RESOLUCIÓN 255 DE 2007 

(Septiembre 11)

“Por medio de la cual se define la intervención del Ministerio Público en el marco de la Ley 975 de 2005, en las actuaciones que se surtan ante la Corte Suprema de Justicia”.

El Procurador General de la Nación (E.),

en uso de sus facultades constitucionales y legales, y especialmente de las previstas en el artículo 277 numeral 7º de la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley 975 de 2005 y los numerales 6º y 7º del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 171 del 27 de junio de 2006 se dictaron medidas encaminadas a garantizar la intervención del Ministerio Público en los procedimientos regulados por la ley 975 de 2005, creándose al interior de la procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales, “un grupo de trabajo encargado de ejercer las funciones de intervención ante las autoridades judiciales (...)”;

Que en consecuencia de lo anterior, se destacaron doce procuradores judiciales en lo penal II, para que, bajo la coordinación del procurador delegado para el Ministerio Público en asuntos penales, cumplan las funciones constitucionales y legales que corresponden a las procuradurías judiciales y las que se definieron en el artículo segundo de la citada resolución;

Que en aras de asegurar el cabal cumplimiento de lo allí dispuesto, se hace necesario definir la intervención del Ministerio Público en las actuaciones que se desarrollen en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia, la cual debe entenderse como un ejercicio ocasional de tal función por necesidades del servicio,

RESUELVE:

ART. 1º—En las actuaciones que se adelanten en el marco de lo previsto en la Ley 975 de 2005, el procurador judicial II en lo penal que actuó como agente del Ministerio Público ante el magistrado de control de garantías y/o ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz, si es del caso por necesidades del servicio, sustentará el recurso de apelación por él interpuesto e intervendrá como no recurrente en las apelaciones que interpongan los demás sujetos procesales, sin perjuicio de la facultad de coordinación que el artículo 36 del Decreto 262 de 2000 asigna a los procuradores delegados con funciones de intervención.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2007.

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