RESOLUCIÓN 2559 DE 1994 

(Junio 20)

“Por la cual se reglamenta la habilitación para la operación aduanera en los muelles de servicio público o privado, bajo la responsabilidad de los titulares de autorizaciones otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Ley 1ª de 1991”.

El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales,

en uso de sus facultades legales y especialmente, de las consagradas en los literales c), f) y h) del artículo 13 del Decreto 2117 de 1992 y los artículos 28 del Decreto 2666 de 1984 y 8º del Decreto 1909 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 39 de la Ley 1ª de 1991, establece que las personas públicas y privadas que con anterioridad a la promulgación de ella, hubieren recibido autorización, bajo cualquier nombre o régimen, para ocupar y usar las playas y zonas de bajamar con construcciones de cualquier clase destinadas a facilitar el cargue o descargue, mediato o inmediato, de naves, seguirán ejerciendo los derechos que poseen;

Que existen personas públicas y privadas que con anterioridad a la promulgación de la Ley 1ª de 1991 recibieron la autorización a que hace referencia el considerando anterior, y a las cuales la Superintendencia General de Puertos ha sometido al régimen y mecanismo tarifario previstos en la mencionada ley;

Que el artículo 8º del Decreto 1909 de 1992, estableció que todo medio de transporte que llegue a territorio nacional o se traslade de una parte del país que goce de tratamiento preferencial a otra que no lo tenga, deberá arribar por los lugares habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos en que se confiera tal habilitación;

Que el artículo 28 del Decreto 2666 de 1984 establece que los muelles o puertos de operación privada, previo permiso de la autoridad competente, podrán ser habilitados para realizar operaciones de cargue y manejo de mercancías de exportación, siempre que se constituyan las garantías y se cumplan los requisitos que exija el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales;

Que la Ley 1ª de 1991, en el numeral 5.7 del artículo 5º define muelle privado en los siguientes términos: “Es aquella parte de un puerto que se facilita para el uso exclusivo de un usuario con el propósito de facilitar el cargue y descargue, mediato o inmediato, de naves”;

Que la Superintendencia General de Puertos mediante Oficio 941565 del 19 de mayo de 1994 definió, con base en el numeral 5.15 del artículo 5º de la Ley 1ª de 1991 y en aplicación de la analogía jurídica, como muelle de servicio público, aquél donde se prestan servicios a todos a quienes están dispuestos a someterse a sus tarifas y condiciones de operación”;

Que es necesario reglamentar la habilitación para la operación aduanera en los muelles de servicios público o privado, cuyos titulares hubieren obtenido autorización, con anterioridad a la promulgación de la Ley 1ª de 1991 para ocupar y usar las playas y zonas de bajamar con construcciones de cualquier clase destinadas a facilitar el cargue o descargue, mediato o inmediato de naves y que fueron sometidos por la Superintendencia General de Puertos al régimen y mecanismo tarifario previsto en la Ley 1ª de 1991,

RESUELVE:

ART. 1º—La habilitación para la operación aduanera de los muelles de servicio público o privado, bajo responsabilidad de los titulares de autorizaciones otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Ley 1ª de 1991, se otorgará por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales con jurisdicción sobre el lugar donde esté ubicado el muelle hasta por un período de dos (2) años.

Entiéndese por operación aduanera para los efectos previstos en esta resolución, el cargue, descargue, manipulación o manejo de mercancías extranjeras en proceso de importación o de mercancías de exportación.

ART. 2º—Para obtener la habilitación de que trata el artículo anterior, el titular de la autorización otorgada con anterioridad a la promulgación de la Ley 1ª de 1991, deberá presentar a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales con jurisdicción sobre el respectivo muelle, a través de su representante legal, la solicitud correspondiente, acompañada de los siguientes documentos:

a) Original del certificado de existencia y representación legal, expedido con anterioridad no mayor a tres (3) meses a la fecha de presentación de la solicitud, o fotocopia autenticada del acto administrativo de constitución o creación de la entidad de derecho público;

b) Fotocopia autenticada de la resolución en virtud de la cual la Nación - Superintendencia General de Puertos en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1ª de 1991, reconoce los derechos que poseían los titulares de autorizaciones otorgadas con anterioridad a la promulgación de esa ley para ocupar y usar las playas y zonas de bajamar con construcciones de cualquier clase destinadas a facilitar el cargue o descargue, mediato o inmediato, de naves, así como de las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se hubieren efectuado al mencionado acto administrativo;

c) Plano del muelle cuya habilitación se solicita;

d) Señalar el valor CIF de las mercancías que se estima serán objeto de cargue, descargue y manipulación durante el año siguiente, en el muelle cuya habilitación se solicita, y

e) Acreditar la instalación de básculas, montacargas y otros equipos que permitan realizar un adecuado manejo de las mercancías y determinar las condiciones de volumen y peso de las mismas.

ART. 3º—En la resolución mediante la cual la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales habilite para la operación aduanera, un muelle de servicio público o privado, bajo la responsabilidad del titular de una autorización otorgada con anterioridad a la promulgación de la Ley 1ª de 1991, se establecerá la obligación a cargo del titular, de constituir, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, la garantía a favor de la Nación Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a que hace referencia el siguiente artículo.

Si no fuere constituida esta garantía en el término indicado, se entenderá que la habilitación queda sin efecto.

ART. 4º—Para los efectos anotados en el artículo anterior, el titular de la autorización deberá constituir una garantía de cumplimiento de las obligaciones aduaneras originadas en la operación aduanera de cargue, descargue y manipulación de las mercancías en el muelle habilitado, por el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del promedio del valor CIF de las mercancías que se estime serán objeto de las mismas durante un mes, la cual deberá constituirse por el término de un (1) año y tres (3) meses más, renovable por igual término y por el mismo cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del promedio mencionado.

ART. 5º—Transcurrido un (1) año a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo de habilitación, su titular deberá presentar ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente, un resumen sobre el movimiento, durante dicho año, señalando el valor de las mercancías objeto de cargue, descargue y manipulación. Este valor será la base para determinar el monto de renovación de la garantía.

Vencido el período por el cual se otorgó la habilitación inicial o vencida la garantía sin haber sido renovada en la forma aquí señalada, la habilitación quedará sin efectos, debiendo el titular de la autorización presentar nueva solicitud con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo segundo (2º) de esta resolución.

ART. 6º—Las habilitaciones que en desarrollo de esta resolución otorgue la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente, son de carácter personal.

Si de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1ª de 1991, el titular de la autorización pretende contratar con terceros la realización de las actividades objeto de esta habilitación debe obtener autorización previa de la respectiva Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales para el efecto.

Hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que otorgue esta autorización, el titular de la autorización responderá por todas las obligaciones que se deriven de la habilitación que le hubiere otorgado la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ART. 7º—La llegada y el desembarque de las sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de narcóticos o sustancias que crean dependencia física o síquica se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1146 de 1990 y demás normas concordantes.

En las resoluciones de habilitación que en desarrollo de esta resolución expida la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales se determinarán las restricciones correspondientes.

ART. 8º—La presente resolución rige desde la fecha de su publicación en el boletín oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 20 de junio de 1994.