el acto administrativo que constituye título ejecutivo hayan sido resueltos en todo, a favor del ejecutado.

En el mismo auto que ordene la terminación del proceso, se decretará el levantamiento de las medidas cautelares y la comunicación del desembargo a quien corresponda.

PAR.—Cuando después de haber realizado el grupo de jurisdicción coactiva todas las actuaciones tendientes a obtener la satisfacción de la obligación, no haya sido posible localizar al deudor, ni sus bienes o rentas que respalden la deuda, se podrá dar por terminado el proceso y se ordenará el archivo y desanotación del expediente.

ART. 48.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este estatuto, se seguirá el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción coactiva.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 20 de diciembre de 2000.

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