Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIÓN 2570 DE 2017

(Agosto 8)

“Por medio de la cual se adecúa la integración y funcionamiento del comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación a la nueva estructura orgánica y funcional de la entidad y a la normatividad vigente”.

El Fiscal General de la Nación,

en ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, las conferidas por el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, el artículo 15 del Decreto 1716 de 2009 y los numerales 19, 25 y 27 del artículo 4º del Decreto-Ley 016 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que el artículo 90 de la Constitución Política consagra que el Estado deberá responder por los daños antijurídicos que le resulten imputables. Asimismo, esa disposición superior establece como una herramienta de protección y defensa de los intereses públicos, el deber de repetir cuando la administración sea condenada como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes.

Que la conciliación, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, es definida como el mecanismo alternativo de resolución de conflictos jurídicos por medio del cual dos o más personas gestionan la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador.

Que de igual manera, el artículo 75 de esa ley establece que las entidades y organismos de derecho público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles deben integrar un comité de conciliación, los cuales tienen la función de orientar las políticas de defensa de los intereses públicos de cada entidad.

Que mediante el Decreto 1716 de 2009, el Gobierno nacional reglamentó la conformación y funcionamiento de los comités de conciliación para las entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles.

Que el numeral 1º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, el adelantamiento de la conciliación extrajudicial, cuando se trate del ejercicio de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

Que mediante la Resolución número 0-0581 del 2 de abril de 2014, se adecuó la integración y el funcionamiento del comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación a la estructura de la entidad establecida en el Decreto-Ley 016 de ese año y a la normatividad vigente.

Que el Decreto número 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, modificado por el Decreto número 1167 de 2016, reformó la integración y el funcionamiento de los comités de conciliación.

Que mediante el Decreto-Ley 898 del 29 de mayo de 2017, se modificó y definió la nueva estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación.

Que con fundamento en lo expuesto y en virtud de la nueva estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, se hace necesario adecuar la conformación y organización del comité de conciliación de la entidad.

Que por lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Naturaleza

ART. 1º—El comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Asimismo, dicha instancia decidirá en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra sus miembros.

PAR.—Las decisiones del comité de conciliación acerca de la viabilidad de conciliar no constituyen ordenación del gasto y los acuerdos que se lleguen a celebrar deben tener control de legalidad previo al desembolso de los dineros públicos.

ART. 2º—El comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación, debe aplicar de manera rigurosa los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política y, en ese sentido, está obligado a tramitar las solicitudes de conciliación o de cualquier otro método de solución alternativo de conflictos y demás asuntos propios a las funciones asignadas con eficacia, economía, celeridad, moralidad, imparcialidad y publicidad.

CAPÍTULO II

Integración

ART. 3º—El comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación estará integrado por los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes:

1. El Fiscal General de la Nación o su delegado, quien lo presidirá.

2. El director ejecutivo, en calidad de ordenador del gasto.

3. El director de asuntos jurídicos.

4. Un (1) representante de la delegada para la seguridad ciudadana.

5. Un (1) representante de la delegada contra la criminalidad organizada.

Cuando alguno de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo al secretario técnico del comité antes de la fecha en la que se encuentra programada la misma, con la indicación de las razones de su inasistencia.

En el evento en que el presidente del comité de conciliación deba ausentarse durante el curso de la sesión o por razones del servicio le sea imposible asistir a la misma, la presidencia del comité será ocupada por el director de asuntos jurídicos, dejándose para ello constancia en la respectiva acta. En el evento en que tanto el Fiscal General de la Nación o su delegado como el director de asuntos jurídicos no se encuentren presentes en la sesión, los demás miembros asistentes designarán entre ellos y de común acuerdo al presidente de la misma.

PAR. 1º—Concurrirán solo con derecho a voz, de manera obligatoria, a todas las sesiones: (i) el Director de control interno, (ii) el apoderado que represente los intereses de la Fiscalía General de la Nación en cada proceso, (iii) el encargado del departamento o grupo de defensa jurídica de la dirección de asuntos jurídicos y, (iv) el funcionario que ejerza la secretaría técnica del comité de conciliación.

PAR. 2º—Concurrirán solo con derecho a voz, siempre que el asunto lo requiera, previa invitación suscrita por la secretaría técnica del comité, los servidores que por su condición jerárquica y funcional deban asistir según la naturaleza de los casos a tratar.

PAR. 3º—El comité invitará a sus sesiones en caso de ser necesario, a un representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien tendrá la facultad de asistir con derecho a voz y voto.

PAR. 4º—En el acta de cada sesión del comité, el secretario técnico dejará constancia de los miembros e invitados y en caso de que no se presente alguno de ellos, así lo señalará, indicando si el integrante ausente se justificó.

CAPÍTULO III

Sesiones y votación

ART. 4º—El comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación, se reunirá así:

Ordinariamente: No menos de dos (2) veces al mes.

Extraordinariamente: Cuando las circunstancias lo exijan, o a solicitud del Fiscal General de la Nación o su delegado, o del director(a) de asuntos jurídicos.

Las sesiones podrán adelantarse presencial o virtualmente, teniendo en cuenta los casos objeto de estudio y las circunstancias de cada uno de ellos. Las sesiones se adelantarán virtualmente cuando las necesidades del servicio así lo exijan o cuando lo estime conveniente su presidente o el director de asuntos jurídicos, teniendo en cuenta los casos objeto de estudio y las circunstancias de cada uno de ellos.

El comité podrá sesionar con un mínimo de tres (3) de sus miembros permanentes y adoptará las decisiones por mayoría simple.

CAPÍTULO IV

Funciones y competencias

ART. 5º—El comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación, ejercerá las siguientes funciones:

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.

2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad y en particular las relativas en materia de conciliación.

3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la Fiscalía General de la Nación, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada; y las deficiencias en las actuaciones administrativas y judiciales de la entidad, así como los errores en las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.

4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso concreto.

5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el comité de conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada.

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar por conducto del director de asuntos jurídicos o de la secretaría técnica del comité de conciliación al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción contencioso administrativa, las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición.

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición.

8. Evaluar y dar aprobación a la formulación de la oferta de revocatoria directa de actos administrativos que se encuentren en discusión dentro de un proceso judicial, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. Para adelantar este trámite, se tendrá como sustento de la decisión el análisis y la recomendación que realice el apoderado designado por la entidad respecto de los actos administrativos que se encuentren en discusión por esta vía.

9. Designar al funcionario que ejercerá la secretaría técnica del comité quien deberá ser un profesional del derecho.

10. Dictar su propio reglamento.

ART. 6º—El comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación deberá realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total o de la última cuota efectuado por la entidad, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrim

onial, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al comité de conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.

PAR.—La dirección de control interno de la Fiscalía General de la Nación deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.

ART. 7º—Los apoderados de la Fiscalía General de la Nación deberán presentar informe al comité de conciliación para que este pueda determinar la procedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación contenida en el artículo anterior.

CAPÍTULO V

Secretaría técnica

ART. 8º—El comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación, tendrá una secretaría técnica que será desempeñada por un funcionario de la dirección de asuntos jurídicos designado por los miembros del comité, quien concurrirá a las sesiones del mismo solo con derecho a voz.

PAR.—El secretario técnico del comité de conciliación deberá ser elegido o ratificado en la primera sesión del año del comité, sin perjuicio de que los miembros del comité, por mayoría de votos, puedan decidir sobre su continuidad, en cualquier momento.

ART. 9º—Son funciones de la secretaría técnica del comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación, las siguientes:

1. Preparar el orden del día de las sesiones del comité de conciliación.

2. Convocar a las sesiones del comité.

3. Remitir, con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles, a los miembros del comité, la ficha que contenga el estudio jurídico del apoderado que analizó cada asunto a tratar.

4. Elaborar y custodiar las actas de cada sesión del comité. El acta de cada sesión del comité de conciliación deberá estar debidamente suscrita por los miembros permanentes que hayan asistido a la respectiva sesión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la correspondiente sesión.

5. Atender el manejo y trámite de la correspondencia y custodiar su archivo.

6. Mantener contacto permanente con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

7. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité.

8. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al despacho del Fiscal General de la Nación y a los miembros del comité cada seis (6) meses.

9. Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses de la Fiscalía General de la Nación.

10. Informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición.

11. Entregar a los apoderados que representan a la entidad, ante los despachos judiciales y la Procuraduría General de la Nación, copia de las actas del comité de conciliación, que contengan la decisión adoptada por el comité, respecto de los asuntos que dichos apoderados tienen a su cargo, quienes deberán observar las decisiones allí contenidas de manera obligatoria.

12. Las demás que le sean asignadas por la ley o el comité.

PAR. 1º—El secretario técnico certificará para su presentación en el despacho que corresponda por parte del apoderado de la entidad, la decisión sobre la procedencia de conciliación o de cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, pacto de cumplimiento, la acción de repetición, o del llamamiento en garantía con fines de repetición, o la oferta de revocatoria de un acto administrativo, que estará contenida en la respectiva acta del comité.

Dichas certificaciones deberán contener la identificación del asunto, las partes intervinientes y el despacho de conocimiento, así como la fecha de la sesión en la que se adoptó la decisión, el sentido de la misma y una descripción de las razones en las que esta se funda.

PAR. 2º—La designación o el cambio del funcionario que ejerce la secretaría técnica, deberá ser informado inmediatamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

CAPÍTULO VI

Actas

ART. 10.—De toda reunión del comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación, se dejará constancia escrita en un acta que suscribirán los miembros permanentes del comité que hayan asistido a la respectiva sesión y el funcionario que ejerza la secretaría técnica del mismo.

ART. 11.—Las actas a que se refiere el artículo anterior serán archivadas en orden cronológico y custodiadas por la secretaría técnica del comité de conciliación.

CAPÍTULO VII

Disposiciones aplicables al estudio y decisión de los asuntos sometidos al comité de conciliación

ART. 12.—El comité de conciliación cuenta con quince (15) días hábiles, contados a partir de la radicación de la solicitad de conciliación en la entidad, para tomar la correspondiente decisión.

La decisión del comité de conciliación será comunicada por el respectivo apoderado, en el curso de la audiencia de conciliación, aportando copia auténtica de la respectiva acta.

ART. 13.—El comité de conciliación estudiará la viabilidad de conciliar con base en el estudio jurídico elaborado por el apoderado que debe presentarse, ante el comité de conciliación, en el formato de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

ART. 14.—En cada caso, el comité de conciliación adoptará la decisión sobre la procedencia de la conciliación, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, de manera que la Fiscalía General de la Nación concilie, siempre que se presenten los supuestos jurídicos y probatorios que hagan viable la celebración de un acuerdo conciliatorio. La decisión de procedencia de conciliación, así como la de su improcedencia deberá ser debidamente argumentada y sustentada por el comité de conciliación y estará contenida en el acta respectiva.

En los asuntos donde exista alta probabilidad de condena, los miembros del comité de conciliación, analizarán las pautas jurisprudenciales consolidadas con fundamento en el acervo probatorio allegado con la solicitud de conciliación o con la demanda, en los casos de conciliación extrajudicial o audiencia inicial. En las diligencias de conciliación programadas con posterioridad a fallos condenatorios, se tendrán en cuenta las pruebas y fundamentos jurídicos aducidos en esos fallos, para analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se concilie en aquellos casos en donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada de las Altas Cortes.

ART. 15.—Las decisiones adoptadas por el comité de conciliación serán de obligatorio cumplimiento por parte de los apoderados de la Fiscalía General de la Nación.

ART. 16.—Los apoderados que asistan a las diligencias de conciliación extrajudicial o judicial deberán remitir a la dirección de asuntos jurídicos, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la audiencia, la respectiva acta de la diligencia.

ART. 17.—Las actas contentivas de los acuerdos conciliatorios celebrados ante los agentes del Ministerio Público deberán publicarse en la página web de la entidad dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción, con miras a garantizar la publicidad y transparencia de los mismos.

ART. 18.—Imparcialidad y autonomía en la adopción de decisiones. Con el fin de garantizar el principio de imparcialidad y la autonomía en la adopción de sus decisiones, a los integrantes del comité les serán aplicables las causales de impedimento o conflicto de intereses previstas en el ordenamiento jurídico, especialmente las estatuidas en los artículos 40 de la Ley 734 de 2002, 11 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de 2012, así como en las normas que las modifiquen o sustituyan o les resulten concordantes.

ART. 19.—Trámite de impedimentos y recusaciones. Si alguno de los integrantes del comité de conciliación se encuentra incurso en alguna de las causales de impedimento o conflicto de intereses citados en el artículo anterior, se sujetará a lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 o las normas que los modifiquen o sustituyan.

ART. 20.—Comuníquese el contenido de la presente resolución a las direcciones ejecutiva, de control interno y de asuntos jurídicos, así como a las delegadas para la seguridad ciudadana y contra la criminalidad organizada.

ART. 21.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución número 581 del 2 de abril de 2014.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 8 de agosto de 2017.