RESOLUCIÓN 256 DE 2006 

(Septiembre 15)

“Por medio de la cual se adopta el plan de manejo de los riesgos institucionales”.

El Procurador General de la Nación,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 7º y 49 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 209, establece que la administración pública en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley;

Que la Ley 87 de 1993 establece como objetivos del sistema de control interno, proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten, así como definir y aplicar medidas para prevenirlos, y detectar y corregir las desviaciones que se presenten y que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales;

Que así mismo, el Decreto 1537 de 2001 en su artículo 4º señala que la administración del riesgo es parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas; y que en ese orden de ideas, las autoridades establecerán y aplicarán políticas de administración de los riesgos;

Que la administración de riesgos es uno de los componentes del modelo estándar de control interno para el Estado colombiano MECI 1000:2005, adoptado mediante Decreto 1599 de 2005;

Que para dar continuidad al proceso de administración del riesgo, se hace necesario definir criterios orientadores respecto al tratamiento de los riesgos identificados, a fin de mitigar sus efectos en la entidad;

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 7º numeral 7º del Decreto 262 de 2000, es función del Procurador General de la Nación, “Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley” y “Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la Procuraduría General”;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar el plan de manejo de los riesgos de la Procuraduría General de la Nación, el cual hace parte integral de la presente resolución, como una herramienta de gestión que permita identificar las opciones de respuesta a los riesgos a los cuales está expuesta, según las opciones técnicas posibles, a fin de evitarlos, prevenirlos, reducirlos, compartirlos o aceptarlos.

ART. 2º—Para la administración del riesgo a nivel institucional se establecen las siguientes obligaciones:

a) El nivel directivo, con el apoyo de la oficina de planeación, establecerá las políticas para el manejo de todos aquellos eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos y metas institucionales;

b) Los procuradores delegados, auxiliares, regionales, provinciales y judiciales, el secretario general y los jefes de oficina y de división, serán responsables de mantener actualizados los mapas de riesgos de sus dependencias, y de implementar las técnicas, procedimientos y controles para garantizar que la respuesta a los riesgos identificados se lleven a cabo adecuada y oportunamente; actividades que deben ser plasmadas en sus planes operativos anuales, POAS;

c) La oficina de planeación, será la encargada de diseñar, administrar y mantener actualizado el plan de contingencias logísticas, en el cual se señalan las políticas institucionales referidas a la administración del riesgo, así como las medidas específicas para actuar frente a aquellos riesgos residuales no asegurables, identificados por las dependencias, descritos, analizados y calificados en el mapa de riesgos institucional;

d) La oficina de control interno, hará seguimiento a las acciones que se desarrollen para una efectiva administración del riesgo y realizará el monitoreo al plan de contingencias logísticas, a fin de sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar que el manejo del riesgo residual se esté llevando a cabo de manera eficaz;

e) Los servidores, aplicarán los lineamientos establecidos para la administración del riesgo y participarán activamente para la aprehensión de las nuevas prácticas propuestas, que exigen valores y principios éticos, el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación, calidad en la información generada y compartida, decisiones oportunas y eficaces, así como la racionalidad en la utilización de los recursos institucionales.

ART. 3º—El Instituto de Estudios del Ministerio Público incluirá en sus planes de capacitación anual, seminarios, diplomados, cursos y talleres relacionados con el sistema de control interno y administración del riesgo, para que el talento humano de la entidad pueda actualizarse en estas prácticas modernas, a fin de que sean aplicadas en el desarrollo de sus funciones; así mismo, realizará las publicaciones que sean necesarias para lograr la interiorización y sensibilización del tema a nivel institucional.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 15 de septiembre de 2006.

NOTA: El anexo que hace parte integral de la presente resolución puede ser consultado en la Procuraduría General de la Nación.

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