RESOLUCIÓN 2564 DE 2006 

(Agosto 18)

“Por medio de la cual se adopta la política de saneamiento y recuperación de cartera para el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en liquidación”.

El gerente liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en liquidación,

en uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las consideradas en el Decreto 254 de 2000, el artículo 295 del Decreto 663 de 1993, el artículo 166 de Decreto 222 de 1995, el Decreto 554 de 2003, el Decreto 600 de 2005 y, en especial en la Ley 1001 de 2005,

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 554 de 2003, ordenó la supresión y liquidación del Inurbe.

Que mediante el Decreto 600 de 2005, el Gobierno Nacional prorrogó el término para la liquidación del Inurbe.

Que el Decreto-Ley 254 de 2000 estableció el régimen de la liquidación de las entidades públicas, facultando al liquidador en el literal f) del artículo 6º, a ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y efectiva, y en el literal h) a adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad.

Que en el artículo 26 del Decreto 554 de 2003, se estableció el régimen jurídico aplicable a la liquidación del Inurbe, igualmente remitiendo, en lo pertinente, a las normas del estatuto orgánico del sistema financiero:

“ART. 26.—Régimen legal aplicable. Para efectos de la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en liquidación, en los aspectos no contemplados en el presente decreto, se tendrá en cuenta lo señalado en el Decreto-Ley 254 de 2000 y en lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad y las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen”.

Que entre las funciones establecidas para el liquidador en el Decreto-Ley 254 de 2000 (art. 6º) se encuentran, entre otras la de:

“h) Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad”.

Que esa misma facultad fue incluida en el texto del Decreto 554 de 2003 (art. 7º), en los siguientes términos:

“10. Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad”.

Que estas facultades son concedidas al liquidador también en las normas del Decreto 663 de 1993, —estatuto orgánico del sistema financiero (art. 295, num. 9º, lit. i)), que permite dar incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de activos; igualmente el numeral 2º del artículo 166 de la Ley 222 de 1995 permite hacer diversos negocios jurídicos enrelación con la gestión para el recaudo y recuperación de bienes de la liquidación. Especial mención merece la facultad anotada en el numeral 15 del artículo 166 de la Ley 222 de 1995, complemento de las anteriores, que atribuye al liquidador la de intentar todas las acciones necesarias para la conservación y reintegro de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar.

Que según concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con radicación 1.641 del 19 de mayo de 2005, consejero ponente, Gustavo Aponte Santos, emitido a instancias del Ministerio de Comunicaciones sobre aspectos de cartera de Telecom en liquidación, pero cuyas referencias normativas resultan afines al Inurbe en liquidación, las entidades públicas no financieras pueden y deben adoptar políticas de administración de cartera que permitan la mayor recuperación aun reestructurando los créditos a su favor y hasta condonando intereses.

Que conforme tales postulados, durante la vigencia pasada se expidieron las resoluciones 3940 del 28 de septiembre de 2005 y la 4513 del 30 de noviembre de 2005, que tuvieron vigente una política general para reestructuración de cartera durante el lapso comprendido entre el 28 de septiembre de 2005 y el 27 de enero de 2006.

Que el 30 de diciembre de 2005, el Congreso de la República expidió la Ley 1001, adoptando, entre otras, medidas respecto del saneamiento de la cartera del instituto en liquidación y, facultando expresamente al señor gerente liquidador para reliquidar los créditos insolutos del desaparecido Instituto de Crédito Territorial, ICT, estableciendo directrices y parámetros de aplicación.

Que en la fase final de la liquidación, se hace necesario que la política de recuperación y depuración de cartera del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en liquidación, Inurbe en liquidación, tenga en cuenta, dentro de un espectro de coherencia normativa, lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 1001 de 2005, dado que parte importante de la cartera del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, en liquidación, Inurbe en liquidación, se encuentra integrada por los créditos hipotecarios otorgados a los adjudicatarios beneficiarios de los créditos de vivienda ofrecidos, a través de diversos tipos de programas, por el desaparecido Instituto de Crédito Territorial, ICT, así como, situaciones frente a la administración, en la que los adjudicatarios en referencia con créditos insolutos a favor del hoy Inurbe en liquidación, desean cancelar y/o reestructurar su obligación sin sometimiento a las limitaciones consagradas en el artículo 10 de la precitada ley.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Adóptese y cúmplase, dentro de la política de saneamiento y recuperación de cartera del Instituto Nacional deVivienda de Interés Social y Reforma Urbana en liquidación, Inurbe en liquidación, lo preceptuado en materia de saneamiento y recuperación de cartera, en el artículo primero, exceptuando su parágrafo, de la Ley 1001 de 2005 y, defínase además, reglas que permitan, dentro del contexto de la misma Ley 1001de 2005, a los adjudicatarios del desaparecido Instituto de Crédito Territorial con créditos insolutos a favor del hoy Inurbe en liquidación, que quieran reestructurar o sanear su obligación, pero no deseen la aplicación del beneficio consagrado en el literal b) del artículo 1º de la precitada ley y la consecuente limitación o condición estipulada en su artículo 10.

ART. 2º—Destinatarios de la política de recuperación de cartera. A la reliquidación y demás beneficios en materia de reliquidación y saneamiento de cartera establecidos en la Ley 1001 de 2005 y en la presente resolución, podrán acogerse, todos aquellos deudores de créditos para vivienda de interés social, aprobados y otorgados en operación del desaparecido Instituto de Crédito Territorial, ICT, que manifiesten por escrito su voluntad de reliquidar, reestructurar o sanear su obligación, indicando además si optan o no por la aplicación de lo preceptuado en el literal b) del artículo 1º con respecto a la aplicación de un subsidio en concordancia con el artículo 104 de la Ley 1001 de 2005.

PAR.—Los terceros interesados en efectuar pago o reestructurar obligaciones hipotecarias insolutas, podrán hacerlo, asumiendo de manera voluntaria y libre que efectúan dicho pago o reestructuración a favor del beneficiario directo o deudor del crédito. En ningún caso se entenderá novada la obligación en cuanto al deudor, ni se generará compromiso del Inurbe en liquidación de transferir el inmueble a nombre del tercero que pagó la obligación.

ART. 3º—Procedimiento para trámite de solicitudes de cancelación o reestructuración de créditos insolutos. Adóptase, por razones de metodología operativa, orden y transparencia, el siguiente procedimiento para recibir y resolver las solicitudes de cancelación o reestructuración de créditos insolutos:

1. Recibida la solicitud escrita del deudor con crédito insoluto, hecha a través de derecho de petición o diligenciando el formulario dispuesto para tal fin en las oficinas de la entidad, en la que se deberá incluir la información de la matrícula inmobiliaria, identificación y código de la obligación e identificación predial se verificará la información y, en caso de no haber sido detallada por el peticionario, La entidad la buscará en sus archivos y bases de datos; de no encontrarse, solicitará mediante oficio al peticionario que la allegue.

2. Se emitirá concepto jurídico, determinando, si es viable o no la aplicación de los beneficios solicitados y en qué calidad se realizó la petición.

3. Con la reliquidación del respectivo crédito definida en el artículo 1º de la Ley 1001, la gerencia liquidadora dará respuesta escrita a cada solicitud. Si no es viable conforme el concepto jurídico, así se lo hará saber al peticionario; si es viable continuar con el trámite, se remitirá oficio a cada peticionario, indicándole las diferentes alternativas que tiene para cancelar, reestructurar el saldo certificado de su obligación o de acogerse a los beneficios definidos en el artículo 1º de la Ley 1001, a saber:

i) Pago total de contado, consignando a la cuenta establecida por la subgerencia administrativa para tal fin a nombre del Inurbe en liquidación.

ii) Pago a plazos, con un máximo de 12 meses, a partir de la suscripción del acuerdo de pago, elaborado por la oficina jurídica, con una tasa de interés del 12% anual, pagadero mes anticipado y suscribiendo las garantías que el instituto estime pertinentes.

iii) Aplicación del beneficio, subsidio, consagrado en el literal b) del artículo 1º de la Ley 1001 de 2005, en concordancia con la limitación preceptuada en el artículo 10 de la misma.

4. Remitida la misiva de la gerencia liquidadora, el peticionario podrá:

i) Si decide pagar de contado, deberá consignar en la cuenta indicada, remitiendo copia del recibo de caja a la subgerencia administrativa y financiera quien reportará la cancelación de dicha obligación para que la gerencia liquidadora proceda a realizar los trámites de levantamiento de gravámenes o el respectivo proceso de escrituración, si fuese necesario.

ii) Si decide cancelar a plazos, el peticionario enviará a la subgerencia administrativa y financiera las condiciones de pago propuestas, para que esta dependencia liquide las diferentes cuotas del crédito a cancelar y la oficina jurídica proceda a realizar el respectivo acuerdo de pago, pudiendo recomendar la exigencia de nuevas garantías; de todos modos, los gravámenes existentes a favor de la entidad solo serán levantados al final de la cancelación total de la obligación.

iii) Podrá acogerse, de forma escrita, a la decisión de la aplicación de la Ley 1001 de 2005, en sus artículos 1º literal b) y 10. Pasado un tiempo prudencial sin recibir respuesta del peticionario, se entiende como aceptada esta alternativa y el Inurbe en liquidación procederá de oficio.

ART. 4º—Obligaciones insolutas en proceso judicial. Para efecto de la aplicación de lo preceptuado en los artículos anteriores, si se trata de obligaciones insolutas que se encuentren en proceso judicial, se procederá a suspender temporalmente los procesos judiciales hasta que se defina por parte del deudor la alternativa, procediendo en todo caso, el reconocimiento y pago por parte del deudor al Inurbe en liquidación de los honorarios causados por la representación judicial del instituto dentro del proceso y las costas judiciales en que se hubiere incurrido, pudiendo la entidad financiar dicha cifra a doce (12) meses, siguiendo los mismos lineamientos definidos en la alternativa ii) del artículo anterior.

ART. 5º—Garantías. El Inurbe en liquidación, a fin de dar cumplimiento a los mecanismos de reliquidación, saneamiento o reestructuración de los créditos insolutos, indicados en la presente resolución, se reserva el derecho de exigir nuevas garantías reales y/o quirografarias o la novación y/o actualización de las existentes, pudiendo incluir en las mismas cláusulas aceleratorias sin necesidad de reconocimiento o constitución en mora. Igualmente, podrá exigir documentos adicionales donde consten en su favor obligaciones claras, expresas y exigibles y, en general, cualquier acto jurídico que a juicio del Inurbe en liquidación sirva para respaldar e instrumentar los compromisos que se adquieran por parte de los deudores.

ART. 6º—Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 18 de agosto de 2006.

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