Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 2586 DE 2017

(Octubre 18)

“Por la cual se reajustan el tope de los de gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la República en primera y segunda vuelta y el valor de reposición por voto válido que se obtengan en las elecciones para Presidente de la República que se celebren en el 2018”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus facultades constitucionales , legales, en especial de las conferidas por el artículo 265 de la Constitución Política y la Ley 996 de 2005,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 109 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, establece que:

“El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con personería jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público”.

Que la Ley 996 de 2005 fijó los valores máximos que pueden invertir los distintos candidatos a la Presidencia de la República en sus campañas electorales; así como los montos de financiación estatal a la misma, su distribución de conformidad al destino que debe dársele a tales recursos por cada candidato; así como los valores a recibir por reposición por voto válido.

Que mediante Resolución 0289 de 2014, el Consejo Nacional Electoral reajustó el valor de topes de gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la República, utilizando la variación del índice de precios al consumidor correspondiente al año 2013, valores que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 996 de 2005 es menester reajustar.

Que de conformidad a certificación expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la variación del Índice de Costos de Campañas Electorales (ICCE) durante los años 2014 y 2015 fue de tres coma quince (3,15%) por ciento y de cinco coma setenta y seis (5,76%) por ciento respectivamente, mientras que la variación del Índice de Precios al Consumidor en el año 2016 fue de cinco coma setenta y cinco (5,75%) por ciento, a su vez, la variación en lo corrido del año 2017 de enero a agosto, se sitúa en el tres coma cuarenta y cuatro (3,44%).

Que el legislador estatutario, en la Ley 1475 de 2011, consagra que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica pueden invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas, al tiempo que establece en su artículo 20 como fuente de financiación de campañas electorales “los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para la financiación de las campañas en que participen”.

Que a su vez, la Ley 996 de 2005, estableció:

ART. 11.—Financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales. El Estado financiará preponderantemente las campañas presidenciales de los partidos y movimientos políticos, lo mismo que las de los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a la Presidencia de la República, y reúnan los requisitos de ley.

(...)

— Recibir vía reposición de votos una suma equivalente al número de votos válidos depositados multiplicado por mil setecientos cinco pesos por voto ($1.705). Ningún candidato podrá recibir suma superior al monto de lo efectivamente gastado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral, menos los aportes del sector privado y el anticipo dado por el Estado, en caso de que hubiera tenido acceso a él. Igualmente, en la segunda vuelta, si la hubiere, los candidatos recibirán una suma equivalente a ochocientos cincuenta y dos pesos ($852) por votos válidos depositados. Tanto en la primera como en la segunda vuelta no se podrán exceder los topes de las campañas, establecidos en la presente ley.

(...)

ART. 13.—Los valores señalados en pesos en la presente ley, se reajustarán anualmente de acuerdo con el aumento del Índice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Que de otra parte, la Ley 996 de 2005, creó un sistema dual de financiación estatal a las campañas por la Presidencia de la República, al establecer, por una parte, la posibilidad de que los candidatos, previo el lleno de requisitos fijados por la misma ley, accedieran a financiación estatal previa, vías anticipos, en razón de lo cual estableció un valor para quienes opten por esta posibilidad; además, para quienes no accedieron a los anticipos autorizados, fijó una suma de reposición diferencial.

Que mediante Resolución 0288 de 2013 se reajustó el valor por voto válido obtenido por los candidatos a la Presidencia de la República, el que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 996 de 2005 es menester reajustar.

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—Reajústase el tope de gastos a invertir en la campaña electoral por los candidatos a la Presidencia de la República durante el año 2018 a veinticuatro mil doscientos treinta y cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro ($24.235.554.964) pesos para la primera vuelta.

ART. 2º—Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de once mil trescientos treinta y cinco millones setecientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y seis pesos ($11.335.756.166).

El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.

ART. 3º—Reajústase el monto de los aportes estatales a recibir a título de anticipo por los candidatos a la Presidencia de la República que tengan derecho a ello durante la primera vuelta, el que quedará en la suma de seis mil quinientos noventa y ocho millones seiscientos veintiocho mil quinientos dieciocho pesos ($6.598.628.518).

De estos aportes, cuatro mil quinientos veintiocho millones cuatrocientos setenta mil quinientos cincuenta y dos ($ 4.528.470.552) pesos serán destinados a la financiación de la propaganda política de las campañas presidenciales, los restantes dos mil setenta millones ciento cincuenta y siete mil novecientos sesenta y seis ($ 2.070.157.966) pesos serán para otros gastos de campaña.

ART. 4º—Reajústase el valor que los candidatos a la Presidencia de la República que accedan a la segunda vuelta, si la hubiere, recibirán como anticipo de aportes estatales igualitarios, el que será de tres mil novecientos sesenta y dos millones cuatrocientos once mil setecientos treinta y tres ($ 3.962.411.733) pesos, los cuales se destinarán a la financiación de la propaganda política en un cincuenta por ciento (50%) y el saldo en otros gastos de campaña.

ART. 5º—Adviértase que tanto en la primera como en la segunda vuelta no se podrán exceder los topes de las campañas, establecidos en la presente Resolución.

ART. 6º—Ningún candidato podrá recibir suma superior al monto de lo efectivamente gastado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral, menos los aportes del sector privado y el anticipo dado por el Estado, en caso de que hubiera tenido acceso a él.

PAR.—Adviértase que las donaciones o aportes en especie deberán ser reportadas en su valor comercial.

ART. 7º—Cada partido o movimiento político con personería jurídica podrá invertir en la campaña institucional a favor de sus precandidatos hasta un monto igual al veinte por ciento (20%) de las sumas máximas autorizadas a gastar en cada una de sus campañas, el cual será adicional a los valores fijados.

(Nota: Aclarado por la Resolución 989 de 2018 artículo 1° del Consejo Nacional Electoral)

ART. 8º—Reajústese el valor a recibir por concepto de reposición por voto válido obtenido por los candidatos a la Presidencia de la República que accedan a anticipos de financiación estatal, a la suma de dos mil setecientos sesenta pesos ($2.760).

Para la segunda vuelta, si la hubiere, los candidatos a la Presidencia de la República que accedan a anticipos de financiación estatal, recibirán por reposición por voto válido, una suma equivalente a mil trescientos setenta y ocho pesos ($1.378).

ART. 9º—Reajústese el valor a recibir por concepto de reposición por voto válido obtenido por los candidatos a la Presidencia de la República, que no accedan a anticipos de financiación estatal, a la suma de cinco mil seiscientos veinticinco pesos ($5.625).

ART. 10.—Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Registrador Delegado en lo Electoral y a los partidos y movimientos políticos.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de octubre de 2017.